Sentencia 2012-00291 de septiembre 19 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN 8

Rad.: 110010325000 2012 00291 00

Exp.: 1118-2012.

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Alex Giovanni Herrera Aguirre

Bogotá D.C., diecinueve de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Problema jurídico.

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, proferidos por la inspectora delegada de la regional Nº 1 de la Policía Nacional y el inspector general de dicha institución, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al demandante con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses, son ilegales por haberse proferido contrariando el ordenamiento jurídico, o si atienden las disposiciones constitucionales y legales del sistema normativo.

Actos acusados

• Fallo disciplinario de primera instancia de 21 de diciembre de 2010, mediante el cual la inspectora delegada de la regional Nº 1 de la Policía Nacional impuso al actor la sanción de destitución e inhabilidad por el término de once (11) años para ejercer cargos públicos, por encontrarlo responsable de la comisión de las faltas disciplinarias de que tratan los artículos 34, numeral 21, literal d), y 35, numeral 15, de la Ley 1015 de 2006. (fls. 2-71, cdno. 1).

• Fallo disciplinario de segunda instancia de 1º de abril de 2011, por medio del cual el inspector general de la Policía Nacional modificó la sanción disciplinaria impuesta en primera instancia al actor, suspendiéndolo en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses. (fls. 72-113, cdno. 1).

• Decreto 3734 de 1 de octubre de 2011, a través del cual el Presidente de la República ejecutó la sanción disciplinaria impuesta contra el accionante consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el lapso de siete (7) meses. (fls. 114-115, cdno. 1).

De lo probado en el proceso

Hechos que dieron origen al proceso disciplinario.

Mediante el Informe Ejecutivo FPJ-3 de 25 de julio de 2008, la Policía Judicial de Madrid (Cundinamarca), puso a disposición de la Fiscalía Seccional al señor Julio Eduardo Bogotá Cortés por el delito de porte ilegal de armas. Allí se consignó que el capturado fue aprendido ese mismo día en la vía urbana del Municipio de Funza (Cundinamarca) cuando se movilizaba en un vehículo de transporte público hacia el Municipio de Mosquera por los patrulleros de la Policía Herveny Guzmán Téllez y Alexander Rodríguez, quienes atendiendo un llamado de la comunidad procedieron a registrarlo encontrándole un arma de fuego (revólver calibre 38) sin el respectivo salvoconducto (fl. 24 Proceso Anexo REGI1-2010-26 “Folio 1 al 52”).

El revólver calibre 38, número interno 37453, color plateado con 6 cartuchos el cual le fue encontrado al señor Julio Bogotá, fue entregado el 25 de julio de 2008 en cadena de custodia en la estación de policía de Funza (Cundinamarca) siendo recibido por el patrullero Alexander Rodríguez, identificado con la placa Nº 00622, quien cumplía las funciones de armerillo de la unidad policial. (fls. 14-15 Proceso Anexo REGI1-2010-26 “Folio 1 al 52”).

Mediante el Acta 051108-01 de 5 de noviembre de 2008 el señor intendente Jhon Jaiber Bonilla le entregó al subteniente Alex Herrera Aguirre (demandante) los elementos de la estación de policía de Funza por cuanto este último había sido designado como comandante de la unidad. Allí se relacionó todo el personal y los elementos que se encontraban en la instalación policial. De igual manera se enumeraron las armas que se hallaban en custodia en la instalación policial dentro de los que se encontraba el revólver calibre 38, número interno 37453 color plateado con 6 cartuchos (fls. 33-41 REGI 1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

Los superiores del actor ordenaron su traslado, por lo que fue designado como nuevo comandante de la estación de policía de Funza (Cundinamarca) el subteniente Jesús David Fajardo Fitzgerald, quien recibió los elementos de la unidad a través del Acta 270809-01 de 27 de agosto de 2009. (fls. 50-51 REGI1-2010-26 “Folio 1-50”).

Mediante los oficios 1592 y 1589 de 6 de octubre de 2009, el comandante de la estación de policía de Funza le comunicó al Comandante de Distrito Nº 5 de la institución y a la fiscal local del municipio, respectivamente, que luego de realizar una inspección al armamento que se encuentra bajo custodia de la unidad, se evidenció que el revólver calibre 38, número interno 37453, incautado al señor Julio Bogotá, no se encontraba en el armerillo (fls. 5-6 REGI1-2010-26 “Folio 1 al 50”).

Del proceso disciplinario.

El inspector delegado de policía de la regional Nº 1, ordenó la apertura de una investigación preliminar el 7 de agosto de 2009, por la pérdida del revólver calibre 38, número 37453, novedad que le fue informada por el comandante de la policía de Funza mediante el Oficio 1592 de 6 de octubre de 2009, con la finalidad de adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar para individualizar a los presuntos responsables. (fls. 11-12 REGI1-2010-26 “Folio 1 al 50”).

El 18 de enero de 2010, el teniente Jesús David Fajardo Fitzgeraldo declaró dentro de la investigación preliminar Nº SIJUR P-REGI1-2009-57 que al momento en que el demandante le entregó la estación de policía de Funza (Cundinamarca), se percató que el revólver calibre 38, número interno 37453, no se encontraba dentro de la caja en la cual había sido embalado y rotulado, por lo que le puso de presente la novedad. Afirmó que el actor le respondió que el arma se la había entregado el comandante anterior y que ya había informado su desaparición. Empero, al verificar en los documentos que reposan en la instalación evidenció que no había ningún informe donde se pusiera de presente la pérdida del mencionado revólver. De igual manera manifestó que por las indagaciones adelantadas por él se pudo establecer que el arma se extravió antes de su llegada a la estación. (fls. 14-15 documento digitalizado REGI 1-2010-26 “Folio 51 al 100”).

Mediante auto de 28 de enero de 2010, el inspector delegado de la regional Nº 1 de la Policía Nacional decretó oficiosamente la prueba testimonial de los policías que tenían bajo su responsabilidad el cuidado del arma de fuego que desapareció, diligencias que se practicaron el 2 de febrero del mismo año en las que se recibieron la declaración de los siguientes uniformados adscritos a la estación de policía de Funza:

• Patrullero Edison Niño Hernández, quien se desempeñaba como secretario de la unidad policial, manifestó que el cuidado de los elementos que se encontraban bajo custodia de la guarnición correspondía al comandante de guardia que se encontraba de turno, siendo el único que tenía la llave del armerillo. Adicionalmente manifestó que no tenía certeza si el arma fue entregada en el momento en que se efectuó el cambio de comandante de estación en agosto de 2009. (fls. 19-20 REGI 1-2010-26 “Folio 51 al 100”).

• Patrullero Herving Hernando Guzmán Téllez, afirmó que él fue quien puso bajo custodia de la estación de policía de Funza (Cundinamarca) el revólver incautado al señor Julio Bogotá, y que tuvo conocimiento de su pérdida en agosto de 2009 cuando el subteniente “Fajardo” realizó la verificación de los elementos que se encontraban en custodia dentro de la instalación policial. (fls. 21-23 REGI1-2010-26 “Folio 51 al 100”).

El 3 de febrero de 2010 un comisionado de la inspección de la regional Nº 1 de la Policía Nacional, realizó una visita especial a la estación de policía de Funza (Cundinamarca) para determinar las circunstancias bajo las cuales se extravió un arma de fuego, analizó los diferentes libros de novedades y encontró que el 25 de julio de 2008 a las 19:00 horas el patrullero Edison Niño Hernández le entregó al patrullero Jhon Alarcón Ávila el turno de comandante de guardia, quien relacionó un revólver con número interno 37453, que había sido dejado en custodia. De igual manera, se estableció que la referida arma fue relacionada en los libros hasta el 28 de agosto de 2008 de manera esporádica. (fls. 24-50 documento digitalizado REGI1-2010-26 “Folio 51 al 100”).

El 10 de febrero de 2010, rindió declaración el patrullero César Oswaldo Saray Cuellar quien manifestó que a pesar de que no se acordaba quien estaba de comandante de la estación de policía de Funza a “finales del año 2008 y comienzos del 2009, este conocía sobre la pérdida del arma materia de controversia. Además, sostuvo que los comandantes de guardia nunca especificaban en la minuta los números de las armas que se encontraban en el armerillo sino que únicamente las contaban, y los elementos dejados en custodia por parte de la Fiscalía General de la Nación se revisaban de vez en cuando (fls. 1-3 documento digitalizado REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

Mediante despacho comisario Nº P-REGI1-2010-57, el delegado de la inspección de policía regional Nº 1 ordenó al jefe de la oficina de control interno disciplinario de la policía de Cauca, recibir la declaración del demandante, quien manifestó el 24 de febrero de 2010 que no tenía conocimiento de la pérdida del arma de fuego mientras se desempeñaba como comandante de la estación de policía de Funza (Cundinamarca), siendo falsa la afirmación del ST Jesús David Fajardo Fitzqerald a través de la cual sostuvo que él sí tenía conocimiento de los hechos. Recalcó que nunca le fueron entregadas las armas que se encontraban en custodia, especialmente el revólver con número interno 37453. Igualmente afirmó que los elementos consignados en el acta de entrega Nº 270809-01 de 27 de agosto de 2009 fueron verificados personalmente por el ST Fajardo. (fls. 14-15 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

El 8 de marzo de 2010, rindió declaración el intendente Jhon Jaiber Bonilla Rubio quien se desempeñó como comandante de la estación de policía de Funza entre junio y noviembre de 2008, mediante la cual manifestó que no recuerda haber recibido en custodia por parte de la fiscalía el revólver con número interno 37453. También sostiene que tenía conocimiento que en la instalación policial habían armas en custodia pero nunca le fueron entregadas a él. Además, afirmó que en el acta de entrega que le hizo al comandante entrante de ese entonces (demandante) relacionó todos los elementos que se encontraban en custodia en la estación. (fls. 16-17 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

El patrullero David Alejandro Mejía Díaz, rindió declaración el 30 de marzo de 2010 a través de la cual afirmó que el demandante sí tuvo conocimiento de la pérdida de un arma por cuanto el patrullero “Restrepo”, quien cumplía turnos como comandante de guardia, le había informado la novedad (fls. 43-45 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

En declaración rendida ante la inspección delegada de la regional Nº 1 de la Policía, el patrullero Leonardo Ureña Lozano manifestó que el comandante de la estación de policía de Funza nunca tomó medidas para cuidar y evitar la pérdida de los elementos que se encontraban en custodia dentro de la instalación policial (fls. 11-13 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

El patrullero Hernán Restrepo Arias en diligencia adelantada por la autoridad disciplinaria, afirmó que quien se dio cuenta de la pérdida del revólver calibre 38 con número interno 37453 fue el patrullero Ureña cuando prestaba un turno como comandante de guardia, quien le informó de la novedad al Teniente Herrera (demandante). Argumenta que si bien no le consta que el actor fue informado por el patrullero Ureña, él sí sabía de la pérdida del arma porque cuando se comunicaron por el avantel le pidió explicaciones sobre la anomalía. Además, afirmó que el comandante de la estación nunca pasaba revista de los elementos que se encontraban bajo custodia, afirmación que fue confirmada por el patrullero Óscar Estiwar Martínez Torcuato mediante declaración rendida el 19 de abril de 2010. (fls. 14-17; 37-38 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

