Sentencia 2012-00301 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 11001032500020120030100

Nº Interno 11312012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).

Actora: Luz Stella Trujillo Cortés

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico.

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados adolecen de nulidad al ser expedidos por la Procuraduría General de la Nación por fuera del término de caducidad, con violación a los derechos al debido proceso y a la defensa, con desconocimiento del principio de proporcionalidad, sin motivación y sin la adecuada valoración probatoria.

Actos demandados.

• Resolución 10 de 13 de abril de 2011, proferida en primera instancia por el procurador regional del Quindío, a través de la cual sancionó a la señora Luz Stella Trujillo Cortés con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años.

• Fallo disciplinario de segunda instancia, de 9 de septiembre de 2011, expedido por el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa que confirmó la decisión anterior.

Previo a desatar la cuestión planteada, resulta necesario precisar que según el diseño constitucional, la potestad correccional y disciplinaria la ejerce la Procuraduría General de la Nación, autoridad que si bien tiene el poder preferente en esta materia, no excluye la facultad de otras entidades para ejercer directamente esa misma potestad, pero en ambos casos sometida al control judicial por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, tal control no se efectúa de cualquier modo, toda vez que tiene unas particularidades que lo alejan de convertirse en una tercera instancia en la que se pueda abrir nuevamente el debate probatorio para suplir las deficiencias del proceso disciplinario.

Así lo ha precisado reiteradamente la Subsección(8) y en ese sentido también se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 11 de diciembre de 2012(9) al referirse “al alcance del control de legalidad de los actos administrativos disciplinarios”.

Análisis de la Sala

Lo probado en el proceso

De las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado que:

• De acuerdo con la constancia de vinculación laboral, expedida por el coordinador del Grupo Administración del Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, la señora Luz Stella Trujillo Cortés se desempeñó en el cargo de registrador seccional, código 2173, grado 16, en la Oficina de Registro de instrumentos Públicos del municipio de Calarcá (Quindío); desde el 30 de agosto de 2002 hasta el 3 de enero de 2011, día en el que presentó su renuncia (fl. 443, cdno. 4).

• Mediante escrito de 14 de agosto de 2009, los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá (Quindío), presentaron ante el Superintendente de Notariado y Registro una queja por acoso laboral, psicológico y verbal contra la demandante (fls. 48 a 50, cdno. 2).

Al efecto, manifestaron es síntesis lo siguiente:

La señora Luz Stella Trujillo Cortés, quien ocupa el cargo de registradora de instrumentos púbicos del municipio de Calarcá, viene acosando laboral, verbal y psicológicamente a los funcionarios que están a su cargo, situación que se agrava día tras día.

“(...)

El trato verbal con el que la señora Trujillo se dirige a los funcionarios es de: mongólicos, brutos, ignorantes, trogloditas, empíricos, vocabulario este (sic) que utiliza directamente con cada uno cuando se va a dirigir a alguien por cualquier motivo, a parte (sic) de ello escuchamos cuando desde su oficina nos lanza improperios tales como: HP, mal paridos, perros, etc. (...)”

La citada funcionaria se impacienta fácilmente y los grita, levanta la voz y los ofende delante de los usuarios externos que se encuentran solicitando algún servicio en la oficina.

Adicionalmente, siempre los ataca diciéndoles que no se pueden equivocar, que tienen que ser perfectos y no tiene en cuenta que, como ella, son seres humanos.

Se trata de una persona que “(...) no tiene sentimientos, ni calidad humana (...)”, porque no se pueden enfermar, no tienen derecho a ir al médico sino en el horario establecido por ella misma. Tampoco pueden tener ningún tipo de urgencia, porque a su juicio las necesidades personales de los funcionarios no son relevantes y “todo puede esperar al sábado o domingo (...), o después de las 5 de la tarde cuando ya se ha terminado la jornada laboral”.

Si por cualquier motivo alguien le solicita un permiso, les responde

“de malas, yo soy la jefe de la oficina, y si no les gusta llamo a Bogotá y que los boten para la mierda” y les “chasquea los dedos en la cara constantemente”.

