Sentencia 2012-00255 de marzo 7 de 2013

 

Sentencia 2012-00255 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 54001-23-31-000-2012-00255-01 (PI)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Sandra Fajardo Hernández

Demandado: Eduardo Antonio Rodríguez Silva

Ref.: Apelación sentencia - pérdida de investidura

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La causal en que se fundamenta la demanda es la de violación al régimen de inhabilidades, consagrada en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que el señor Eduardo Antonio Rodríguez Silva, celebró los contratos de prestación de servicios profesionales 000002 de 7 de enero y 000643 de 15 de marzo de 2011 con el departamento de Norte de Santander, a través de la secretaría de educación, dentro del período inhabilitante, teniendo en cuenta que las elecciones en las que resultó elegido concejal del municipio de San José de Cúcuta se realizaron el 30 de octubre de 2011.

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, al tener como ejecutados y cumplidos dichos contratos en el municipio de San José de Cúcuta, y considerar que pese a que no se incluyó el lugar del cumplimiento de las obligaciones contractuales, sí se estipuló como domicilio contractual a dicha ciudad; y que las labores de asesoría financiera y jurídica en procedimientos contractuales a la entidad contratante debían ejecutarse conforme al objeto contractual en el ente territorial en mención, que, por su naturaleza, en principio, no implicaban desplazamiento a otro lugar, sumado a que el domicilio de la contratante es la ciudad de San José de Cúcuta y el contratista reside en ella.

La inconformidad de los apelantes, esto es, el demandado y el procurador 24 judicial II asuntos administrativos de San José de Cúcuta, con el fallo impugnado radica, en síntesis, en que no se configura la causal de pérdida investidura endilgada por coincidir el domicilio de los contratos con su ejecución en el municipio de San José de Cúcuta, teniendo en cuenta que la labor contratada fue eminentemente departamental; y que cuando la causal de inhabilidad invocada se refiere a que los contratos se ejecuten o cumplan en el respectivo municipio, debe entenderse por ejecutar o cumplir, el enriquecimiento que dicha actividad logre para el municipio, es decir, que se ejecute orientado a beneficiar al municipio frente al cual va a aspirar al cargo de concejal, situación que, no concurre en el sub lite, toda vez que el hecho de acompañar procesos contractuales, revisando pliegos y actuaciones precontractuales, no genera una ventaja a su favor que pudiera influir en el electorado.

Para resolver la controversia, se tiene en cuenta lo siguiente:

Está acreditado en el proceso, que el demandado funge como concejal del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander) para el período 2012-2015, cuya posesión se efectuó el 2 de enero de 2012 (fl. 33).

La Ley 617 de 2000, en su artículo 48, se refirió a las causales de pérdida de investidura, así:

“1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

“2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.

“3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

“4. Por la indebida destinación de dineros públicos.

“5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley” (destacado fuera de texto).

En relación con la violación al régimen de inhabilidades, la Sala Plena en sentencia de 23 de julio de 2002 (Exp. 7177, actor: Julio Vicente Niño Mateus, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617 de 2000; que dicha ley de origen gubernamental tuvo por finalidad —según lo expresado en sus motivaciones, fuera del saneamiento fiscal de las entidades territoriales—, establecer reglas de transparencia de la gestión departamental y municipal mediante el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través de “la ampliación de las causales de pérdida de investidura para concejales y diputados”.

El artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece:

“El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

‘ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(...) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito’” (destacado fuera de texto).

Conforme lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 29 de enero de 2009 (Exp. 2008-00113, C.P. María Claudia Rojas Lasso), para que se configure dicha causal de inhabilidad, deben concurrir los siguientes supuestos: “(i) celebrar contrato con una entidad pública de cualquier nivel, (ii) haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal, (iii) tener interés propio o de terceros, y (iv) ejecutarlo en el mismo municipio”.

