Sentencia 2012-00258 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 76001-23-33-000-2012-00258-01 (20802)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: María Elizabeth Rodríguez Quintero

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto sobre la renta - año gravable 2007

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos demandados, por medio de los cuales la Administración modificó la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2007, presentada por la demandante.

Validez de la declaración de corrección

De las pruebas aportadas al proceso, se advierte que el 4 de junio de 2008, la demandante presentó declaración del impuesto de renta por el periodo gravable 2007, en el formulario 2107001663932 en la que registró ingresos netos por la suma de $ 25.460.000, costos y deducciones por valor de $ 410.000, rentas exentas de $ 2.236.000, para una renta líquida gravable de $ 22.814.000 y saldo a favor de $ 621.000(7).

Posteriormente, el 9 de abril de 2010 presentó en el Banco BCSC corrección a la anterior declaración, en el formulario 2107002383957, en la que liquidó ingresos netos de $ 304.817.000, costos y deducciones por la suma de $ 274.260.000, mantuvo las rentas exentas y registró una renta líquida gravable por la suma de $ 28.321.000, para un impuesto sobre la renta de $ 1.462.000, que con unas retenciones por $ 1.529.000 y el saldo a favor del periodo anterior de $ 621.000, dio como resultado un saldo a favor de $ 688.000 y liquidó sanción por corrección por la suma de $ 292.000(8).

Pues bien, como se advierte, la corrección presentada por la actora implicó un aumento del saldo a favor, en esas condiciones, el artículo 589 E.T. dispone lo siguiente:

ART. 589.—CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. <Artículo modificado por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995 El nuevo texto es el siguiente:> Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente, dentro de los dos* años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

La Administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contara a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso.

(…) (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento previsto en la normativa tributaria para corregir una declaración en la que se aumenta el saldo a favor, debe elevarse solicitud ante la Administración, para que esta se pronuncie a través de una liquidación oficial de corrección dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, o si no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que la declaración de corrección sustituye la inicial.

En el sub examine, es un hecho no discutido que la demandante no agotó el anterior procedimiento, por tanto, como lo precisó el Tribunal en la sentencia apelada, ni a los particulares ni a la Administración les está permitido omitir el cumplimiento de normas procesales, porque son de orden público y, por tanto, de obligatorio cumplimiento. En este caso no es aplicable el artículo 228 de la Constitución Política, porque no puede dársele prelación a un derecho sustancial que no se ha demostrado, pues sin la liquidación de corrección de que trata el artículo 589 del Estatuto Tributario, el contribuyente no puede darle validez a una declaración que se presentó sin seguir oportunamente el trámite exigido(9).

Entonces, como lo concluyó la DIAN en los actos demandados, la declaración presentada por la demandante sin cumplir el procedimiento legal establecido no produce ningún efecto, pues en esas condiciones, “[e]stos denuncios no pueden adquirir firmeza, ni ser corregidos, tampoco son objeto de revisión por parte de la Administración, porque no producen ningún efecto vinculante”(10).

En esas condiciones, como lo decidió la Administración en los actos demandados, la liquidación privada que debe tenerse en cuenta en el proceso de fiscalización es la presentada el 4 de junio de 2008.

Hechos probados en el proceso

• La demandante presentó la declaración de renta del año gravable 2007, en la que liquidó ingresos por la suma de $ 25.460.000 y costos y deducciones por valor de $ 410.000(11).

• Mediante requerimiento ordinario del 20 de octubre de 2009, la DIAN le solicitó a la actora información detallada de los ingresos, costos, retenciones, entre otros(12).