El día 27 de abril de 2010, el subintendente Carlos Franki Sarmiento Serrano al rendir declaración ante La Inspección Delegada Nº 1 de la Regional de Policía, manifestó que fue subcomandante de la estación de policía de Funza (Cundinamarca) y cuando no estaba el comandante fungía como tal. Afirmó que al realizar una revista del armamento junto con unos profesionales entre febrero de 2008 y septiembre de 2009, se encontró que no había ninguna novedad sobre las armas pertenecientes a la institución. Sin embargo, al revisar los elementos en custodia se determinó que una caja se encontraba vacía por lo que le comunicó el asunto al teniente Herrera Aguirre (demandante) de manera verbal, quien no informó lo sucedido a sus superiores. (fls. 45-47 REGI1-2010-26 “Folio 151 al 200”).

Teniendo en cuenta las pruebas recobradas, el inspector delegado de la regional Nº 1 de policía el 12 de mayo de 2010 ordenó abrir investigación disciplinaria contra el demandante y el patrullero Leonardo Ureña Lozano, al considerar que tuvieron conocimiento de la pérdida del revólver calibre 38, número interno 37453, que se encontraba en custodia dentro de la estación de policía de Funza, y no informaron la novedad a sus superiores. (fls. 49-52 REGI 1-2010- 26 “Folio 151 al 200”).

El 22 de septiembre de 2010, la inspectora delegada de la regional Nº 1 de la policía profirió pliego de cargos en contra del accionante por la presunta comisión de las faltas disciplinarias gravísimas de que tratan el literal d), numeral 21, artículo 34, y el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, en las cuales incurrieron a título de dolo, por la pérdida del revólver calibre 38, número interno 37453, que se encontraba en custodia de la estación de policía del Municipio de Funza. Al justificar esta decisión la autoridad disciplinaria manifestó que las pruebas allegadas al expediente fueron valoradas de acuerdo a la sana crítica. (fls. 14-42 REGI1-2010-26 “Folio 301 al 350”).

El disciplinado por medio de apoderada, se pronunció sobre el pliego de cargos solicitando la terminación del proceso disciplinario adelantado en su contra y el archivo definitivo de las diligencias, por cuanto durante el trámite de la investigación se presentaron varias irregularidades que vulneran su derecho al debido proceso, como la ambigüedad del primer cargo ya que inicialmente citó como falta disciplinaria el artículo 34, numeral 21, literal d) y posteriormente se remitió al artículo 35 de la Ley 734 de 2002, con lo cual se le generó incertidumbre sobre cuál norma debía pronunciarse y por ende una causal de nulidad del pliego de cargos. Además, él no impartió órdenes que facilitaran la pérdida del arma y sus funciones no tienen como objeto cuidar el armamento en custodia ya que esta es un deber del armerillo o el comandante de guardia, quienes son los que deben responder por los hechos materia de investigación. De igual manera consideró que fueron mal negadas en el pliego de cargos la práctica de unas pruebas por él solicitadas que demuestran su diligencia en la protección del armamento que se encontraba en la unidad policial que comandaba (fls. 4-19 REGI 1-2010-26 “Folio 351 al 400”).

La inspectora delegada de la regional Nº 1 de la policía, a través de auto de 19 de octubre de 2010, negó la solicitud de nulidad al considerar que no toda irregularidad que se presente en el proceso afecta los principios que orientan el derecho disciplinario. Sostuvo que el disciplinado ejerció su derecho de defensa plenamente pues planteó argumentos a su favor de lo que se deduce que entendió los cargos formulados en su contra. Además, las pruebas negadas fueron solicitadas para demostrar las órdenes impartidas por el actor, sin tener en cuenta que lo que se le está reprochando es la falta de cuidado con el arma que se encontraba en custodia. La anterior decisión fue comunicada por estados ya que no fue posible notificar personalmente al disciplinado. (fls. 30-40; 50, REGI 1-2010-26 “Folio 351-400”).

El 27 de octubre de 2010, la autoridad disciplinaria realizó una visita especial a las instalaciones de la estación de policía del Municipio de Funza, para determinar si el actor había impartido órdenes respecto al cuidado que se debía tener con los elementos que se encontraban en custodia. Luego de revisar el “libro de actas de instrucción”, se estableció que durante el período en que el accionante se desempeñó como comandante de la guarnición militar no dio ninguna orientación ni orden sobre el cuidado del armamento que se encontraba bajo custodia. (fls. 2-5 REGI1-2010-26 “Folio 401-450”).

Contra al auto de 19 de octubre de 2010, el demandante mediante apoderado interpuso recurso de reposición argumentando que al imputarle responsabilidad disciplinaria con base en dos normas genera ambigüedad y vulnera el derecho de defensa del disciplinado, el cual fue resuelto a través de auto de 28 de octubre del mismo año por parte de la inspección delegada Nº 1 de la Policía, confirmando la decisión inicial por cuanto no existe irregularidad alguna en el pliego de cargos. Respecto el inconformismo sobre la negación de la práctica de algunas pruebas recalcó que quien debía pronunciase al respecto era su superior jerárquico (fls. 17-21; 33-34 REGI 1-2010-26 “Folio 401 al 450”).

