SENTENCIA 2012-00262/12246-29 DE AGOSTO 10 DE 2016

 

Sentencia 2012-00262/12246-29 de agosto 10 de 2016 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez 

Rad.: 520011102000201200262 01 (12246-29)

Aprobado según Acta de Sala 77

Bogotá D.C., diez de agosto de dos mil dieciséis.

Asunto 

Procede la Sala a conocer en grado Jurisdiccional de Consulta la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño de fecha 13 de mayo de 20161, mediante la cual sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal 

1. La presente investigación se inició con base en la compulsa de copias que ordenara el Tribunal Superior del distrito judicial de Pasto, quien solicitó se investigara la conducta del abogado Jaime Arturo Zambrano Morales, por la falta de diligencia y cuidado en el asunto encomendado por la señora Monica Janeth Guerrero Chamirro, investigada dentro del proceso penal número 5200160048520111697, tramitado en esa corporación. (fls. 1 a 23 c.o).

2. Acreditada la condición de abogado del investigado Jaime Arturo Zambrano Morales, identificado con la cédula de ciudadanía 12.996.728 y portador de la tarjeta profesional número 124.597 (fl. 26 c.o. 1ª instancia), la magistrada instructora mediante auto del 16 de octubre de 2012 decretó la apertura de proceso disciplinario y convocó a los sujetos procesales a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 27 a 29 c.o primera instancia).

3. Luego de varios aplazamientos para adelantar la audiencia de pruebas y calificación provisional, por inasistencia del disciplinado quien fue emplazado y declarado persona ausente, le fueron nombrados varios defensores de oficio los cuales debieron ser relevados del cargo, hasta que el 31 de agosto de 2015, se posesionó como defensor de oficio el doctor Carlos Augusto Cancimanci Tapia, con quien se adelantó la audiencia el 27 de octubre de 2015, la Juez Disciplinaria una vez instalada la misma adelantó las siguientes actuaciones:

3.1. Inspección judicial: La juez disciplinaria realizó inspección del proceso penal 2011-1697, seguido contra la señora Mónica Janeth Guerrero Chamorro, por el delito de prevaricato por omisión, donde actuaba como apoderado el doctor Jaime Arturo Zambrano Morales, observándose que desde el 29 de marzo de 2011 hasta el 19 de abril de 2012, fecha en la que se produjo el fallo de segunda instancia, el disciplinable solamente asistió al interrogatorio de la indiciada siendo esta su última actuación.

3.2. El defensor de oficio no solicita pruebas, la Juez Disciplinaria citar nuevamente a la disciplinada a todas las direcciones registradas para que rinda versión libre.

4. El 18 de febrero de 2016, la magistrada sustanciadora dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional con presencia del defensor de oficio del disciplinado, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

4.1. Calificación jurídica de la conducta: Una vez realizado un recuento de los hechos y las pruebas recaudadas, la juez disciplinaria consideró que el inculpado al parecer podría estar incurso en la falta contenida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, al haber infringido el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la misma norma, lo anterior por cuanto fue reconocido como defensor de la doctora Mónica Janeth Guerrero investigada dentro del proceso penal 2011-1697, pero no asistió a las audiencias del 8 de abril, 16 de agosto de 2011, así como a la de solicitud de preclusión del 26 de marzo de 2012, y la de lectura de fallo del 19 de abril de 2012, conducta calificada a título de culpa.

5. El 26 de abril de 2016, la juez disciplinaria llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, con la presencia del defensor de oficio del disciplinado, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

5.1. Alegatos de conclusión: Señaló que trató de contactar a su prohijado pero no fue posible, pero igualmente es claro que si bien su defendido no asistió a las audiencias, tampoco se verificó cual fue la causa de esas ausencias, si fue por algún evento de fuerza mayor, o de pronto existió una revocatoria tácita del poder, además no obra en el expediente contrato alguno de prestación de servicios.

De la sentencia consultada 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante sentencia de fecha 13 de mayo de 2016, sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007.

Para la Sala a quo hay suficientes indicios para deducir que el profesional del derecho se comprometió para con su cliente a representarla en un proceso penal pero no asistió a las audiencia a las cuales fue citado.

Frente a la inasistencia injustificada a la audiencia de recepción del testimonio de la señora Jazmín Amanda Cualtan, programada para el 8 de abril de 2011, declaró la prescripción de la misma al haber acaecido más de cinco años de la mencionada fecha.

Sobre la sanción indicó que teniendo presente la gravedad de la conducta, el perjuicio causado a su cliente y la naturaleza de la misma, así como el tener antecedentes disciplinarios, la sanción de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión se tornaba proporcional y justa. (fls. 147 a 159 c.o).

Actuación de segunda instancia 

1. En esta etapa procesal quien funge como Magistrada sustanciadora avocó conocimiento de las diligencias mediante auto del 1 de julio de 2016 y ordenó comunicar a los intervinientes de conformidad con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007 y allegar los antecedentes disciplinarios (fl. 5 cdno. segunda instancia).

2. La Secretaría Judicial de esta corporación, el 14 de julio de 2016 expidió certificado 476878, en el cual se evidencia que el abogado acusado registra una sanción de suspensión de doce meses en el ejercicio de la profesión inicio sanción 10 de octubre de 2013. (fls. 11 a 12 cdno. segunda instancia), de igual forma indicó que no cursan otras investigaciones contra el disciplinado por los mismos hechos en esta Superioridad. (fl. 13 cdno. segunda instancia).

Consideraciones de la Sala 

1. Competencia. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto-Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable. 

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que el abogado del investigado Jaime Arturo Zambrano Morales, está identificado con la cédula de ciudadanía 12.996.728 y es portador de la tarjeta profesional 124.597 (fl. 26 c.o. 1ª instancia).

