Sentencia 2012-00278 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero Ponente:

Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila

Rad. 11001-03-25-000-2012-00278-00(1018-12)

Actor: Sergio Antonio Escobar Jaimes

Demandado: Nación - Gobierno Nacional

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

El numeral 2º del artículo 237 de la Carta Política, señala como atribución del Consejo de Estado, “Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional”. Por su parte, el numeral 7º del artículo 2º del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena de esta corporación establece la siguiente función atribuida a la Sala Plena del Consejo de Estado “7. Conceptuar en los casos previstos en el inciso 2º numeral 3º del artículo 237 de la Constitución Política”. En torno al tema esta corporación se pronunció en el siguiente sentido:

“Sea lo primero precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 Nº 2 de la Constitución Nacional, y por el Acuerdo 18 de mayo 7 de 1996 proferido por esta corporación, es a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a quien corresponde la decisión de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad que se formulen en contra de los actos proferidos por el ejecutivo y cuyo control de constitucionalidad corresponde a esta jurisdicción. Pero, no es suficiente la afirmación del demandante en el sentido de que la norma acusada se opone directamente a la norma constitucional, para que automáticamente se radique en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la competencia para decidir la demanda.

Ya se ha pronunciado esta corporación en el sentido de que la acción de nulidad por inconstitucionalidad, cuya decisión corresponde a la Sala Plena Contencioso Administrativa, solo se da cuando la transgresión por parte del acto se presenta directamente y en forma inmediata frente a normas constitucionales, es decir, cuando la norma violada resulta serlo directamente la constitucional; pero, cuando la norma que se transgrede directamente es la ley, aunque con tal transgresión también resulte vulnerada la norma constitucional en forma mediata como sucede en el sub examine, donde como consecuencia de la violación de la ley reglamentada se vulnera la norma constitucional que confiere la función reglamentaria de las leyes al ejecutivo, la acción de nulidad se tramita y decide por la correspondiente sección de la Sala Contencioso Administrativa”(6).

En este caso, el demandante argumentó, que se desconoce también el principio de jerarquía normativa, porque, como ya quedó consignado en esta providencia, “... el Decreto 0854 de 2012, expedido por el Ejecutivo, siendo una norma inferior a las leyes (sic) 52 de 1978, 55 de 1987 y 4ª de 1992, pretende “derogar” los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 y 12 de la Ley (sic) 52 y el parágrafo del artículo 2º de la Ley (sic) 55. Sumado a ello desconoce flagrantemente el literal a) del artículo 2º de la Ley (sic) 4a, - ley marco del régimen salarial y prestacional” (destacado del texto original).

Como no solo señala que se vulneran normas de orden constitucional, sino también legal, y el asunto tampoco es de competencia de la Corte Constitucional al tenor de lo señalado en el artículo 241 de la Carta Política, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, se concluye que la competencia es de esta Sección.

2. Decisión del caso:

En síntesis, considera el actor que los artículos demandados vulneran los principios constitucionales a la igualdad, al debido proceso, a la jerarquía de las normas y al trabajo, en perjuicio de los empleados del Congreso Nacional cobijados por la Ley 5a de 1992, al desconocer y discriminar sus derechos frente a quienes pertenecían a la planta de personal creada por las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983, con lo que se genera desigualdad, porque las prestaciones sociales previstas en los artículos 6º a 13 de la Ley 52 de 1978, y especialmente la prima semestral señalada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 55 de 1987, solamente las devengan los empleados de esa entidad que ingresaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 5a de 1992, pues dicha norma no derogó las citadas disposiciones.

Sostiene igualmente, que los artículos 2º literal a) y 10 de la Ley 4ª del 18 de mayo de 1992, limitan y condicionan al Gobierno Nacional, en el sentido que deben respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado, no obstante, mediante los artículos 9º y 10 demandados, se desmejoró la condición laboral de quienes ingresaron como empleados del Congreso, en vigencia de la Ley 5a de 1992.

Se debe entonces determinar, si las disposiciones legales deben ser anuladas por violar la Constitución y la ley.

