Sentencia 2012-00291/21989 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Nº Interno: 21989

Rad.: 08001 23 31 000 2012 00291 01

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Donado Arce & Compañía SAS

Demandado: UAE DIAN

Sanción por no informar en medios magnéticos - año gravable 2007

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por la actora, la Sala determina si la División de Gestión Jurídica de la Seccional de Impuestos de Barranquilla era competente para decidir la solicitud de reducción de la sanción por no enviar información. Resuelve, además, si la decisión de esta dependencia de negar la sanción reducida al 20% se ajusta a la ley.

De la competencia de la división de gestión jurídica de la seccional de Barranquilla para decidir la solicitud de reducción de la sanción por no enviar información.

El artículo 651 del Estatuto Tributario dispone, en lo pertinente, lo siguiente(22):

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) “Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6ª de 1992” Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), (15.000 UVT), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio […].

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

[…]”.

El literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa hasta de 15.000 UVT quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

En el primer evento, la base de la sanción es el monto de la información exigida y la multa puede ser hasta el 5% de ese monto, lo que significa que la administración puede graduar la sanción teniendo en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los de razonabilidad y proporcionalidad, como lo precisó la Corte Constitucional en Sentencia C-160 de 1998(23).

En la segunda hipótesis, esto es, cuando no existe base para calcular la sanción o la información requerida carece de cuantía, la multa puede ser hasta del 0.5% de los ingresos netos y, en ausencia de estos, del patrimonio bruto del contribuyente o declarante. Así pues, no puede aplicarse el 0.5% de los ingresos netos cuando existe base para el cálculo de la multa.

De otra parte, conforme con el artículo 651 del Estatuto Tributario, la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10%, si la omisión es subsanada después de proferido el pliego de cargos y antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20%, si la información es corregida dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Así, para tener derecho al beneficio de la reducción de la sanción es necesario que el obligado subsane la omisión, pague el valor de la sanción reducida o solicite acuerdo de pago y presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acredite que la omisión fue subsanada y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

La reducción de la sanción es un beneficio que tienen los contribuyentes para disminuir el monto de la multa impuesta al 10% o al 20%, teniendo en cuenta que a menor intervención de la Administración dentro del trámite sancionatorio mayor será la reducción y que deben cumplirse los requisitos del artículo 651 del Estatuto Tributario, ya mencionado(24).

Para acceder al beneficio de la sanción reducida al 20% de la multa impuesta en el acto sancionatorio, se requiere que dentro de los dos meses siguientes a la notificación de dicho acto, esto es, dentro del plazo para interponer el recurso de reconsideración (E.T., art. 720), el contribuyente subsane la omisión, pague el 20% de la sanción impuesta o solicite facilidad de pago y presente memorial de aceptación de la sanción reducida con la prueba de haber subsanado la omisión y pagado la sanción o acordado el pago de la sanción reducida.

Los actos que aceptan o niegan la solicitud de reducción de la sanción hacen parte de la misma actuación administrativa que se deriva de la imposición de la sanción, pues el artículo 651 del Estatuto Tributario permite que la reducción se solicite y la omisión se subsane antes de que se notifique la imposición de la sanción (reducción al 10%) o dentro del término para interponer recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio (reducción al 20%)(25).

Cabe reiterar que el pago del 20% de la sanción impuesta por la administración, esto es, de la sanción plena, parte de la base de que esta se haya determinado como la prevé el artículo 651 del Estatuto Tributario, esto es, sobre el monto de la información que el contribuyente está obligado a informar(26).

En el caso en estudio, por Resolución 022412011000167 de 2 de marzo de 2011, notificada a la actora el 14 de marzo de 2011, la DIAN impuso a la actora la sanción por no enviar información exógena por el año gravable 2007. El monto de la sanción fue de $ 368.325.000(27).

Por Resolución 022362011000006 de 17 de junio de 2011, notificada el 1º de julio de 2011, la DIAN negó la solicitud de reducción de la sanción al 20% ($ 73.665.000)(28).

Los hechos relacionados con la sanción por no enviar información y la sanción reducida al 20% se analizan al estudiar si procede o no la reducción de la sanción.

En relación con la competencia de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Barranquilla para resolver la solicitud de reducción de la sanción, el artículo 2º, numeral 11 de la Resolución DIAN 0009 de 28 de noviembre de 2008 dispone lo siguiente:

“ART. 2º—División de gestión jurídica. Son funciones de la división de gestión jurídica, atendiendo la naturaleza de la Dirección Seccional, además de las dispuestas en el artículo 15(29) de la presente resolución las siguientes:

[…].

11. Resolver las solicitudes de reducción de sanción presentadas contra las resoluciones proferidas por la División de Liquidación en materia tributaria;

[…].

PAR.—En las direcciones seccionales donde no exista ésta división o grupo interno de trabajo las funciones serán asumidas por el despacho del director seccional” (resalta la Sala).

La norma es clara en asignar a la división de gestión jurídica de las direcciones seccionales de la DIAN la función de decidir las solicitudes de reducción de la sanción de las resoluciones proferidas por la división de liquidación en materia tributaria.

En consecuencia, la competente para decidir, en este asunto, la solicitud de reducción de la sanción por no informar por el año gravable 2007 presentada por la actora, era la división de gestión jurídica de la seccional de Barranquilla.

El artículo 2º (num. 11) de la Resolución DIAN 0009 de 2008, no riñe con el artículo 651 del Estatuto Tributario, que señala que la solicitud de reducción de la sanción debe hacerse ante la dependencia que tiene el conocimiento de la investigación, porque una cosa es ante quién se presenta la solicitud y otra qué dependencia la resuelve, asunto a que se refieren las dos normas, de manera complementaria.

Lo anterior se advierte al comparar las funciones de la división de gestión de liquidación con las funciones de la división de gestión jurídica.

Así, la Resolución 0009 de 2008 en su artículo 7º establece que son funciones de la División de Gestión de Liquidación las siguientes:

“ART. 7º—División de gestión de liquidación. Son funciones de la división de gestión de liquidación, atendiendo la naturaleza de la dirección seccional además de las dispuestas en el artículo 15 de la presente resolución las siguientes:

1. Proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, las liquidaciones oficiales, sanciones y demás actos de determinación de las obligaciones tributarias y cambiarias de acuerdo con el procedimiento vigente;

[…]

5. Expedir el acto administrativo que decide de fondo los procesos para la imposición de las sanciones tributarias, aduaneras, cambiarias y liquidaciones oficiales y pronunciarse sobre las medidas cautelares adoptadas dentro de dichos procesos;

[…]

7. Remitir a las dependencias competentes para continuar con el trámite a que haya lugar, los actos de liquidación oficial, imposición de sanciones,incumplimiento y efectividad de garantías y demás actos proferidos por la división de gestión de liquidación;

[…]” (resalta la Sala).

De las funciones contenidas en los numerales 1º, 5º y 7º del artículo 7º de la Resolución 0009 de 2008, asignadas a la división de gestión de liquidación, se establece que a esta dependencia le compete proferir las sanciones, expedir el acto administrativo que decide de fondo los procesos sancionatorios en materia tributaria y remitir a las dependencias competentes para continuar el trámite a que haya lugar, los actos de imposición de sanciones.

Quiere decir lo anterior que, una vez la división de gestión de liquidación impone la sanción y esta es notificada al contribuyente, el conocimiento del proceso sancionatorio pasa a la división de gestión jurídica, a quien, además, le corresponde decidir el recurso de reconsideración que procede contra esas sanciones, cuyo plazo de interposición es el mismo que se concede al contribuyente para solicitar la reducción de la sanción, esto es, dos meses.

En consecuencia, no existe falta de competencia de la división de gestión jurídica.

Procedencia de la reducción al 20% de la sanción por no informar en medios magnéticos por el año gravable 2007.

En el caso en estudio, la DIAN impuso a la actora la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario porque no suministró la información de que tratan los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario(30).

El artículo 631 del Estatuto Tributario autoriza al director general de la DIAN para requerir información a las personas, sean contribuyentes o no, con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En virtud de dicha autorización, el director general de la DIAN expidió la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, por la cual estableció, para el año gravable 2007, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario. Así mismo, fijó el contenido y características técnicas para la presentación y plazos para la entrega de dicha información.

Según el literal a) del artículo 1º de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar dicha información, las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006, hubieran superado los mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000).

Conforme con el artículo 18 de la Resolución 12690 de 2007, la actora debía presentar la información exógena del año gravable 2007, hasta el 14 de abril de 2008, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(31).

De otra parte, se recuerda que para tener derecho al beneficio de la reducción de la sanción al 20% de la sanción impuesta en resolución independiente es necesario que, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la sanción, esto es, dentro del término para interponer el recurso de reconsideración, el obligado cumpla los siguientes requisitos:

— Subsanar la omisión.

— Pagar la sanción reducida o solicitar acuerdo de pago.

— Presentar escrito para acogerse a la reducción de la sanción(32).

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

Por el año gravable 2007, la actora estaba obligada a suministrar la información exógena, de acuerdo con el artículo 631 del Estatuto Tributario y la Resolución DIAN 12690 de 2007. Sin embargo, tal deber no fue cumplido dentro del plazo fijado en la citada resolución.

Por lo anterior, previo pliego de cargos, notificado a la demandante el 20 de septiembre de 2010(33), la DIAN impuso a la actora la sanción por no enviar información por $ 368.325.000.

El 13 de octubre de 2010, la actora solicitó la reducción de la sanción al 10% ($ 36.832.500). Para acogerse al beneficio, solicitó acuerdo de pago y el 14 de octubre de 2010 pagó $ 11.050.000, es decir, el 30% de la sanción reducida al 10%(34).

Además, el 11, 12, 14 y 15 de octubre de 2010 entregó a la DIAN los formatos 1001 a 1003 y 1006 a 1012. Sin embargo, no entregó los formatos 1004 y 1005, correspondientes a la información de descuentos tributarios e IVA descontable, respectivamente(35).

El 23 de noviembre de 2010, la DIAN respondió la solicitud de facilidad de pago de 13 de octubre de 2010 y requirió a la actora para que, dentro de los diez días siguientes, aportara copia del pago de la cuota inicial de la facilidad, correspondiente al 30% del valor de esta ($ 11.050.000) y garantía bancaria sobre la correspondiente deuda(36).

La actora no cumplió el requerimiento de la DIAN, pues dentro del plazo concedido no aportó la garantía. El pago del 30% lo había efectuado ya el 14 de octubre de 2010 y el 5 de mayo de 2011 pagó otros $ 11.050.000(37). El saldo de la supuesta sanción reducida al 10%, correspondiente a $ 14.732.500 no fue pagado por la actora.

La DIAN no aceptó expresamente la facilidad de pago. Tampoco se pronunció sobre la solicitud de reducción de la sanción al 10%.

El 14 de marzo de 2011, la DIAN notificó a la actora la resolución por la cual le impuso la sanción por no informar, equivalente a $ 368.325.000.

El 13 de mayo de 2011, la demandante dijo renunciar al recurso de reconsideración, aceptó los hechos descritos en el acto sancionatorio para acogerse a la condición especial de pago del artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, que, en general, exigía el pago de la obligación principal para tener derecho a la reducción al 50% de los intereses de mora(38). En el expediente no aparece prueba de que la DIAN haya aceptado la condición especial de pago y las partes tampoco reconocen tal aceptación.

En el contexto de este asunto, la renuncia al recurso para acogerse a la condición especial de pago, ligada a los demás hechos que se encuentran probados en el proceso, ponen en evidencia la intención de la demandante de colaborar con la administración, pues desde el momento mismo en que se le notificó el pliego de cargos suministró casi toda la información solicitada, al igual que el propósito de acogerse a algún beneficio en el pago de la sanción, para no pagar la sanción plena. Además, la DIAN le concedió la facilidad de pago y la actora la cumplió.

El 19 de mayo de 2011, cuando ya había vencido el plazo para acogerse a la sanción reducida del 20%, la actora presentó solicitud de acuerdo de pago para que se le concediera un plazo de dos meses para efectuar el pago total de la sanción reducida al 20% ($ 73.665.000), a la cual anexó las constancias de los pagos que realizó el 14 de octubre de 2010 y el 5 de mayo de 2011, cada uno por $ 11.050.000(39).Igualmente, aportó la garantía bancaria 801001951 por $ 51.565.000.

Por Resolución 900052 de 20 de mayo de 2011, la división de cobranzas de la DIAN concedió la facilidad para el pago de los $ 51.565.000, que corresponde al 70% restante de la sanción reducida al 20%. El pago se acordó en dos cuotas de $ 25.783.000 que se pagarían los días 20 de junio y 20 de julio de 2011(40).

