Sentencia 2012-00271 de octubre 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2012-00271-01.

Recurso de apelación contra la Sentencia de 23 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actora: Compañía Comercializadora Imporexport SAS.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Bogotá D.C., dieciséis de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 1-03-238-421-636-1-004239 de 16 de agosto de 2011, expedida por la jefe de división de gestión de fiscalización, dirección seccional de aduanas de Bogotá, DIAN, por medio de la cual se decomisó en favor de la Nación, Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida con acta 03-00530 FISCA de 11 de abril de 2011, relacionada con la DIIAM 39031120374 de 16 de abril de 2011, avaluada en la suma de $ 450´575.000, por encontrarse incursa en la causal de aprehensión y decomiso de mercancías, consagrada en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999; y 03-236-408-601-187 de 15 de marzo de 2012, expedida por la jefe de división de gestión jurídica de dicha entidad, que al resolver el recurso de reconsideración, confirmó en todas sus partes la anterior resolución.

El recurrente fundamenta su inconformidad con la sentencia apelada, en que, a su juicio, la misma carece de falta de motivación, violó el debido proceso, dado que los actos administrativos demandados fueron expedidos irregularmente, con falsa motivación y violación del debido proceso.

Para el efecto, señala que el fallador de primera instancia y la DIAN le dieron validez a unas pruebas, que fueron practicadas por los funcionarios de la división de fiscalización, sin el lleno de requisitos legales para tal fin, pues no practicaron las pruebas conforme a la ley, vale decir, de acuerdo con los artículos 470, 471 y 472 del Decreto 2685 de 1999, que ordenan observar lo dispuesto al respecto por el Código de Procedimiento Civil.

Que no le dieron validez a las pruebas que sí tenían tal calidad, habida cuenta de que las inconsistencias en la factura de la operación de comercio exterior y el endoso en propiedad, por disposición legal, tenían toda la facultad de ser saneados en el momento de agotar la vía gubernativa, mediante certificaciones, a través de las cuales el proveedor justificó las inconsistencias encontradas en dicho título valor, y que fueron presentadas en la oportunidad legal.

Que, por tal razón, la factura, el contrato de la negociación entre el Almacén La Llanta Ltda. y la actora, y el endoso en propiedad, que fue autorizado y ratificado por el representante legal de dicho Almacén, cumplen con los requisitos para que sean consideradas pruebas válidas.

Que no se trata de dos facturas, sino de una sola factura, a la cual se le tuvo que cambiar el comprador y los términos de negociación de CIF a FOB. Es el mismo negocio comercial, porque que se trataba de la misma calidad, cantidad, género y precio de mercancía.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN expidió las resoluciones acusadas, como resultado de la diligencia de control posterior aduanero y verificación de mercancías, de propiedad de la actora, consistentes en llantas de diferentes marcas y referencias con sus documentos soportes, en la que encontró que la factura 0145-11 del 1º de marzo de 2011, presentada en el proceso de nacionalización, no correspondía con la inicialmente presentada en el proceso de tránsito aduanero, toda vez que se usaron dos facturas con un mismo número para amparar la misma operación de comercio exterior declarada, pero con nombres de “vendido a” y valores diferentes, y que el documento de transporte presentaba un endoso en su respaldo, que no cumplía con el artículo 619 del Código de Comercio, ya que el endosante debe ser quien ostente la titularidad en el documento de transporte.

Ello conllevó a que dicha mercancía fuera aprehendida y decomisada, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004.

La citada norma del Decreto 2685 de 1999 es del siguiente tenor:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

1. En el régimen de importación:

(…).

1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentrode los procesos de control posterior se determine quelos documentos soporte presentados no correspondencon la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa (numeral adicionado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004).

Tratándose de documentos soporte, cuando seencuentre que los mismos no corresponden a losoriginalmente expedidos, o se encuentren adulterados o contengan información que no se ajuste a la operación de comercio exterior declarada” (inciso adicionado por el artículo 6º del Decreto 3555 de 2008) (las negrillas y subrayas fuera de texto).

En el caso sub examine, la entidad demandada analizó los documentos soportes de la importación, como son: la factura y el documento de transporte (con su endoso), a la luz de los hechos y pruebas que obraban en el expediente correspondiente a la actuación administrativa.