“(...) [E]lla puede tratar dentro del horario de oficina todos sus asuntos personales entre ellos: sacar tiempo para ir al salón de belleza a cepillarse el cabello, al arreglo de sus uñas de pies y manos, ir a que le hagan masajes, recibir a todas aquellas personas que tienen amistad personal y organizar (en horario de oficina) reuniones sociales y personales. Atender sus llamadas personales (...) en cualquier momento y sin importar el tiempo que dure la misma (40, 50 hasta de 60 minutos), los funcionarios no podemos atender ni siquiera una llamada de la casa. (...) tampoco podemos dirigirnos la palabra entre nosotros mismos porque interviene e inmediatamente nos interroga sobre lo que estábamos hablando, nos ordena a cada uno individualmente estar vigilando a los demás compañeros e ir y contarle lo que hacemos (...)”

Por los anteriores hechos, solicitaron realizar el respectivo seguimiento e investigación, toda vez que la situación antes descrita los tiene enfermos de estrés, permanecen con un “constante miedo de hablarle”, los “angustia cuando ella está llegando a laborar”, “el ambiente no es sano”, y los enferma.

Con anterioridad habían formulado “denuncia” por los mismos hechos sin que hasta la fecha se hayan tomado los correctivos necesarios, por lo que solicitan de manera especial, la intervención inmediata de ese organismo “(...) para que el ambiente enfermo en el que vivimos no nos lleve a una enfermedad profesional, y no de un solo funcionario sino de todos y cada uno (...)”. Lo anterior con fundamento en la Ley 1010 de 2006 que regula lo referente al acoso laboral, y protege a los funcionarios públicos.

• En el expediente obra copia de un informe de gestión en salud ocupacional, denominado “Análisis de puesto de trabajo”, elaborado por una psicóloga de la Compañía de Seguros Positiva S.A. en el mes de agosto de 2009. Allí se analizó la situación de uno de los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Calarcá y se concluyó (fls. 13 a 28, cdno. 2):

“(...)

El trabajador ha ocupado toda su vida laboral el cargo de secretario ejecutivo, y hace 4 meses fue relevado al área de caja.

El factor de riesgo ocupacional relacionado, que está contribuyendo directamente con la patología en estudio es el psicológico, puesto que existe mucha verticalidad en las relaciones laborales, lo que respecta a la dirección de la registradora; es algo cortante y compleja en particular.

(...)

Se sugiere a la empresa realizar actividades de esparcimiento para los trabajadores; involucrando las familias, con el ánimo de integrar las personas, mejorar las relaciones interpersonales, que desarrollen un ambiente de unión, compromiso, cordialidad y bienestar.

Se sugiere a la empresa continuar con las actividades del programa de salud ocupacional y capacitar continuamente al personal frente a relaciones interpersonales, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

Se recomienda a la empresa, capacitar a otros funcionarios que puedan desempeñar las mismas funciones de cajero y permitirle disfrutar con tranquilidad de su hora de almuerzo como tal.

(...)”.

• El 11 de septiembre de 2009, el presidente nacional del Sindicato de Servidores Públicos de la Administración Pública (Sindipública), radicó un escrito ante el secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo asunto es “Enérgica protesta y queja posible (sic) acoso laboral de la registradora seccional de instrumentos públicos de Calarcá, Quindío, contra funcionarios de esas dependencias” (negrillas de la Sala).

En ese documento, que obra a folios 42 y 43 del cuaderno 2 del expediente, el presidente del mencionado sindicato manifestó en síntesis lo siguiente:

Ha recibido reiteradamente llamadas de distintas personas, tanto particulares como funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá —quienes solicitan reserva de su identidad—, en las que informan sobre el trato descortés, agresivo y con lenguaje desconsiderado, por parte de la señora Luz Stella Trujillo quien, según el dicho de los subalternos, los somete a presión y “amedrentamiento”, con conductas de hostigamiento, insultos, agravios personales y limitación abusiva de derechos fundamentales como la salud, entre otros.

Los quejosos han puesto de presente que la falta de diligencia de diferentes dependencias de la Superintendencia, ante las cuales han informado las situaciones que allí se vienen presentando, ha permitido que continúen los atropellos contra los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Calarcá y con los usuarios del servicio en general.

En consecuencia, solicitó la iniciación del procedimiento establecido en la Ley 1010 de 2006 (de acoso laboral) y en la Resolución 3233 de mayo de 2006 proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro; que se programe con carácter urgente, una visita a la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Calarcá, con la presencia de un delegado del sindicato, “ (...) a efectos de garantizar que se escuche a las partes, sin detrimento de sus derechos y muchos menos bajo la presión del temor reverencial, que afecta a esos humildes trabajadores ante la presencia de funcionarios del nivel central, de suerte que no se vean coartados en sus libertades personales (...)”; y que se tomen medidas inmediatas como el traslado temporal o la eventual suspensión de la señora Trujillo Cortés, tendientes a evitar la continuidad de las conductas y las posibles retaliaciones ante las quejas de los subalternos.

