SENTENCIA 2012-00257/10503-24 DE JUNIO 8 DE 2016

 

Sentencia 2012-00257/10503-24 de junio 8 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000 2012 00257 01 (10503-24)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 52

Bogotá, D. C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad del investigado.

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor Hernán Fernández González se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.933.936 y porta la tarjeta profesional No. 113.636, vigente para la época de los hechos. (Folio 12 c.o 1ra instancia).

3. Del caso en concreto.

El proceso disciplinario adelantado en contra el abogado Hernán Fernández González tiene su génesis en la queja presentada por el señor Henry Rincón Jiménez, quien señaló que el abogado, lo había agredido física y verbalmente cuando se estaba adelantando una audiencia de lanzamiento, el 12 de marzo de 2012, en la vereda la Unión Alta, finca San Antonio, Jurisdicción del Municipio del Retorno Guaviare, dentro del proceso policivo de perturbación a la posesión, situación que al parecer aconteció antes que se le reconociera personería para actuar al acusado en representación de la parte querellada. (Folios 1 a 9 c.o.)

4. De la nulidad.

El abogado investigado como primer punto de impugnación nuevamente solicita se decrete la nulidad de la actuación argumentando que se le violó el debido proceso, debido a que si bien siempre fue enterado de las audiencias que se adelantaban él no podía asistir debido a sus múltiples ocupaciones como abogado penalista, por lo cual se le asignó una defensora de oficio que a su juicio, no realizó una buena defensa y reiterando los argumentos ya plasmados cuando solicitó la nulidad en primera instancia.

Al respecto esta colegiatura indica que dicha causal de nulidad por violación al debido proceso ya fue planteada por el profesional del derecho investigado en primera instancia siendo resuelta en la sentencia de forma adversa a los intereses del disciplinado, pues a todas luces no se tipifica, ya que el abogado no puede alegar una nulidad por violación al derecho a la defensa cuando él mismo abandonó su propio caso, además esta colegiatura no puede entrar a estudiar nuevamente los argumentos del inculpado, según se indica en el artículo 100 de la Ley 1123 de 2007 así:

ARTÍCULO 100. Solicitud. El interviniente que alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores. (sfdt)

Por tanto, esta Sala en vista que los argumentos son los mismos esgrimidos en sede de primera instancia se abstendrá de realizar pronunciamiento frente al tema, en armonía con lo señalado en el artículo 100 de la Ley 1123 de 2007.

5. De la apelación.

El inculpado presentó escrito de apelación en término el 24 de septiembre de 2015, habiéndose notificado por edicto el 19 de septiembre de la misma anualidad, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.

En el segundo punto de apelación indicó el disciplinado que no hay pruebas que demuestren su conducta y además las recaudadas son inconducentes e inanes, es decir la agresión física que pudiere dar lugar a la sanción no fue suficientemente demostrada.

Al respecto esta Sala observa que se allegaron a la investigación las siguientes pruebas:

Copia del Acta del 12 de marzo de 2012, dentro de la diligencia realizada en el Municipio del retorno (Guaviare) dentro de la querella policiva por perturbación a la propiedad, interpuesta por el doctor Henry Rincón Jiménez, como representante del señor José Eleito Bohórquez, contra el señor Maicol Esneider Vargas Lampiño, apoderado por el abogado Hernán Fernández González, en la que se dejó constancia de la interrupción de éste último al interrogatorio que se le realizaba a su cliente y frente a la agresión física contra su colega. (Folios 3 al 9 y 71 a 77 c.o.)

Declaración del señor Jorge Enrique Valderrama Sánchez, Inspector de Policía del Municipio El Retorno Guaviare, quien atendió la diligencia de lanzamiento el 12 de marzo de 2012, en la que se suscitaron los hechos materia de investigación quien señaló que efectivamente el abogado inculpado había interrumpido la diligencia para que el señor Vargas Lampiño, no respondiera al interrogatorio que se le estaba formulando y con posterioridad a agresión física y verbal recibida por el aquí quejoso. (Folios 134 a 135 c.o.)

Por tanto, para esta Sala tal como lo indicó el Ministerio Público existen elementos de juicio que dan suficiente certeza para demostrar la comisión de las faltas atribuidas al profesional del derecho, máxime si el acta de la diligencia de lanzamiento del 12 de marzo de 2012 fue firmada por el propio abogado investigado y dentro de ella se demuestra que el profesional del derecho no permitió que el señor Vargas Lampiño respondiera el interrogatorio y también sobre las agresiones verbales y físicas recibidas por el abogado quejoso.

De igual forma se cuenta con la declaración del Inspector de Policía, quien bajo juramento constató lo ya señalado en el acta, además el disciplinado en sus alegatos finales señaló que no había permitido que su cliente absolviera el interrogatorio para “prepararlo mejor”, entorpeciendo así el correcto desarrollo de las diligencias.

Por tanto, el material probatorio referido, compromete la responsabilidad disciplinaria del profesional, más allá de toda duda razonable, encajándose su conducta en las faltas endilgadas en el pliego de cargos.

Finalmente, el Ministerio Público al rendir concepto indicó que se debería reducir la sanción a censura, advirtiendo que finalmente la diligencia de lanzamiento no fue suspendida y además que el disciplinado carece de antecedentes disciplinarios.

Al respecto, esta colegiatura señala que al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el alto tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad - que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230) - es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para las faltas endilgadas al inculpado, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el abogado Hernán Fernández González, quien debía actuar conforme a la dignidad de su profesión, conductas tipificadas a título de dolo y además como se observa a folio 163 del cuaderno de primera instancia en la sentencia la Sala a quo tuvo en cuenta que el disciplinado carece de antecedentes disciplinarios, razón por la cual se deberá confirmar la sanción de dos meses en el ejercicio de la profesión impuesta en la sentencia materia de apelación, la cual cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.

Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al abogado Hernán Fernández González, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 8 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual se sancionó al abogado Hernán Fernández González con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 30 numerales 1º y 3º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. No acceder a la solicitud de nulidad deprecada por el disciplinado, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual se sancionó al abogado Hernán Fernández González con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 30 numerales 1º y 3º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia Con constancia de su ejecutoria.

4. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».