Sentencia 2012-00270 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: 11001032500020120027000

Número interno: 09962012

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Considera.

El problema jurídico gira en torno a establecer la legalidad de los fallos disciplinarios de 27 de septiembre y 19 de octubre de 2011 proferidos por la Policía Nacional por medio de los cuales declaró responsable disciplinariamente al señor xxxxx xxxxx y lo sancionó con suspensión del cargo por el término de 6 meses y de la Resolución 04136 proferida por el Director General de la Policía Nacional por la cual se ejecutó la sanción, para lo cual formula los siguientes cargos:

1. Vulneración del debido proceso.

Señala que hubo desconocimiento de los términos procesales, pues de conformidad con el artículo 177 del Código Disciplinario Único, la audiencia luego de notificada la providencia que la ordena, no puede iniciar antes de 5 días, ni después de 15, lo que no ocurrió en el presente asunto, pues la diligencia se llevó a cabo al tercer día hábil.

Se realizó una indebida apreciación de las pruebas pues nunca se demostró dentro de la investigación disciplinaria que hubiera ejecutado las conductas por las cuales fue sancionado. Igualmente, en caso que se hubiera demostrado la falta, debe ser catalogada como leve.

Para efecto de decidir se tiene:

Como los hechos que dieron lugar a la investigación disciplinaria que se adelantó en contra del actor ocurrieron en el mes de julio de 2011, mientras éste se desempeñaba como Patrullero en la Policía Nacional, le son aplicables las disposiciones previstas en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1015 de 2006.

Sobre el particular, cabe precisar que además del régimen disciplinario general de los servidores públicos, existen unos especiales que no excluyen la aplicación del primero. En efecto, con el propósito de asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, el legislador expidió el Código Disciplinario Único, el cual determina qué conductas se consideran como faltas disciplinarias, las sanciones en las que se puede incurrir y el procedimiento que debe seguirse para determinar la responsabilidad disciplinaria.

No obstante, en razón a la naturaleza específica de sus funciones, la propia Constitución otorgó al legislador la facultad para establecer regímenes especiales de carácter disciplinario aplicables a los miembros de la fuerza pública.

En ese orden, el artículo 224 de Ley 734 establece que regirá tres meses después de su sanción, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública.

Así las cosas, la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución en lo sustancial de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006 y, en lo procesal, siguiendo no solo las disposiciones de la citada ley sino también los principios y las pautas del Código Disciplinario Único (L. 734/2002).

Precisado lo anterior, procede la Sala a analizar el caso concreto, para determinar si la Entidad demandada, al expedir los actos acusados, vulneró los derechos al debido proceso y las disposiciones legales que le eran aplicables.

Con ocasión a una llamada a la línea 123 de la Policía Nacional reportado por el centro automático de despacho, se inició investigación preliminar al señor xxxxx xxxxx según consta en los correos electrónicos enviados por la Jefe de la Oficina CODIN COSEC 2 así:

“…estación: 11 hora 12:30. dirección: xxxx. barrio prado veraniego. CAI prado. unidades del cuadrante.

en atención a una llamada reportada al 123, sorprendieron al señor pt. xxxx xxxxx adscrito a la policía fiscal y aduanera en aparente estado de embriaguez, según información de algunos vecinos el policial realizó disparos al aire, mas no fue posible encontrar el arma, sin más datos del caso”.

Mediante Auto 0734 SIJUR P-DIPON-2011-237 de 25 de julio de 2011expedido por la Oficina Control Interno Disciplinario Interno de la Policía Nacional, inició la indagación preliminar en los términos señalados en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, para lo cual decretó pruebas testimoniales y documentales. Esta decisión fue notificada personalmente al actor (fl. 30, cdno 2 del expediente) y de las cuales se destacan las siguientes:

Testimoniales.