• La contribuyente dio respuesta al requerimiento ordinario, en la que informó que en el año gravable 2007 había obtenido ingresos por la suma de $ 284.910.199 (sic)(13), los cuales discriminó así:

Ingresos por servicios y ventas a la Administración Cooperativa Nacional$ 15.025.000
Ingresos por servicios prestados al municipio de Cartago $ 169.433.523

Allegó como soporte de los costos, los que incurrió en la ejecución de los contratos de obra celebrados durante esa vigencia para la pavimentación de la Calle 43 entre carreras 2 y 4(14) y por la obra de mantenimiento de cubiertas y cambio de puertas metálicas a los baños de la institución educativa Indalecio Pinilla(15), por la suma de $ 270.000.000.

• Con base en información exógena y la información recaudada en la inspección tributaria, la Administración expidió el requerimiento especial en el que determinó que los ingresos reales recibidos por la actora en el año gravable 2007, fueron de $ 167.351.829, discriminados así:

Ingresos por consignaciones(16)$ 125.962.000
Pagos del municipio de Cartago(17)$ 16.943.352
Salarios$ 8.943.000
Administración Cooperativa Nacional(18) (CONALDE)$ 15.025.000
Otros$ 478.477
TOTAL$ 167.351.829

Al respecto, debe precisarse que desde la visita efectuada por la DIAN a la demandante, se indicó que el Municipio de Cartago reportó erróneamente en la información exógena que los pagos a la actora eran por la suma de $ 169.433.523, situación que fue corregida por el mismo municipio(19), razón por la cual, si bien la actora aceptó dicha suma en la respuesta al requerimiento ordinario, en la actuación administrativa se tuvo en cuenta el valor real, esto es, la suma de $ 16.943.352, razón por la cual no le asiste razón a la demandante en insistir en que la DIAN adicionó como ingresos la suma erróneamente informada por el Municipio de Cartago.

Respecto de los ingresos de la Administración Cooperativa Nacional, por la obra mantenimiento de cubiertas y cambio de puertas metálicas a los baños de la IED Indalecio Pinilla, adicionó dichos ingresos que consideró renta líquida, pues los costos soportados por la actora excedían el valor del contrato.

• En la Liquidación Oficial de Revisión se mantiene la adición de ingresos y el rechazo de costos.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que la discusión planteada por la demandante tanto en sede administrativa como ante esta jurisdicción se contrae a controvertir: i) la adición de ingresos por: consignaciones bancarias [$ 125.962.000] y por pagos recibidos de CONALDE [$ 15.025.000]; ii) el rechazo de los costos por valor de $ 58.390.000 que si bien fueron aceptados no fueron incluidos y por no asociar costos a las consignaciones bancarias como lo prevé el artículo 755-3 E.T. y iii) la sanción por inexactitud.

— Ingresos por consignaciones bancarias [$ 125.962.000]: La actora ha sostenido que los ingresos adicionados fueron recibidos para terceros, toda vez que la cuenta corriente 144-06979-6 de Davivienda fue abierta para consignar los dineros que recibía el señor Juan Gregorio Mosquera, en virtud de contratos de obra celebrados con el municipio de Cartago a través de CONALDE, toda vez que el señor Mosquera no podía tener cuentas bancarias al estar reportado en centrales crediticias.

La DIAN sustenta esta glosa con la respuesta al requerimiento de información presentada por el Banco Davivienda y de la revisión del extracto de la cuenta bancaria en el que se advierten consignaciones en efectivo realizadas en la cuenta corriente de la actora, por el valor adicionado. La Administración no aceptó los argumentos de la demandante, por cuanto verificó que en el año 2007, el señor Juan Gregorio Mosquera tenía otra cuenta activa donde también realizó depósitos provenientes de los contratos suscritos con el municipio de Cali.

Pues bien, de las pruebas aportadas al proceso frente a esta glosa, se advierte lo siguiente:

• Que entre la actora y el señor Juan Gregorio Mosquera Sánchez se suscribió un contrato de trabajo el 1º de marzo de 2007, en el que la demandante en su condición de empleada del señor Mosquera Sánchez debía “Atender todos los asuntos que se relacionen con la parte administrativa de los contratos que el Municipio tiene con CONALDE, en las cuales el empleador se desempeñe como Asistente Técnico”(20).

