Sentencia 2012-00283 de septiembre 16 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 410011102000201200283-01 (8787-17)

Aprobado según Acta de Sala 77

Asunto

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrada con la certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de Justicia el 16 de mayo de 2012, allegó certificado 05457-2012 con el cual se acreditó la calidad de abogado del doctor HARVEY VICTORIA CUMBE, identificado con la cédula de ciudadanía 7.701.814 y tarjeta profesional No. 172.330, la cual se encuentra vigente (fl. 9 c.o 1ª instancia).

3. Requisitos para sancionar

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

5.(sic) De la tipicidad

La materialidad u objetividad de la falta endilgada al Harvey Victoria Cumbe, se demuestra con las pruebas oportunamente allegadas al expediente disciplinario, conforme a las cuales se logró determinar que el doctor Harvey Victoria Cumbe, al interior del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva 200800503-00, representó a la parte demandante, a quien le prosperaron las pretensiones de la demanda por lo cual fueron asignadas como agencias en derecho la suma de $800.000 por el Juzgado de Conocimiento, dinero que fue cancelado de forma directa al encartado, por el señor Ignacio Antonio Bonello (demandado) para lo cual el togado expidió el correspondiente recibo, posteriormente el denunciado acudió al Despacho Judicial y retiró el título judicial que el quejoso había constituido por los mismos $800.000, siendo denunciado por el apoderado del señor Bonello por cuanto cobró dos veces tal concepto.

Del material probatoria allegado al plenario, como lo fue la inspección judicial realizada el 30 de abril de 2013 por el a quo en la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional al proceso ejecutivo No. 200800503-00 tramitado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, encuentra esta Colegiatura las siguientes actuaciones desplegadas en el proceso referido así:

• A folio 242 obra registro de liquidación de “costas” adiado 11 de mayo de 2009 por la suma de 800.000 para ser canceladas por la parte demandada emitido por el Juzgado de Conocimiento.

• A folio 248 el Juzgado imparte aprobación de la referida liquidación, notificado la misma por estado del 17 de noviembre de 2011 a los sujetos procesales.

• A folio 247 reposa memorial suscrito por el doctor Fabio Alarcón apoderado de la parte accionante, allegando publicaciones de la medida cautelar decretada.

• A folio 251 copia del aviso de remate.

• A folios 256 reposa oficio suscrito por el doctor Fabio Alarcón allegando copia de las certificaciones expedidas por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos sobre la medida de embargo impartida a los lotes objetos de remate.

• A folios 267 al 271 reposan los avisos de remate.

• A folio 272 obra la diligencia de Audiencia Pública de remate.

• A folios 274 Título de depósito judicial emitido por el Banco Agrario por valor de $14.500.000.

• A folio 276 obra título judicial por valor de $1.650.000.

• A folio 278 reposa título judicial por la suma de $758.000 emitido por el Banco Agrario.

• Comunicación obrante a folio 280, mediante la cual el Juzgado de Causa imparte la orden de pago de los títulos Judiciales al señor Marco Antonio López Cuellar.

• De folios 281 al 282 reposan las órdenes de pago de los títulos judiciales a nombra de Blanca Bernal Jiménez y Flor María Perdomo

• A folio 283 obra memorial de solicitud de mandamiento de pago suscrita por el doctor Harvey Victoria Cumbe de fecha 22 de noviembre de 2011.

• Reposa a folio 284 del proceso de marras, memorial radicado el 30 de noviembre de 2011, suscrito por el doctor Victoria Cumbe apoderado de la parte incidental, en el cual manifestó que el señor IGNACIO ANTONIO BONELLO accionado en el proceso de autos, canceló la totalidad de las costas decretadas en su contra vistas “a folio 242 y 247 del cuaderno No. 2, por el incidente de levantamiento de embargo, por lo cual solicitó al despacho lo se ordene lo pertinente” (Sic).

• A folio 285 el doctor Fabio Alarcón Andrade solicitó tenerse en cuenta el pago de las sumas de dinero realizadas al momento de la liquidación del crédito perseguido ejecutivamente.

• A folio 286 el doctor Alarcón Andrade solicitó al Juzgado de Conocimiento fijación de fecha y hora para audiencia de remate.

• A folio 304 reposa una relación de los títulos obrantes en ese proceso, entre los cuales aparece un título por valor de $800.000 de fecha 15 de diciembre de 2011 del proceso de Antonio Bonello contra Irene Villegas.

• Finalmente, obra a folio 305 orden de pago de la Oficina de Depósito Judicial a favor del doctor Harvey Victoria Cumbe, de un título judicial por valor de $800.000.

De la anterior relación de actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo de autos observa esta Sala que el doctor Harvey Victoria Cumbe informó al Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva el 30 de noviembre de 2011 que el señor Ignacio Antonio Bonello.

accionado en el proceso de autos, canceló la totalidad de las costas decretadas en su contra vistas “a folio 242 y 247 del cuaderno 2, por el incidente de levantamiento de embargo, por lo cual solicitó al despacho lo se ordene lo pertinente” (Sic).

De otra parte, a folio 4 del cuaderno original de la actuación disciplinaria, obra copia del título judicial No. 439050000546293 constituido el 15 de diciembre de 2011, el cual fue cobrado por el doctor Harvey Victoria Cumbe al Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva el 12 de marzo de 2012 por la suma de $800.000 dentro del proceso seguido por el señor Ignacio Antonio Bonello Ardila contra la señora Irene Villegas.

Dicha situación fue aceptada por el encartado en su versión libre presentada ante el a quo en la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional realizada el 23 de enero de 2013, en la cual aceptó haber recibido de parte del señor Bonello la suma correspondiente a las costas del proceso de autos, por lo cual presentó el paz y salvo al juzgado de conocimiento de tal obligación, así mismo reconoció haber solicitado y cobrado ante la Oficina Judicial el título judicial Nº 439050000546293, por valor de $800.000 el cual figuraba a su nombre, resaltando que con ello no actuó de mala fe, pues en ese momento no podía saber que esos recursos eran del proceso ejecutivo instaurado por el señor Bonelo radicado bajo el Nº 200800503-00.

En vista de lo acontecido en la referida audiencia, el 30 de abril de 2013, en la continuación de la misma, el doctor Victoria Cumbe informó a la magistrada sustanciadora su deseo de cancelar el valor de dinero recibido de más por el concepto de costas del proceso de autos, para lo cual allegó copia de un recibo de pago “recibo de caja menor” por valor de $300.000 entregados al quejoso, reiterando su intención de cancelar el excedente de $500.000 lo más pronto posible, pues estaba a la espera del pago de un título judicial producto de su gestión profesional.

En suma, advierte esta Colegiatura de las anteriores pruebas registradas y de lo anunciado por el encartado en sus versiones libres, que el profesional del derecho efectivamente accedió a un doble pago de las agencias en derecho decretadas por el Juzgado octavo Civil Municipal de Neiva dentro del proceso ejecutivo No. 200800503-00, toda vez que en primer lugar accedió al pago de dicho concepto directamente de manos del señor Bonello en el año 2011, procediendo a informar al despacho de conocimiento de tal situación y en una segunda oportunidad, cobró el en mes de marzo de 2012 el título judicial constituido por el mismo valor, observándose que el togado encartado no devolvió al juzgado el valor consignado de forma equivocada por el señor Bonello, y de esta forma ser devuelto a su legítimo dueño.

En el señalado orden de ideas, considera es Colegiatura que se encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada, pues es evidente el desconocimiento de las normas que regulan la profesión de abogado por parte del investigado, cuya conducta se enmarca dentro de la descripción típica del numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, cuyo texto legal es del siguiente tenor:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

(…)”.

Por tanto, concluye esta Colegiatura que efectivamente el abogado disciplinado recibió en el mes de noviembre de 2011 y de marzo de 2012, el pago de $800.000 por dos vías, una a cargo del demandante y otra por parte de la Oficina Judicial, resaltándose que fue en razón a la iniciación de la actuación disciplinaria por la cual el doctor Victoria Cumbe aceptó el haber recibido un valor superior al fijado por el despacho judicial, para lo cual acordó con el quejoso la devolución del mismo, allegando en la Audiencias de Pruebas y Calificación celebrada el 30 de abril de 2013, copia de los recibos de pago al quejoso por la suma de $800.000.

6. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia se configura o no el desconocimiento por parte del inculpado de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar el agotamiento del presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria a los abogados, se colige en este caso, la inexistencia de circunstancias que permitan relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado al investigado Harvey Victoria Cumbe, en tanto se encuentra plenamente demostrado que el jurista recibió la suma de $800.000 por parte del señor Ignacio Bonello de forma personal en el mes de noviembre de 2011 (fl. 5 del c.o), pago correspondiente al valor de las costas generadas en el proceso ejecutivo No. 200800503-00, y de forma posterior, procedió a cobrar el título judicial No. 439050000546293 ante la Oficina Judicial accediendo a la suma de $800.000 el 12 de marzo de 2012, siendo conocedor que en el proceso de autos ya le habían sido cancelado tales agencias, pese a ello, accedió a las mismas y una vez tuvo conocimiento de la existencia del referido título, sin embargo, al advertir el recibo de dos veces el mismo concepto, tampoco las devolvió al juzgado, o al señor Bonell, incluso al hoy quejoso, quien era su representante judicial en el proceso ejecutivo de autos, con lo cual se tiene que el doctor Díaz Sepùlveda infringió sus deberes profesionales contenidos en el Estatuto Disciplinario del Abogado.