2.1. Norma demandada.

Los artículos enjuiciados del decreto mencionado, “Por el cual se fija la escala salarial para los empleados públicos del Congreso de la República y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, son del siguiente tenor literal:

“ART. 9º—Los empleados que pertenecían a la planta de personal de las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983 y pasaron a ocupar cargos en la planta de personal fijada por la Ley 5ª de 1992 continuarán devengando las primas y prestaciones sociales que venían disfrutando.

ART. 10—El derecho al pago de la prima semestral de que trata el parágrafo del artículo 2º de la Ley 55 de 1987 solo se aplicará a los empleados de que trata el artículo 9º del presente decreto”.

2.2. Competencia compartida para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados del Congreso de la República, tanto en vigencia de la Constitución Política de 1886, como con la Carta Política de 1991.

De acuerdo con el numeral 9º del artículo 76 de la Constitución Política de 1886, a partir de la modificación introducida por el Acto Legislativo 1 de 1968, y del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, el Congreso fija, a través de las denominadas leyes cuadro o marco, las normas generales y el Gobierno desarrolla la materia.

El referido acto legislativo que modificó el numeral 9º del artículo 76 de la Constitución Política de 1886, atribuyó al Congreso la siguiente función:

“9a. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales;”

Por su parte, la actual Constitución Política, tiene previsto:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1 (...).

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

a) (...).

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública”.

Frente a este aspecto, consideró la Corte Constitucional en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, magistrado ponente Alfredo Beltrán Sierra:

“En vigencia de la Constitución de 1886, el Acto Legislativo 1 de 1968 modificó el artículo 76, numeral 9º original de esta, e introdujo para la materia que él regulaba el concepto de las leyes cuadro del derecho francés, al establecer la competencia del legislador para ‘... fijar las escalas de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleo’, al tiempo que le asignó al Presidente de la República la facultad de ‘... fijar sus dotaciones y emolumentos... con sujeción a la leyes a que se refiere el ordinal 9 del artículo 76...’. Al referirse a la competencia del legislador y del Presidente de la República en esta materia, la Corte Suprema de Justicia, en su momento, afirmó que estos artículos tenían que entenderse en el sentido según el cual la Constitución le asignaba al primero la atribución de crear la parte estática y permanente de la administración, mientras el segundo tenía la función de hacerla dinámica, mediante el ejercicio de atribuciones administrativas.

La Constitución de 1991, por su parte, al regular lo relativo a las atribuciones del Congreso de la República, estableció en el artículo 150, numeral 19, literal e), que a este le corresponde dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular, entre otras materias ‘el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública’ (destacado del texto original).

El Constituyente de 1991, entonces, conservó el concepto que venía desde la reforma constitucional de 1968, en relación con la necesidad de la existencia de una competencia compartida entre el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros servidores del Estado, en donde la función del primero se debe limitar a establecer unos marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como este ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos específicamente señalados por la propia Constitución.

3.2. En relación con la determinación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, a diferencia de lo que acontecía en vigencia de la Constitución de 1886, en donde el Congreso era quien señalaba la escala de remuneración de los distintos empleos, hoy, el legislador debe simplemente fijar los principios y los parámetros que el Gobierno ha de tener en cuenta para establecer no solo la escala de remuneración sino los demás elementos que son propios de un régimen salarial y prestacional”.

Se estudiará a continuación las normas relacionadas con el asunto, para determinar si tiene o no razón la parte demandante al solicitar la nulidad de los artículos 9º y 10 del Decreto 0854 de 2012.

2.3. La Ley 52 de 15 de diciembre de 1978, en su artículo primero señala cuál es la planta de personal y asignación básica mensual para los empleados del Senado de la República y la Cámara de Representantes. El artículo 6º prevé: “Los empleados del Congreso Nacional, tienen derecho únicamente al reconocimiento y pago de primas de navidad, antigüedad, técnica y a las bonificaciones de quinquenio y vacacional”, temas que son desarrollados en los artículos 7º a 11 de dicha disposición.

La Ley 28 de 1983 “... establece la categoría de empleados de la rama legislativa del poder público...”.