El Teniente xxxx xxxx, quién fuera el Oficial agredido verbalmente por el actor señaló:

“…Al llegar al lugar me entrevisto con el señor Subintendente xxxx Comandante de la patrulla, quien me manifiesta que es un caso enviado por la central de radio donde dan a conocer unos disparos en el lugar y que al parecer son ocasionados por un señor policial que se encuentra de civil, me manifiesta que el caso ya lo había atendido el señor Subintendente xxxx quien había ido y le había llamado la atención ya que en el lugar había música a alto volumen y la ciudadanía había llamado al CAI, posteriormente fue lo de los disparos donde llegaron y al pedir documentos se encontraron con el señor patrullero xxxxx quién presentó su carnet policial y un permiso para porte de armas y por su apariencia se encontraba en estado de embriaguez, a quién le preguntaron que si había ocasionado los disparos manifestando que no pero al verificar en el lugar al lado del señor policial se encontraron varias vainillas de pistola 9 mm, por lo que se procedió a preguntarle que quién había disparado, negándolo todo, en el vehículo se encontraba también un vehículo Vitara color gris de placas CES 952 y al preguntarle a las personas que se encontraban en el lugar manifestaron desconocer de quién era por lo que se le dieron a conocer las placas a la central de radio quién me manifestó y me dio a conocer que el vehículo pertenecía a la POLFA donde laboraba el señor policial que se encontraba ahí ya que el antes mencionado no nos había dado a conocer en donde trabajaba (…) El señor patrullero xxxx toma una actitud grotesca en contra del suscrito por el procedimiento manifestándome que era una llamada de parte de mi general donde me pasa a una señorita quién también me intimidaba diciéndome que ella trabajaba con mi general xxxx y que no me buscara problemas, por lo que le colgué, le entregué el teléfono al policial quién seguía tratándome en presencia de los policiales uniformados, posterior a ello llega el señor Subintendente xxxxx de la POLFA a recoger el vehículo, él habla con el señor policial manifestándole que se calme ya que no deja de gritarme y de gritar a los policiales a quién se le entrega el vehículo y se lo lleva retirándose del lugar…”

El señor patrullero xxxx xxxx, quién fue uno de los policiales que inicialmente atendió el llamado del CAD, manifestó acerca de la actitud asumida por el actor lo siguiente:

“…PREGUNTADO: Manifieste al despacho cual fue la actitud del patrullero aquí presente para con usted y su comandante de patrulla y con el señor oficial que fue a conocer el caso. CONTESTÓ: Con nosotros no nos faltó el respeto ni nos dijo groserías, con mi teniente si se tornó un poco agresivo. PREGUNTADO: Aclare al despacho el término “un poquito agresivo”. CONTESTÓ: Mi teniente le daba la orden que se calmara que llevara el vehículo al CAI, pero él no le hacía caso, estaba exaltado. PREGUNTADO: Manifieste al despacho si el patrullero aquí presente fue agresivo o grosero con el señor oficial. CONTESTÓ: no fue agresivo, en algún momento fue grosero, es decir, no acató las órdenes, con la actitud (…).

Por su parte, el señor Subintendente xxxx xxxxxx señaló:

“…PREGUNTADO: manifiéstele al despacho si observó usted que el patrullero discutiera con el señor oficial que conoció el caso. CONTESTÓ: Si, si discutía. PREGUNTADO: Indique al despacho si escuchó usted porqué fue la discusión y si hubo agresión por parte del patrullero al oficial o del oficial hacia el señor patrullero. CONTESTÓ: En el momento en que estuve presente en el caso primero discutieron por las llaves, después por el traslado de la camioneta al CAI eso fue frente a la residencia del señor patrullero del comportamiento del señor patrullero y de la actitud que tomó mi teniente frente al caso en el CAI no puedo aportar nada ya que no me encontraba en ese lugar y las dos veces que fui al CAI lo vi hablando por celular (…)

La señora Intendente Jefe xxxx xxxx sobre los hechos señaló:

“… PREGUNTADO: Manifieste al despacho si tuvo usted conocimiento alguno de un presunto comportamiento inadecuado por parte del señor patrullero xxxx xxxx aquí presente cuando la policía fue a su residencia a conocer el caso reportado por la central. CONTESTÓ: Realmente lo que se fue (sic) manifestado por mi coronel xxxx que le había informado el señor oficial.

Obra en el expediente a folio 73 del cuaderno 2 el informe de la novedad presentada por el señor Teniente xxxx al comandante de Estación de Policía Once de Suba en los siguientes términos:

“…Es de anotar que llegó (sic) al lugar y le pregunto al señor patrullero sobre quien realizó los disparos manifestando no tener conocimiento, de igual forma tomo contacto con mi coronel xxxx xxxx, a quien le pregunto si el vehículo que se encuentra estacionado en el lugar es de su propiedad o de su unidad, quien manifestó que sí; y que le hiciera el favor y le pidiera las llaves del vehículo al policial y lo trasladara al cai donde el señor patrullero xxxx xxx tomó una actitud grotesca en repetidas ocasiones por el procedimiento el cual se estaba llevando a cabo, irrespetando las instalaciones policiales y a todos los presentes: como son la patrulla que conoció el caso, el policial de información y el suscrito especialmente, dándose cuenta el señor subintendente xxxx xxxx, quien llegó a recoger el vehículo ordenado por mi coronel y trataba de calmarlo”.