El 28 de octubre de 2010, el patrullero Edison Niño Hernández declaró ante la autoridad disciplinaria manifestando que en la cadena de custodia no se involucra al comandante de la unidad policial por cuanto esta es una función del comandante de guardia, a quien le corresponde cuidar el armamento de la institución como los que se encuentran en custodia. Afirmó que el demandante siempre asumió sus responsabilidades y que nunca intentó evadirlas. (fls. 23-26 REGI 1-2010-26 “Folio 401-450”).

El inspector general de la Policía Nacional mediante auto de 19 de noviembre de 2010, modificó parcialmente la decisión de 19 de octubre del mismo año mediante la cual se negó tener como pruebas las instrucciones que reposaban en los libros de la estación de policía del Municipio de Funza, en virtud de las cuales el actor orientó al personal a su cargo sobre el cuidado de los elementos que se encontraban en la unidad, ordenando que fueran practicadas. (fls. 40-48 REGI1-2010-26 “Folio 401-450”).

El 23 de noviembre de 2010 se realiza una nueva visita a la estación de policía de Funza, esta vez con el abogado del disciplinado, con la finalidad de analizar los documentos que obran en la unidad policial donde constan que el actor impartió instrucciones sobre el manejo del armamento. Empero, no hubo un documento que demostrara que él dio órdenes de cuidado sobre los elementos que se encontraban en custodia. (fls. 3-6 REGI-1-2010-26 “Folio 451-499”).

La inspectora delegada de la regional Nº 1 de la Policía Nacional mediante auto de 25 de noviembre de 2011, corrió traslado para alegar de conclusión (fls. 34 REGI1-2010-26 “fls. 500-550”), los cuales fueron presentados por el apoderado del demandante el 16 de diciembre del mismo año, por medio de las cuales destacó su buen desempeñó policial y compromiso en el cumplimiento de su deber institucional. De igual manera reiteró los argumentos expuestos en la contestación del pliego de cargos. (fls. 50-52 REGl 1-2010-26 “Folios 500-550”).

Mediante fallo disciplinario de primera instancia de 21 de diciembre de 2010, la inspectora delegada de la regional Nº 1 de la policía declaró responsable disciplinariamente al demandante ordenando su destitución e inhabilidad por el término de once (11) años, por encontrarlo responsable de la pérdida del revólver calibre 38, número interno 37453, pues si bien impartió varias órdenes sobre el cuidado del armamento de la institución que se encontraba en la estación de policía del Municipio de Funza, no instruyó al personal sobre la protección de las armas que se encontraban en custodia. De igual manera, las pruebas obrantes en el expediente dejan percibir de acuerdo a la sana crítica, que él tenía conocimiento de la pérdida del arma en mención y aun así omitió informar a sus superiores sobre la novedad. Consideró la mencionada inspectora delegada que se tipificaron las faltas disciplinarias de que tratan los artículos 34, numeral 21, literal d), y 35 numeral 15, a título de dolo. (fls. 1-50 REGI1-2010-26 “fls. 551-600”).

Contra la anterior decisión el apoderado del actor el 29 de diciembre de 2010, interpuso recurso de apelación al considerar que él no incurrió en falta disciplinaria alguna por cuanto su actuar siempre estuvo acorde con las funciones que debe desempeñar un comandante de estación de policía, que cumplió con gran compromiso y responsabilidad. Además, argumentó que las pruebas obrantes dentro del proceso no fueron valoradas integralmente tal como lo establece el artículo 129 de la Ley 734 de 2002.

Sostuvo que el fallo disciplinario recurrido se basó en una prueba apócrifa como lo fue el acta de entrega de la estación de policía del Municipio de Funza la cual fue levantada al momento en que el actor asumió como comandante entrante de la unidad policial, y no tiene ningún valor probatorio por no brindar certeza sobre su creación. Igualmente afirmó que el demandante no tenía que cuidar el revólver extraviado, pues esa era una función del comandante de guardia y del armerillo. (fls. 36-50 REGI1-2010-26 “Folio 601-650”).

El inspector general de la Policía Nacional mediante fallo disciplinario de segunda instancia de 1º de abril de 2011, modificó la sanción impuesta al demandante y ordenó su suspensión en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses, al considerar que él incumplió sus deberes como comandante de la estación de policía de Funza de cuidar el armamento que se encontraba bajo custodia de la unidad, pues dentro de una guarnición policial no existen dependencias autónomas ya que todas dependen de la primera autoridad. Empero, se consideró que la falta no es gravísima como lo sostuvo el a quo sino que tiene la calidad de grave, ya que se debe sancionar porque no verificó que los comandante de guardia cumplieran su función de cuidar los elementos dejados en custodia no porque haya sido responsable de la pérdida del arma, lo cual genera que la sanción disciplinaria oscile entre 10 y 180 días de multa tal como lo establece el artículo 39, numeral 2º, de la Ley 1015 de 2006. (fls. 30-50 REGI1-2010-26 “Folio 651 a 700”).

El Presidente de la República a través del Decreto 3734 de 7 de octubre de 2011, ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al actor consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses. (fls. 21-22 REGI1-2010-26 “Folio 700-757”).

Análisis de la Sala

Excepción de cosa juzgada.

La apoderada de la parte demandada alegó la excepción de cosa juzgada al considerar que la controversia planteada por el demandante ya fue decidida en vía administrativa, donde se agotaron todos los recursos a que había lugar, por lo que no es posible acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se pronuncie sobre un asunto que fue resuelto por la autoridad disciplinaria ya que no es una tercera instancia, tal como lo ha sostenido esta corporación en su jurisprudencia(2).

