Sentencia 2012-00264 de agosto 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001032500020120026400 (0984-2012)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Moisés Carreño Monroy

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Bogotá, D. C., veintidós de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera

Se trata de establecer la legalidad de los actos acusados(1) mediante los cuales se declaró responsable al actor y se sancionó con la suspensión e inhabilidad para desempeñar cargos públicos por el término de doce (12) meses.

Para efecto de decidir, se tiene lo siguiente:

El demandante se posesionó como alcalde municipal de Melgar el 1º de enero de 2004, el Procurador Regional del Tolima demandó la elección ante el Tribunal Administrativo de este departamento, manifestando que el período del actor no podía ser de cuatro años por tratarse de un período atípico; el Consejo de Estado con sentencia de 8 de septiembre de 2005 revocó el fallo de primera instancia determinando que el periodo del alcalde terminaba el 31 de diciembre de 2005, decisión contra la cual el actor solicitó aclaración el 14 de octubre del mismo año, petición a la cual no se accedió.

No obstante lo anterior, el actor suscribió el 17 de noviembre de 2005, el Contrato 30, con el objeto de viabilizar el plan maestro de alcantarillado, por valor de $14.198.227.149, con base en la aprobación hecha por el concejo municipal en la que comprometía vigencias futuras, según Acuerdo 12 de 2005.

Al encontrar la procuraduría provincial que el actor había incurrido en presunta irregularidad al celebrar el Contrato 30 de 2005, transgrediendo el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, inició indagación preliminar el 11 de octubre de 2005 y el 25 de septiembre de 2006 formuló cargos en audiencia, así: (fl. 316 cdn. c.).

“El alcalde municipal de la época Moisés Carreño, al celebrar el Contrato 30 de 17 de noviembre de 2005, por valor de $14.198.227.149, con base en las autorizaciones dadas por el concejo municipal para comprometer vigencias fiscales futuras según Acuerdo 12 de 2005, desconoció la normatividad contenida en el inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003”.

El 28 de noviembre de 2006 la Procuraduría Provincial de Girardot, emitió fallo declarando responsable al actor y sancionándolo con suspensión e inhabilidad por el término de doce (12) meses, señalando que: (fls. 312 a 347).

“(…)

Luego de surtidas algunas actuaciones en segunda instancia, el día 8 de septiembre de 2005 se produce la decisión por medio de la cual se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima y se declara la nulidad parcial del acto de escrutinio dejando sin efectos la credencial de cuatro años, y ordenando la expedición de una nueva, hasta el día nueve (9) de diciembre de 2004.

Dicha decisión solo fue incorporada al copiador de las providencias, el día cuatro (4) de octubre de 2005 y notificada mediante edicto, el día 7 de octubre de 2005.

Sabido es que los edictos se fijan por el término de tres días hábiles, tal y como lo señala el procedimiento civil —viernes 7, lunes 10 y martes 11— y que el interesado cuenta con tres días hábiles adicionales para promover actuaciones posteriores a la sentencia que como la solicitud de aclaración, adición o complementación interrumpen la ejecutoria de la sentencia.

Justamente el suscrito abogado como apoderado del doctor Moisés Carreño Monroy, solicitó aclaración de dicha decisión, la cual fue resuelta el día 28 de octubre de 2006, mediante auto notificado por estado el 31 de octubre de 2005 no accediendo a la solicitud de aclaración.

Por su parte el día 4 de noviembre de 2005 volvió a ingresar al despacho correspondiente el expediente para resolver una solicitud de nulidad propuesta por un nuevo apoderado del doctor Moisés Carreño Monroy, la cual fue resuelta el día 11 de noviembre de 2005 rechazando por extemporánea dicha solicitud; aceptando la renuncia del suscrito como apoderado y se declara que la providencia se encuentra ejecutoriada.

No obstante vale decir, que pese a que la decisión que declaró ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, es del 11 de noviembre de 2005, tan solo fue notificada por estado hasta el día 18 de noviembre de 2005.

(…)

Para el despacho está demostrada la tipicidad de la conducta por cuanto es claro que en la presentación y aprobación del Acuerdo 3 y 12 de 2005, el cabildo municipal trasgredió el precepto contenido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, el cual precisa que en las entidades territoriales queda prohibido la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, aprobación otorgada por el cabildo municipal al alcalde saliente en los acuerdos 12 y 3 de 2005.

Es precisamente el incumplimiento de un deber legal por parte del mandatario local, concretamente el incumplimiento del último inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, y resulta evidente la inobservancia de la referida norma por parte del jefe de la administración municipal al utilizar las referidas prerrogativas para suscribir el Contrato 30 del 17 de noviembre de 2005, por valor de $14.198.227.149, con base en las autorizaciones dadas por el concejo municipal para comprometer vigencias fiscales futuras según Acuerdo 12 de 2005 (ver sobre el particular el último inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003). Si bien es cierto y para el caso del Dr. Careño (sic) a este no le compete la aprobación de vigencias futuras, pues esta es una tarea, que le corresponde por mandato constitucional y legal al cabildo municipal, tampoco es menos cierto que el burgo maestre local está en la obligación de observar el cumplimiento de la ley en todas sus actuaciones, sin que la suscripción de un contrato como el señalado, le sustraiga de tal obligación.

Lo anterior por cuanto está acreditado y constituye a la fecha hecho notorio que el periodo del Dr. Carreño Monroy, como alcalde municipal de Melgar concluyó en el año 2005, con lo que los presupuestos normativos estarían dados para tipificar la conducta como disciplinaria al incumplir el deber de observar la Ley 819 de 2003 lo cual es predicable tanto del burgomaestre como de los cabildantes, sin perjuicio de los límites y atribuciones funcionales que a cada uno le compete.

(…)

De manera que al haber sido aprobados los acuerdos 3 y 12 de 2005, sí se atentó contra los fines del Estado y específicamente contra los principios de planificación, racionalización y la sostenibilidad del recurso público (…)

(…)

(…) Desde el 13 de octubre de 2005, defensa y demandado tenían conocimiento completo de la providencia que declaró la nulidad parcial de la elección del Dr. Carreño, como alcalde de Melgar, es decir que a partir de esta fecha el Dr. Carreño, era plenamente consciente que su elección había sido declarada nula parcialmente y que el año 2005 era sin duda alguna el último año de su gobierno, lo anterior quiere decir que si el 13 de octubre su defensa interpuso la solicitud de aclaración por lo menos desde ese día se tuvo pleno conocimiento de la providencia (…)

(...)

De lo anterior se deduce en consecuencia, que la solicitud de aclaración impetrada no tenía la vocación de lograr la revocatoria del fallo y no interrumpía la ejecutoria de la misma.

Obsérvese que el Consejo de Estado declaró extemporánea la solicitud de nulidad formulada por la parte demandada, mediante auto de 11 de noviembre de 2005, sin que se pueda decir que la sentencia cobró ejecutoria hasta esa fecha o después, pues lo que sucedió en realidad fue simplemente que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió la petición en esta fecha, pero esa decisión de sustanciación no determina la ejecutoria de la sentencia como a parece querer la defensa sea interpretada, y si el Consejo de Estado, no halló razones suficientes para acceder a la petición de aclaración de la defensa que fue la primera de las peticiones radicadas posteriores al fallo, que decir respecto de las demás que emprendieran defensores y el propio alcalde.

Sin embargo, es evidente de lo observado en el proceso que para el 14 de septiembre de 2005, fecha de sanción del Acuerdo 12, la credencial expedida por la registraduría seguía gozando de la presunción de legalidad aún tomando en cuenta que la sentencia se profirió el 8 de septiembre de 2005 (…)

Ahora bien, la situación del señor alcalde, es aún más compleja por cuanto el Contrato 30 de 2005 se adjudicó el 8 de noviembre de 2005, es decir mucho después de haber cobrado ejecutoria el fallo del Consejo de Estado, lo cual obligaría al alcalde en estricto sentido a haber tenido que suspender el proceso de selección del contratista desde por lo menos el 13 de octubre de 2005, fecha que su abogado impetro la solicitud de aclaración del fallo o por lo menos del 18 de octubre fecha que se ejecuta la sentencia (…)”.

En término, el actor impetró el recurso de reposición el cual fue resuelto en la providencia de 13 de febrero de 2007, confirmando en su integridad la decisión. Como razonamientos nuevos trajo los siguientes: (fls. 433 a 456).