Mediante auto 0941 del 15 de septiembre de 2011proferido por la Oficina Control Disciplinario Interno de la Dirección General, citó a audiencia disciplinaria al actor y ordenó tramitar la actuación por el procedimiento verbal de conformidad con lo establecido en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

Esta providencia fue notificada personalmente al actor el 17 de septiembre de 2011 en los siguientes términos:

En la fecha, compareció ante este despacho el señor Patrullero XXXXXX XXXXX con el fin de ser notificado del contenido del Auto 0941 de fecha 15 de septiembre de 2011 proferido dentro de la investigación disciplinaria radicada bajo el Nº DIPON 2011-153 en cuya parte resolutiva se decidió citar a audiencia verbal al mencionado policial conforme a los argumentos y consideraciones allí expuestas.

En ese orden de ideas se hace saber al disciplinado que el inicio de la audiencia verbal en cuestión tendrá inicio el próximo 23 de septiembre de 2011, en este despacho ubicado en las instalaciones de la Dirección general de la Policía Nacional, a las 15:00 horas.

A través del acta 001 del 23 de septiembre de 2011 se dio inicio a la audiencia verbal, en la cual se escuchó en versión libre al actor en los siguientes términos:

“…Quiero dejar claro que en el momento de hacer presencia los policiales en el lugar en cuestión mi trato ante ellos fue el mejor y el debido y que en ningún momento le falté el respeto a ninguno de ellos como más de uno de ellos lo dijeron acá en el despacho, muy contrario a lo que dijo el señor Subteniente ya que yo me identifiqué y no puse ningún obstáculo en el procedimiento que ellos estaban realizando. Nada más”

Por su parte, el apoderado del actor señaló:

Es preciso indicar que de acuerdo al material probatorio obrante en el proceso el señor Patrullero xxxx el día 9 de julio de 2011 se encontraba en situación administrativa de franquicia, tal como lo afirma bajo la gravedad del juramento la secretaria privada del POLFA, quién además afirma que dicha franquicia le fue otorgada al investigado para que cuando regresara la familia del señor Director de POLFA tuviera total disponibilidad; por lo tanto, desde ya solicito se absuelva del cargo endilgado en contra de mi mandante y se ordene el archivo de la investigación, teniendo en cuenta no solo que la conducta no existió, sino que es atípica, pues para que se vulnere el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, el uniformado debe cometer la conducta estando en servicio y no en ninguna otra situación administrativa…”.

Mediante fallo de 27 de septiembre de 2011 proferido por la oficina de Control Disciplinario Interno de la Dirección General de la Policía Nacional, después de analizar el material probatorio obrante en el expediente, declaró responsable disciplinariamente al actor en los siguientes términos:

“… Conforme a ello, de igual forma considera pertinente este despacho señalar que en el caso que nos ocupa, se tiene que frente a los hechos reprochados al disciplinado, de agredir a sus compañeros, ninguno de los declarantes expresó las palabras textuales, grotescas y groseras proferidas por el patrullero XXXX XXXX no significa que no haya ocurrido en dicha actuación como lo quiere hacer ver el disciplinado en su versión, téngase en cuenta que los institucionales sostienen bajo juramento, en lo grosero, grotesco y agresivo que fue el disciplinado quien se encontraba bajo la influencia del alcohol, pues como se sostuvieron bajo juramento y en registros en la minuta, una persona que hace parte de la fuerza pública en estado de embriaguez, que no colabora en el procedimiento para recuperar la paz y la convivencia, nótese que en más de una ocasión las patrullas del CAI Prado Veraniego, habían ido al lugar de los hechos debido a las constantes llamadas de la ciudadanía, es porque se encuentra alterado por el alcohol y por ende resulta autor de la falta reprochada sin justificación alguna que demuestre lo contrario.