• Que el 26 de julio de 2007, la actora abrió la cuenta corriente 144069796 en el Banco Davivienda, entidad que certificó que a dicha cuenta “se anexaron como soportes los contratos de obra 14-175 de 2006 y 14-176 de 2006, en respaldo de la procedencia de los dineros allí recaudados. El contratante es el Municipio de Cartago y el contratista es la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales”(21).

• Que el señor Juan Gregorio Mosquera Sánchez suscribió en el año 2007 contratos denominados “Orden de Asistencia de Construcción” para ejecutar los contratos de obra 14-175 de 2006 y 14-176 de 2006, en los que en su condición de “Asistente de Construcción” se obligó a “iniciar y ejecutar, bajo la dependencia y subordinación técnica, jurídica, administrativa y financiera de CONALDE, la Asistencia Técnica de Construcción que se indica en seguida (…)”.

Los contratos con CONALDE son los siguientes:

TipoContrato origenFecha de inicioFecha de entregaFl.
Orden de Asistencia Técnica de Construcción COOP-EJE- 023/0714-176 del 10 de noviembre de 2006 suscrito entre el Municipio de Cartago y CONALDE(22)7/02/07(23)10/10/07(24)283
Orden de Asistencia Técnica de Construcción COOP-EJE-14-175 del 9 de noviembre de 2006 suscrito entre el Municipio de Cartago y CONALDE(25)12/04/07(26)09/09/07(27)510

TipoContrato origenFecha de inicioFecha de entregaFl.
022/07    

En ambos contratos se estipuló lo siguiente:

• Cláusulas Tercera y Quinta:

“CLÁUSULA TERCERA. GASTOS INDIRECTOS. DESTINACIÓN DE LOS DINEROS. El valor de la presente orden será destinado únicamente para los gastos de obra indirectos en que incurra el ASISTENTE DE CONSTRUCCIÓN para dirigir y ejecutar la obra, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: a) GASTOS PERSONALES. Sueldos, salarios, honorarios, viáticos y parafiscales para todo el personal calificado, técnico, administrativo y operativo, (…). b) GASTOS GENERALES. Arrendamientos, gastos de viaje, transporte, alquiler de computadores, alquiler de vehículos, gastos de transporte aéreo, correo, pago de servicios públicos (…), compra de papelería y demás elementos requeridos (…) c) IMPREVISTOS. (…)”.

“CLÁUSULA QUINTA. PRESUPUESTO DE OBRA. GASTOS DIRECTOS. Para el desarrollo de la presente Orden de Asistencia Técnica, el Asistente de Construcción se obliga con CONALDE a seleccionar bajo su responsabilidad a los proveedores de bienes y servicios necesarios requeridos para cumplir con las especificaciones técnicas, cantidades, unidades de medida y calidades que conforman los ítems descritos en la cláusula primera de la presente ORDEN. Para este efecto, el Asistente de Construcción aportará a CONALDE los documentos necesarios para realizar los pagos correspondientes a los proveedores de bienes y servicios, con los cuales CONALDE celebrará directamente los contratos que se requieran para la ejecución de la obra, así mismo la relación de pagos por concepto de gastos de administración e imprevistos a través de formatos establecidos por CONALDE, en donde se relacionará el concepto, el beneficiario y el valor a girar, para este efecto deberá enviar a las oficinas de CONALDE las facturas y demás soportes correspondientes a dicha solicitud”.