“(…)

Si al momento de la suscripción del Contrato 30 de 2005, es decir, para el 17 de noviembre de 2005, ya era de público conocimiento que por la decisión del Consejo de Estado el mandato del señor Moisés Carreño Monroy iría únicamente hasta el 9 de diciembre de 2005, se concreta la comisión de la conducta, pues en efecto existió el incumplimiento del deber por parte del alcalde investigado, en la medida en que su deber consistía en no contrariar la norma señalada en el cargo, es decir, en las condiciones que se encontraba al momento de la suscripción del contrato, no podía comprometer vigencias fiscales futuras, que es el deber incumplido que contiene el cargo y no el de aprobar cualquier vigencia futura.

(…)

Aparece comprobado en el plenario que el fallo del Consejo de Estado que revocó la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima data de fecha 8 de septiembre de 5 notificada entre el 7 y el 11 de octubre de 2005.

En este orden de ideas la credencial que acreditaba como alcalde al señor Moisés Carreño hasta el 31 de diciembre fue revocada y en su lugar se declaró como periodo el comprendido entre el 17 de noviembre de 2003 y el 9 de diciembre de 2005.

Lo anterior indica a plenitud que para el 17 de noviembre de 2005, el alcalde Carreño Monroy tenía pleno conocimiento que se encontraba dentro del último año de su mandato, esto es, tenía pleno conocimiento que obraba a plenitud la prohibición contenida en el último inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, es decir, sabía perfectamente que el acuerdo que le habilitaba para comprometer recursos había perdido fundamento legal, con todo, y a sabiendas que su conducta se constituía en antijurídica la desarrolló.

(…)

Tampoco es de recibo aceptar que en la imposición de la sanción se violó el principio de proporcionalidad, incurriéndose en una vía de hecho, en la medida en que en la actuación del investigado se hizo presente el dolo, es decir, supo a plenitud al momento de comprometer los recursos de vigencias futuras, que no estaba habilitado para tal actuar en la medida en que se encontraba en el último año de su mandato, con todo, así lo dispuso y así lo hizo.

(…)

Queda determinado que la conducta endilgada efectivamente viola norma jurídica contentiva de deberes funcionales y es por ello que concurre la adecuación típica necesaria para la demostración objetiva de la comisión de la falta”.

Determinado lo anterior, la Sala procede a resolver los cargos propuestos por el actor contra las providencias demandadas, así:

Los actos acusados desconocieron que la conducta endilgada al actor es atípica, al no ser el responsable de la aprobación de las vigencias fiscales futuras, conforme al artículo 12 de la Ley 819 de 2003, por lo que al realizar el Contrato 30 de 17 de noviembre de 2005 no vulneró la ley disciplinaria.

Previamente a resolver el fondo del asunto, la Sala considera necesario hacer las siguientes presiones:

El debido proceso como derecho fundamental se contrae en materia procesal disciplinaria, a que el inculpado conozca los cargos en forma clara, concisa y oportuna, para que pueda ejercer todos los mecanismos de réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo responsabilizan y presentar alegatos. Así lo prevé el artículo 6º de la Ley 734 de 2002, al establecer que:

“El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”.

Por su parte, la tipicidad como principio en materia disciplinaria, exige que la norma creadora de las transgresiones y de las sanciones, relate clara, expresa e inequívocamente la conducta que puede ser sancionada y el contenido material de las infracciones, así como la correspondencia entre unas y otras.

Ahora bien, las vigencias futuras son libertades para que las entidades puedan arrogarse obligaciones que afecten presupuestos de años posteriores, con el objetivo de garantizar que las obligaciones que se adquieran cuenten con las asignaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento de los compromisos emanadas de los mismos.

Para entender la figura de vigencias fiscales futuras se debe partir del principio de anualidad según el cual: El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10).

Es decir que la Ley prohíbe adquirir compromisos que excedan en su ejecución la vigencia respectiva, sin embargo, el legislador incorporó un mecanismo que, previa autorización, permite adquirirlos cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del mismo se lleve a cabo en otras posteriores, las cuales se ven afectadas.

Para lo que interesa al presente asunto, las vigencias futuras ordinarias están permitidas para las entidades territoriales, por disposición del artículo 12 de la Ley 819 de 2003, cuando dispone:

“En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: (…)

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público” (subrayado fuera de texto).