Para decidir la prosperidad de la excepción, es necesario tener en cuenta que la cosa juzgada es el instrumento mediante el cual se le otorga a las decisiones proferidas dentro de una contienda el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, pues de nada sirve que un determinado asunto haya sido resuelto por las autoridades si se plantea nuevamente la misma cuestión en procura de una solución diferente a la ya adoptada.

Para que se configure la cosa juzgada es necesario la concurrencia de unos elementos entre el asunto ya decidido y el que se pretende plantear nuevamente, que son: i) identidad de partes, ii) idéntica situación táctica, iii) identidad de pretensiones, y iv) y una solución a la controversia.

Teniendo en cuenta los anteriores supuestos, la Sala encuentra que en el presente asunto la excepción de cosa juzgada no está llamada a prosperar, pues si bien la autoridad disciplinaria cumplió un procedimiento para imponer la sanción materia de controversia, los actos administrativos que ella profiera se ven sujetos a un control de legalidad ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo donde se evalúan las posibles irregularidades en que pudo incurrir la administración.

En otras palabras, en la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho no se presentan identidad de partes ya que la autoridad que impuso la sanción disciplinaria adquiere en el proceso Contencioso Administrativo la calidad de parte demandada.

Cuando esta corporación sostiene que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es una tercera instancia para decidir sobre las sanciones disciplinarias, no puede asumirse que está decretando la excepción de cosa juzgada, pues no se cumplen los supuestos citados anteriormente para su configuración.

Por las consideraciones anteriormente planteadas la excepción de cosa juzgada alegada por la parte demandada no está llamada a prosperar.

Control de legalidad de los actos administrativos de ejecución.

En el libelo introductorio el demandante solicita la nulidad del Decreto 3734 de 7 de octubre de 2011, mediante la cual el Presidente de la República ejecutó la sanción disciplinaria a él impuesta.

Sobre la nulidad de los actos de ejecución, la Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 11 de junio de 2009, expediente 1246-07, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, indicó:

“(...) Es una medida cautelar(3), más no sancionatoria, atribuida constitucionalmente al contralor para ejercerla en aquellos casos en los que considere su conveniencia por razones de interés público y salvaguarda de los principios de transparencia, imparcialidad, moralidad y eficacia en las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias que se adelanten contra los servidores públicos.

Como acto preparatorio, cuya iniciativa ha sido atribuida al jefe del órgano de control fiscal, constituye un instrumento que posibilita, para el caso, el desarrollo de la respectiva actuación administrativa de naturaleza fiscal, que concluye con la expedición de un acto administrativo de carácter definitivo que resuelve la situación jurídica del funcionario investigado, decisión cuya legalidad sí es enjuiciable bajo cualquiera de las causales previstas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (…)”.

Conforme a la jurisprudencia que se analiza estos actos administrativos son: los preparatorios, de trámite y ejecución, que son el instrumento de la decisión administrativa, la preparan, posibilitan o ejecutan, es decir, que por sí solos no contienen una declaración de voluntad que produzca efectos directos respecto a una situación jurídica en particular; y de conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, no son susceptibles de recursos en la vía gubernativa, excepto los casos previstos en la ley.

En esas condiciones la Sala deberá inhibirse de hacer pronunciamiento alguno respecto del Decreto 3734 de 7 de octubre de 2011, por el cual el Presidente de la República ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al demandante, y centrará su estudio de legalidad sobre los actos administrativos definitivos, esto es, los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la inspección delegada de la regional Nº 1 y el inspector general de la Policía Nacional, el 21 de diciembre de 2010 y 1º de abril de 2011, respectivamente, mediante los cuales se le impuso al actor la sanción disciplinaria materia de controversia, por estimar que fueron los que resolvieron su situación jurídica.

La potestad disciplinaria de la administración.

La potestad disciplinaria del Estado se origina en la necesidad de mantener una comunidad organizada a través del respeto por los principios constitucionales y legales que garantizan la obtención de los fines esenciales del Estado, y el correcto ejercicio de la función pública.

Dado que los servidores públicos deben ejercer sus funciones de acuerdo a la Constitución, laley y los reglamentos, tal como lo dispone el artículo 123 Constitucional, cualquier desconocimiento de las disposiciones del sistema normativo por omisión o extralimitación en sus actividades origina que el Estado ejerza su potestad disciplinaria(4), con la finalidad de sancionar eventuales desacatamientos de las normas que aseguran el buen funcionamiento de la administración pública y la protección de los principios de moralidad, eficacia, imparcialidad, entre otros. Es de advertir que no solo son sujetos de la acción disciplinaria los servidores públicos sino también los particulares que ejercen funciones públicas.

La Corte Constitucional al referirse a la potestad disciplinaria del Estado afirmó lo siguiente:

“(...) El derecho disciplinario regula el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, esto es, “la facultad que hace parte del poder sancionador del Estado, en virtud de la cual aquel está legitimado para tipificar las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas y las sanciones correspondientes”(5). La potestad disciplinaria ha de ejercerse con atención a los principios de la función administrativa y del servicio público, como a los fines esenciales del Estado: en efecto, la jurisprudencia constitucional ha recordado, desde una óptica administrativa, que el derecho disciplinario “se manifiesta en la potestad de los entes públicos de imponer sanciones a sus propios funcionarios, con el propósito de preservar los principios que guían la función administrativa señalados en el artículo 209 constitucional (moralidad eficiencia, celeridad, igualdad, economía, imparcialidad y publicidad)”(6); así mismo, ha indicado la Corte que “una indagación por los fundamentos de la imputación disciplinaria remite a los fines del Estado; de modo que la orientación finalística del ejercicio del poder fija los cimientos en que se apoya la responsabilidad de los servidores públicos. En suma, el sustento de la imputación disciplinaria radica en la necesidad de hacer efectivos tanto los principios de la función administrativa como los fines estatales a que apuntan aquellos, los cuales, a su vez, determinan el ejercicio de las funciones públicas. (...)(7).