• A folios 30 a 41 del cuaderno 2 del expediente, se encuentra el Acta 011 de 2009, correspondiente a la diligencia de conciliación llevada a cabo ante el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral de la Superintendencia de Notariado y Registro, a la que asistieron la señora Luz Stella Trujillo Cortés, y los funcionarios de la Oficina de Registro de Calarcá (Quindío).

En esa oportunidad, previa lectura de la queja presentada por los citados funcionarios, la demandante se pronunció sobre la misma justificando su proceder y, posteriormente, sus subalternos ampliaron sus declaraciones. A continuación se sintetiza lo que afirmaron las partes en la diligencia:

• La señora Luz Stella Trujillo Cortés afirmó que

“(...) el trato de la palabra mongólico, no es ultrajante, troglodita es una persona que se come todo lo que se da; empírico son las personas que no han estudiado y por tanto no ve por qué no se puede expresar con estas palabras. L apalabra (sic) perros nunca ha estado en mi léxico (...). Como buena paisa digo mucho hijueputa y malparido e incluso huevón; agrego eso si no lo dijeron, pues es muy de la región. (...) tengo que manifestar que desde el día en que me posesioné y hasta el 31 de octubre de 2008, esta oficina era un caos respecto a la documentación archivada, por hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía del año pasado, opté por cambiar de funciones al funcionario que venía realizando esa labor y le asigné a otro funcionario obteniendo unos resultados excelentes (...)”.

Adicionalmente, como pretende la excelencia en su labor como servidora pública, les ha “recalcado” e “infundado” a sus subalternos “una frase altruista” consistente en que “no nos podemos equivocar”. Eso de ninguna manera significa maltratarlos o denigrarlos.

En lo que se refiere al horario para las citas médicas, les ha sugerido que pueden pedir permiso temprano o en las horas de la tarde porque el desplazamiento hasta Armenia “implica un tiempo dispendioso”, lo que afecta el servicio público ante la escasez del personal.

Utiliza el tiempo del almuerzo, y horarios y días no laborales para su arreglo personal del cabello y de las uñas y, en lo que se refiere a reuniones sociales, lo que afirman los quejosos no se ajusta a la realidad. Tampoco es cierto que habla por teléfono 40 o 50 minutos, asunto sobre el cual lleva un riguroso control y además “no le gusta contestar llamadas”.

Por lo general no atiende público y, en todo caso, en su dependencia siempre se les da un trato respetuoso a los usuarios.

• Los funcionarios que trabajan en la Oficina de Registro e instrumentos Públicos expresaron lo siguiente:

• La señora Olga Milena Gaitán Triana, Secretaria de la dependencia, sostuvo que la versión de la señora Luz Stella Trujillo no es cierta, pues su comportamiento afecta tanto el entorno laboral como la calidad del trabajo. Manifestó que está “enferma de los nervios” y le duele la forma como los “pisotea”. Llega a su casa a llorar y “toma la berraquera (sic) para venir al otro día”.

Afirmó:

“Mi esposo me dice por qué llora y mis niños lo mismo y debido al ambiente me irrito muy fácilmente con ellos y yo no sabía que en el léxico el decirle mongólicos es normal para ella. A mi casi no me rinde el trabajo, pues se expresa diciendo vaya y mire que hace el descerebrado de Freddy que está haciendo. Todo el tiempo se expresa mal de nosotros y dice que ella hace todo el trabajo, pues nosotros no tenemos mente ni sentimientos para nada.

Lo de las citas médicas, Ella (sic) siempre nos impone la hora de las citas médicas pues argumenta que Ella (sic) no va a las citas médicas entonces por qué lo vamos a hacer nosotros y se debe acoplar a la hora que ella diga. (...) Todo el tiempo se burla de nosotros, nos ridiculiza, nos truena los dedos en la cara y como nosotros no tenemos estudio y todos somos unos analfabetas en Calarcá, para Ella (sic) solo sirve lo de Ella (...) estamos de acuerdo que la entidad vaya camino a la excelencia pero no pasando por encima de nosotros. Dice que no nos podemos equivocar. No considero que nos deba repetir tanto las cosas, Ella lo hace porque es intensa. Pienso que es mejor trabajar despacio, para hacerlo mejor.