(…)

A lo anterior, de haber sido cierto que el disciplinado se portó bien, no hubiera sido necesario que el señor oficial de vigilancia, señor Teniente xxxx xxxxx llegara hasta el lugar de los hechos y tampoco se hubiera tenido conocimiento de la agresividad y grosería en la que incurrió el patrullero disciplinado para con el oficial en cuestión, lo cual se corroboró con los testimonios allegados, por tanto, no puede confundirse la disciplina institucional de los subordinados con el pretexto que estaba en franquicia el día de los hechos y con la ingesta de licor para sacar ventaja y ridiculizar el servicio de policía.

Quedando demostrado el cargo de agredir a los compañeros, porque tanto los miembros de las patrullas como el señor Oficial de vigilancia agredido directamente por el disciplinado, estaban en uso de sus facultades legales en el servicio por causa y razón del mismo para cumplir su labor, de acudir al sitio indicado por el CAD donde había escándalo, para recuperar la paz y la convivencia ciudadana, lugar donde departía el disciplinado con unos amigos y vecinos, por tanto no es justificación para un miembro de la Policía Nacional, en el grado de patrullero, con la trayectoria institucional que lo acredita, que indique que no hizo nada, que nada es cierto, tratando de justificar la defensa que el cargo endilgado no viene al caso porque estaba franco, siendo así como considera esta instancia que tales argumentos no tiene asidero y que está lejos de la realidad procesal, dada su trascendencia y relevancia al ser cometida frente a la comunidad y tuvo desarrollo los hechos que hoy se reprochan, pues la central tuvo que enviar las patrullas para intervenir de nuevo pese a que ya habían hecho presencia.

(…)

Ahora bien en cuanto al planteamiento que indica que para la fecha de los hechos se encontraba en franquicia, este despacho, considera que ello no justifica la conducta exteriorizada para la fecha de los hechos (…) habida cuenta que si bien es cierto estaba de franquicia, también lo es que su conciencia y voluntad no estaban impedidas para decidir, de hecho lo hizo, decidió ingerir bebidas alcohólicas, hacer escándalo en vía pública, nótese que los diferentes testimonios indican que estaba escuchando música que provenía de un (sic) donde estaba disciplinado (sic) a alto volumen, sin embargo, como quiera que por tales aspectos no se le endilgó cargo alguno, si es preciso concretar que decidió agredir verbalmente a sus compañeros de la institución, en el caso concreto, al señor Oficial de vigilancia…”.

El apoderado de la parte actora interpone recurso de apelación en el que reitera los argumentos de la falta de ilicitud sustancial y la indebida valoración probatoria, en especial de los testimonios, pues no se encuentra probado que el actor hubiera desarrollado las conductas endilgadas.

Mediante fallo de 19 de octubre de 2011 proferido por la Inspección Delegada Especial de la Policía Nacional confirmó la decisión de primera instancia con los siguientes argumentos:

“…Ahora bien, en cuanto al material probatorio que a lo largo de la investigación fue debidamente recaudado, muestra claramente como el señor Patrullero XXXXXX XXXXX, para el 9 de julio de 2011, incurrió la conducta que originó el reproche disciplinario. Así las cosas, vemos como el a quo, endilgó al disciplinado la conducta disciplinaria de agredir a los compañeros, en razón a los hechos presentados para el día de marras (…).

De acuerdo a lo anterior, se observa que al unísono, los declarantes expresan sobre la actitud descortés, agresiva y grosera con que el señor Patrullero XXXXXX XXXXX, se dirigió a los policiales que atendieron el caso y que sencillamente cumplían con su deber, aspecto claramente indicador que nos confirma que en efecto el disciplinado si cometió la conducta que le fue endilgada y de la cual fue objeto de reproche disciplinario.

(…).

En ese sentido está plenamente demostrado sin que exista la más mínima duda al respecto, que el señor Patrullero XXXXXX XXXXX, para el día 9 de julio de 2011, fue grosero, descortés y altamente agresivo de forma verbal con un superior en jerarquía, hasta el punto de interponer influencias de tipo laboral y por encima de la autoridad del oficial, con el fin de justificar su actitud.

(…).

Ahora bien, frente a las pruebas practicadas como fueron las testimoniales, estas fueron comunicadas al disciplinado y defensa para ejercer sus derechos de contradicción, por tanto no puede argumentar ahora la defensa, que los testimonios en los que se sostuvo la decisión sancionatoria no tienen crédito, pues como quedó en acápites anteriores, tanto las documentales como las testimoniales tienen fuerza vinculante a responsabilizar al señor Patrullero xxxx xxxx de la conducta reprochada, gozan de credibilidad y valor legal en el procedimiento llevado a cabo, especialmente de la agresión verbal que recibieron del disciplinado.