• El señor Juan Gregorio Mosquera Sánchez en el testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, afirmó lo siguiente:

Testigo: La vinculación de la señora Elizabeth, ella era trabajadora la contraté como trabajadora mía, era mi supervisora de trabajo, se hicieron consignaciones a la cuenta de la supervisora porque legalmente en ese momento yo tenía problemas con el Banco Bancafé, y tenía temor de perder el bien que yo tenía porque en ese preciso instante si veían dinero en mi cuenta podían embargar, entonces yo no podía dejar que esos dineros fueran embargados porque entonces se pararía el objeto por el que esos dineros fueron dados a CONALDE. Explíquele al Despacho si dentro de las actividades de supervisión de obras, la señora Rodríguez Quintero tenía la administración de dineros en las obras en las que usted realizaba la labor de asistente de construcción? Testigo: Ella era la encargada de hacer el pago de los empleados el pago de servicios públicos y los pagos indirectos de salarios, era la que iba a los almacenes para sacar las facturaciones de los materiales, que esas facturación eran solicitadas por Conalde pero iban directamente a Conalde (…). Precísele al despacho cuál era el medio de pago utilizado por Conalde y el Municipio de Cali, y a quién se hacía dicho pago. Testigo: El proceso de pago era el siguiente, se hacían las facturaciones de los servicios (…) de los materiales que se necesitaban esos se mandaba a Conalde y Conalde le daba el visto bueno luego llamaba al proveedor al que ellos hubiesen escogido e inmediatamente le hacían la compra y le mandaban los cheques de pago directamente a esas entidades, nosotros no manejábamos prácticamente dinero, solamente el pago de indirectos, salario, que eran arriendo, papelería y todas estas cosas. Conforme a lo dicho anteriormente, sírvase explicar si una vez que usted recibía los cheques los consignaba de manera inmediata y en el mismo banco a la cuenta de la señora Elizabeth Rodríguez Quintero? Testigo: eso es correcto, Conalde me consignaba en la cuenta que yo tenía en la cuenta de ahorro e inmediatamente y se la pasaba a la señora Elizabeth que ella tenía cuenta para no entorpecer las labores por el motivo ya expuesto anteriormente. Indique si para el año 2007, usted era titular de cuenta bancaria en el Banco Bancafé? Y en caso afirmativo precise si le consignaron dineros en esa cuenta de los contratos realizados en los Municipios de Cartago y Cali. Testigo: Es cierto Conalde me consignaba en la cuenta Bancafé e inmediatamente como se pretendía que esos dineros no permanecieran mucho tiempo e inmediatamente le consignaba a la supervisora Elizabeth, para que ella retirara esos dineros para que pagara los indirectos(28) (resaltado fuera de texto).

• Con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, la demandante aporta copia de las consignaciones realizadas a la cuenta corriente de Davivienda y los extractos en los que constan las consignaciones que fueron adicionadas en la actuación demandada, de los que se extraen los siguientes valores:

Sentencia 2012-00258 de julio 14 de 2016
 

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que entre el señor Mosquera Sánchez y la actora existió un vínculo laboral, en el que la demandante se encargaba de gestionar la parte administrativa y, concretamente, de realizar algunos de los pagos que debía hacer el señor Juan Gregorio Mosquera Sánchez, como Asistente de Construcción en dos contratos celebrados con CONALDE, entidad que le consignaba dineros al señor Mosquera y que servían para el pago de “gastos indirectos” necesarios para adelantar las obras contratadas por el municipio de Cartago, tal y como se advierte de los formatos aportados y en los que CONALDE emite órdenes de pago al señor Mosquera y que obran a folios 369 a 552, para atender pagos de salarios y prestaciones a personas vinculadas con las obras. El manejo de los recursos que tuvo a cargo el señor Mosquera durante dichos contratos, se evidencia así:

ContratoValoresFecha (mm/aa)Fl.
Orden de Asistencia Técnica de Construcción COOP-EJE-023/07$ 2.322.45408/07369
$ 3.009.83808/07370
$ 20.160.00008/07371
$ 1.381.41508/07371
$ 11.535.00008/07371
$ 14.800.00008/07373
$ 20.897.00308/07374
$ 16.048.57008/07376
$ 24.853.37508/07379
$ 32.688.00009/07382
$ 28.090.72505/07426
$ 48.410.41807/07428
Orden de Asistencia Técnica de Construcción COOP-EJE-022/07$ 36.495.97008/07521
$ 10.821.60504/07526
$ 41.195.00008/07552

También está probado que la demandante abrió una cuenta corriente en el Banco Davivienda, con el fin de manejar los dineros provenientes de los dos contratos suscritos por Juan Gregorio Mosquera con CONALDE y el señor Mosquera acepta y así está demostrado, que consignó en la cuenta de la demandante dichos dineros.

Pues bien, de acuerdo con lo argumentado por la demandante, la Sala resalta que los contratos que fueron suscritos por el señor Juan Gregorio Mosquera con CONALDE, según los documentos aportados por la actora, fueron ejecutados entre los meses de febrero y octubre de 2007, como se indicó en el cuadro de los contratos, por tanto, valoradas las pruebas aportadas en conjunto, se demuestra que, por lo menos, las consignaciones efectuadas por el señor Juan Gregorio Mosquera mientras estuvieron en ejecución los contratos 14-175 de 2006 y 14-176 de 2006 con CONALDE, esto es, las realizadas entre el 27 de julio y el 10 de octubre de 2007, por valor de $ 76.456.700 [sombreadas en el cuadro], corresponden a dineros que, como lo ha sostenido la demandante, fueron recibidos para terceros, porque en virtud de su trabajo con el señor Mosquera atendía las situaciones administrativas derivadas de dichos contratos, pues en ninguna parte se advierte que la actora haya actuado directamente como contratista de CONALDE.

Para la Sala lo anterior no queda desvirtuado, como lo sostuvo la DIAN, por el solo hecho que el señor Juan Gregorio Mosquera tuviera otra cuenta en el Banco Bancafé, pues las pruebas permiten relacionar el hecho de las consignaciones efectuadas y los contratos suscritos por CONALDE, argumento en el que ha sido consistente no solo la demandante sino el señor Mosquera Sánchez para definir el origen de los ingresos consignados en la cuenta.

No obstante lo anterior, los argumentos y pruebas aportadas no permiten desvirtuar la glosa frente a las consignaciones que fueron realizadas con posterioridad a la fecha de terminación o de entrega de obra de los contratos de CONALDE, ni las que fueron realizadas por la propia demandante, pues ya no se advierte que tengan relación con los hechos alegados, es decir, con el manejo de los dineros que tenía el señor Mosquera durante la ejecución de los contratos con CONALDE, por lo que frente a estas por el valor de $ 49.505.300(29) se mantiene la adición de ingresos.

Debe precisarse que si bien la actora aportó otros contratos de obra que suscribió el señor Mosquera Sánchez, para justificar las consignaciones realizadas en su cuenta corriente, tales documentos no sirven para sustentar que esas consignaciones fueran recibidas para terceros por lo siguiente:

• Obra contratada por ACUAVALLE [valor: $ 33.832.874]: fue entregada antes de la fecha de la apertura de la cuenta de la demandante [26/07/07], pues la fecha de ejecución de la obra, según actas de inicio y de entrega que aparecen a folios 571 y 686, se advierte que fue realizada entre el 25 de febrero de 2007 y el 27 de marzo de 2007.

• En relación con los contratos SIV 4151.1.1.14-162/06, y SIV 4151.1.1407-161/06 y SIV 4151.1.1407-164/06 celebrados con el municipio de Santiago de Cali, aunque se ejecutaron durante el año 2007, se demuestra, como lo concluyó la Administración en los actos demandados, que:

SIV 4151.1.1.14-162/06Pago realizado por $ 12.703.536 el 26 de diciembre de 2007 (fl. 722)Por la fecha de pago no se advierte que esté incluida en las consignaciones realizadas en la cuenta de la demandante. La última consignación del señor Mosquera fue del 22 de diciembre de 2012 según cuadro de consignaciones.
SIV 4151.1.1407- 161/06Tiene acta final de entrega de obra el 19 de julio de 2007La fecha de terminación de la obra es anterior a la fecha de apertura de la cuenta de la demandante. [26/0707]
SIV 4151.1.1407- 164/06La obra fue entregada el 12 de mayo de 2007 (fl. 751)La fecha de entrega de la obra es anterior a la fecha de apertura de la cuenta de la demandante. [26/0707]