Estableció que la factura no correspondía a la originalmente expedida y que contenía información que no se ajustaba a la operación de comercio exterior declarada, mediante las declaraciones de importación con autoadhesivos números 2323102416786, 23231024146779, 23231024146161, 23231024146793, todas de 4 de abril de 2011.

En efecto, se presentaron las siguientes facturas comerciales, con las siguientes características:

Factura presentada en el tránsito aduanero

Factura Proveedor Comprador ValorUSD
Nº 0145-11
Fecha:01-03-2011
Aldepósitos Z/L S.A. Almacén La Llanta Ltda. Total 37.651,15

 

Factura presentada en el proceso de nacionalización 

Factura Proveedor Comprador Valor USD
Nº 0145-11
Fecha:01-03-2011
Aldepósitos Z/L S.A. Cía. Comercializadora ImporexpertSubtotal 37.651,15
Flete marítimo 1.350
Total 39.001,15

En virtud de lo anterior, para la Sala es evidente que se presentaron dos facturas comerciales, con un mismo número y fecha, que difieren en los nombres de los compradores, valores consignados y términos de negociación de FOB a CIF, para soportar una misma operación de comercio exterior de declaración de importación, una en el proceso de trámite aduanero y otra, en el trámite de nacionalización.

Por ende, se configuró la citada causal de aprehensión y decomiso de mercancías, conforme lo indicó el tribunal de primera instancia, cuando al efecto, dijo:

“…d) De otra parte, existen dos facturas de venta de la mercancía expedidas por la empresa Aldepósitos Z/L S.A. ubicada en la ciudad de Colón (Panamá) con idénticos número y fecha (0145-11 del 1º de marzo de 2011) pero, a nombre de dos distintos compradores: una, al Almacén La Llanta Ltda., y la otra, a Comercializadora Imporexpert SAS.

Acerca de este preciso aspecto es importante advertir que la factura 0145-11 que aparece a nombre de la sociedad Almacén La Llanta Ltda. fue presentada durante el proceso de tránsito aduanero de la mercancía, en tanto que para el trámite de nacionalización fue exhibida la misma factura 0145-11 pero a nombre de Imporexpert SAS, es decir, que las facturas presentadas en cada uno de esos trámites no corresponden entre sí, ya que el nombre del comprador de la mercancía es diferente en uno y otro documento (fls.364 a 367 ibídem).

(…).

e) En esa perspectiva, se tiene que el hecho de que se hubiera presentado en el trámite de nacionalización de la mercancía la factura 0145-11 del 1º de marzo de 2011 expedida a nombre de la sociedad Almacén La Llanta Ltda. y en el proceso de tránsito aduanero la misma factura pero a nombre de Imporexport SAS permite establecer, sin duda alguna, que existe una inconsistencia en ladocumentación presentada para soportar la operaciónde comercio exterior derivada de la nocorrespondencia entre los datos del compradorconsignados en la factura exhibida en el proceso deseguimiento de la mercancía y los registrados en eldocumento original inicialmente expedido, razón porla cual se configuró la causal de aprehensión demercancías prevista en el numeral 1.25 del artículo502 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por elartículo 10 del Decreto 4431 de 2004” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

Cabe advertir, además, que sobre la doble facturación y su valor probatorio, en la reciente Sentencia de 28 de agosto de 2014 (Exp. 0800123310002010-00648-01, actor: Automóviles & CIA Ltda., C.P. Marco Antonio Velilla Moreno), esta sección señaló que la disparidad documental con respecto a la factura soporte de la mercancía constituye fundamento más que suficiente para que la administración proceda a su aprehensión y que la ausencia de soporte valedero, en lo que hace a la factura, que dio origen a la operación de comercio exterior, conlleva a que se configure la causal establecida en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004.

Así, lo expresó:

La causal de aprehensión endilgada por la administración es la consagrada en el numeral 1.25 del artículo 502 ibídem, que al efecto establece:

“Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos:

(…).

1.25. Cuando dentro de los términos a que se refiere el numeral 9 del artículo 128 del presente Decreto, o dentro de los procesos de control posterior se determine que los documentos soporte presentados no corresponden con la operación de comercio exterior declarada o, cuando vencidos los términos señalados en los numerales 6 y 9 del mismo artículo no se presentaron en debida forma los documentos soporte que acreditan que no se encuentra incurso en restricción legal o administrativa” (negrilla fuera de texto).