El artículo 1º de la Ley 55 de 22 de diciembre de 1987, de acuerdo con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Política de 1886, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de treinta días, entre otros aspectos, para fijar las escalas de remuneración, la nomenclatura y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación correspondientes a las distintas categorías de empleos de algunas ramas del poder público y de otras entidades, y en su artículo segundo previó lo siguiente:

“ART. 2º—Las asignaciones de los empleados de la rama legislativa del poder público se incrementarán para el año de 1988 de acuerdo con los mismos índices que el gobierno utilice para reajustar las escalas de remuneración de los empleados de la rama ejecutiva.

PAR.—Los empleados del Congreso Nacional, tendrán derecho a una prima semestral pagadera así: un salario en junio y un salario en diciembre, a partir del año de 1988”.

Por su parte, la Ley 4a de 18 de mayo de 1992,”Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”, en sus literales b) y c) del artículo 1º, reguló:

“ART. 1º—El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) (...).

b) Los empleados del Congreso Nacional, la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República; (destacado de la Sala).

c) Los miembros del Congreso Nacional, y

(...).(7).

ART. 2º—Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:

El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;

(...).

ART. 4º—“Artículo condicionalmente exequible; apartes tachados inexequibles” Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 20. El Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones.

Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados.

Los aumentos que decrete el Gobierno Nacional conforme a este artículo, producirán efectos fiscales a partir del primero de enero del año respectivo(8). 

PAR.—Ningún funcionario del nivel nacional de la administración central, de los entes territoriales pertenecientes a la administración central, con excepción del Presidente de la República, del cuerpo diplomático colombiano acreditado en el exterior y del personal del Ministerio de Defensa destinado en comisión en el exterior, tendrá una remuneración anual superior a la de los miembros del Congreso Nacional.

ART. 10.—Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

ART. 18.—El Gobierno Nacional establecerá por una sola vez el plan de retiro compensado de los empleados del Congreso Nacional, el cual debe comprender, indemnizaciones por concepto de pago de salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones sociales y/o pensiones de jubilación”.

No cabe duda entonces, que las leyes 52 de 1978 y 55 de 1987 fijaron unos emolumentos laborales para los empleados del Congreso de la República, pero la Ley 4a de 1992, prescribió en los literales b) del artículo 1º y a) del artículo 2º, que el Gobierno Nacional, con la prohibición de desmejorar sus salarios y prestaciones sociales, y de respetar los derechos adquiridos, entre otros objetivos y criterios a observar, debería fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados del Congreso Nacional; a su vez, el artículo 10 de dicha disposición, prescribe: “Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos”.

Si bien es cierto, la Ley 52 de 1978 determinó la planta de personal para el Congreso Nacional, la Ley 5a de 17 de junio de 1992, en sus artículos 368 y 369(9), conformó la estructura y organización básica y la planta de personal del Senado, y en los artículos 382 y 383 reguló la misma materia en lo relativo a la Cámara de Representantes; el artículo 386 ibídem, señaló las prestaciones sociales de las cuales podían seguir disfrutando los empleados que a la fecha de su expedición se encontraban vinculados a esa institución y fueren nombrados en un cargo de la nueva planta. Finalmente, el artículo 393 derogó las disposiciones que le fueran contrarias. El contenido del artículo 386 es el siguiente:

“ART. 386.—Personal actual. Los empleados que a la expedición de la presente ley se encuentren vinculados al Congreso y sean nombrados en un cargo de la nueva planta, seguirán disfrutando de las prestaciones sociales en los términos y condiciones legales establecidos a la fecha y expedición de esta ley”(10).

La interpretación que se deriva de este artículo, es que el Gobierno Nacional al desarrollar la materia, debe respetar los derechos laborales de los empleados que a la fecha de expedición de la Ley 5a de 1992 se encontraban vinculados al Congreso, y pasarían a formar parte de la nueva planta de personal, no de quienes ingresaran a partir de esa fecha, puesto que ellos no tendrían ningún derecho adquirido y en consecuencia no podrían acceder a su disfrute.