En suma, vale decir que la Ley 819 de 2003 en su artículo 12 impone la obligación de que para contraer compromisos de vigencias futuras su autorización no puede superar el respectivo período de gobierno del gobernador o alcalde, salvo los proyectos declarados de importancia estratégica. Inclusive se prohíbe la aprobación de vigencias futuras en el último año de gobierno, por esta razón no podía el concejo municipal de Melgar, aprobar vigencias fiscales futuras, en el último año de gobierno del alcalde.

En el sub examine, quedó demostrado lo siguiente (fls. 342 y ss. cdn. de copias):

— El actor en calidad de alcalde de Melgar presentó proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras, aprobado el 14 de septiembre de 2005 por el concejo municipal.

— El Consejo de Estado profirió sentencia el 8 de septiembre de 2005 revocando el fallo de instancia y determinó que el periodo del alcalde terminaba el 31 de diciembre de 2005, notificado el 7 de octubre del mismo año.

— El demandante solicitó aclaración de la anterior decisión el 13 de octubre de 2005, petición que al ser resuelta no accedió y fue notificada el 31 del mismo y año.

— Propuso igualmente incidente de nulidad contra la sentencia de 8 septiembre de 2005, que al ser resuelto el 11 de noviembre de la misma anualidad, fue negado.

— El periodo constitucional del demandante como alcalde terminaba en el mes de diciembre de 2005 conforme al pronunciamiento del Consejo Estado en sentencia de 8 de septiembre de 2005.

— El Convenio Interadministrativo 30 fue celebrado por parte del actor, el 17 de noviembre de 2005.

De lo anterior se concluye, que el Consejo de Estado profirió sentencia el 8 de septiembre notificada el 7 de octubre de 2005 a través de la cual determinó que el periodo del alcalde culminaba el 31 de diciembre de 2005 y a pesar de ello el demandante celebró el Contrato 30 de 2005, el 17 de noviembre del mismo año, conducta con la que vulneró el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, según el cual no se pueden comprometer vigencias futuras en el último año de gobierno y que a la luz de la Ley disciplinaria constituye falta grave.

Ahora bien, tampoco es de recibo la afirmación hecha por el actor de que la sentencia del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 18 de noviembre de 2005, atendiendo las solicitudes de aclaración y nulidad realizadas el 13 de octubre y 11 de noviembre de 2005, respectivamente, en atención a lo siguiente:

El artículo 309 del C.P.C. consagra la posibilidad de solicitar la aclaración de las providencias judiciales, figura aplicable al proceso contencioso administrativo por la remisión genérica contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el cual textualmente señala:

Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

La aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos” (subrayado fuera de texto).

Tal como lo dispone la norma transcrita, la aclaración de las providencias judiciales tiene como fin que a solicitud de parte o de oficio se aclaren o diluciden puntos o frases que ofrezcan verdaderamente motivo de duda.

Significa lo anterior, que el actor además de lograr que se aclararan esos puntos no podía perseguir, a través de la solicitud de aclaración, un cambio en el sentido de la decisión, lo que quiere decir que lo relativo al momento o la fecha en que terminaba su período, era inmodificable, aunque podía ser objeto de precisión en cuanto a sus fundamentos si se cumplían los requisitos del artículo transcrito.

En conclusión, para cuando solicitó la aclaración, ya estaba enterado de la fecha exacta en que terminaría su período, además de que la sentencia como quedó demostrado a folio 99 del anexo, no fue objeto de aclaración.

Frente a la solicitud de nulidad presentada por el actor, es importante resaltar que la misma fue rechazada por extemporánea según copia de la consulta de procesos judiciales que reposa a folio 99 del anexo, motivo por el cual tampoco le asiste razón pues no puede pretender que una solicitud presentada por fuera del término legal prorrogue la ejecutoria de una sentencia. No prospera este cargo.

Como segundo cargo planteó, que la acción disciplinaria no podía ser adelantada por el procedimiento verbal, al no encontrarse la conducta endilgada dentro de las señaladas en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, disposición que consagra expresamente los eventos en que la investigación puede ser tramitada verbalmente.

Para esta corporación es claro que el procedimiento adelantado inicialmente contra el actor, fue el ordinario y que luego se ajustó al verbal. Veamos entonces, si esta decisión viola el debido proceso.

