Sentencia 2012-00263 de agosto 19 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000201200263-01

Registro del proyecto 21 de julio de 2015

Aprobado según Acta 68

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y los resolver recursos de apelación interpuestos, de conformidad con el mandato establecido en el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia(8).

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”(9) (se destaca).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. En las presentes diligencias se investigó al doctor Cesar Gabriel Gómez Cantero porque en su condición de Juez Primero Civil del Circuito de Cereté se demoró cerca de 4 años en iniciar la investigación disciplinaria contra el señor Alejandro Álvarez, en ese entonces Secretario del Juzgado, a quien atribuyó el hecho de haberse embargo cuentas que tuvieran fondos de destinación específica como salud y educación y de propósitos generales hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2009 dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por el señor Dagoberto Martínez Escobar contra el municipio de San Carlos.

El citado funcionario dispuso adelantar la investigación disciplinaria en contra de su ex empleado, solo el 20 de junio de 2012, después de habérsele notificado esta investigación preliminar en su contra.

Las faltas disciplinarias atribuidas al funcionario investigado se encuentran previstas en el artículo 153 numeral 1º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta último en concordancia con los cánones 115 ibídem y 196 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

“ART. 115.—Competencia de otras corporaciones, funcionarios y empleados judiciales. Corresponde a las corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la rama judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.

ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.

En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este poder sobre un empleado en un caso concreto desplaza al superior jerárquico.

Las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, previo agotamiento de la vía gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se tramitarán conforme con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la ley estatutaria de la administración de justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

En este orden de ideas, se encuentra plenamente demostrado que en su despacho se tramitó proceso ejecutivo laboral contra el municipio de San Carlos dentro del cual se libró mandamiento de pago el 30 de noviembre de 2009 por un total de 71.860.000 en favor del demandante, ordenándose embargar las cuentas corrientes y de ahorros del municipio de San Carlos, siempre y cuando no tenga fondos de destinación específica y propósitos generales solo el 28%.

En el expediente obran 5 autos adiados 3 de diciembre de 2009, por medio del cual el Secretario del Juzgado, Alejando Álvarez, remitió oficios a los Gerentes de los Bancos BBVA, Bancolombia, Agrario, Colmena y Bogotá donde solicitaba retener la suma de $71.860.000 y ponerlos a disposición del despacho.

Se tiene que el disciplinable se enteró de, en sus palabras, “tamaña irregularidad” en el momento de la investigación preliminar y reconoció no haber adelantado investigación de ninguna índole contra el señor Alejandro Álvarez bajo el justificante de que para el momento de descubrir referido error ya este no trabajaba en su despacho, dio a conocer que este no era el único actuar irregular del señor Álvarez, pues al parecer no cumplió con el trámite a las tutelas como tampoco en la elaboración de autos simples de trámite y sustanciación, ante lo cual afirmó estar convencido de no ser una persona competente para el cargo.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que desde el 12 de abril de 2011, el doctor Cesar Gabriel Gómez Cantero se percató de las presuntas irregularidades por parte del señor Alejandro Álvarez, el citado funcionario no adelantó la investigación disciplinaria correspondiente en contra de su subordinada, lo cual, es reprochable disciplinariamente.

Actuación que tan solo adelantó el 20 de junio de 2012, aun teniendo conocimiento de la irregularidad presentada en el proceso ejecutivo laboral donde se embargaron cuentas con destinación específica y propósitos generales al interior del proceso 2009-0157.

Con esa omisión desatendió su deber funcional, ya que sobre él recae la obligación de investigar las presuntas irregularidades presentadas en su despacho y de las conductas realizadas sus funcionarios a cargo, anomalías que se venían presentando de tiempo atrás, según lo dicho por el mismo disciplinado cuando afirmó, que ante varios errores cometidos por el secretario del juzgado, se convenció de que este no era la persona adecuada para ejecutar esa función, manifestación que requiere importante atención aún más cuando el señor Alejandro Álvarez renunció al cargo por decisión propia y no por determinación del aquí investigado.

Estando demostrado el desconocimiento del deber irrogado en el pliego de cargos —artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996— en tanto, siendo el competente para conocer los procesos disciplinarios contra sus empleados, tal como lo faculta el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, tardó 16 meses para disponer la apertura de investigación disciplinaria contra ex secretario del despacho, desconociendo de esta forma la competencia conferida por el legislador de iniciar y conocer la indagación contra su ex empleada pues solo lo hizo cuando se ordenó investigarlo por tal omisión. Razón por la cual, se emitirá fallo sancionatorio frente a tal cargo.