Así, la declaración de importación cuestionada, de acuerdo con los actos acusados(1), corresponde a la número 07081290032388 del 9 de junio de 2005(2), y en esta se lee la referencia a la factura 21005 con un valor FOB declarado de USD $ 22.100. Ahora, el producto importado, según se expone en la mencionada declaración, es un automóvil BMW modelo 2006, referencia 330 IA, con serial Nº WBAVB33506KR73463 y motor Nº 08325917.

Por su parte, obran en el expediente dos facturas de cuyo contenido se infiere que soportan la venta del mismo vehículo, pues una de ellas, en principio, corresponde a la contemplada en la declaración de importación, al coincidir el número, valor y la descripción del automóvil allí expuestos(3); mientras que la otra, pese a describir el mismo automotor, con serial Nº WBAVB33506KR73463 expresa un número de factura, valor y fecha diferentes a lo indicado en la declaración de importación, por responder esta última al Nº 21149, su valor es de $ 43.200, y la fecha es de 20 de mayo de 2005(4).

Nótese, entonces, que la anterior disparidad documental con respecto a la factura soporte del automotor importado, constituye fundamento más que suficiente para que la administración procediere a solicitar la entrega del mismo con miras a su aprehensión, pues era dicho requerimiento el paso a seguir para iniciar el procedimiento tendiente a verificar la legalidad de la importación y definir la situación jurídica de la mercancía, de acuerdo con los artículos 504 y siguientes del E.A. Igualmente, de la documentación obrante en el expediente, es dable colegir que en el presente caso se configuró la causal de aprehensiónendilgada por la DIAN, dada, se recalca, la ausencia desoporte valedero en lo que hace a la factura que dioorigen a la operación de comercio exterior” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora, el recurrente aduce que no le asiste razón al tribunal al señalar que la certificación del proveedor no tiene validez, con el argumento de que ésta no se presentó antes de la nacionalización, dado que ella no es documento soporte para el trámite de nacionalización.

Sobre los documentos soportes, el citado Decreto 2685 de 1999, señala:

“ART. 121.—Documentos soporte de la declaración de importación.

Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de lossiguientes documentos que deberá poner a disposiciónde la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar;

b) Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella;

c) Documento de transporte;

(…)” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con la disposición antes transcrita, la factura esun documento soporte de la declaración de importación, que como tal, debe ser obtenida en original por el declarante antes de la presentación y aceptación de la declaración de laimportación, mas no con posterioridad a dicho evento.

En otras palabras, para que la factura sirva como documento soporte de la declaración de importación, debe ser obtenida por el declarante en original y antes de la presentación y aceptación de dicha declaración.

En el sub lite, la actora presentó dos certificaciones expedidas por el proveedor de la mercancía Aldepósitos S.A., en las cuales se señala que en la factura 0145-11 de 1º de marzo de 2001 fue cambiado el nombre del comprador de la mercancía, que inicialmente era Almacén La Llanta Ltda. por la Compañía Comercializadora Imporexpert S.A., así como también los términos de negociación, que inicialmente eran FOB, quedando CIF. Esto por solicitud expresa del primer comprador, quien manifestó haber endosado en propiedad el documento de transporte a la actora, siendo ésta última la responsable de cancelar el valor de la mercancía por USD 37.651,15 y el valor de los fletes marítimos, para un total CIF de USD 39.001, 15 (folios 257-258 y 419- 420 del cuaderno de “anexos contestación demanda”).

Estas certificaciones fueron expedidas el 6 de abril y 13 de diciembre de 2011, es decir, con posterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de la importación, que ocurrió el 4 de abril de 2011, conforme consta a folios 277 a 281 del citado cuaderno anexo.

Como quiera que las certificaciones fueron expedidas para aclarar, respaldar, justificar los cambios realizados en la factura comercial 0145-11 y que dicha factura tenía por objeto servir como soporte de la declaración de importación, el declarante estaba obligado a obtener las referidas certificaciones con la correspondiente factura antes de la presentación y aceptación de la declaración, a fin de que la factura pudiera servir como documento soporte de la declaración de importación y, así el declarante, poder cumplir con sus obligaciones aduaneras.

Al no presentarse dichas certificaciones con la factura dentro del término antes establecido, este título valor no podía ser considerado como documento soporte de la declaración de importación en mención.