En el ejercicio de la facultad disciplinaria el Estado debe respetar y garantizar los principios y derechos de los servidores públicos sujetos del ius puniendi estatal. La jurisprudencia del Máximo Tribunal Constitucional sobre el particular manifestó lo siguiente:

“(...) La potestad disciplinaria se encuentra regida por los principios que regulan el poder sancionatorio del Estado, y su aplicación supone la estricta observancia de las bases que regulan el derecho sancionador, tales como el principio de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, “con las matizaciones impuestas por su específica naturaleza”. Siendo el derecho disciplinario una de las manifestaciones del ius puniendi, como derecho administrativo sancionatorio, el ejercicio del poder sancionador del Estado exige la garantía del debido proceso en tales actuaciones administrativas, tal como lo ordena el artículo 29 superior (...)(8).

Ahora bien, las sanciones disciplinarias impuestas por las autoridades administrativas a los servidores públicos o a los particulares que ejercen función pública, están sujetas a control de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Allí se determina si al momento de decretar y practicar las pruebas se respetaron todas las garantías legales y constitucionales de los disciplinados, sin que dicho control se traduzca en una nueva valoración de la prueba por cuanto la jurisdicción no es una tercera instancia. Esta Sala al pronunciarse sobre un caso donde se controvertía una sanción disciplinaria de destitución sostuvo lo siguiente:

“(...) Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales; en otras palabras, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa.

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando esta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa prueba haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad.(...)”(9).

La valoración de las pruebas dentro del proceso disciplinario: sana crítica.

El demandante en el libelo introductorio argumenta que las pruebas en que se fundamentó la autoridad disciplinaria para proferir los actos administrativos demandados, fueron allegadas y valoradas contrariando el ordenamiento jurídico. Para pronunciarse sobre este particular la Sala considera pertinente efectuar el siguiente análisis.

El ordenamiento jurídico Colombiano se basa en el respeto por los principios que orientan un Estado Social de Derecho, los cuales se traducen dentro de los procedimientos adelantados en vía administrativa y judicial en el respeto por las garantías fundamentales protegidas por la Constitución Política. Es por ello que las autoridades administrativas y judiciales al adelantar los procedimientos que les han sido confiados por el sistema normativo, deben sujetar sus actuaciones a los mandatos del debido proceso, principio que aglutina todas las garantías fundamentales de las cuales son titulares los administrados dentro de un procedimiento.

El debido proceso es una de los pilares que deben irradiar laproducción y ejecución de los actos administrativos, pues su calidad de garantía fundamental origina que todas las decisiones que profieran las autoridades estén acordes con los mandatos constitucionales. Al respecto esta corporación ha sostenido losiguiente:

“(...) El debido proceso es una garantía constitucional instituida a favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Esta garantía consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándole principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa (...)(10).

Aunque si bien el debido proceso debe ser garantizado durante todo el procedimiento bien sea administrativo o judicial, adquiere una connotación especial en el período probatorio, por cuanto allí el servidor público cuenta con una autonomía en la apreciación de las pruebas tal como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional(11). Empero, dicha libertad de apreciación no puede ser confundida con arbitrariedad, puesto que las autoridades siempre deben sujetar su valoración probatoria a los principios que irradian el Estado Social de Derecho.

En el ordenamiento jurídico procesal existe un instrumento efectivo para delimitar la autonomía de la valoración de las pruebas de la cual gozan las autoridades administrativas y judiciales y así evitar arbitrariedad, denominado sana crítica, el cual establece que el valor de las pruebas debe ser establecido de acuerdo a las reglas de la lógica, ciencia y experiencia, es decir, de acuerdo a juicios objetivos y racionales. La Corte Constitucional al respecto ha sostenido lo siguiente:

“(...) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (...), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente (...)”(12).

En el sub judice, la Sala al analizar las diferentes pruebas que fueron decretadas y practicadas por la autoridad disciplinaria, observa que no se vulneró el debido proceso del demandante pues fueron allegadas al expediente disciplinario atendiendo lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y valoradas de conformidad con los postulados de la sana critica.

No es cierto que la autoridad administrativa no haya valorado integralmente el material probatorio obrante en el proceso, pues dentro del expediente obran varias pruebas, tanto documentales(13) como testimoniales(14), de las cuales se puede derivar un criterio objetivo y razonable sobre la comisión de las faltas disciplinarias imputables al actor. Es de resaltar que si bien en el libelo introductorio el demandante argumentó que la entidad demandada desconoció su derecho al debido proceso en el recaudo y práctica de las pruebas, no expresó concretamente en que consistió dicha vulneración.

Por otra parte el actor afirma que el Acta Nº 051108-01 de 5 de noviembre de 2008, mediante la cual el intendente Jhon Jaiber Bonilla Rubio le entregó a él los elementos de la estación de policía de Funza (Cundinamarca), dentro de los que se encontraba el revólver calibre 38, número interno 37453, no se ajusta al ordenamiento jurídico por cuanto no se tiene certeza sobre quien lo suscribió.

