Sentencia 2012-00261 de julio 17 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 180011102000201200261 02 (9353-19)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala No.

Bogotá D.C., julio diecisiete de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 - parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996 y 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales, cuando fueren desfavorables a los procesados y estas no hayan sido apeladas.

2. De la calidad de disciplinable del investigado.

Se acreditó la calidad de abogado del doctor Jimer Fabián Tique Sánchez, con cédula de ciudadanía Nº 17.690.149 y T.P. 190.612, mediante certificado Nº 131988 del 5 de junio de 2014, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. (fl. 13 c. 1ª instancia).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. Certeza sobre la existencia objetiva de la conducta y adecuación típica.

Los cargos por los cuales se sancionó en primera instancia al jurista Jimer Fabián Tique Sánchez, están descritos en el numeral 3º del artículo 35 y numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, los cuales señalan:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas.

(...).

ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Se inició la presente investigación disciplinaria en razón a la queja presentada por el señor Gerardo Soto Collazos, quien manifestó haber contratado al doctor Jimer Fabián Tique Sánchez, con el fin de adelantar a su nombre un proceso ejecutivo en aras de obtener la cancelación de la suma de dinero representada en una letra de cambio por valor de $ 2.000.000, gestión por la cual entregó al disciplinado $ 350.000 para los gastos procesales.

Así mismo, señaló el quejoso que pactaron como honorarios el 4% de lo recaudado, pero no suscribió contrato alguno de prestación de servicios profesiones ni poder para la presentación de la correspondiente demanda, señalando a su esposa como la única testigo de la entrega del título valor al doctor Tique Collazos.

El Seccional de Instancia durante el trámite de la actuación, ordenó la práctica de pruebas, recolectando de las mismas, la ampliación de la queja (Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional del 12 de abril de 2013), el testimonio de la señora Blanca Nubia Tapiero (esposa) (Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional del 6 de mayo de 2013), y copia del oficio de respuesta OCAF-OA-0195 del 24 de abril de 2013, suscrito por la Jefe de la Oficina de Apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Huila(3) (fl. 58 del c.o.).

En relación con presente estudio, la Sala encuentra oportuno señalar, que como metodología para el estudio de este caso, procederá inicialmente con el análisis de la falta contenida en el numeral 1º del artículo 37, y luego con el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que esta última es la consecuencia de la primera. Vemos.

5. De la falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

5.1. Tipicidad.

Ahora bien, el artículo 37 en su numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 consagra el precepto bajo el cual la conducta del abogado incurre en falta a la debida diligencia profesional, cuando su actuación está dirigida a “demorar” la iniciación o prosecución de las gestiones, siendo esto, retardar, diferir o dilatar las gestiones propias por las cuales fue contratado, o “deja de hacer oportunamente” las diligencias propias de su actuar profesional, o “descuida” la vigilancia de su encargo, o finalmente “abandona” la tares, es decir, se desentiende completamente de lo ordenado en su mandato o contrato.

Al consagrar como falta contra la debida diligencia profesional, el legislador estableció que este tipo de conductas son calificadas a título de culpa, en razón al concepto ontológico de diligencia y su antónimo de negligencia como generador de una modalidad subjetiva de imputación, teniéndose así mismo por la doctrina y la jurisprudencia que la misma es de ejecución permanente, proyectándose hasta el momento en que al abogado le es permitido legalmente actuar o retomar su gestión.

Ahora bien en el presente caso, según lo afirmado por el señor Soto Collazos, este informó de la entrega al disciplinado Tique Sánchez de una letra de cambio por valor de $ 2000.000 junto con la suma de $ 350.000 para el pago de los gastos en que incurriera para la presentación de su proceso ejecutivo, señalando que este no desplegado ninguna actuación judicial para la realización de su encargo.

En el presente caso, encuentra la Sala que no está acreditada la materialización de la falta endilgada desde el punto de vista de la tipicidad, pues si bien se tiene la denuncia realizada por el quejoso contra el doctor tique Sánchez, relacionada con el presunto encargo profesional y la entrega de dinero para gastos procesales, lo cierto es, que a lo largo de la investigación no obra prueba de la existencia de una relación cliente - abogado, la cual permita a este juez Disciplinado endilgar responsabilidad disciplinaria al encartado, pues al contrario. Veamos.