(sic)4. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

5. De la falta endilgada. 

La falta por la cual la primera instancia sancionó al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales se encuentran se encuentra vigente solamente la consagrada en el artículo 37 numeral 1 cuya literalidad es la siguiente:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

4.1. De la tipicidad. 

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’. 2

(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’3. Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.4

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)5.

Con todo, el mismo alto tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’6.

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios7”.

En el caso bajo estudio, el abogado Jaime Arturo Zambrano Morales, fue sancionado en Primera Instancia por la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, veamos:

Para esta colegiatura, se encuentra acreditado dentro del presente diligenciamiento con las copias del proceso penal 52001600485201011697 allegadas con la compulsa de queja realizada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, la relación cliente abogado, pues el doctor Jaimes Arturo Zambrano, estaba reconocido como abogado de confianza de la doctora Mónica Jannet Guerrero Chamorro, quien estaba siendo procesada por el delito de prevaricato por omisión.

En la audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, adelantada el 27 de octubre de 2015, la magistrada sustanciadora de instancia realizó inspección judicial al proceso en el cual se encontró lo siguiente: (fls. 125 a 126 y cd).

— Diligencia de interrogatorio del indiciado de fecha 29 de marzo de 2011 donde se hace presente la doctora Mónica Jannet Guerrero Chamorro y el profesional del derecho investigado.

— Audiencia de entrevista de fecha 16 de agosto de 2011 de la señora María Gabriela Erazo Portilla, asistente judicial 4 de la Fiscalía en la que se observa la inasistencia del disciplinado.

— Solicitud de preclusión, fecha 24 de febrero de 2012.

— El 19 de abril de 2012, el Tribunal Superior de la Sala Penal de Pasto, dio lectura de fallo, resolviendo ordenar la preclusión de la investigación a favor de la doctora Guerrero Chamorro, dejando constancia de la inasistencia del disciplinable y de la queja expuesta por la doctora Guerrero por las reiteradas inasistencias de su defensor debiendo asumir su propia defensa.

Por tanto, en el presente caso la Sala encuentra probada la relación profesional entre el abogado disciplinable y su cliente la doctora Guerrero Chamorro, quien solamente asistió a la Audiencia del interrogatorio de la indiciada, dejando el proceso abandonado hasta el 19 de abril del 2012, momento en el cual hubo audiencia de fallo, debiendo su cliente asumir su propia defensa.

Por las anteriores consideraciones, obra en grado de certeza la tipicidad de la conducta del abogado investigado quien abandonó durante más de una año la labor encomendada, dentro de una causa penal donde su cliente estaba siendo procesada por el delito de peculado por apropiación.

4.2. Antijuridicidad. 

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la sentencia C-948 de 2002 el mismo alto tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones8. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas9”.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4º, que los profesionales del derecho incurren en falta antijurídica cuando con su conducta afecten, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Analizado este elemento, se colige en este caso que el profesional del derecho acusado vulneró el deber a la debida diligencia profesional, por cuanto el abogado Jaime Arturo Zambrano Morales, fue completamente inoperante en las gestiones encomendadas, pues no contribuyó en nada respecto a la defensa en la causa penal de su cliente, quien debió asumir su propia defensa, ante la negligencia de su apoderado.

4.3. Culpabilidad. 

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este caso, debe decirse que la falta de cuidado profesional es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un compromiso profesional.

Tanto en las tareas, oficios, actividades profesionales, industriales, y en general en todo comportamiento humano se deben observar diligentemente las reglas, deberes y comportamientos, a fin de no generar infracciones, faltas o delitos que alteren el normal desarrollo de la convivencia en sociedad; es por esto, que en cualquier actividad profesional u oficio se debe actuar con un deber objetivo de cuidado; luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogado, el doctor Jaime Arturo Zambrano Morales debió ejecutar las gestiones para las cuales le había sido conferido poder; no obstante, abandonó la gestión para lo cual fue contratado, afectando los intereses de su cliente quien debió asumir su propia defensa; proceder eminentemente culposo, puesto que el profesional de derecho, solamente asistió a una audiencia dentro de la causa penal, sin justificación alguna.

4.4. Dosimetría de la sanción a imponer. 

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el alto tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad - que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P. art. 230) - es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

De otra parte, esta Sala reducirá la sanción impuesta al disciplinado debido a que la Sala de primera instancia tomó como antecedente la falta que registra el disciplinado, pero si bien se evidencia que el abogado acusado registra una sanción de suspensión de doce meses en el ejercicio de la profesión, la misma inició el 10 de octubre de 2013, es decir posteriormente a los hechos que aquí se investigan, razón por la cual no se podía tener en cuenta como agravante de la sanción, de tal forma, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el abogado Jaime Arturo Zambrano Morales, se dejará como sanción definitiva la suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión, la cual cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con el mandato conferido, el cual fue desatendido de forma injustificada.

Asimismo, la mencionada sanción que se reduce cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala MODIFICARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño de fecha 13 de mayo de 201610, mediante la cual sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar dejar como sanción definitiva la suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y confirmar en lo demás.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño de fecha 13 de mayo de 201611, mediante la cual sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión al abogado Jaime Arturo Zambrano Morales como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar dejar como sanción definitiva la suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y confirmar en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Con ponencia de la doctora Gloria Acira Robles Correal en Sala Dual con el doctor Alvaro Raúl Vallejos Yela.

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8 En reiterados pronunciamientos esta corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Ver Sentencia C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.

10 Con ponencia de la doctora Gloria Acira Robles Correal en Sala Dual con el doctor Álvaro Raúl Vallejos Yela.

11 Con ponencia de la doctora Gloria Acira Robles Correal en Sala Dual con el doctor Álvaro Raúl Vallejos Yela.