En torno al tema de los derechos adquiridos, la Sala Plena de esta corporación, en Sentencia de 6 de marzo de 2012, Radicación 11001-03-28-000-2011-00003-00(IJ), con ponencia de quien ahora cumple la misma función, se pronunció en el siguiente sentido:

“En relación con el contenido de las anteriores disposiciones, la jurisprudencia ha entendido que ‘la garantía de los derechos adquiridos se predica de aquellos derechos que una vez consolidada la situación jurídica particular y subjetiva o individual y constituido así el derecho concreto, resultan infrangibles frente a una nueva legislación. Esto no significa que la regulación legal no pueda cambiar y que toda variación normativa desconozca derechos adquiridos, pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones’(11).

La Corte Constitucional ha precisado que la noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, las segundas no gozan de esa protección. Para el Tribunal Constitucional, “esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho”(12).

En concepto 956 de 21 de marzo de 1997, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Javier Henao Hidrón, señaló:

“Al interpretar la norma constitucional según la cual ‘la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (art. 53), la Corte Constitucional se pregunta: ¿a qué derechos se refiere la norma? y responde: ‘es indudable que tales derechos no pueden ser otros que los ‘ derechos adquiridos ‘conclusión a que se llega haciendo un análisis sistemático de los artículos 53, inciso final, y 58 de la Carta. Pretender la garantía de los derechos aún no consolidados, sería aceptar que la Constitución protege ‘derechos que no son derechos, lo cual no se ajusta al ordenamiento superior”. Agrega la Corte que cuando la realización de los supuestos pende todavía de un hecho futuro de cuyo advenimiento no se tiene certeza, es posible la modificación de situaciones jurídicas; no admitirlo así, sería aceptar la llamada teoría de la irreversibilidad que, sin éxito, ha tratado de abrirse paso en países como España y Alemania, donde ha sido rechazada no solo por consideraciones de orden jurídico sino también por poderosas razones de orden social y económico. Y concluye que no puede llegarse al absurdo de que las normas laborales se volverían inmodificables y toda la legislación laboral estática, a pesar de los grandes cambios que en esta materia es necesario introducir, en atención al dinamismo de las relaciones laborales y las políticas sociales y económicas, que en defensa del interés social o general debe prevalecer sobre el particular, y las cuales finalmente redundan en el mejoramiento de la clase trabajadora (Sent. C - 168/95)”.

De los argumentos expuestos se infiere, que al entrar en vigencia la Ley 5a de 1992, los empleados que no hacían parte de la planta de personal del Congreso, no podrían tener derechos laborales adquiridos. Además, el Gobierno Nacional, tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados y miembros de esa corporación, al tenor de los literales b) y c) del artículo 1º de la Ley 4 de 1992, siempre que respete los parámetros previstos en dicha disposición; igualmente tiene facultad para señalar los emolumentos laborales, que pueden ser distintos a los devengados por quienes se encontraban vinculados previo a la expedición del reglamento del Congreso.

Lo anterior no implica una vulneración del artículo 10 de la referida Ley 4a de 1992, ley marco que regula la materia, porque no se desmejoran acreencias laborales de las personas que ingresaron en vigencia de la Ley 5a de 1992, de quienes no se podría predicar la existencia de derechos adquiridos.

Es pertinente aclarar, que el artículo 1º del decreto demandado, fijó la escala de asignación básica para los empleados del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, de los grados 1 a 12 contemplados en la Ley 5a de 1992 y demás disposiciones que la modifiquen o sustituyan, y su parágrafo único, señaló: “Parágrafo. Los empleados públicos del Congreso a que se refiere el presente artículo disfrutarán de las asignaciones básicas señaladas en él y sus prestaciones y primas serán las mismas de los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público del nivel nacional”, de donde se puede inferir claramente a qué emolumentos laborales tienen derecho.

En estas condiciones, los artículos 9º y 10 del Decreto Acusado 854 de 2012, se limitaron a dar cumplimiento a la ley marco, fijando la escala de asignación básica y remitiendo a las prestaciones y primas de los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional, para los empleados públicos del Congreso de la República que pertenecían a la planta de personal que se reguló en las leyes 52 de 1978 y 28 de 1983, y pasaron a ocupar cargos en la planta de personal fijada por la Ley 5a de 1992, respetando sus derechos adquiridos, que fue precisamente lo que dispuso el artículo 386 de la última disposición citada, tratamiento al cual no pueden aspirar quienes ingresaron a partir de la vigencia de la ley mediante la cual se expidió el estatuto del Congreso, por no tener derechos adquiridos de carácter laboral.