Asimismo, observa esta Colegiatura que a lo largo de la exposición de argumentos en la versión libre y los alegatos de conclusión presentados por el doctor Victoria Cumbe, se tiene que el disciplinado aceptó la comisión de la falta, al punto de considerar necesario la devolución de los dineros recibidos de más por concepto de agencias en derecho fijadas por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva en el proceso de marras, por ello el 30 de abril de 2013 allegó copia de dos recibos de pago por valor de $800.000 entregado al quejoso, con lo cual claramente se tiene configurada la falta enrostrada en sede de instancia, y por la cual fue sancionado el disciplinado, así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento por parte del doctor Harvey Victoria Cumbe, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado.

7. Culpabilidad

Respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta a la honradez imputada al inculpado es un comportamiento por naturaleza doloso, pues se incurre en el con el pleno conocimiento de los deberes de restituir los dineros, y pese a dicha circunstancia, dirige su conducta al perfeccionamiento de la conducta reprochable disciplinariamente, por inobservancia de las obligaciones a las cuales se había comprometido.

Así las cosas, en el presente evento claramente se tiene que el jurista investigado recibió, dentro del proceso ejecutivo No. 200800503-00 tramitado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, dos veces el pago por concepto de agencias en derecho en el asunto de autos, con lo cual se evidencia la materialidad de la falta endilgada y la responsabilidad del doctor VICTORIA CUMBE, pues de los argumentos justificativos de su proceder no son del recibo de esta Sala ni mucho menos tiene la entidad suficiente para exonerarlo de responsabilidad por su presunto desconocimiento del origen del título judicial cobrado, o el error en que pudo incurrir el Juzgado de Conocimiento al haber dejado constituido dicho título judicial, se itera, cuando su obligación era la devolver tal suma de dinero una vez conoció su origen, sin embargo, se apropió de ella, alegando una situación económica precaria.

Es de resaltar, que si bien, a lo largo de la instrucción de Instancia el jurista aceptó su conducta pero trató de justificarla bajo los argumentos que se expusieron en precedencia, lo cierto es que desde el 2012 hasta el 30 de abril de 2013, el doctor VICTORIA CUMBE mantuvo en su poder dineros que no le pertenecían y fue en razón a la iniciación del proceso disciplinario en su contra por parte del doctor Fabio Alarcón debiendo hacer la devolución de los $800.000 recibidos de más por concepto de agencias en derecho, circunstancia que no lo exonera del juicio de reproche disciplinario por el quebrantamiento a su deber de honradez del abogado.

Por tanto, debe decirse que en el presente caso se predica del jurista un comportamiento por naturaleza doloso, si se tiene en cuenta que se aprovechó de su condición de mandatario judicial del señor HARVEY VICTORIA CUMBE, toda vez que el litigante no realizó la devolución de la suma recibida de más por concepto de agencias en derecho, como era su deber, por el contrario, se apoderó de ésta suma desde marzo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013, oportunidad en la cual el abogado investigado hizo entrega al quejoso del dinero retenido.

7.(sic) Dosimetría de la sanción a imponer

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagran en el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora bien, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el doctor Harvey Victoria Cumbe a quien se le exigía consignar inmediatamente el dinero recibido en una segunda oportunidad por valor de $800.000 al juzgado de conocimiento del proceso de marras y de no ser así devolverlo a su legítimo dueño a la menor brevedad, precisa esta Superioridad que el encartado hizo entrega de la suma retenida y carece de antecedentes disciplinarios, la sanción de CENSURA impuesta en la sentencia objeto de consulta cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a conocer, promover y respetar las normas consagradas en la referida ley, no solo con el compromiso en el asunto bajo examen, sino como uno de los principales deberes del abogado previsto en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, y el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con CENSURA al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado, máxime cuando el disciplinado ya hizo entrega del dinero retenido al señor Ignacio Bonell y éste no registra antecedentes disciplinarios en su contra, siendo la sanción impuesta la más leve de las establecidas por la Ley 1123 de 2007, asegurándose así igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se dijo:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad.”

Así las cosas, queda demostrada la injustificada retención del dinero por parte del investigado, con ocasión de la gestión encomendada, vulnerando con dicho proceder los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, siendo imperativo para esta Superioridad, CONFIRMAR íntegramente la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el 26 de julio de 2015 a través de la cual sancionó con CENSURA al abogado HARVEY VICTORIA CUMBE, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el 26 de julio de 2015 a través de la cual sancionó con CENSURA al abogado HARVEY VICTORIA CUMBE, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de la Sala, notifique al disciplinado de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta Corporación. Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».