Este planteamiento no está llamado a prosperar, pues en el expediente disciplinario obran testimonios dentro de los que se encuentra el del subteniente Jesús David Fajardo Fitzqerald y el intendente Jhon Jaiber Bonilla Rubio, que permiten vivenciar que las actas de entrega de estación es un procedimiento cotidiano que se sique para dejar a disposición del comandante entrante los elementos que se encuentran dentro de una unidad policial, por lo que la mencionada acta no fue un documento ajeno a los procedimientos de la institución.

Además, es evidente que lo consignado en dicho documento fue aceptado de manera expresa por el demandante al firmarlo, por medio de la cual recibió los elementos que se encontraban dentro de la estación de policía de Funza, es decir, al firmar el acta él aceptó que recibía los objetos de la unidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el Acta de entrega Nº 051108-01 de 5 de noviembre de 2008, no es un documento apócrifo ya que se tiene certeza de quienes la elaboraron y la finalidad de la misma, por lo que no está llamado a prosperar este argumento planteado por la parte actora. Por lo anterior, no está llamado a prosperar el cargo de violación al debido proceso.

Del derecho a la igualdad.

El actor argumenta en el libelo introductorio que la autoridad disciplinaria al imponerle la sanción objeto de controversia, desconoció su derecho a la igualdad, pues a él lo suspendió en el ejercicio del cargo por el término de siete (7) meses, mientras que al patrullero Leonardo Ureña Lozano, quien se desempeñaba como comandante de guardia de la estación de policía de Funza y estaba encargado del cuidado de los objetos dejados en custodia, lo absolvieron. Sostiene que el derecho disciplinario debe ser aplicado con el mismo rasero a todos los miembros de la Policía Nacional.

Para resolver este argumento, la Sala efectuará el siguiente estudio sobre la igualdad.

La igualdad es una garantía inherente al ser humano, por medio de la cual se busca proscribir cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo, religión, raza, condición social, etc. Ello se garantiza con el trato semejante por parte de la ley a las personas.

La jurisprudencia constitucional(15) ha establecido que la igualdad tiene un doble carácter, pues puede ser entendido como un principio y como un derecho. Bajo la concepción de principio, es entendida como una garantía constitucional a favor de las personas que evita que las actuaciones del Estado y de los particulares generen discriminación injustificada. En cambio, de la igualdad como derecho se pregona la obligación de los sujetos de dirigir sus actuaciones a mantener un trato igualitario desde la perceptiva material.

Ahora bien, el carácter material del concepto de igualdad hace que no pueda ser entendido corno un tratamiento idéntico para todas las personas, pues es procedente establecer tratamientos diferenciados que obedezcan a condiciones de cada caso concreto para cumplir con los fines esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de otros derechos fundamentales. Al respecto el Alto Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:

“(...) La correcta aplicación del derecho a la igualdad no solo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles. Es claro que la Constitución no prohíbe el trato desigual sino el trato discriminatorio porque de hecho el trato distinto puede ser obligatorio para ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece diferencias sin justificación constitucionalmente válida. El principio a la igualdad y el derecho subjetivo a la no discriminación, entendidos estos conceptos desde una perspectiva material que implica el trato igual o diferente pero no discriminatorio, también se imponen en la contratación administrativa no solo respecto del legislador en el diseño de las normas generales de acceso a la función administrativa, sino también frente a la administración en los procesos de selección y adjudicación de los contratosestatales en concreto (...)”(16).

Teniendo en cuenta la jurisprudencia en cita, la Sala considera que en el Sub Lite la parte demandada al absolver al patrullero Leonardo Ureña Lozano de toda responsabilidad disciplinaria no desconoció el derecho a la igualdad del actor, pues su condición de comandante de la estación de policía de Funza (Cundinamarca) le impone una carga más exigente que al resto del personal adscrito a la unidad policial, ya que es el responsable de lo que acontezca al interior de la guarnición que está a su cargo.

Además, tal como lo advirtió el inspector general de la Policía Nacional en el fallo de segunda instancia de 1º de abril de 2011, no es posible endilgarle responsabilidad al patrullero Leonardo Ureña Lozano por cuanto no se tuvo certeza sobre el momento exacto en que se perdió el arma. Además el servicio de comandante de guardia es prestado por varios uniformados, lo cual hace complejo individualizar la responsabilidad en los hechos que originaron el proceso disciplinario.

En razón a que el demandante no se encontraban en la misma situación fáctica que el patrullero Leonardo Ureña, dada la diferencia de grados y funciones que desempeñan dentro de la Policía Nacional, la autoridad disciplinaria al absolver al primero no desconoció el derecho a la igualdad del segundo, por tal razón el cargo analizado no está llamado a prosperar.

Errores acontecidos dentro del proceso disciplinario.

En el escrito de la demanda el actor sostiene que la autoridad disciplinaria en el pliego de cargos incurrió en una irregularidad que vulneró su derecho al debido proceso, pues inicialmente le endilgó responsabilidad por incurrir en la falta gravísima de que trata el artículo 34, numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006, y en el mismo escrito posteriormente afirma que cometió la falta establecida en el numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, lo cual originó incertidumbre sobre el ejercicio de su defensa.

Para dilucidar lo anterior, la Sala estima pertinente citar en primer lugar las disposiciones que contextualizan esta controversia. De conformidad con lo previsto en el artículo 218 de la Carta Política, el régimen de carrera, prestacional o disciplinario de la Policía Nacional debe ser establecido por el legislador.

El Estado es el titular de la potestad disciplinaria de acuerdo a lo establecido por la Constitución y el artículo 1º de la Ley 1015 de 2006(17), por lo que las faltas disciplinarias cometidas por el personal de la Policía Nacional le corresponde investigarlas y sancionarlas a la institución, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación establecido en la Ley 734 de 2002.