Referente a las llamadas ella atiende a las amigas telefónicamente en la tarde tanto de fijo o de celular por 30 40 (sic) minutos y eso no importa. A veces se pone a jugar solitario y a nosotros si nos manda a vigilar para ver qué estamos haciendo si jugando o qué en el computador. A nosotros nadie nos puede llamar, pues si atendemos una llamada al momentito lo llama (sic) chasqueando los dedos y nos dice que de malas, que nos necesita pero ya. Ella se cree la dueña de esto y se hace lo que ella dice pero ya.. (sic) Lo del salón de belleza es cierto, pues la mayoría de las veces va en la hora del almuerzo y a veces se demora más del tiempo del almuerzo. (...) si no llegamos a las 8:00 en punto nos enciende a gritos y a toda hora hace reclamos y nos saca de aquí a toda hora. Yo le he manifestado de su temperamento y me dice que de malas. Ella no va a renunciar y considero que ella debe aprender a vivir. Lo de los masajes eso requiere que salga a las 4:00de (sic) la tarde siendo que el horario es de 8 a 5 de la tarde.

(...) la verdad uno se va entorpeciendo con tanta cantaleta de Ella (sic) con el tema de los usuarios, ella dice atiéndalos usted porque a mí me da ataque y cuando lo hace los atiende muy (sic) mala manera. Ese día ella me chasqueó los dedos diciéndome que fuera ya y le dije que de esa manera no lo iba a hacer. A lo que manifestó que estaba rodeada de puros arranca yucas y debía tener profesionales en la oficina. (...) Yo no le voy a seguir guardando la espalda, pues voy a terminar en una clínica de reposo. No acepto que me toque, que me hable que (sic) me mire. Yo les pido que ustedes tengan muy en cuenta mi situación pues de mi parte No hay conciliación”.

• El señor Freddy Arles Díaz López, quien atiende la Caja, sostuvo:

“Yo me he desempeñado en forma excelente y he sido calificado con mil puntos. Mi tiempo de trabajo son 32 años de servicio (...), de acuerdo con mi capacidad la doctora Yolanda Domínguez, anterior registradora, me puso a calificar documentos pero cuando llegó la doctora Trujillo me dijo que como no soy abogado y una persona tan bruta, con cerebro tan chiquito no puede calificar documentos. Siempre he sido una persona muy ignorante para ella. (...) un día me equivoqué y eso para ella fue terrible, me trató muy mal y me humilló como quiso. Luego me dijo que yo no podía seguir corrigiendo porque yo estaba robando a la superintendencia y que me iba a denunciar y que se preguntaba cómo saqué dos hijos profesionales, con qué plata. Ese día me trató de ladrón y me hizo imputaciones deshonrosas, por lo cual yo mandé llamar al secretario de la Notaría Segunda para que atestiguara si me estaba dando dinero por el error que yo cometí, pues fue el que solicitó la corrección. Siempre el trato de ella para conmigo es así. Hoy en día la doctora Luz Stella solicitó un estudio a la psicóloga de la ARP Positiva, solamente la pidió ella para mí. (...) la psicóloga manifestó que no entendía por qué le pidió que evaluara el comportamiento con el usuario, pero por solicitud de la registradora lo hizo. Yo atiendo muy bien al usuario y ella me dice que soy un regalado. Por el tiempo que llevo en la oficina, la gente siempre pide que yo le atienda, pues solo atiende al que sea abogado y yo si atiendo a todo el mundo, profesionales, o a la clase de usuario que sea. Yo con todo y lo empírico atiendo en debida forma al usuario, al que en oportunidades le dice que tengan cuidado conmigo porque soy muy ladrón a lo que he dicho por qué no me denuncia”.

Al ser interrogado sobre el concepto que ameritó el estudio psicológico, afirmó que no entiende por qué el mismo solo estuvo dirigido a él y considera que “el psicólogo lo necesita es ella”. Agregó que todos los días lo trata mal y lo humilla, razón por la cual no está dispuesto a conciliar.

• La señora Cecilia Gutiérrez Escobar, quien se desempeña en la cafetería de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, expresó que ha sido la más perseguida por la señora Luz Stella Trujillo Cortés “(...) de pronto por ser la más débil pues me mantenía por allá arrumada y solo me veía detrás de una escoba (...)”.