Revisado el expediente, estima la Sala que en el caso sub examine concurren los supuestos que exige la norma para que se configure la causal de inhabilidad allí consagrada, toda vez que está acreditado: a) que los contratos de prestación de servicios profesionales 000002 de 7 de enero y 000643 de 15 de marzo de 2011(2) fueron suscritos por el demandado con la secretaría de educación del departamento de Norte de Santander (entidad pública), por el término de dos meses [sic] y nueve meses y quince días, con una asignación mensual de $ 3’500.000 y $ 3’900.000, respectivamente; b) que los mismos se celebraron dentro del período inhabilitante, teniendo en cuenta que las elecciones para el período constitucional 2012-2015, se realizaron el 30 de octubre de 2011, en las cuales resultó electo como concejal del municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander); c) que los contratos se suscribieron en interés propio; y d) que la ejecución de los citados contratos se llevó a cabo en el ente territorial en el cual fue elegido concejal, esto es, el municipio de San José de Cúcuta.

Los apelantes están de acuerdo en que concurren los primeros tres presupuestos que exige la causal de inhabilidad endilgada para su configuración, no así con el cuarto, no obstante que aceptan que los contratos se ejecutaron en el municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander), —por quedar allí la sede de la secretaría de educación departamental—, ente territorial en el cual funge el demandado como concejal desde el 2 de enero de 2012, por cuanto, a su juicio, para que concurra es necesario que de la labor desarrollada por el señor Eduardo Antonio Rodríguez Silva, con ocasión de los citados contratos, se haya derivado un beneficio para el municipio, lo cual no ocurrió, toda vez que el hecho de acompañar procesos contractuales, no generó ventajas que pudieran influir en el electorado para que votaran en su favor, máxime si el citado ente territorial está certificado en materia de servicio educativo.

Tal apreciación no resulta de recibo para la Sala, dado que la norma transcrita en parte alguna señala que deba derivarse un beneficio para el municipio en el que se vaya a ejecutar o cumplir el contrato y en el cual resultó elegido. Por el contrario, el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, que contiene la causal de inhabilidad que se le endilga al demandado, es claro en indicar que no podrá ser inscrito como candidato ni concejal, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio, “siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”, supuesto este último del cual no se puede colegir, como lo hacen los apelantes, que como requisito adicional deba estar presente un beneficio o privilegio para el municipio, en virtud del cual se derive ventaja electoral.

Comparte así la Sala lo expresado por el Ministerio Público, en su vista de fondo, en esta instancia, en cuanto a que para que concurra el último de los supuestos de la causal de inhabilidad endilgada, las labores a desarrollar con ocasión del contrato deben “realizarse, verificarse y llevarse a efecto en el respectivo municipio, sin que importe si reportaron o no beneficio al mismo”.

Como quiera que está demostrado en el proceso, y así lo acepta el demandado, que la ejecución y cumplimiento de los contratos 000002 de 7 de enero y 000643 de 15 de marzo de 2011, este último cedido al señor Héctor Yovany Alba Ortiz, el 28 de julio de ese año (fl. 83, cdno. ppal.), se llevó a cabo en el municipio de San José de Cúcuta, ciudad en la cual concurre tanto la suscripción de los contratos como el domicilio contractual y el del contratante (secretaría de educación del departamento de Norte de Santander) y contratista (concejal demandado), conforme se indica al inicio de los contratos y en la cláusula décimo sexta de los mismos, se configura el último de los presupuestos que exige la norma para la procedencia de la causal de pérdida de investidura invocada.

Corrobora lo anterior el hecho de que, como ya se dijo, el objeto de los contratos suscritos por el demandado era el de prestar “sus servicios profesionales como abogado, asesorando al área financiera, en el macroproceso I, gestión administrativa de bienes y servicios para adelantar las distintas modalidades de selección del contratista contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 del 7 de julio de 2008, y demás normas concordantes, en los temas de elaboración y desarrollo del proceso contractual, para dar cumplimiento a lo programado en el plan de compras de la vigencia 2011”, de la secretaría de educación departamental, cuya sede está ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta, lo que descarta la ejecución y el cumplimiento de dicha asesoría fuera de esa municipalidad que, por demás, era netamente contractual.

En consecuencia, al configurarse la causal de pérdida de investidura alegada, es procedente confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de marzo de 2013».

(2) Cedido por el demandado al señor Héctor Yovany Alba Ortiz.