El artículo 175 del C.D.U. dispone que el proceso verbal se adelantará contra los servidores públicos cuando el sujeto disciplinable es sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión, cuando la falta sea leve, cuando la falta sea gravísima y en todo caso, cualquiera que sea el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos.

Las mencionadas causales tienen un elemento en común y es que se trata de conductas que no ameritan un extenso debate probatorio como el señalado en el proceso ordinario.

En el caso bajo estudio, se profirió auto de apertura de indagación preliminar el 11 de octubre de 2005 contra el actor a través del procedimiento ordinario porque en principio no se daban los postulados para iniciarlo por el verbal, pero posteriormente en auto de 25 de septiembre de 2006, se adecuó este último, por considerar que al momento de la apertura de la investigación en contra del alcalde se daban los requisitos para la formulación del pliego por este procedimiento, de acuerdo con el artículo 175 inciso 3 de la Ley 734 de 2002.

Las pruebas decretadas y allegadas con ocasión de la indagación preliminar permitieron determinar que se configuraban los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos a través del procedimiento abreviado, al quedar demostrada objetivamente la falta y la existencia de prueba que comprometía la responsabilidad del investigado. Lo anterior en atención a que el proyecto de Acuerdo 12 de 2005 se aprobó el 14 de septiembre de 2005 contrariando el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 que trata de los requisitos y prohibiciones para tramitar y aprobar vigencias fiscales futuras en el último año de gobierno del alcalde. De ahí que según lo ordenado por el Consejo de Estado mediante sentencia de 8 de septiembre de 2005, su periodo constitucional culminaba en diciembre de 2005 y no podía celebrar ningún contrato.

Sin embargo, el actor a sabiendas de las resultas de la demanda de la elección como alcalde y conocedor de las prohibiciones que la norma establece, continuó con el proceso de contratación, con lo cual incurrió en incumplimiento de deberes y funciones, conducta señalada en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 como falta disciplinaria.

El solo hecho de que el proceso se tramite a través del procedimiento verbal, no implica que se vulneren los derechos del procesado o que su derecho de defensa sufra mengua. De otra parte, el adecuar el proceso disciplinario al procedimiento verbal no es el resultado de una decisión caprichosa o arbitraria de la autoridad disciplinaria, ya que la ley regula los supuestos de su aplicación. Además, el disciplinado y su apoderado tuvieron la oportunidad procesal para debatir lo que consideraran pertinente, e incluso para recurrir las decisiones que no compartieran, por lo que no es válida la apreciación del actor cuando señala que el cambio de procedimiento vulnera el debido proceso y derecho de defensa.

Otro de los cargos lo hace consistir en que los actos censurados carecen de legalidad y congruencia, como quiera que el auto de cargos se fundamentó en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el acto sancionatorio se sustentó en otra norma (L. 734/2002, arts. 23 y 34 num. 1).

El principio de congruencia entre dicha decisión y la acusación, constituye una de las garantías que orienta el debido proceso y el derecho de defensa y como tal impone que entre los actos procesales deba existir una relación y correspondencia en todos sus aspectos.

El artículo 163 del C.D.U. exige que “la decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado debe contener: 1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó 2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta"; y de otro lado, el artículo 170 ibídem, refiere que: “El fallo debe ser motivado y contener: 2. Un resumen de los hechos. 4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, (…) 5. La fundamentación de la calificación jurídica”.

En lo que interesa al presente asunto no está demostrada la falta de congruencia fáctica y jurídica existente entre el auto de cargos y los fallos de primera y segunda instancia proferidos en contra del alcalde municipal de Melgar, porque en la sentencia se le imputó el mismo hecho descrito en el auto de cargos, que condujo a calificar la falta como grave.

En el auto de cargos se le atribuyó responsabilidad al alcalde Moisés Carreño Monroy, entre otras, porque:

“(…) al celebrar el Contrato 30 del 17 de noviembre de 2005, por valor de $14.198.227.149, con base en las autorizaciones dadas por el concejo municipal para comprometer vigencias fiscales futuras según Acuerdo 12 de 2005 desconoció la normatividad contenida en el último inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003”.