Frente a esta glosa, la Sala advierte que no es procedente aplicar el artículo 755-3 E.T., como lo solicita la demandante, por cuanto, es un hecho no discutido por la DIAN que la actora no estaba obligada a llevar contabilidad, y para estos casos, la presunción opera si los ingresos adicionados fueron consignados en cuentas de terceros, aspecto que no corresponde a lo debatido en el sub examine(30).

— Adición de ingresos recibidos de CONALDE [$ 15.025.000]: En los actos demandados, la DIAN precisó que tomó como base el reporte de información exógena reportada por terceros, por el año gravable 2007, en el que se determinaron ingresos a nombre de la contribuyente por el valor de $ 15.025.000 recibidos de CONALDE. La demandante ha alegado que esos ingresos corresponden al señor Juan Gregorio Mosquera Sánchez y que la DIAN no debió conformarse con el reporte de información exógena, pues aunque quiso confirmar dicha información se limitó a enviar un requerimiento ordinario a CONALDE, entidad que no dio respuesta.

Frente a esta adición de ingresos, la Sala observa que, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, la actora admitió haber recibido el valor adicionado al responder el requerimiento ordinario como se observa a folio 24 c.a. 2 y, de acuerdo con el artículo 751 E.T. tal manifestación se considera una confesión, que puede ser desvirtuada con “la prueba de error o fuerza sufridos por el confesante, dolo de un tercero, o falsedad material del escrito contentivo de ella”.

La demandante ha aducido que debido a que perdió su archivo contable y documentos en una inundación que se presentó el 28 de noviembre de 2008 en el sótano del centro comercial “Santa Lucía” lugar donde tiene su oficina(31), se vio obligada a aceptar ingresos y cometer errores al contestar el requerimiento.

Para la Sala, la situación descrita por la actora no permite sustentar la existencia de error para desvirtuar lo afirmado al contestar el requerimiento ordinario, pues la falta de documentos no necesariamente conduce a aceptar ingresos que no han sido recibidos, en todo caso, debe advertirse que la demandante no hizo ningún esfuerzo probatorio, para discriminar o indicar si el valor adicionado hacía parte de las consignaciones bancarias que fueron adicionadas por la DIAN o para demostrar que ese ingreso fue recibido por el señor Mosquera.

Rechazo de costos

La Sala observa que en el acta de inspección tributaria y en el requerimiento especial, frente a los costos, la Administración afirmó lo siguiente:

• Que, en virtud del artículo 87 E.T., se aceptaba el 50% de costos por los pagos efectuados por el municipio de Cartago, es decir, la suma de $ 8.471.676. Sin embargo, estos costos no fueron incluidos en los actos demandados.

• En relación con los costos soportados en la respuesta al requerimiento ordinario con los contratos aportados, precisó que “superan el valor de los ingresos que son objeto de investigación, no está demostrada la relación de causalidad y proporcionalidad de dichos costos frente a esos ingresos (…) y al mismo tiempo la mayoría de personas con las cuales se realizaron los contratos no se encontraban inscritos en el RUT”(32). No obstante lo anterior, precisó que de los costos soportados solo se aceptaría la suma de $ 58.390.000, porque cumplen con el artículo 177-2 literal c) E.T. No obstante lo anterior, los costos antes señalados no fueron incluidos en la liquidación oficial de revisión ni con ocasión del recurso de reconsideración.

Pues bien, la Sala advierte que el renglón de costos de la declaración privada de la demandante, se liquidó un valor de $ 410.000 y la liquidación de revisión lo disminuyó a $ 320.000, decisión que se mantuvo en el recurso de reconsideración, pero en ninguno de los actos se expusieron los motivos respecto de esta modificación.