El artículo 5º de la Ley 1015 de 2006 recoge el precepto constitucional de ius puniendi estatal, encuadrando en su artículo 34 las faltas disciplinarias gravísimas. Al actor se le endilgó la falta establecida en el literal d) numeral 21 artículo 34, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…).

21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:

(...).

d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, dañarlos, cambiarias o desguazarlos; (...)”.

Como quiera que el proceso disciplinario debía tramitarse conforme el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002(18), el operador disciplinario al encuadrar la conducta del disciplinado puso de presente que la falta imputada corresponde a los deberes de todo servidor público, según da cuenta el numeral 13 del artículo 35 ibídem, al disponer:

“ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

(...).

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. (...)”.

Así las cosas la presunta anomalía que le atribuye el demandante a la actuación surtida por la Policía Nacional en el pliego de cargos, no es tal, toda vez que el ordenamiento jurídico dispone que la Ley 1015 de 2006 debe ser aplicada en armonía con lo previsto en la Ley 734 de 2002, la cual le es aplicable a todo servidor público.

Conclusión.

La autoridad administrativa al decretar, practicar y valorar las pruebas no desconoció el derecho al debido proceso del demandante por cuanto actuó conforme a lo establecido por la Constitución y la ley, pues no allegó al proceso disciplinario dentro del cual se profirieron los actos administrativos demandados pruebas ilegales que vulneraran el derecho de defensa del disciplinado. Además, al valorar el material probatorio empleó los criterios de la sana crítica que le permitieron esbozar argumentos razonables y objetivos.

Tampoco se le vulneró su derecho a la igualdad al absolver de toda responsabilidad disciplinaria al patrullero Leonardo Ureña Lozano, pues dada su condición de comandante de la estación de Policía de Funza (Cundinamarca) el oficial no se encontraba en las mismas circunstancias fácticas que el mencionado patrullero, pues su cargo demandaba mayor diligencia y responsabilidad en el cuidado de los elementos que se encontraban en custodia en la unidad policial.

De igual manera, no se presentó la supuesta irregularidad alegada por el demandante en el pliego de cargos respecto a la tipificación de la falta disciplinaria, pues tal como se advirtió anteriormente la Ley 734 de 2002 es aplicable a todo servidor público, por lo que los regímenes especiales disciplinarios, dentro de los que se encuentra el establecido en la Ley 1015 de 2006, deben ser aplicados en armonía con el Código Único Disciplinario.

Teniendo en cuenta lo anterior, los actos administrativos demandados se ajustan al ordenamiento jurídico motivo por el cual se hace necesario negar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “8”, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. La Sala se declara inhibida para conocer la legalidad del Decreto 3734 de 7 de octubre de 2011, mediante el cual el Presidente de la República ejecutó la sanción disciplinaria materia de controversia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,

2. NIÉGANSESE las súplicas de la demanda incoada por señor Alex Giovanni Herrera Aguirre contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, de acuerdo a lo expuesto por la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase».

(2) Sección Segunda. Sentencia de 3 de septiembre de 2009. M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Nº interno: 4980-2005.

(3) Sobre la naturaleza de las medidas cautelares la Corte Constitucional ha señalado (entre otras decisiones, Se cita la Sentencia C-840/2001 Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentaría): “(...) Las medidas cautelares. Para una mejor inteligencia y resolución del asunto planteado, la Sala estima oportuno transcribir previamente algunos apartes de un pronunciamiento hecho por esta corporación en torno al tema de las medidas cautelares. Dijo así:

“Las medidas cautelares a veces asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos(3) (vgr. separación de bienes, protección policiva a la posesión de hecho, etc.), cuando ellas constituyen precisamente la finalidad o el objetivo del mismo. Pero también, y esta es la generalidad de los casos, dichas medidas son dependientes o accesorias a un proceso cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de este, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo, o en materia penal con el embargo y secuestro eje bienes del imputado (CPP, art. 52). (...) las medidas cautelares son también provisionales o contingentes, en la medida en que son susceptibles de modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa. Naturalmente, las medidas se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición. (…)” (Sent. C-054/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell).

(4) Ley 734 de 2002. Artículo 1°: El Estado es el titular de la potestad disciplinaria.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.

(6) Corte Constitucional. Sentencias T-301 de 1996 y T-433 de 1993; C-818 de 2005 y C-1011 2008.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-242 de 7 de abril de 2010. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. Referencia: Expediente D-7852. Demanda de inconstitucionalidad: del artículo 175, Ley 734 de 2002. Demandante: Diego Alberto Zuleta García.

(8) lbídem.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de 28 de junio de 2012. M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicación 11001-03-25-000-2010-00014-00 (0138-2010) Actor: Gerardo Raúl Dorado Dávila.

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de 4 de octubre de 2012. M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad.: 11001-03-25-000-2010-00270-00(2222-10).

(11) Sentencias SU-1300 de 2001; T-916 de 2008; entre otras.

(12) Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 1994. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

(13) Actas de entrega de los elementos de la estación de policía de Funza Nº 051108-01 de 5 de noviembre de 2008 y 270809-01 de 27 de agosto de 2009; Actas de instrucción; entre otras.

(14) Testimonios de los patrulleros: Edison Niño Hernández, Carlos Franki Sarmiento, Hernán Restrepo Arias, David Alejandro Mejía Díaz, entre otros.

(15) Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 29 de marzo de 2001. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

(16) Corte Constitucional Sentencia C-862 de 3 de septiembre de 2008. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ref.: Expediente D-7166.

(17) Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.

(18) Código Único Disciplinario.