En un asunto similar donde se estudió la solicitud elevada por una mecanógrafa del Senado de la República, debido a que se le había incrementado su salario por debajo del I.P.C., “con base en los decretos de salarios expedidos por el Gobierno Nacional, en concreto, en el 064 de 1999”, esta corporación señaló en relación con dicho asunto:

“Como en el presente caso, al momento de la expedición del respectivo decreto que fijaba la escala salarial, aún no se había causado el derecho por parte del servidor público demandante por existir una mera expectativa, no puede afirmarse que se violaron derechos adquiridos.

De otra parte debe indicarse que cuando en el artículo 2º de la Ley 4a de 1992 se señalan unos criterios y objetivos para que el Gobierno Nacional fije el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 1º de la misma disposición, se pretende establecer unos parámetros para que el Gobierno Nacional pondere los distintos elementos e intereses que concurren en relación con dicha materia, dada su condición de autoridad económica.

En consecuencia, cabe al Ejecutivo un margen de apreciación del conjunto de los aspectos mencionados pues debe armonizarlos en función de la satisfacción de los derechos económicos y sociales de los servidores públicos, así como de la marcha general de la economía, cuya responsabilidad pesa, en muy buena medida, sobre el Gobierno Nacional.

Prueba de esto último es la técnica de las leyes marco o cuadro del artículo 150, numeral 19, de la Constitución que establecen la concurrencia de las facultades del legislador con las del Ejecutivo en la regulación de las materias económicas. Esta facultad compartida se justifica por el carácter dinámico de la economía, que reclama una capacidad de respuesta pronta, y por la necesidad de tomar en consideración elementos de conveniencia y oportunidad, propios de la actividad que despliega el Ejecutivo en dicho campo.

El gobierno, entonces, bien pudo tomar en consideración para expedir los decretos de fijación de la escala salarial, criterios establecidos en el mentado artículo 2º de la Ley 4a de 1992, como los que reclaman que tal decisión debe sujetarse al marco general de la política macroeconómica (literal h)) y a la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad (literal i)), pues la responsabilidad del Ejecutivo también comprende dichos campos, y los incrementos salariales tienen un indudable impacto en la marcha de la economía y en el desempeño de las finanzas públicas”(13).

De lo anterior resalta la Sala, la necesidad que el gobierno racionalice de los recursos públicos, y se sujete al marco legal de la política macroeconómica, razones que eventualmente pudo tener el gobierno para no hacer extensivos a los referidos empleados, los beneficios contenidos en leyes anteriores, esto es, lo previsto en las leyes 52 de 1978 y 55 de 1987. Sin embargo se destaca, que el Gobierno no trasgredió normas legales, constitucionales, ni el principio de jerarquía normativa, y tampoco se extralimitó en sus funciones.

Por las razones expuestas, se negarán las pretensiones de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NEGAR las pretensiones de la demanda en la presente acción de nulidad instaurada por Sergio Antonio Escobar Jaimes, contra el Gobierno Nacional, por las razones consignadas en la parte motiva.

Reconócese al doctor Nixon Alejandro Navarrete Garzón, como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para los efectos previstos en el memorial que obra a folio 29 del expediente.

Cópiese, notifíquese y publíquese en los anales del Consejo de Estado. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de fecha 18 de junio de 1998, Rad. 11120. C.P. Daniel Suárez Hernández.

(7) Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-312 de 1997. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(8) Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por el Máximo Órgano De La Jurisdicción Costitucional, mediante Sentencia C-710 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández.

(9) El artículo 369 fue adicionado por las Leyes 475 de 1998 y 1147 de 2007 y modificado en algunos apartes por la Ley 186 de 1995.

(10) Adicionado por el artículo 16 de la Ley 1147 de 2007.

(11)Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de junio de 1997. Rad. AI 004. Actor: Julio Hernando González Cortes. M. P. Libardo Rodríguez Rodríguez.-

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-478 de 1998.-

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 13 de octubre de 2005, Exp. 25000-23-25-000-2000-06417-01(5349-03). M.P. Jesús María Lemos Bustamante.