Por Resolución 022362011000006 de 17 de junio de 2011, notificada el 1º de julio de 2011, la división de gestión jurídica de la DIAN negó la solicitud de reducción de la sanción al 20%. Lo anterior, porque la actora no subsanó la omisión en su totalidad y porque la solicitud del acuerdo de pago de la sanción reducida al 20% se hizo por fuera del término de dos meses siguientes a la notificación de la sanción, establecido en el artículo 651 del Estatuto Tributario(41).

El 24 de febrero de 2012, la DIAN notificó la Resolución 022362012000001 de 24 de enero de 2012, por la que confirmó la resolución que negó la solicitud de reducción de la sanción(42).

De los hechos probados, la Sala advierte que la actora no entregó los formatos 1004 y 1005, es decir que no subsanó completamente la omisión. Por lo tanto, el primer requisito para acceder a la reducción de la sanción no se satisfizo.

Tampoco se cumplió el requisito del pago de la sanción reducida, pues la solicitud de acuerdo de pago del 20% de la sanción reducida se presentó por fuera del término de dos meses, contados a partir de la notificación de la resolución sanción. Esto, por cuanto la solicitud de acuerdo de pago debió presentarla hasta el 14 de mayo de 2011 y lo hizo el 19 de mayo de 2011.

En este punto, la Sala precisa que carece de fundamento el cargo de apelación concerniente a que la División de Gestión Jurídica de la DIAN debió aceptar la sanción reducida al 20%, para lo cual debió tener en cuenta que la demandante actuó de buena fe, pues pagó las cuotas del acuerdo de pago y constituyó garantía bancaria para el cumplimiento del pago de las sumas objeto del acuerdo. Esto, porque la actuación de la actora no se sujetó al artículo 651 del Estatuto Tributario, que establece los requisitos para acceder a la reducción de la sanción del 20%, pues la solicitud de acuerdo de pago debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución sanción. Además, la actora tampoco subsanó completamente la omisión, pues no suministró toda la información que debía entregar.

Si bien la demandante actuó de buena fe, la Sala recuerda que este principio no se estableció para desconocer los preceptos legales que conceden o niegan derechos u obligaciones y no puede servir de excusa para que los administrados se aparten del cumplimiento de la ley y las normas especiales.

Al respecto, la Sala precisó lo siguiente(43):

“El artículo 83 de la Constitución Política establece que ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas’. Al interpretar ese precepto, en la Sentencia T-532 de 1995, la Corte Constitucional advirtió lo siguiente:

‘Cuando la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad.

Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.

La norma en mención no obliga tan sólo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas’.

Como se ve, la buena fe es un principio que rige las actuaciones de los particulares y de la administración y obliga a actuar de manera leal, clara y transparente, esto es, sin el ánimo de sacar provecho injustificado de la contraparte y guiados siempre por la idea de mutua confianza.

[…]

Aquí interesa resaltar que el principio de buena fe no es absoluto porque no puede constituir un eximente de responsabilidad frente a conductas lesivas del orden jurídico. En otras palabras, la ley impone unas obligaciones y el principio de buena fe no puede servir de excusa para desconocer esas obligaciones, so pena de hacer inoperante el orden jurídico.

Al respecto, María José Viana Cleves(44) explicó que ‘el reconocimiento del principio de buena fe no puede implicar la paralización administrativa, legislativa y judicial, por lo que es necesario incorporar un concepto restringido de la protección al principio de buena fe. Esto no pretende restar importancia a la necesidad de proteger este principio, sino impedir que éste, entendido como un concepto muy amplio, se convierta en un obstáculo para el ejercicio de las potestades públicas propias del Estado Social de Derecho’.

[…]

En conclusión, si bien el principio de buena fe es exigible a la administración, lo cierto es que su aplicación es restrictiva, en tanto no puede servir de excusa para evadir la responsabilidad por la vulneración de la ley” (resalta la Sala).

Por tanto, aunque la demandante actuó de buena fe, el incumplimiento de la oportunidad legal para solicitar el acuerdo de pago, al igual que del requisito de subsanar la omisión, en su totalidad, impidió que accediera al beneficio de reducción de la sanción al 20%, conforme con el artículo 651 del Estatuto Tributario.

De otra parte, la DIAN no incurrió en ninguna irregularidad porque negó la reducción a sanción, no obstante que reconoció que lo pagado por la actora ($ 73.665.000) y el 20% de la sanción ($ 73.665.000) eran el mismo monto. Esto, por cuanto la actora no cumplía todos los requisitos para acceder a la reducción de la sanción.