Adicionalmente, el apelante señala que también se allegaron otras certificaciones, como resultado de que los funcionarios de la DIAN, durante el trámite de la actuación gubernativa, solicitaron a través de la Coordinación Rilo, que se tramitara un exhorto, con el fin de que el proveedor Aldepósitos S.A. validara la factura 014511 en mención y que estas pruebas fueron ocultadas por la entidad demandada.

A este respecto, se debe precisar que dichas pruebas no fueron ocultadas por los funcionarios de la DIAN, sino que no fueron allegadas oportunamente a la actuación administrativa, conforme se dijo en la Resolución 1-03-238-421-636-1-004239 de 16 de agosto de 2011 acusada, a saber:

“De otra parte, este despacho mediante oficio de fecha 3 de noviembre de 2011, ordenó a través de la coordinación RILO la tramitación del exhorto con el fin de validar ante el proveedor del exterior la factura en discusión así como la certificación expedida, sin que hasta el momento se hayaobtenido respuesta por parte del proveedor, teniendo en cuenta que según información de la coordinación RILO, la solicitud fue tramitada bajo el oficio 100211348-3338 del 28-11-2011 ante la Aduana de Panamá (fl. 351), es decir que la información contendida en el documento aportado no ha sido validada por el proveedor Aldepósitos” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

De otra parte, observa la Sala que al presentarse dos facturas, con diferentes nombres de los compradores, valores consignados y términos de negociación, para amparar una misma operación de comercio exterior, también se incumplió con la obligación de la presentación y aceptación de los documentos soportes de la declaración en original, señalada en el citado artículo 121, pues la existencia de dos facturas con esas indicaciones no genera certeza o acredita sobre la negociación realizada, es decir, sobre una de las partes de la misma (comprador) o sobre quién era el dueño de la mercancía vendida por Aldepósitos S.A., pues en una aparece que se le vendió a Almacén La Llanta, mientras que en la otra aparece la actora.

De manera, que acertó el tribunal cuando consideró que dichas certificaciones no tenían validez para justificar los cambios y la doble facturación sobre una misma operación de comercio exterior, con el argumento de que las mismas fueron presentadas con posterioridad al trámite de nacionalización.

En lo que respecta al endoso en propiedad del documento de transporte B/L núm. 861597640 de 17 de marzo de 2011, visible a folio 84 del cuaderno de “anexos contestación demanda”, debe la Sala indicar, en primer lugar, que las referidas certificaciones tampoco pueden ser consideradas válidas para acreditar endoso alguno, habida cuenta de que, como se dijo anteriormente, esas certificaciones debían ser obtenidas antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación.

En segundo lugar, al respaldo del citado documento de transporte (fl. 84 vuelto del cuaderno de “anexos contestación demanda”) aparece la leyenda: “Endosamos el presente documento de transporte con todas sus obligaciones a los señores Comercializadora Import Export SAS - con NIT 900.380.936-2.” Y luego, se observa una firma y debajo de la misma se lee “endoso aduanero”.

Seguidamente, dice: “Concedemos mandato especial a los señores de Agencia de Aduanas Internacional de Negocios y Servicios Nivel 2 con código 491 y NIT 824003860-0 para intermediación aduanera, presentar declaraciones, solicitar levantes, inspección retiros y demás diligencias amparadas en este documento, así mismo declaro que los datos suministrados en los documentos presentados para adelantar las gestiones encomendadas son veraces y correctos en especial en valor clase de mercancía, cantidad, etc. por lo que asumo la responsabilidad directa que se pueda derivar por los datos consignados en los mismos”.

De manera pues, que en ninguna parte del referido documento se dice que se efectuó un endoso en propiedad. Por el contrario, expresamente se consigna: “endoso aduanero”.

Ahora bien, el Decreto 2685 de 1999, en su artículo 1º, para efectos de su aplicación, señala el significado de las siguientes expresiones:

Define el endoso aduanero como “aquel que realiza el últimoconsignatario del documento de transporte, a nombre de un intermediario aduanero para efectuar trámites ante la autoridad aduanera. El endoso aduanero no transfiere el dominio de las mercancías” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

Indica que consignatario (Definición modificada por el artículo 1º del Decreto 2942 de 2007): “Es la persona natural o jurídica aquien el remitente o embarcador en el exterior envía unamercancía, o a quien se le haya endosado el documento de transporte.