Manifestó que la registradora la hacía sentir muy mal y, como ella misma lo dice, cuando ella llega a la oficina “se descompone”. Si le servía el tinto un minuto antes o después se enojaba por eso. Adicionalmente, en los mandados le limita el tiempo, por ejemplo si se trata de una diligencia bancaria, le pide contar cuántas personas hay en la fila para medir el tiempo que se demora. “(...) En oportunidades me mandaba a buscar para ver si estaba en el banco y todo lo que yo hacía no le gustaba (...) yo era la más perseguida pues solo lloraba y siempre estaba callada y sola (...)”.

En lo que tiene que ver con los permisos médicos, afirmó que es desconsiderada y que ella es quien impone las condiciones para acceder a los mismos.

Adicionalmente manifestó que la trataba de “estorbo” y ante la posibilidad de un traslado, la presionaba para presentar la carta de renuncia “chasqueándole los dedos”. En las calificaciones de desempeño le ha ido muy mal y cuando comete un error le dice que “tiene la cabeza llena de telarañas, que no tiene cerebro sino telarañas”. “(...) Nos trata de ineptos, brutos chasqueando los dedos como arriando bestias. Yo he sido la más perseguida por ella. La gente dice que me trata así porque me vio como la más humilde (...)”. La hace quedar mal y la “ridiculiza” delante de la gente. “(...) ella se escuda en lo estricta para torturarnos (...)”.

• La señora Martha Liliana Agudelo González, quien se desempeña como auxiliar administrativo, manifestó que aunque inicialmente no tuvo inconvenientes con la registradora, con posterioridad empezó a tener problemas con ella a causa de haberse solidarizado con Cecilia, la señora de los tintos, a quien constantemente está humillando. Indicó:

“(...) Creo que esto es una cárcel o como en (sic) un manicomio, pues aquí el que no es bobo es como idiota y uno se trata como de enloquecer. Ella dice que es muy exigente y con calidad, lo cual está muy bien pero no de esa forma. (...) ella se burla como yo camino y se mete en las cosas familiares y eso no me parece, pues dice que mi hijo es como malcriado (...)”.

Aunque el trato que recibe de la señora Trujillo Cortés no es tan denigrante, en comparación con el que reciben sus compañeros, manifestó que no tiene ánimo conciliatorio.

• El señor José Alberto Tabera afirmó que se sintieron rechazados desde que llegó la registradora. Él atendía público y la señora Trujillo Cortés “(...) siempre se imagina que yo estoy haciendo negocios o hablando cosas de la oficina. Si recibo alguna llamada, interroga a la gente de qué se trata o si atiendo usuarios se va a preguntarles para qué me necesitan, lo cual es muy estresante” no se puede equivocar porque si lo hace se forma un problema, tal como ocurrió con la devolución de una escritura, hecho por el que le inició proceso disciplinario y penal; de los cuales fue absuelto.

Agregó:

“(...) ha llegado a quitarse el calzado para irse silenciosa a sorprendernos. Siempre nos vigila para ver si estamos mamando gallo. Uno termina una labor y enseguida debe hacer otra cosa. Yo tengo un derivado en la oficina y hay llamadas que no me las pasa porque ella quiere enterarse de qué estoy hablando.

(...) en cuanto a lo de trogloditas, empíricos, mongólicos, brutos, así nos dice y con esas palabras quiere es ofendernos pues no son calificativos a favor. Son humillaciones. Cuando el usuario viene a buscarnos es muy grosera y hasta en el buzón han dejado papelitos (...)”.

Finalmente, como no hubo ánimo conciliatorio, el secretario general del Comité de Convivencia y Conciliación Laboral efectuó las siguientes recomendaciones:

“(...) se debe dar un manejo más tranquilo, con la pulcritud de la función registral profesional. Se debe tener una actuación frente a esta situación que usted ha observado con un sesgo frente a fulanos y sutanos frente a las declaraciones que han dado. Usted es la registradora que desempeña un trabajo en equipo y al que es bueno para los goles, van (sic) adelante, los que no se dejan meter goles se ponen en el arco, como en el fútbol, pues es el juego de la vida. Aquí tenemos claro el tema de acoso laboral que debemos resolver como la herramienta como es la Ley 1010 de 2006, en el acervo probatorio que hemos recopilado, con lo cual estaremos atentos para tratar este tema de la oficina y nos estaremos pronunciando, dado que el tema llegó a la superintendencia e incluso a los sindicatos quienes también se pronunciado al respecto con la denuncia (...)”.

• El 7 de octubre de 2009, el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral de la Superintendencia de Notariado y Registro se pronunció frente a las quejas presentadas contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés, declarando que se tipifican las conductas propias de acoso laboral, de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 de 2006. Adicionalmente, resolvió dar traslado de la situación a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, en los términos del inciso 2º del artículo 12 ibídem. Lo anterior quedó consignado en el acta de decisión visible a folios 3 a 12 del cuaderno 2 del expediente.