En efecto, la DIAN advirtió que, a pesar de haber pagado un monto equivalente al de la sanción reducida al 20%, la actora no tenía derecho al beneficio de reducción por el incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 651 del Estatuto Tributario. Es por ello, que la manifestación de la DIAN en ese aspecto, no constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos demandados.

En resumen, la actora no tenía derecho a que la sanción por no informar en medios magnéticos se redujera al 20%, porque entregó información incompleta, lo que impidió que la irregularidad se subsanara, y porque dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución sanción no solicitó el acuerdo de pago de la sanción reducida.

Sin embargo, dado que en este caso es evidente la intención de la actora de colaborar con la DIAN desde el inicio mismo de la actuación administrativa y de obtener algún beneficio o reducción en el pago de la sanción, como ya se advirtió, es procedente su graduación, pues, finalmente, casi toda la información se entregó con la respuesta al pliego de cargos(45).

Además, aunque la actora pidió extemporáneamente la facilidad de pago para acogerse a la sanción reducida al 20%, la DIAN la indujo a confusión al haberle aprobado la facilidad y recibido los pagos correspondientes al monto de dicha reducción. Si bien tal aprobación no conduce a convalidar la extemporaneidad de la solicitud, tampoco puede pasar desapercibida para la Sala, pues denota que la administración aceptó el pago de la sanción, lo que unido a la entrega de casi toda la información, en el contexto de los hechos ya descritos, pone en evidencia el deseo de la actora de pagar una sanción menor a la impuesta en el acto sancionatorio ($ 368.325.000), esto es, en la Resolución Sanción 022412011000167 de 2 de marzo de 2011.

La intención manifiesta de pagar una sanción menor a la impuesta en el acto sancionatorio, equivale a una objeción a dicho acto, lo que se corrobora, también, con la solicitud del restablecimiento del derecho, pues a ese título, la actora pidió que “en el caso de que Donado Arce & Cía. SAS haya pagado el valor descrito en el numeral 1º de la resolución negando reducción sanción por no enviar información Nº 022362011000006 de fecha 17 de junio de 2011, proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, [$ 368.325.000] se ordene a ésta última entidad que reembolse a la sociedad que apodero el valor de la suma pagada junto con sus intereses comerciales corrientes, y corrección monetaria liquidados a partir de la fecha en que se efectuare el pago”.

En efecto, la actora pide que en caso de haber pagado la sanción plena el valor correspondiente le sea devuelto, lo que significa que no está de acuerdo con dicha sanción.

Por todo lo anterior, previa nulidad parcial del acto sancionatorio (Res. Sanción 022412011000167, mar. 2/2011), del que se derivan los actos que negaron la reducción de la sanción, debe graduarse la sanción impuesta en el referido acto.

Así, siguiendo el criterio reiterado de la Sala, en relación con los formularios que la actora entregó con ocasión del pliego de cargos (formatos 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012), procede graduar la sanción en el 1% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida en el plazo fijado para ello(46). Y en relación con los formularios que la actora no entregó (formularios 1004, sobre descuentos tributarios, y 1005, sobre IVA descontable), procede la sanción del 5%, puesto que respecto de esta información no fue posible, en general, que la DIAN cumpliera a cabalidad sus funciones de fiscalización y control.

Por tanto, la Sala gradúa la sanción por no enviar información, así:

Artículos Res. 12690 de 2007FormatoConcepto del formatoValor de la información
$
Graduación sanciónValor graduación
$
41001Información de pagos o abonos en cuenta.4.350.262.0001%43.502.620
51002Información de las retenciones en la fuente practicadas.443.774.8101%4.437.748
61003Información de retenciones en la fuente que le practicaron.62.726.0001%627.260
71004Información de los descuentos tributarios solicitados.05%-
91005Información sobre IVA descontable.350.0005%17.500
91006Información sobre IVA generado.9.885.0001%98.850
81007Información de los ingresos recibidos en el año.4.559.054.0001%45.590.540
81007Información, de devoluciones, rebajas y descuentos.01%-
111008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2007.1.458.849.0001%14.588.490
101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2007.954.492.0001%9.544.920
31010Información de socios y accionistas160.000.0001%1.600.000
121011Información de las declaraciones tributarias.558.748.0001%5.587.480
121012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas corrientes.16.898.0001%168.980
Valor Sanción Total12.575.038.810 125.764.388

Con base en las consideraciones expuestas, se revoca la sentencia apelada. En su lugar, se anulan parcialmente la sanción por no enviar información por el año gravable 2007 y los actos que negaron la sanción reducida al 20% de la sanción impuesta por la DIAN. Se reitera que la Sala anula parcialmente el acto sancionatorio porque aunque de manera expresa la actora no solicitó su nulidad, sí cuestionó su legalidad, dado que, en su criterio, lo procedente era aceptar la sanción reducida al 20%. Además, el acto sancionatorio y los actos que negaron la reducción de la sanción hacen parte de la misma actuación administrativa(47).