(…).

En cuanto a la atipicidad de cargo, es de recordar a la defensa, que cómo quedó en acápites anteriores existen pruebas fehacientes que comprometen la responsabilidad del disciplinado Patrullero xxxx xxxx de agredir a los compañeros sin que exista causal eximente de responsabilidad, con las ya arrimadas y expuestas en acápites son suficientes conjuntamente, pues sin ella no se podría proferir fallo de responsabilidad, las cuales conducen a la certeza sin duda alguna sobre la existencia de la falta y responsabilidad del disciplinado.

(…).

Al momento del desarrollo del proceso disciplinario, el artículo 177 del Código Único Disciplinario modificado por la Ley 1437 de 2011 que entró a regir el 2 de julio de 2012, disponía lo siguiente:

Calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable.

(…).

La audiencia debe iniciar no antes de 5 días ni después quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

(…).

En el presente asunto, no le asiste razón a la parte actora al señalar que la audiencia se realizó por fuera del término señalado el al citado artículo, lo anterior, si se tiene en cuenta que mediante Auto 0941 del 15 de septiembre de 2011, calificó el procedimiento como verbal y citó a audiencia disciplinaria al señor XXXX XXXX. Este auto fue notificado el 17 de septiembre de 2011, indicando como fecha de audiencia el día 23 de septiembre de 2011, es decir, al quinto día hábil.

En relación con el aspecto probatorio, una de las razones de inconformidad del actor, se tiene que si bien el derecho de defensa se materializa con el hecho de que al interesado le sea respetado el derecho a solicitar y controvertir pruebas, ello no implica que el investigador esté en la obligación de aceptar cualquier oposición que se presente en el transcurso del proceso disciplinario, aunque sí tiene el deber de valorarlas libremente, en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual se observa, se cumplió por parte de la entidad demandada.

Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones de los testigos debe tenerse en cuenta la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación, y, por supuesto, deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones personales.

En efecto, obsérvese cómo en su declaración el señor Teniente xxxx xxxx afirma que “El señor patrullero xxxx toma una actitud grotesca en contra del suscrito por el procedimiento manifestándome que era una llamada de parte de mi general donde me pasa a una señorita quién también me intimidaba diciéndome que ella trabajaba con mi general xxxx y que no me buscara problemas”, de igual manera señaló “ posterior a ello llega el señor Subintendente xxxx xxxx de la POLFA a recoger el vehículo, el habla con el señor policial manifestándole que se calme ya que no deja de gritarme y de gritar a los policiales a quién se le entrega el vehículo y se lo lleva retirándose del lugar”, lo cual es coincidente con el testimonio del patrullero xxxx xxxx quién afirmó “con mi teniente si se tornó un poco agresivo”.

Esta situación guarda relación directa con el informe de novedad presentado al Comandante de la estación de Suba y con la Minuta presentada por los policiales el día de los hechos, que dan cuenta del comportamiento agresivo y el uso de vocabulario indecente por parte del actor.

Respecto de las de las declaraciones del señor xxxx xxxx y de la señora xxxx xxxx observa la Sala que no relatan ningún hecho relevante que dé la suficiente certeza de la desviación de poder alegada, pues no conocen con certeza y de manera directa las supuestas agresiones del actor a sus compañeros policiales, por el contrario se limitan a señalar que su conocimiento de los hechos son de oídas, desconociendo los hechos ocurridos en el CAI de Tierralinda y del procedimiento seguido por el Oficial de Vigilancia.

Estas declaraciones no generan certeza, ni remiten a la fuente directa, concibe apreciaciones eminentemente subjetivas, afirmaciones genéricas que no están acompañadas de la constatación de los efectos probatorios pretendidos.

Obsérvese como fueron desvirtuados los argumentos esgrimidos por el actor a lo largo de la actuación. Igualmente se observa que no aportó ni solicitó pruebas dentro de la actuación administrativa. Es así como en un primer término lo escuchó en versión libre y se le puso en conocimiento las pruebas aportadas y practicadas, las cuales conoció sin que realizara objeción alguna en su oportunidad.

En las anteriores condiciones no prospera el cargo.