• En consecuencia, mediante Oficio GATH-4374 de 7 de octubre de 2009, el secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro le remitió al señor Procurador General de la Nación los soportes que acreditan que ante esa dependencia se llevó a cabo el procedimiento preventivo establecido en la Ley 1010 de 2006, que regula el acoso laboral (fls. 1 y 2, cdno. 2).

• A través de Oficio GATH - 5388 de 29 de diciembre de 2009, el secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro le solicitó al Señor Procurador General de la Nación su intervención, ante el presunto acoso laboral en el que incurrió la señora Luz Stella Trujillo Cortés, al efecto, remitió nuevamente los soportes correspondientes (fl. 59, cdno. 2).

• El 18 de enero de 2010, la Procuraduría Regional del Quindío abrió indagación preliminar contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés, con el fin de verificar la información suministrada, la ocurrencia de los hechos, la existencia de la posible falta disciplinaria, y de alguna causal de exclusión de responsabilidad (fls. 51 y 52, cdno. 2).

• El 12 de mayo de 2010 el procurador regional del Quindío abrió investigación en contra de la demandante al encontrar acreditados los requisitos previstos por el artículo 152 de la Ley 734 de 2002. En esa oportunidad resolvió la solicitud de caducidad formulada por el apoderado de la encartada, quien sostuvo que ya habían pasado seis meses desde la ocurrencia de los hechos.

Al respecto, el citado funcionario consideró que si bien se trata de una conducta que viene realizándose desde la posesión de la disciplinada como Registradora de Instrumentos Públicos de Calarcá, la queja fue puesta en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro solo hasta el 14 de agosto de 2009, y por ello, el término establecido en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006 se debe contar a partir de esa fecha. Adicionalmente, se trata de una conducta continuada en el tiempo y al proceso disciplinario resulta aplicable lo previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, que establece un término prescriptivo de 5 años (fls. 263 a 267, cdno. 3).

• Mediante providencia del 19 de octubre de 2010, el procurador regional del Quindío formuló pliego de cargos en contra de la señora Luz Stella Trujillo Cortés a quien le atribuyó: i) la extralimitación en el ejercicio de sus funciones al utilizar —en el trato con sus subalternos— términos que atentan contra la dignidad de la condición humana, al igual que la descalificación de su trabajo, y ii) el presunto abuso del cargo, al no permitir que sus colaboradores ejercieran sus derechos, impidiéndoles “disfrutar del descanso del medio día para tomar el alimento de almuerzo”, cumplir las citas médicas y tomar más de dos tintos en la mañana; lo cual se traduce en una discriminación laboral.

En ese orden, le endilgó a título de dolo la falta prevista en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, según la cual “Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”; agregando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1010 de 2006, el acoso laboral es falta “gravísima”.

Como disposiciones vulneradas por la señora Trujillo Cortés, citó los artículos 6º, 122 y 209 de la Constitución Política; 33 (nums. 2º, 6º y 7º), 34 (nums. 1º, 2º y 6º), y 35 (nums. 1º y 6º) de la Ley 734 de 2002; y 2º (nums. 1º , 2º y 3º), 4º, 7º (lits. b, c, y m), y 10 de la Ley 1010 de 2006 (fls. 2 a 51, cdno. ppal.).

• Por decisión de 17 de noviembre de 2010 el procurador regional del Quindío suspendió previsionalmente del cargo a la señora Trujillo Cortés, sin derecho a remuneración. El citado funcionario consideró, de un lado, que la permanencia de la investigada en el servicio público posibilitaba la reiteración de la falta; y de otro, estimó que la situación se estaba agravando porque del maltrato verbal, la procesada pasó a la agresión física contra una de sus subalternas (fls. 497 a 502, cdno. 4).

• Consultada la anterior providencia, el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa la revocó mediante acto de 18 de enero de 2011. A su juicio, resultaba innecesario mantener la medida por la existencia de un hecho superado: a la disciplinada le fue aceptada la renuncia al cargo a partir del 3 de enero de 2011, de manera que desaparecieron los supuestos fácticos y legales que sustentaban la suspensión provisional (fls. 65 a 70, cdno. ppal.).