Se observa que el análisis de los costos surgió de la respuesta dada por la contribuyente al requerimiento ordinario, en el que informó ingresos por la suma de $ 284.910.199 y sustentó costos por valor de $ 270.000.000 con unos contratos de suministro de materiales y de obra que la actora como contratante suscribió con diferentes contratistas, sin embargo, debe resaltarse que a pesar de que la demandante informó esos ingresos, la DIAN no tuvo en cuenta esa información para adicionarlos en los actos demandados, pues en estos la adición se circunscribió a las consignaciones bancarias.

Los costos informados por la contribuyente fueron desechados entre otras razones, porque no correspondían a los ingresos que eran objeto de investigación, esto es, las consignaciones bancarias. En todo caso, revisados dichos contratos se advierte que los objetos de los contratos tenían relación con suministro de materiales o manejo de escombros de la obra por pavimentación de la Calle 43 entre las carreras 2 y 4 y mantenimiento de cubiertas y puertas metálicas de la institución educativa Indalecio Liévano, es decir, corresponden a los objetos de los contratos que fueron suscritos entre el municipio de Cartago y CONALDE, en los que el señor Mosquera fue asistente de construcción, por tanto, no pueden ser solicitados como costos de la actora.

No obstante lo anterior, la Sala considera procedente reconocer costos del 50% previstos en el artículo 87 E.T., derivados de los contratos de obra con el Municipio de Cartago, pues constan las órdenes de pago y por los cuales le fueron adicionados ingresos a la demandante por la suma de $ 16.943.352.

En relación con la sanción por inexactitud, teniendo en cuenta que en la declaración privada no fueron incluidos la totalidad de ingresos percibidos en el año gravable 2007, la sanción debe mantenerse y liquidarse de acuerdo con las modificaciones que en esta providencia se aceptan.

La Sala advierte que la Administración calculó en la liquidación oficial demandada el valor correspondiente al anticipo, sin embargo esta Corporación ha precisado que tal modificación no puede hacerse “porque cuando la DIAN formula la liquidación oficial, lo más seguro es que el contribuyente ya haya liquidado y pagado el impuesto correspondiente al periodo gravable respecto del cual se hizo el pago anticipado. De suerte que, para la Sala, en las circunstancias anotadas, el anticipo pierde su condición de pago anticipado del impuesto para convertirse en un impuesto causado y consolidado, exigible por parte del Estado. De manera que, la DIAN puede revisar el impuesto correspondiente, pero ya no el anticipo y, para el efecto, puede formular liquidación oficial de revisión respecto del denuncio rentístico correspondiente”(33).

Por todo lo anterior, prospera parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandante. En consecuencia, se anularán parcialmente los actos demandados y se tendrá como liquidación del impuesto de renta por el año gravable 2007, la que se realiza a continuación:

ConceptosDeclaración privadaliq. oficial de revisiónLiquidación C:E
Total Patrimonio Bruto28.000.00028.000.00028.000.000
Total patrimonio Líquido28.000.00028.000.00028.000.000
Salarios y demás pagos laborales8.943.0008.943.0008.943.000
Ingresos por Honorarios, comisiones y servicios16.517.000158.409.00066.020.000
Total ingresos recibidos25.460.000167.352.00074.963.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional0202.000202.000
Total Ingresos Netos25.460.000167.150.00074.761.000
Otros costos y deducciones410.000320.0008.792.000
Total costos y deducciones410.000320.0008.792.000
Renta Líquida del ejercicio25.050.000166.830.00065.969.000
Renta Líquida25.050.000166.830.00065.969.000
Renta presuntiva300.000300.000300.000
Rentas exentas2.236.0001.403.0001.403.000
Rentas gravables000
Renta Líquida gravable22.814.000165.427.00064.566.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable043.535.00010.528.000
Descuentos tributarios000
Impuesto neto de renta043.535.00010.528.000
Total Impuesto a cargo043.535.00010.528.000
Anticipo por el año gravable 2007000
Saldo frv sin sol dev o comp. año 2006/saldo frv per fis ant.621.000621.000621.000
Total retenciones año gravable 200701.529.0001.529.000
Anticipo por el año gravable 200809.355.0000
Saldo a pagar por impuesto050.740.0008.378.000
Sanciones067.210.00014.399.000
Total saldo a pagar0117.950.00022.777.000
o total saldo a favor621.00000