Vulneración al principio de antijuridicidad de la falta (Ilicitud Sustancial), en la imputación de la conducta establecida en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1015 de 2006.

Señala que en el presente asunto la presunta falta cometida y que fue tipificada en el artículo 35 numeral 2º de la Ley 1015 de 2006 se generó mientras se encontraba en franquicia, por lo que no puede sostenerse que afectó el deber funcional como policía.

El numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 señala textualmente:

“Son faltas graves:

(…)

2. Agredir o someter a malos tratos al público, superiores, subalternos o compañeros”

Por su parte, el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, señala:

La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

De lo anterior se colige que el estudio de la antijuridicidad que se realiza en el proceso disciplinario no está enfocado al análisis de la lesión de un bien jurídico, sino que, se orienta a la afectación de los deberes del servicio.

La Corte Constitucional en Sentencia C-819/06 respecto de la ilicitud sustancial de conductas descritas como faltas disciplinarias, cuando se encuentren en situaciones administrativas de franquicia, señaló:

Los miembros de la policía que se encuentran en las situaciones administrativas a que se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en hospitalización), conservan su condición de servidores públicos de la institución "en servicio activo", lo que implica que efectivamente y de manera actual desempeñan un empleo o cargo en esa Institución. Esta circunstancia hace que aún bajo las situaciones administrativas descritas retengan su condición de garantes de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos y las libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de una convivencia pacífica (C.P., art. 218).

Las conductas que según las disposiciones acusadas son susceptibles de ser sometidas a control disciplinario, aun cuando el servidor público se encuentre transitoriamente separado del servicio, no son de aquellas que puedan adscribirse a la esfera privada del miembro de la Policía, se trata de transgresiones del orden jurídico tipificadas en la ley como delito o contravención, que no obstante tal circunstancia de separación momentánea del servicio, comportan una ruptura del deber funcional en su expresión de deber de actuar conforme a la Constitución y a la ley, lo que eventualmente puede ser objeto legítimo de imputación disciplinaria, siempre y cuando se establezca la necesaria conexidad entre la conducta delictiva o contravencional y el menoscabo de la función pública.

La Corte ha considerado que no resulta desproporcionado, en determinadas circunstancias, consagrar como falta disciplinaria conductas ajenas al servicio, en cuanto involucran una ruptura del orden jurídico y un menoscabo o perturbación de la función pública.

Estima la Sala, que el principio de ilicitud sustancial debe estar encaminado a la valoración de antijuridicidad de la conducta disciplinaria, con el propósito de establecer si el comportamiento del servidor público corresponde a los deberes que la constitución y la ley le han impuesto en razón a la naturaleza de su cargo, y así determinar si su desempeño es consonante con el deber funcional y con los fines del Estado.

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, la Sala encuentra que en los actos acusados se valoró la antijuridicidad de la conducta endilgada al actor y se expresaron las razones de perturbación del servicio. Obsérvese, como contrario a lo manifestado por el actor, la conducta reprochada hace referencia a la agresión verbal cometida en contra de los policiales y, en especial, al señor Teniente xxxx xxxx, lo cual se encuentra probado y no por la alteración del orden público por el alto volumen de la música y su estado de embriaguez conductas que no fueron objeto de reproche disciplinario, conducta catalogada como falta grave de conformidad con la Ley 1015 de 2006.

Finalmente, observa la Sala que en las decisiones disciplinarias demandadas se tuvieron en cuenta criterios para la graduación previstos en el artículo 40 de la Ley 1015 de 2006, de la siguiente manera:

“…Toda vez que observado el extracto de la hoja de vida del investigado y la constancia de antecedentes disciplinarios emanada del sistema jurídico de la Policía Nacional, se establece que no ha sido sancionado durante los últimos cinco años, por lo que se infiere que ha tenido un buen comportamiento, por ello debe considerarse como un atenuante de la sanción, más si se tiene en cuenta que esta conlleva inhabilidad”.

Por lo anterior, no hay lugar a la vulneración del principio de ilicitud sustancial, toda vez que en los actos acusados se estudió el concepto de antijuridicidad y se valoró la conducta del actor a través del señalado criterio, es decir, teniendo en cuenta el deber funcional, teniendo en cuenta igualmente el principio de proporcionalidad de la sanción.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda presentada por el señor xxxxx xxxxx, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada, ARCHÍVESE el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».