• El apoderado de la investigada radicó un escrito solicitando la nulidad de los testimonios practicados por el despacho el 9 de diciembre de 2010, porque las declaraciones fueron rendidas sin que estuviese la procesada ni su defensor —este último había renunciado— (fls. 58 a 60, cdno. ppal.).

• El 20 de enero de 2011, el procurador regional del Quindío decretó la nulidad tanto de las citadas testimoniales, como del auto que había dispuesto el traslado para los alegatos de conclusión (fls. 61 a 63, cdno. ppal.). Lo anterior, a efectos de garantizarle todos los derechos a la disciplinada pues el mandatario judicial que la venía asistiendo presentó la renuncia al poder.

• A través de Resolución 0010 de 13 de abril de 2011, el procurador regional del Quindío sancionó en primera instancia a la señora Luz Stella Trujillo Cortés con destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años, al encontrarla responsable de la falta gravísima dolosa que previamente le había imputado (fls. 71 a 134, cdno. ppal.).

Expuso en síntesis los siguientes argumentos:

Los funcionarios de la Oficina de Registro de Calarcá (Quindío) manifestaron en las declaraciones rendidas en el curso de la investigación, que la disciplinada los acosaba laboralmente porque los trataba de “indios”, “trogloditas”, “descerebrados”, “mongólicos”, y “empíricos”; los presionaba; no tenían libertad de hablar por teléfono; siempre los intimidaba; no les daba permiso para almorzar ni para atender sus citas médicas; no tenía ningún tipo de consideración con ellos; no existía armonía en el trabajo ni cordialidad en el diálogo; se sentían permanentemente vigilados por su superior jerárquico que, además, confundía el tono de la voz con “la agresividad verbal”.

Las pruebas recaudadas demuestran que la señora Trujillo Cortés incurrió en acoso por maltrato y persecución laboral, y que tanto ella como su apoderado han denunciado reiteradamente a los quejosos, desconociendo así lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1010 de 2006, que prohíbe la retaliación.

La falta gravísima cometida por la investigada es típica en cuanto vulneró los derechos, deberes y prohibiciones previamente enumerados en el auto de formulación de cargos; es antijurídica (violó su deber funcional) y fue cometida a título de dolo.

El comportamiento que asumió generó en los quejosos una lesión en su salud mental, intimidad, libertad y honra, todo lo cual venía perpetuándose hasta que ellos reaccionaron y buscaron la intervención del nivel central y de la Procuraduría General de la Nación, a efectos de proteger sus derechos.

En lo que tiene que ver con la caducidad, precisó que el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, que establece que las acciones derivadas del acoso laboral caducan en el término de 6 meses después de la fecha de la conducta; opera frente a comportamientos de ejecución instantánea y, en el caso concreto, los actos de acoso laboral nunca se suspendieron en el tiempo, fueron reiterados y cotidianos. Con todo, aún vencidos los 6 meses para haberse iniciado la acción, ello no impide que la procuraduría asuma el proceso disciplinario, pero no por acoso laboral strictu sensu sino como un proceso ordinario, sujeto al término prescriptivo de 5 años establecido en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

En ese sentido, la Ley 1010 de 2006, al regular el tratamiento sancionatorio de la falta gravísima de acoso laboral, remite al Código Disciplinario Único.

• El apoderado de la sancionada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión. Al efecto, señaló que la forma del procedimiento adoptado para la configuración del fallo, no le permitía ejercer una eficiente sustentación del recurso, pues “el formato” se salió de los parámetros establecidos por la Procuraduría General de la Nación para la redacción de los fallos. Insistió en que la acción caducó y que el fallador de instancia confundió los fenómenos de caducidad y prescripción. Adujo que no hubo una adecuada valoración probatoria y que, pese a lo extenso de la decisión, la procuraduría no logró precisar cuáles fueron las conductas demostradas que tipifican el acoso laboral (fls. 734 a 746, cdno. 5).

• A través de proveído del 9 de septiembre de 2011, el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa resolvió el recurso de apelación y confirmó la sanción impuesta a la accionante (fls. 135 a 148, cdno. ppal.).

Para sustentar su decisión, manifestó:

La señora Trujillo Cortés incurrió en conductas de acoso laboral en los términos de los artículos 2º y 7º de la Ley 1010 de 2006, al emplear con sus subalternos palabras ultrajantes y soeces de manera pública y reiterada, con el ánimo de infundirles miedo, intimidación, terror y angustia, lo cual generó perjuicio laboral y desmotivación en el trabajo.