En el fallo de primera instancia, en relación con el mismo cargo se dijo en la parte considerativa:

“Es predicable el incumplimiento de un deber legal por parte del mandatario local, concretamente el incumplimiento del último inciso del artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y resulta evidente la inobservancia de la referida norma por parte del jefe de la administración municipal al utilizar la referidas prerrogativas para suscribir el Contrato 30 del 17 de noviembre de 2005, por valor de ‘$14.198.227.149, con base en las autorizaciones dadas por el concejo municipal para comprometer vigencias fiscales futuras según Acuerdo 12 de 2005 (ver sobre el particular último inciso del artículo 12 de la Ley 812 de 2003) si bien es cierto y para el caso del Dr. Carreño a este no le compete la aprobación de vigencias futuras, pues esta es una tarea, que le corresponde por mandato Constitucional y legal al cabildo municipal, tampoco es menos cierto que el burgo maestree local esta en la obligación de observar el cumplimiento de la ley en todas sus actuaciones, sin que la suscripción de un contrato como el señalado, le sustraiga de tal obligación.

Lo anterior por cuanto está acreditado y constituye hecho notorio que el periodo del Dr. Carreño Monroy, como alcalde municipal de Melgar concluyó en el año 2005, con lo que los presupuestos normativos estarían dados para tipificar la conducta como disciplinaria al incumplir el deber de observar la Ley 819 de 2003 lo cual es predicable tanto del burgo maestre como de los cabildantes, sin perjuicio de los limites y atribuciones funcionales que a cada uno le corresponde’.

(…)

Adicionalmente es necesario resaltar que tanto el mandatario local, como los cabildantes de Melgar conocieron de forma previa a la aprobación y aplicación de los acuerdos 3 y 12 de 2005, que la posición del Consejo de Estado autoridad jurisdiccional electoral por excelencia, ya había concluido la anulación parcial de la credencial otorga por la comisión escrutadora, en la sentencia del día 19 de agosto de 2004.

Obsérvese que frente al Acuerdo 12 del 14 de septiembre de 2005, el alcalde si estaba en la obligación de abstenerse de aplicarlo porque el no hacerlo sería ir en contravía del ordenamiento jurídico y concretamente del último inciso del Artículo 12 de la Ley 819 de 2003 además al tratarse de la concesión de facultades el burgo maestre estaba obligado a no hacer uso de ellas, pues es palmario que para el 8 de noviembre sabía con certeza que no podía hacer uso de las facultades que le había sido entregadas en septiembre 14 de 2005 por el cabildo municipal cuando su situación jurídica era distinta (…) Lo que hacía a todas luces inaplicable y en tal virtud en las suscripciones del Contrato 30 de 17 de noviembre de 2005, no podía utilizar las facultades dadas por los cabildantes (…)”.

Del análisis se desprende que existe total congruencia entre la formulación de cargos y el fallo definitivo, en tanto las circunstancias fácticas, personales y jurídicas son las mismas. No prospera el cargo.

Por último, afirma el actor que la sanción impuesta no fue dosificada de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, por lo que carece de presunción de legalidad.

La procuraduría provincial, al efectuar el análisis de la conducta realizada por el actor, consideró que debía calificarla como grave a título de dolo, de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley 734 de 2002, toda vez que causó grave afectación a la función administrativa al celebrar el Contrato 30 de 2005 comprometiendo vigencias fiscales futuras del municipio de Melgar, a pesar de las claras prohibiciones establecidas en inciso final del artículo 12 de la Ley 819 de 2003.

El juicio de valor hecho por la entidad demandada, estuvo sustentado en las circunstancias y móviles que acompañaron la realización de la conducta, de estos dependió la calificación definitiva de la falta disciplinaria y de ella, el procedimiento para juzgar al presunto responsable y los parámetros dosimétricos para imponer la sanción que correspondía.

Así las cosas, quedó probado que al actor se le garantizó su derecho defensa y debido proceso, en tanto tuvo la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las allegadas al proceso, además de emplear recursos e interponer descargos, circunstancias que permiten concluir que los actos acusados están precedidos de legalidad.

En consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por Moisés Carreño Monroy contra la Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada, archívese el expediente».

(1) Actos de 28 de noviembre de 2006 y 13 de febrero de 2007. Decreto 313 de 4 de mayo de 2007 por el cual se ejecuta la sanción impuesta.