Finalmente, en relación con la condena en costas, teniendo en cuenta que prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda, no se proferirá condena, con fundamento en el numeral 5º del artículo 365 Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 13 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,

2. ANÚLANSE parcialmente la Liquidación Oficial de Revisión 212412011000025 del 17 de mayo de 2011 y la Resolución 10 del 7 de mayo de 2012, mediante las cuales la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN modificó la declaración privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2007, presentada por la contribuyente María Elizabeth Rodríguez Quintero.

3. A título de restablecimiento del derecho, FÍJESE como valor a pagar por concepto del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2007, a cargo de la contribuyente María Elizabeth Rodríguez Quintero la suma de VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ($ 22.777.000).

4. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Se reconoce personería para actuar al doctor Edwin Mauricio Torres Prieto, en los términos del poder conferido por la demandada.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.»

7 Folio 94, c.a. 2.

8 Folio 95, c.a. 2.

9 En un asunto similar, la Sala se pronunció en sentencia del 4 de septiembre de 2003, expediente 13447, M.P. Dra. Ligia López Díaz.

10 Ibídem.

11 Folio 2.

12 Folios 7 a 8.

13 Folios 23 a 24. Esta suma no coincide con los ingresos informados en la misma respuesta del requerimiento ordinario.

14 Contrato 14-175 de 2006 celebrado entre el municipio de Cartago y la Administración Cooperativa de Desarrollo de Entidades Territoriales, CONALDE, por la suma de $ 79.248.140 (fls. 489 a 500, cdno. 2-2).

15 Contrato 14-176 de 2006 celebrado entre el municipio de Cartago y la Administración Cooperativa de Desarrollo de Entidades Territoriales, CONALDE, por la suma de $ 336.447.420 (fls. 248 a 259, cdno. 2-1).

16 Según información exógena obtenida en la respuesta a un requerimiento enviado al Banco Davivienda (fl. 153, cdno. 2).

17 Los pagos del municipio de Cartago se originan en contratos de obra para reparación de pavimento de la Carrera 4 entre calle 13 y 14 y el bacheo de la calle 20 carrera 8 y 8 bis (fls. 30 a 31).

18 Según reporte de información exógena.

19 Folio 29.

20 Folios 213 a 214 cdno. 2-1.

21 Folio 232, cuaderno 2-1. La DIAN acepta en la liquidación oficial de revisión, que la información sobre la procedencia de los ingresos, es un requisito interno de los bancos para controlar los depósitos en las entidades financieras.

22 Para el mantenimiento de cubierta y cambio de puertas metálicas de los baños del centro educativo Indalecio Pinilla.

23 Folio 306.

24 Folio 293.

25 Para la pavimentación en concreto rígido en la calle 43 entre carreras 4 y 2, vía de acceso al centro educativo Indalecio Pinilla.

26 Folio 563.

27 Folio 563.

28 Folios 117 a 119, cp.

29 Resulta de la diferencia entre el valor total de las consignaciones que no se aceptan como ingresos recibidos para terceros y la suma glosada en los actos demandados ($ 125.962.000).

30 Sentencias del 13 de junio de 2011, expediente 17983, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 1º de junio de 2016, expediente 19877, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, entre otras.

31 Allegó certificación del Comité para la Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Cartago Valle (fl. 14).

32 Folio 179, cuaderno 2.

33 Sentencia del 10 de mayo de 2010, expediente 17450, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, entre otras.