Se tiene inicialmente de la queja presentada que el querellante manifestó en su escrito: “Yo le entregue una letra de cambio por valor de $ 2.000.000 para ser cobrada al señor Oiden Aguirre desde el mes de mayo del año pasado, lo llame como dos veces y me dijo que tenía que esperar que el proceso estaba en curso, después me llamó y me dijo que yo era un intenso y después se perdió el abogado, el celular está fuera de servicio y no se encuentra en Florencia, al abogado le cancelé cando le entregue la letra la suma de $ 350.000 que para gastos de póliza y otros papeles que tenía que sacar y no medio recibo, de honorarios dijo que cobraba el 4% de la letra, contrato de prestación de servicios profesionales por escrito no se hizo, la letra fue endosada, poder no se le firmó, testigo de la entrega de la letra y dinero es Blanva Nubia Tapiero (...)” (Sic para lo transcrito) (fl. 1 del c.o.).

De otra parte, el a quo procedió a escuchar en ampliación de queja al señor Soto Collazos el 12 de abril de 2013, diligencia en la cual se consignó en el acta de la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional lo siguiente: “(...) agrega que aproximadamente hace 3 años que le entregó al doctor Jimer Fabian Tique una letra de cambio para que se la hiciera pagar del señor Oidan Aguirre, despúes que le entregara la letra el doctor no volvió a darle información alguna y se fue de la ciudad de Florencia, además dice que con el señor Aguirre que vive en el municipio de Solita-Caquetá, no mantiene comunicación porque su celular mantiene fuera de servicio y que fue a la oficina de apoyo a ver si el abogado había dejado en archivo su letra; que entregó al doctor Jimer Fabián Tique la suma de $ 300.00 pesos para gastos (...)” (Sic para lo transcrito).

En igual sentido, la señora Blanca Nubia Tapiero en declaración rendida en Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional realizada el 6 de mayo de 2013, manifestó: “que conoce al doctor Jimes Fabian Tique, porque con el señor Gerardo Soto su esposo lo contrataron para que hiciera el cobro de letra de cambio que le debía el señor Aguirre Sánchez por el valor de $ 2.000.000 millones de pesos, y le entregaron $ 300.000 mil pesos como pago y la letra de cambio, para que la cobrara. Sostiene que no tiene recibo de pago que le hicieron al doctor Tique Sánchez ni contrato de honorarios” (Sic para lo transcrito).

Así mismo al plenario se allegó como prueba decretada por el a quo, por parte del Jefe de la Oficina de Apoyo de la Dirección Seccional de Administración Judicial oficio Nº OCAF-OA-0195 del 24 de abril de 2013, en el cual se observa que: “De acuerdo a su oficio de la referencia, comedidamente me permito informar que revisado el software “Sistema de administraación de reparto judicial (S.A.R.J.)” de la Oficina de Apoyo Módulo de Reparto de Florencia - Caquetá, el cual se encuentra implementado a partir del 20 de octubre de 2003, no arrojó registro alguno con los datos requeridos por Usted, del doctor Jimer Fabian Tique Sánchez” (Sic para lo transcrito) (fl. 58 del c.o.).

De otra parte, evidencia la Sala que a la actuación disciplinaria no compareció el disciplinado, pese al envío de las comunicaciones al togado a la dirección consignada en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo cual el a quo lo declaró persona ausente y le designó defensor de oficio (fl. 10, 17, 19, 21, 43 del c.o.), y por la ausencia del abogado investigado al proceso de referencia, no obra otra prueba que pueda aseverar o desmentir las afirmaciones realizadas por el quejoso, su esposa, en incluso, lo informado por la Dirección Seccional de Administración Judicial.

Así las cosas, revisado el material probatorio, no hay certeza que el abogado disciplinado hubiera aceptado un encargo profesional, del cual como bien lo señaló el señor Soto Collazos: “contrato de prestación de servicios profesionales por escrito no se hizo, la letra fue endosada, poder no se le firmó”, claras circunstancias que impiden establecer la realidad fáctica denunciada que dio origen a la presente investigación disciplinaria, asistiéndole razón a la defensora de oficio, quien en los alegatos de conclusión indicó, que no hay pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de su prohijado, evidenciándose así un panorama de duda frente a la existencia de un mandato entre el denunciante y el encartado, y la cual debe resolverse en favor del doctor Tique Sánchez.

Lo anterior cobra importancia, en razón a lo señalado por la Honorable Corte Constitucional sobre el principio de in dubio pro disciplinado, desarrollado en Sentencia C-244 de 2006, en la cual anunció:

“El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en estos términos: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, lo que significa que nadie puede ser culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente demostrada.

Este principio tiene aplicación no solo en el enjuiciamiento de conductas delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador —disciplinario, administrativo, contravencional, etc.—, y debe ser respetado por todas las autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado.

Ahora bien: el principio general de derecho denominado “in dubio pro reo” de amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse en favor del disciplinado.