A título de restablecimiento del derecho, se fija como sanción por no informar a cargo de la actora por el año gravable 2007, la suma de $ 125.764.388. De este monto, debe descontarse el pago de $ 73.665.000, por lo que, previas las compensaciones a que haya lugar, se fija como sanción a cargo de la actora la suma de $ 52.099.388.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución Sanción 022412011000167 de 2 de marzo de 2011, que impuso a la actora sanción por no informar por el año gravable 2007; la Resolución 022362011000006 de 17 de junio de 2011, que negó a la actora la reducción de la sanción impuesta en el primer acto y la Resolución 022362012000001 de 24 de enero de 2012, que confirmó en reconsideración el acto que negó la reducción de la sanción.

A título de restablecimiento del derecho, previas las compensaciones a que haya lugar, FÍJASE como sanción a cargo de la actora la suma $ 52.099.388.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

22 Sobre los requisitos de la sanción reducida, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencia de 6 de noviembre de 2014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

23 Entre otras, ver sentencias de 20 de abril del 2001, exp. 11658; de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, exps. 12736 y 12897; de 15 de junio del 2006, exp. 2003-00453-01 y 26 de marzo del 2009, exp. 16169.

24 Sentencia de 19 de febrero de 2015, exp. 20079, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

25 Ibídem.

26 Ibídem.

27 Folios 41 a 46.

28 Folios 58 a 66.

29 Funciones comunes de las divisiones. Tiene que ver con la relación existente entre cada dependencia con su superior jerárquico para ejecutar planes, programas y metas de gestión, la administración del talento humano y recursos físicos y financieros asignados, elaborar, analizar, presentar y remitir oportunamente los diferentes informes y estadísticas de su competencia y garantizar su calidad y confiabilidad; entre otras.

30 Estatuto Tributario. “ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el director de impuestos nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:
[…]
b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido.
c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada.
[…]
e) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior diez millones de pesos ($ 10.000.000); con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.
[…]
h) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor.
i) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito.
[…]
k) La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias”.

31 El NIT de la actora es 890.111.275

32 En sentencia de 6 de noviembre de 2014, exp. 20344, que reitera la sentencia de 26 de abril de 2007, exp. 15441, la Sala indicó que “[…] la administración debe aceptar el beneficio de la reducción de la sanción aunque los contribuyentes no presenten el memorial de aceptación de la sanción reducida, pues negar el derecho a la sanción reducida implica un excesivo rigorismo, máxime si se tiene en cuenta que el recibo de pago pone de presente la intención del contribuyente de acogerse al beneficio”.

33 Folios 25 a 31.

34 Folio 34.

35 Folios 87 a 97.

36 Folio 240.

37 Folios 33 y 34.

38 Ley 1430 de 2010, ART. 48.—Condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las entidades con facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables, la siguiente condición especial de pago:
Pago de contado el total de la obligación principal más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y período, con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones. Para tal efecto, el pago deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley.
Las obligaciones que hayan sido objeto de una facilidad de pago se podrán cancelar en las condiciones aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes al momento del otorgamiento de la respectiva facilidad, para las obligaciones que no sean canceladas.
[…]

39 Folios 52 a 53.

40 Folios 54 y 55.

41 Folios 58 a 66.

42 Folios 91 a 102.

43 Fallo de tutela contra providencia judicial se 26 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2014-01114-01(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

44 Principio de confianza legítima en el derecho administrativo colombiano. Editorial Universidad Externado de Colombia, p. 60.

45 Sentencia de 6 de junio de 2016, exp 21716, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

46 Entre otras, ver sentencia de 14 de abril de 2016, exp. 20905, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 6 de junio de 2016, exp. 21716, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

47 En similar sentido, ver sentencia de 19 de febrero de 2015, exp. 20079.