Sentencia 2012-00276 de abril 13 de 2016

 

Sentencia 2012-00276 de abril 13 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., Trece (13) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 170011102000201200276 01 / 2899A

Aprobado según acta Nº 030 de la misma fecha

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política; 112.4 de la Ley 270 de 1996 en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala es competente para conocer de la apelación contra la decisión del 10 de mayo de 2013 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas contra el doctor HERNANDO JARAMILLO RODAS, con EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, por infringir el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la apelación.

Con fundamento en la competencia mencionada, procederá la Sala a hacer su pronunciamiento sobre la base de los argumentos expuestos en el escrito de apelación, pues está limitada la actuación del juez de segundo grado a los aspectos controvertidos de la decisión del a quo, entendiéndose que los no discutidos han sido aceptados por el interesado.

En ese orden de ideas, la Sala se ocupará de las distintas líneas argumentales expuestas por el propio abogado HERNANDO JARAMILLO RODAS, teniendo en cuenta que como titular de la defensa material el disciplinable, dentro del término legal presentó el recurso de apelación. Además de ello, debe tenerse en cuenta que lo expuesto por el letrado investigado no es otra cosa que reiteración y reforzamiento de las líneas argumentales la cuales se circunscriben a los siguientes tópicos: i) Que la única prueba de cargo, son las dos declaraciones de las denunciantes y con base en las mismas, es que se le declaró como responsable a título de dolo de la falta disciplinaria imputada, aduciendo que la tarjeta profesional de abogado no se encuentra vigente, aspecto que no corresponde en absoluto a la realidad pues actualmente se encuentra autorizado para ejercer la profesión de abogado. ii) Que en caso que la segunda instancia no compartiere los argumentos expuestos por él, considera que la sanción impuesta desborda de manera flagrante el principio de proporcionalidad de la pena, porque “se amerita su rebaja en grado sumo dado, hasta la censura, ya que, reiteramos, la tarjeta de abogado, para la fecha del fallo que se esta impugnando (mayo 10 de 2013), se encuentra plenamente vigente”.

Ahora bien, procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Es así que entonces, teniendo en cuenta lo manifestado por el recurrente la Sala entrara por analizar lo expuesto en su escrito, tomando como primero la afirmación de todas las pruebas obrantes en el diligenciamiento.

La falta de prueba sobre el proceso disciplinario: En primer término, debe aclararse que las pruebas recaudadas, fueron legales y oportunas al momento de su aportación, y es así que se considera su pertinencia, conducencia y utilidad, ya que como alega el disciplinado sí se encontró acreditada la falta de honradez del togado disciplinado, quien recibió el 27 de octubre de 2010 la suma $ 6.000.000, por parte de las quejosas, para tramitar una cesión de un crédito hipotecario como quedó demostrado en el plenario de la investigación, fue así entonces como se apropió indebidamente de dicho dinero.

Ahora bien, no se puede entender que con la necesidad de sus clientes para solucionar un problema hipotecario, el inculpado haya afirmado que el dinero le fue facilitado en préstamo por parte de la señora ARISTIZÁBAL GUTIÉRREZ.

Por tanto, el hecho de que las declaraciones expuestas por las quejosas se tomen como asiento probatorio y tengan fuerza es que, en su medida, no se encuentra por parte del togado prueba alguna que demuestre lo contrario, frente a su manifestación de haber sido en condición de préstamo que le fue facilitada la suma de dinero ya mencionada; es así que para las Sala es evidente que no hay sostenimiento de lo pronunciado por el disciplinado y más aún no controvierte a lo acentuado por las querellantes.

Ahora bien, en punto al planteamiento que realiza el jurista investigado respecto de la plena demostración del hecho, es que dicho acaecimiento resulta improbable, por cuanto nadie, de sano asiento, como las señoras LUZ MARINA GUTIÉRREZ DE ARISTIZÁBAL y DIANA MILENA ARISTIZÁBAL GUTIÉRREZ, consiguen un dinero en mutuo interés para cancelar una obligación que está siendo demandada ejecutivamente, y para obtener la cesión de un crédito, con aras de salvar un bien inmueble, y luego acepten entregarlo en préstamo, sin ningún tipo de respaldo.

Cabe preguntar, a este respecto, ¿es éticamente correcto que un abogado, se apropie de unos dineros que le fueron entregados para solucionar un problema ejecutivo, y la afectación que esto generaría a sus clientes, pues ya que se está hablando de la pérdida de su bien inmueble y que por el contrario se desentienda por completo de la suerte de sus mandantes, cuando —conforme a lo dicho jamás se le facilitó la estipulada suma en modalidad de préstamo—?, pues no, por cuanto lo que debió hacer es la entrega del dinero, ya que no se pudo acordar nada con la acreedora. Para la Sala, un comportamiento tal no puede ser ni ético ni se compadece con el deber de honradez con su cliente, atendiendo a la función social ha sido establecida por la Constitución Política en consideración, precisamente, al impacto que en la vida de los asociados tiene el ejercicio de la abogacía.

En consecuencia, esta línea de argumentación del apelante, no está llamada a prosperar.

Es pertinente dejar en claro que la tarjeta de abogado, para la fecha del fallo que se esta impugnando (mayo 10 de 2013), se encuentra plenamente vigente.

Por último, y aunque el apelante presenta reproche en punto a la sanción impuesta, encuentra la Sala que, según lo expuso la Sala a quo, para imponer la drástica sanción de exclusión del ejercicio profesional, se tuvo en cuenta, de un lado, la existencia de un antecedente disciplinario del profesional del derecho llamado a juicio, consistente en sanciones impuestas; pero, de otro lado, a la modalidad y naturaleza de la falta, sin que pueda dejarse de lado por esta Colegiatura que tal comportamiento del jurista —conforme lo resaltó la primera instancia— causó perjuicio a los intereses de sus clientas, pues no puede soslayarse que cuando el cliente acude a los servicios profesionales de un abogado, lo hace con una expectativa de que el jurista pondrá al servicio de su causa su más denodado esfuerzo, sus conocimientos y su experiencia, no sólo buscando el éxito en la realización del encargo sino también —sobre todo cuando se trata de personas en estado de necesidad manifiesta— actuando con plena lealtad, suministrándole toda la información y asesoría necesarias para evitar que personas ajenas a la relación profesional menoscaben el patrimonio de sus clientes.

No puede soslayarse, para el caso que ocupa la atención de la Sala, el hecho de que la afectada con el comportamiento antiético enrostrado al litigante, se encuentran seriamente perjudicadas porque el dinero no aparece y la deuda de la hipoteca en el Juzgado está creciendo; además que estos dineros fueron adquiridos por un préstamo, pagando actualmente intereses por los mismos, lo cual no sólo genera en la sociedad un impacto mucho más censurable sino que da al traste con la función social que deben cumplir los abogados en un Estado social de derecho como el pregonado por la Carta Política de 1991. Por tanto, tampoco este argumento será acogido por la Sala.

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que la sanción impuesta al jurista se ajusta a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad exigidos por la Ley, razón más que suficiente para concluir que la misma deberá ser confirmada.

En definitiva, no encontrando eco en esta Sala ninguna de las líneas argumentales expuestas por el apelante, y encontrándose debidamente probada en grado de certeza la falta de honradez con el cliente por la que fue convocado a juicio disciplinario el doctor HERNANDO JARAMILLO RODAS, esta Sala le impartirá confirmación en su integridad a la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia del 10 de mayo de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual se resolvió sancionar al abogado HERNANDO JARAMILLO RODAS con EXCLUSIÓN DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, al hallarlo responsable de infringir el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que, en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso; y, en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial».