Sentencia 2012-00293 de marzo 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 47001233100020120029301

Nº interno: 1626-16

Apelación sentencia. Reconocimiento pensión gracia

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación le corresponde a la Sala determinar si los tiempos acreditados por la señora Mireya Chaparro de Medina como docente nacional pueden ser computados para el reconocimiento de la pensión gracia.

2.2 Análisis probatorio.

Dentro del expediente se encuentra el siguiente material probatorio:

2.2.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Yolanda Pereira Campo, en la que consta que nació el 15 de junio de 1936 en Santa Marta (Magdalena), es decir, cumplió 50 años de edad el 12 de octubre de 2002 (fl. 81).

2.2.2. El 19 de febrero de 1957 el gobernador encargado del Departamento del Magdalena designó a la demandada como directora de la Escuela de Varones del Barrio Olaya Herrera (fl. 345). El acto de posesión se surtió ante el director de educación el 25 de febrero de 1957 (fl. 346).

2.2.3. El 24 de noviembre de 1971 la directora de la Escuela Normal Nacional Superior Integrada de la Guajira certificó que la demandada fue designada mediante la Resolución 1204 de mayo 6 de 1966, como docente nacional de tiempo completo (fl. 68).

2.2.4. Por medio de la Resolución 29854 de 2 de julio de 1993 la Caja Nacional de Previsión Social ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en favor de la demandada «en cuantía de 33.707, efectiva a partir del 2 de junio de 186. Los efectos fiscales serán a partir del 18 de febrero de 1988 por prescripción trienal». Aportó los siguientes servicios al Estado: (fls. 100-102)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 66/04/23 73/01/21

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 73/03/01 86/06/30

2.2.5. A través de la Resolución 34466 de 31 de diciembre de 2002 Cajanal reliquidó la pensión de la demandada por retiro del servicio, en cuantía de $ 1.130.450, efectiva a partir del 13 de octubre de 2001. Para tal efecto se allegaron tiempos al servicio del Ministerio de Educación Nacional entre el 1º de julio de 1986 al 12 de octubre de 2001 (fls. 121-123).

2.2.6. En cumplimiento del fallo de tutela proferido el 9 de agosto de 2004 por Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá(4), Cajanal reliquidó la pensión de la demandada con la inclusión de todos los factores salariales devengados «en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus, el cual fue el 2 de junio de 1986» (fls. 199-206).

2.2.7. El 16 de septiembre de 2014 el profesional universitario de la Gobernación del Magdalena, hizo constar que la señora Pereira Campo prestó sus servicios al departamento en el ramo de la educación, al ser nombrada como directora de la Escuela de Varones del Barrio Olaya Herrera de Santa Marta el 25 de febrero de 1957 y por Resolución 1204 de 30 de mayo de 1966 pasó a la Escuela Normal Nacional de Señoritas de Uribia Guajira, con efectos fiscales a partir del 6 de mayo de 1966 (fl. 353)

2.2.8. El 6 de mayo de 2015 la Secretaria de Educación de Santa Marta en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, señaló lo siguiente:

TIPO DE VINCULACIONNacional
CARGODocente
TIPO DE NOMBRAMIENTOPropiedad
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ACTUALNormal Nacional San Pedro Alejandrino
DEPARTAMENTO Magdalena

NovedadesActo administrativoFecha posesiónDesdeHasta
Nombramiento Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino.
Calidad docente: maestra consejera
Resolución 2872 de 1º de abril de 1973 2/05/731/03/7320/03/97
Inscripción: Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino.
Calidad docente: maestra consejera
Decreto 68 de 21 de marzo de 199721/03/9721/03/9712/10/2001
Retiro forzosoResolución 586 de 12 de octubre de 2001   

2.2.9. El 14 de mayo de 2015 la rectora de la Escuela Normal Nacional de Uribia, Guajira, hizo constar lo siguiente: (fls. 389-392)

Que en los archivos de la institución se encuentra el record de trabajo de la señora Yolanda Beatriz Pereira identificada con la cédula de ciudadanía 26.657.176 expedida en Santa Marta. Nombrada según resolución del Ministerio de Educación Nacional 457 de febrero 1º de 1968.

Nombrada como Directora de la Escuela Anexa a la Normal Nacional, con efectos fiscales a partir del 1 de febrero de 1968, trabajo hasta el 21 de enero de 1973 [...]

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

Para desatar la cuestión litigiosa, es necesario hacer el siguiente recuento normativo:

La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 y es definida como una prestación especial concedida a los docentes, con el fin de reconocer a los docentes su dedicación, entereza y esfuerzo. Su regulación se encuentra consagrada en el artículo 1º ibídem, según la cual «los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, de conformidad con las prescripciones de la presente ley».

El numeral 3º del artículo 4.º ibídem señala que para ser beneficiario de la pensión gracia es necesario que el peticionario acredite que «no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional», como quiera que su finalidad fue la de «compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria en las entidades territoriales, respecto de las asignaciones que a su vez, recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; y esta diferencia existía porque en virtud de la Ley 39 de 1903(5), la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, mientras que la secundaria se encontraba a cargo de la Nación»(6).

Con posterioridad, se expidió la Ley 116 de 1928 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927(7)», y en su artículo 6º extendió el beneficio de la pensión gracia en los siguientes términos:

ART. 6º—Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.

La norma en comento dejo vigente la exigencia señalada en la Ley 114 de 1913 de no recibir otra pensión nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo esa incompatibilidad, que tiene su fuente en la prohibición de la Constitución de 1886 de no recibir doble asignación del erario, norma que a su vez fue reproducida en el artículo 128 de la Carta Política de 1991.

Ahora bien, la Ley 37 de 1933 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados» en su artículo 3º hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que prestaran sus servicios en el nivel secundario, en los siguientes términos:

ART. 3º—Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela, rebajadas por decreto de carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes. Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.

De lo anterior, se tiene que una de las condiciones exigidas para ser beneficiario de la pensión gracia, ya sea por servicios docentes en primaria, secundaria o normalista, es que se hayan prestado en entidades territoriales, pues la compartibilidad pensional que consagra la ley es con pensiones reconocidas por los departamentos o municipios.

Sobre el particular, es preciso señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-479 del 9 de septiembre de 1998, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º parcial y 4º numeral 3º de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la ley suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley.

Como consecuencia del proceso de nacionalización de la educación, que trajo la Ley 43 de 1975 «por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones» los docentes de primaria y secundaria quedaron vinculados con la Nación y por ende, ya no se presentarían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» disposición que en su artículo 1º estableció:

ART. 1º—Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Por su parte, en su artículo 15 ordinal 2 fijo un límite temporal para tener derecho a la pensión gracia en los siguientes términos:

2. Pensiones

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-489 de 2000, siempre y cuando se entienda que las situaciones jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la Ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer.

A. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.

De las normas previamente señaladas se deduce que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, la Sala sigue el criterio expuesto por la sala plena de esta corporación en fallo del 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

La providencia previamente señalada sostuvo lo siguiente:

[...] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad ‘[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación’, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera ‘[...] otra pensión o recompensa de carácter nacional’.

[...]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la ‘[...] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año’, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (lit. B, num. 2º, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 ‘tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia [...] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos’. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley(8).

La Corte Constitucional en Sentencia C-84 del 17 de febrero de 1999, analizó la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2º, literal b), de la Ley 91 de 1989, en los siguientes términos:

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la ‘nacionalización’ de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada ‘pensión gracia’, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (art. 4º, num. 3º L. 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado ‘por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica’, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de ‘hacer las leyes’, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación.

De las consideraciones que anteceden, se concluye que el reconocimiento y pago de la pensión gracia se obtiene: i) por haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años; ii) estar vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haber cumplido la edad de cincuenta años; y, iv) haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

2.3. Caso concreto.

De conformidad con los antecedentes normativos previamente expuestos, se tiene que en esencia la pensión gracia cobija a aquellos docentes que hubieren prestado sus servicios en establecimientos públicos de enseñanza, que cumplan 20 años de servicios en establecimientos educativos del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

Conforme al material probatorio que obra en el plenario(9) se tiene que la señora Yolanda Beatriz Pereira Campo laboró como docente durante más de 20 años al servicio de la Escuela Normal Nacional de Uribia (Guajira), (entre el 1.º de febrero de 1968 y el 21 de enero de 1973) y en la Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino (entre el 2 de mayo de 1973 y el 12 de octubre de 2001), tiempos que no son computables para efectos de obtener el reconocimiento de la pensión gracia, por ser de carácter nacional.

En efecto, de conformidad con la certificación expedida por la rectora de la Escuela Normal Nacional de Uribia(10) (Guajira) la parte demandada fue nombrada como directora docente a través de la Resolución 457 de 1.º de febrero de 1968 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, y permaneció al servicio de la citada institución educativa hasta el 21 de enero de 1973; posteriormente fue designada como docente en la Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino(11), institución educativa que según el material probatorio es de carácter nacional

Significa lo anterior, que en el presente caso la parte demandada no reúne los requisitos establecidos para beneficiarse de la pensión gracia, pues como ya se dijo, los 20 años de servicio exigidos por las normas que gobiernan dicha prestación, deben ser prestados en su totalidad bajo vinculación territorial o como docente nacionalizado en virtud de la Ley 43 de 1975, no como docente nacional, lo que sin duda alguna conlleva a que se confirme la sentencia del tribunal.

Por último, la parte demandada solicita que se tengan en cuenta los tiempos al servicio del Departamento del Magdalena entre el 25 de febrero de 1957 y el 6 de mayo de 1966, pues tal pretensión fue solicitada en primera instancia pero el tribunal omitió su análisis.

Sobre el particular, se encuentra que obra en el plenario i) copia de Decreto 066 de 19 de febrero de 1957(12) expedido por el gobernador del Magdalena en la que designa a la actora como directora de la Escuela de Varones del Barrio Olaya Herrera, ii) del acta de posesión(13) del día 25 de febrero de 1957 suscrita ante el director de educación y, iii) de la certificación(14) expedida por el 16 de septiembre de 2004 por la Gobernación del Magdalena en la que hace constar que se vinculó el 19 de febrero de 1957 y que por Resolución 1204 de 30 de mayo de 1966 pasó a la Escuela Normal Nacional de Señoritas de Uribia (Guajira).

Sin embargo, se encuentra que el periodo aportado es insuficiente para obtener el beneficio de la pensión gracia, pues tan sólo se acreditan 9 años en el nivel territorial y como ya se vio es un tiempo insuficiente para obtener el beneficio de la pensión gracia.

Significa lo anterior, que en el presente caso el demandando no reúne los requisitos establecidos para beneficiarse de la pensión gracia, pues como ya se dijo, los 20 años de servicio exigidos por las normas que gobiernan dicha prestación, deben ser prestados en su totalidad bajo vinculación territorial o como docente nacionalizado en virtud de la Ley 43 de 1975, no como docente nacional, lo que sin duda alguna conlleva a que se confirme la sentencia del tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFIRMAR la sentencia de quince (15) de julio de dos mil quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la señora Yolanda Beatriz Pereira Campo.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández— Rafael Francisco Suárez Vargas».

4 Fls. 127-144.

5 «Sobre instrucción pública».

6 Véase la sentencia del 2 de febrero de 2017, Exp. 3561-14, C.P. Carmelo Perdomo Cueter.

7

8 Exp. S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

9 El 24 de noviembre de 1971 la directora de la Escuela Normal Nacional Superior Integrada de la Guajira certificó que la demandada fue designada mediante la Resolución 1204 de mayo 6 de 1966, como docente nacional de tiempo completo (fl. 68).

10 El 14 de mayo de 2015 la rectora de la Escuela Normal Nacional de Uribia, Guajira, hizo constar lo siguiente: (fls. 389-392) Que en los archivos de la institución se encuentra el record de trabajo de la señora Yolanda Beatriz Pereira identificada con la cédula de ciudadanía 26.657.176 expedida en Santa Marta. Nombrada según resolución del Ministerio de Educación Nacional 457 de febrero 1º de 1968. Nombrada como directora de la Escuela Anexa a la Normal Nacional, con efectos fiscales a partir del 1 de febrero de 1968, trabajo hasta el 21 de enero de 1973 [...].

11 El 6 de mayo de 2015 la Secretaría de Educación de Santa Marta en el formato único para la expedición de certificado de historia laboral, señaló lo siguiente:

TIPO DE VINCULACIONNacional
CARGODocente
TIPO DE NOMBRAMIENTOPropiedad
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ACTUALNormal Nacional San Pedro Alejandrino
DEPARTAMENTO Magdalena

NovedadesActo administrativoFecha posesiónDesdeHasta
Nombramiento Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino.
Calidad docente: maestra consejera
Resolución 2872 de 1 de abril de 1973 2/05/731/03/7320/03/97
Inscripción: Escuela Normal Nacional San Pedro Alejandrino.
Calidad docente: maestra consejera
Decreto 68 de 21 de marzo de 199721/03/9721/03/9712/10/2001
Retiro forzosoResolución 586 de 12 de octubre de 2001   

12 Fl. 345.

13 Fl. 346.

14 Fl. 353.