El “in dubio pro disciplinado”, al igual que el “in dubio pro reo” emana de la presunción de inocencia, pues esta implica un juicio en lo que atañe a las pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.

Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad del disciplinado”(4).

Se colige en este caso la inexistencia de falta disciplinaria por parte del abogado Jimer Fabián Tique Sánchez, en tanto, los hechos y las pruebas se denota que no se pudo establecerse su responsabilidad en grado de certeza.

De lo anterior, se considera que en ninguna etapa del proceso se logró establecer el vínculo profesional cliente-abogado entre el profesional del derecho y el quejoso con el fin de representarlo en un proceso ejecutivo, así como, la relación del señor Gerardo Soto Collazos con el abogado encartado, por lo tanto, esta Colegiatura no observa conducta por parte del abogado investigado que pueda ser destinataria de la Ley 1123 de 2007.

En consecuencia, con los anteriores elementos de juicio, no hay lugar para que esta Jurisdicción endilgue responsabilidad disciplinaria contra el inculpado, pues como se plasmó en precedencia de los elementos probatorios no se logró establecer responsabilidad del abogado inculpado.

5.2. Antijuridicidad y culpabilidad.

De tal forma, no existiendo certeza de la falta endilgada, es decir tipicidad, se desdibujó uno de los elementos para constituir la conducta disciplinaria, por tanto, no se puede estructurar la culpabilidad y la antijuridicidad.

6. De la falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

6.1. Tipicidad.

Ahora bien, el artículo 35 en su numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 consagra los preceptos bajo los cuales la conducta del abogado incurre en falta a la honradez del abogado, a saber: “exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas” (resaltado fuera de texto).

Al consagrar como falta contra la honradez del abogado, el legislador estableció como verbos rectores el “exigir u obtener” sin adicionar ningún ingrediente del tipo disciplinario que acompañe la ejecución de la conducta, con lo cual solamente se necesita establecer que las expensas son irreales o ilícitas, entendiéndose estos como las expensas autorizadas por la ley al interior de un trámite procesal, materializándose esta falta, al momento en el que el disciplinado las exige u obtiene, pero que no fueron utilizados para tal fin.

En relación con esta falta, y ante la no constatación de la existencia de un contrato de mandato entre el señor Gerardo Soto Collazos y el doctor Jimer Fabián Duque Sánchez, igual suerte corre lo manifestado por el quejoso de haber entregado junto con la letra de cambio, la suma de $ 350.000 para el pago de los gastos en que incurriera el encartado para el trámite de su demanda.

Ahora bien, destaca la Sala que el denunciante manifestó el 13 de junio de 2012 (queja) lo siguiente: “al abogado le cancelé cando le entregue la letra la suma de $ 350.000 que para gastos de póliza y otros papeles que tenía que sacar y no medio recibo, (Sic para lo transcrito) (fl. 1 del c.o.), y en su ampliación de queja realizada el 12 de abril de 2013, indició: “que entregó al doctor Jimer Fabián Tique la suma de $ 300.00 pesos para gastos (...)”(Sic para lo transcrito), inconsistencias de las cuales se infieren la imposibilidad de establecer el valor presuntamente entregado al togado investigado para lo señalados gastos procesales, y ante la imposibilidad de mantera probatoria de aseverar o desmentir las afirmaciones realizadas por el quejoso, es oportuno en este caso, dar aplicación igualmente al principio de in dubio pro disciplinado, del cual se colige la inexistencia de falta disciplinaria por parte del abogado Jimer Fabián Tique Sánchez, en tanto, los hechos y las pruebas no demuestran o permiten establecer la responsabilidad en grado de certeza del encartado.

6.2. Antijuridicidad y culpabilidad.

De tal forma, no existiendo certeza de la falta endilgada, es decir tipicidad, se desdibujó uno de los elementos para constituir la conducta disciplinaria, por tanto, no se puede estructurar la culpabilidad y la antijuridicidad.

Así las cosas, resulta imperativo para esta Corporación REVOCAR la sentencia consultada proferida el 18 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, mediante la cual sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jimer Fabián Tique Sánchez, como autor responsable de las faltas previstas en los numerales 3º del artículo 35 y numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLO de los cargos endilgados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia consultada proferida el 18 de marzo de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, mediante la cual sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Jimer Fabián Tique Sánchez, como autor responsable de las faltas previstas en los numerales 3º del artículo 35 y numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVERLO de los cargos endilgados., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Comisiónese al Magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, con facultades para subcomisionar, para que en el término establecido en la ley, notifique al disciplinado de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

3 El oficio esta rotulado de la ciudad de Florencia, Caquetá.

4 Sentencia C-244 de 2006, Corte Constitucional.