También podrán ser consignatarios los Consorcios y las Uniones Temporales que se constituyan para celebrar contratos con el Estado en desarrollo de la Ley 80 de 1993 siempre y cuando dicha posibilidad se prevea en el correspondiente acto constitutivo del Consorcio o Unión Temporal”.

Y establece que documento de transporte “Es un término genérico que comprende el documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada alconsignatario en el lugar de destino y puede ser objeto de endoso”.

De conformidad con las definiciones antes transcritas, es claro, entonces, que en el presente asunto, la intención del endosante era realizar un endoso aduanero, por cuanto en el mismo se estableció que se concedía mandato especial a la Agencia de Aduanas Internacional de Negocios y Servicios Nivel 2, para efectuar los trámites aduaneros antes descritos.

En tercer lugar, se observa que el endoso del documento de transporte B/L núm. 861597640 de 17 de marzo de 2011 no fue realizado por el último consignatario.

La actora sostiene que fue el Almacén La Llanta Ltda. quien efectuó el endoso en propiedad del documento de transporte, sociedad que para la Sala no se encontraba facultada para transferir los derechos contenidos en el documento de transporte, habida cuenta de que Z.A. Intercarga S.A. era la que se encontraba registrada en dicho documento como la última consignataria y quien, de acuerdo con las citadas definiciones legales, era la única autorizada para endosar el mismo, además de que el documento de transporte no representa un título que demuestre la propiedad de la mercancía, sino que tan solo certifica el contrato de transporte y el recibo de la mercancía que debe ser entregada al consignatario.

En cuarto lugar, se advierte que dicho endoso no presenta una firma original del endosante, dado que los señores Nixon García Roa y Fardy Janneth Gordillo Pérez, representantes legales de la sociedad Almacén La Llanta Ltda., manifestaron, durante las declaraciones juramentadas realizadas los días 14 y 18 de abril 2011 (folios 8 y 261 a 262 ibídem), al ponérseles de presente el documento de transporte B/L núm. 861597640, que la firma del endoso, que aparece en el respaldo del referido documento de transporte, no es la de ellos, razón por la cual en manera alguna podría considerarse que el documento de transporte fue endosado por el mencionado Almacén, conforme se indica en las certificaciones expedidas el 6 de abril y 13 de diciembre de 2011, por el proveedor Aldepósitos S.A. (folios 257-258 y 419- 420 del cuaderno de “anexos contestación demanda”).

No puede perderse de vista que de acuerdo con el artículo 654 del Código de Comercio, “… La falta de firma hará el endoso inexistente”.

En otras palabras, si no hay firma del endosante no se asume la responsabilidad de endosante y, por ende, no habrá endoso.

En este orden de ideas, para la Sala tampoco puede ser considerado el citado endoso como una prueba válida, ni la declaración juramentada, rendida el 3 de junio de 2011, ante la notaría sesenta y cuatro del círculo de Bogotá D.C., por el señor Nixon García Roa (fls. 293 a 294 ibídem), en la que señaló que ratificaba y endosaba en propiedad el documento de transporte B/L núm. 861597640 a la actora, para justificar los diferentes nombres de comprador valores y términos de negociación, que aparecen en las dos facturas presentadas.

De ahí que, acertó la sentencia apelada cuando señaló que no es de recibo el argumento atinente a que la sociedad Almacén La Llanta Ltda. efectuó un endoso en propiedad a la demandante del documento de transporte en referencia.

En igual sentido, estima la Sala que le asistió razón al tribunal de primera instancia, al considerar que el contrato celebrado el 14 de marzo de 2011, entre los representantes legales del Almacén La Llanta Ltda. y la sociedad demandante, para la venta de la mercancía amparada en el documento de transporte B/L núm. 861597640, con la factura 0145 de 1º de marzo de 2011, tampoco puede ser considerado como prueba válida, para justificar los referidos cambios en la factura, así como el endoso, cuando expresó:

“… para la Sala el supuesto contrato no tiene el respaldo probatorio suficiente para considerarlo como soporte idóneo y válido del supuesto endoso realizado por la primera de las referidas sociedades por cuanto, por una parte, en la certificación proferida por la empresa Aldepósitos S.A. de la ciudad de Colón (Panamá) el 13 de diciembre de 2011 se indicó que en la factura 045-11 del 1º de marzo de ese mismo año fue cambiado el nombre del comprador que inicialmente era Almacén La Llanta Ltda. por el de Imporexpert SAS por solicitud expresa de aquel, pero, es lo cierto que en el documento factura contentivo de esa supuesta modificación del beneficiario no aparece ninguna anotación ni explicación de que se trata no de una nueva factura sino de una simple modificación del titular, y por otra, porque en tales circunstancias lo que enrealidad y materialmente existe es una doblefacturación respecto de unas mismas mercancías, conuna misma fecha de emisión pero que corresponden adistintos beneficiarios; en otros términos, todo indica que se trata de dos distintas operaciones de comercio exterior, y que la mercancía que en su momento le fueaprehendida y decomisada a la sociedad ImporexpertSAS no contaba ni cuenta con los necesarios,idóneos y precisos requisitos para su legal internaciónal territorio nacional, máxime si se tiene en cuenta que aún a pesar de que la mercancía que se pretenda introducir al país puede ser objeto de transacción o negociación, lafactura que emite el proveedor es y solo puede seruna sola aunque es susceptible de endoso siempre ycuando para ello se cumplan a cabalidad los requisitosque para actuación existe la ley que, en el presentecaso no se cumplieron…” (las negrillas y subrayas fuera de texto).

En relación con el argumento del apelante, en el sentido de que el fallador de primera instancia y la DIAN le dieron validez a unas pruebas, que fueron practicadas por los funcionarios de la división de fiscalización, sin el lleno de requisitos legales para tal fin, la Sala estima que los funcionarios de la DIAN realizaron el procedimiento de aprehensión y decomiso de la mercancía, objeto de la factura 0145-11 de 1º de marzo de 2011, con fundamento en las facultades de fiscalización y control aduanero, establecidas en los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999, así como en los autos comisorios 0136-00321 de 8 de abril de 2011 y 013600326 de 14 de abril de 2011, por medio de los cuales se les comisionó para que practicaran la diligencia de aprehensión, reconocimiento y avalúo de la citada mercancía y que dentro de esas facultades, podían, en virtud del referido artículo 470, citar o requerir a terceros para que rindieran testimonio y “recibir declaraciones, testimonios, interrogatorios, confrontaciones y reconocimiento, y citar al usuario o a terceros para la práctica de dichas diligencias” (literal h), y “En general, efectuar todas las diligencias y practicar las pruebas necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos aduaneros y la aplicación de las sanciones a que haya lugar” (lit. l).

Además, si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 471 del Decreto 2685 de 1999, para la determinación, práctica y valoración de las pruebas serán admisibles todos los medios de prueba y la aplicación de todos los procedimientos y principios consagrados para el efecto en el Código de Procedimiento Civil, también lo es que los artículos 204, 207 y 208 ibídem, citados por la actora y que a su juicio son aplicables, se refieren es al interrogatorio de las partes, prueba que es diferente a las declaraciones juramentadas, que fueron las practicadas dentro de la actuación administrativa, objeto de estudio.

Por tal razón, no resultan aplicables las referidas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, estas pruebas sí fueron practicadas con el lleno de los requisitos legales y tenían validez probatoria.

El anterior análisis pone en evidencia que sí se respetó el debido proceso, toda vez que las decisiones adoptadas fueron fruto del análisis de las pruebas allegadas, conforme a derecho, a la actuación administrativa.

Con fundamento en lo expuesto, es evidente que en el caso bajo examen la actora no logró probar que los actos administrativos acusados hubiesen sido expedidos irregularmente, con falsa motivación y violación del debido proceso, pues se demostró que su expedición se realizó conforme a la ley y sus fines, y a la correcta valoración de las pruebas legalmente recaudadas, habida cuenta de que quedó plenamente probado que se configuró la causal de aprehensión y decomiso de mercancías, consagrada en el numeral 1.25 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 10 del Decreto 4431 de 2004.

En conclusión, aparece evidente que los actos administrativos demandados no merecen reproche alguno sobre su juridicidad, razón por la cual debe mantenerse incólume la presunción de legalidad que los ampara y confirmarse la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de octubre de 2014».

(1) Folios 17 y siguientes del cuaderno principal del expediente.

(2) Folio 48 ibídem.

(3) Folio 159 ibídem.

(4) Folio 151 ibídem.