Ahora bien, frente al elemento subjetivo de la conducta, esto es, la responsabilidad del funcionario investigado, es menester señalar que en momento alguno se trató de desvirtuar el pliego de cargos por parte del disciplinado, quien se limitó a reiterar que optó por no adelantar el proceso disciplinario correspondiente, debido a que el citado empleado había renunciado al cargo desde el 23 de agosto de 2010.

Argumento que no es de recibo por esta corporación, pues se itera que el simple hecho de dejar de ostentar el cargo, no implica que el desconocimiento de sus deberes o las conductas irregulares cometidas durante la prestación del servicio público, desaparezcan o queden en la impunidad, como erróneamente pretende hacerlo ver el funcionario investigado.

Nada impedía, como en efecto ocurrió, que el encartado adelantara el proceso disciplinario en contra de su ex empleado luego de su desvinculación, pues estaba investigando conductas cometidas cuando aún desempeñaba el cargo y por ende estaba facultado para hacerlo, y más aún cuando el propio disciplinado realizó manifestaciones expresas de la incompetencia del señor Álvarez en el cumplimiento de las funciones en el cargo de Secretario del juzgado.

En consecuencia, se encuentra demostrado el desconocimiento del deber funcional irrogado en concordancia con el artículo 115 de la Ley 270 de 1996, constitutivo ello de falta disciplinaria al tenor de lo previsto en el artículo 196 del Código Disciplinario Único(10).

Y, como se razonó en los cargos, la misma registra un modo comportamental omisivo que a la luz de artículo 27 de la Ley 734 de 2002 constituye una de las formas de realización del comportamiento, máxime cuando la misma Constitución Política en el artículo 6º hace responsable a los servidores públicos por omitir el ejercicio de sus funciones.

Criterio de gravedad. La falta se estimó de carácter grave, en cuanto, dejó sin investigar por cerca de 16 meses, una conducta, que según él, desplegó su subordinado y que perturbó la función pública de administrar justicia, al ocasionar un embargo en cuentas que por su naturaleza no podían ser susceptibles de dicha medida cautelar. Lo cual es inconsecuente con la jerarquía del cargo que ocupaba el funcionario inculpado. Todo lo anteriormente detallado en estas motivaciones reúne a cabalidad los derroteros fijados por legislador en el artículo 43 del actual Código Disciplinario Único como criterios determinantes de la gravedad de la falta.

Nótese como la administración de justicia en su naturaleza es un servicio esencial a disposición de los administrados, quienes acuden a la misma con la perspectiva de encontrar eco en sus pretensiones, cuyo incumplimiento genera desconcierto precisamente por la trascendencia social que engendra esa función pública, a lo cual se une el grado de culpabilidad a determinar a renglón a seguido, no otro que un actuar culposo.

Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, como quedó detallado en precedencia, se debe a la comisión por omisión, en la circunstancia temporal de tardar cerca de 16 meses en adelantar una investigación disciplinaria contra la presunta conducta irregular desplegada por el secretario del despacho en la emisión y ejecución de medidas de embargo, en un grado de participación directa en esa omisión que a la fecha no puede ser endilgada a un tercero, pues era él como Superior, el competente para adelantar el proceso disciplinario, tal como lo dispone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

De la antijuridicidad. En esta fase dentro de la estructura dogmática y legalmente concebida para la falta disciplinaria, donde debe valorarse lo antijurídico del comportamiento que involucra elementos de posible exclusión de responsabilidad, por ende, en esta fase, se rememora, sin necesidad de repetir, aquellos argumentos analizados como justificantes que presentó el disciplinable, los cuales no tuvieron la potencialidad de excusar como se explicó anteriormente.

Los argumentos exonerativos de la conducta como los ha puesto de presente la defensa en el transcurso de la actuación disciplinaria, para determinar su licitud no tienen aval por parte de la Sala.

No es por sí misma la tardanza en adelantar la investigación disciplinaria la que conlleva una ilicitud, sino el comportamiento del funcionario en desacato de derroteros y directrices delimitantes de su deber funcional, que siendo conocedor de las reglas a seguir, las omite para actuar en contrario, dejando de lado la búsqueda de los fines perseguidos en el Estado social de derecho.

Como se dijo en el análisis de los argumentos defensivos, no existe justificación para demorar casi 16 meses en investigar una conducta irregular, teniendo la competencia para ello, lo cual implica estar frente a un comportamiento típico y antijurídico.

No es posible aceptar, mientras no exista una causal demostrativa de circunstancia ajena a su voluntad —que en el asunto sub lite no se demostró— que a pesar de conocer la actuación irregular por parte de su empleada, haya dejado transcurrir el tiempo sin adelantar la investigación disciplinaria correspondiente, sin que —como se dijo— existiese circunstancia que le impidiera actuar con mayor celeridad; es decir, no previó ni le interesó tal situación de descuido y diligencia, al punto, que solo lo hizo cuando esta Superioridad inició investigación disciplinaria en su contra.

Es decir, de querer ser fiel a la competencia asignada bajo los principios de eficiencia y eficacia de la función pública, tuvo la posibilidad de adecuar su conducta a ese deber funcional, pero optó por el descuido y la indiferencia sobre esa responsabilidad.

Así las cosas, no existe en el comportamiento del Gómez Cantero una justificación que impida continuar con las otras fases en la estructura de la falta disciplinaria, como tampoco se puede avalar lo argumentado y expuesto en el transcurso del proceso conforme se viene explicando, pues si bien es cierto la ilicitud sustancial para poder imputarse en la violación de deberes debe ser trascendente y no cualquier afectación, también lo es que cuando se trata de evaluar disciplinariamente el deber funcional, queda excluido cualquier resultado como condicionante de la existencia o no de la antijuridicidad (ilicitud sustancial), en tanto trata el derecho disciplinario de actos de mera conducta, sin que se esté hablando de responsabilidad objetiva.

Claro que es sustancial la afectación del deber cuando se deja la función pública a la deriva, porque teniendo la competencia para adelantar una investigación disciplinaria por unos hechos que afectaron gravemente la administración de justicia, de forma incuriosa dejó transcurrir el tiempo sin hacerlo. Al dejar de cumplirse los fines del Estado y demeritar la loable función a su cargo, afecta en grado sumo la confianza pública en el aparato estatal y sus servidores, en fin, no puede buscarse una afectación material cuantificable por otras formas cuando se trata de comportamientos que no exigen la causación de un resultado para su estimación, como se dijo.

Con lo anterior, desvirtuada la posible justificante que enseña en su estudio la ilicitud prevista en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, esto es, la afectación del deber funcional sin justificación como materialización de la antijuridicidad, es posible entonces afirmar, como se advirtió en la tipicidad, que este principio o presupuesto de la falta disciplinaria se configuró en su integridad, pues no existen elementos que exoneren de responsabilidad como se hizo en precedencia.

De la culpabilidad. Como se consideró en el pliego de cargos, la conducta reprochada está encausada en un comportamiento culposo, en cuanto descuidó y no previó la suma diligencia en el cumplimiento de sus competencias, omitiendo investigar la presunta conducta irregular de su empleado, lo cual demuestra su indiferencia al hecho de que tal conducta daba al traste con su facultad y deber de investigar y sancionar las actuaciones irregulares cometidas por sus empleados, siendo él, el director del Despacho. Es decir, se trata de una violación al deber objetivo de cuidado que le debe asistir en el ejercicio de la función pública y ser la cabeza del Despacho Judicial a su cargo.

Se itera, que se trata, de una culpa grave, en tanto se incurrió en ella por falta de cuidado necesario que debió imprimir a sus actuaciones, tal como lo enlistó el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, al final del parágrafo. Su conducta puede definirse como inobservancia de aquel cuidado necesario respecto de sus actuaciones y la adopción de las medidas necesarias para investigar las conductas irregulares por parte de sus subordinados.

Se desprende de lo dicho en precedencia respuesta al escrito de apelación impetrado por la abogada de confianza del disciplinado, quien de manera errónea considera que lo reprochado por esta Colegiatura es el embargo realizado a las cuentas bancarias del municipio de San Carlos, cuando lo aquí investigado y sancionado es la actitud pasiva y omisiva del doctor Cesar Gabriel Gómez Cantero para iniciar investigación contra su ex empleado.

Dosimetría de la sanción. Siendo esta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, antijurídica y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, en el artículo 44, pues en forma taxativa, previó que para las faltas graves culposas procede la suspensión de un (1) mes en el ejercicio de cargo.

Razón por la cual, frente a la suspensión impuesta, se confirmará, por cuanto se estableció en el artículo 46 Ibídem, que no puede ser inferior a un mes ni superior a doce meses, por lo que se ajusta a la legalidad y aunado a la modalidad y gravedad de la conducta, así como la antijuridicidad de la misma.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación que declaró responsable al Dr. Cesar Gabriel Gómez Cantero, y sancionó con un mes de suspensión en el cargo de juez 1º civil del circuito de Cereté por su infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo estipulado en los apartados 115 ibídem y 196 de la Ley 724.

2. Por la secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y comuníquese».

8 “4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

9 Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

10 Precisamente reza el artículo 196 del Código Disciplinario Único que Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.