El “formato de fallo” adoptado por la Procuraduría General de la Nación, corresponde a un aspecto puramente formal que no tiene la capacidad para estructurar una nulidad. Si bien existen algunas guías orientadas a facilitar la labor del servidor público, estas no son de carácter obligatorio, porque lo importante es que cada providencia contenga los requisitos mínimos previstos en la Ley 734 de 2002.

No operó la caducidad de la acción porque la conducta fue continuada en el tiempo. Adicionalmente, cuando se presentaron las quejas, la falta seguía cometiéndose, por lo que el término de caducidad previsto en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006 no podía aplicarse a este caso. Y, en “(...) cuanto a que el funcionario instructor no tenga clara la diferencia entre caducidad y prescripción de la acción, ello en nada afectó el proceso disciplinario, razón por la cual este argumento de defensa en nada variaría la decisión tomada en primera instancia (...)”.

Si bien varias declaraciones se anularon por ausencia de defensa, no sucedió lo mismo con los documentos aportados por los declarantes: la legalidad de estos no se afectó con la nulidad de los testimonios, entre otras cosas porque la defensa los conoció y tuvo la oportunidad de contradecirlos y controvertirlos. Por esa razón tales documentales sí podían ser analizadas y valoradas.

Sí se apreciaron los testimonios que le resultaban favorables a la defensa, los cuales no desvirtuaron lo que acreditaban las demás pruebas, entre otras cosas porque fueron rendidos por personas que no tenían contacto cotidiano ni cercano con quienes laboraban en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Normativa aplicable al sub lite

En consideración a la fecha en la que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria, a la demandante le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 734 de 2002, sin las modificaciones que introdujo la Ley 1474 de 2011,(10) por no ser preexistentes a la falta imputada.

Está acreditado en el plenario que la señora Trujillo Cortés fue sancionada con fundamento en el artículo 23 del Código Disciplinario Único, según el cual “constituye falta disciplinaria, y por tanto da lugar a la acción, e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículos 28 del presente ordenamiento”.

En efecto, se demostró en sede administrativa que la demandante no solo vulneró disposiciones relacionadas con los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos, contenidas en la Ley 734 de 2002, sino que también desconoció lo previsto en la Ley 1010 de 2006, en tanto que con su proceder acosó laboralmente a sus subalternos.

Cabe anotar que la última de las Leyes citadas, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, también resulta aplicable a la demandante, si se considera el contenido del artículo 6º ibídem:

“Sujetos y ámbito de aplicación de la ley. Pueden ser sujetos activos o autores del acoso laboral:

(...)

— Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública

(...)”.

El artículo 2º de la misma normativa, define al acoso laboral como “(...) toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia al mismo (...)”. Agrega la disposición en cita que ese comportamiento admite modalidades como el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral.

A su turno, el artículo 4 ibídem prevé las causales de agravación del acoso laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Disciplinario Único para la graduación de las faltas.

De otro lado, el artículo 9º de la Ley en comento,(11) establece unas medidas preventivas que permiten a la víctima de acoso laboral poner la situación en conocimiento del inspector de trabajo, los inspectores municipales de policía, los personeros municipales o la Defensoría del Pueblo, a prevención; mediante denuncia escrita en la que se detallen los hechos y a la que se acompañe prueba sumaria de los mismos. Tales medidas incluyen también la solicitud a una institución de conciliación autorizada, con el fin de que amigablemente se supere la situación.

Adicionalmente, el artículo 10, regula el tratamiento sancionatorio del acoso laboral y señala que cuando este proviene de un funcionario del Estado, debe ser sancionado como falta disciplinaria gravísima en los términos del Código Disciplinario Único. El tenor literal de esa disposición es el siguiente:

“ART. 10.—Tratamiento sancionatorio al acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor público.

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador regido por el Código Sustantivo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.

4. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado, sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores.

5. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.

6. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.

PAR. 1º—Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se destinarán al presupuesto de la entidad pública cuya autoridad la imponga y podrá ser cobrada mediante la jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor.

PAR. 2º—Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por conductas constitutivas de acoso laboral, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, en los términos del artículo 157de la Ley 734 de 2002, siempre y cuando existan serios indicios de actitudes retaliatorias en contra de la posible víctima” (las negrillas son de la Sala).

A su turno, el artículo 12 ibídem preceptúa que cuando la víctima de acoso laboral es un servidor público, la competencia para conocer la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, según sea el caso. En el primer evento, el procedimiento a seguir es el previsto en la Ley 734 de 2002 (L. 1010/2006, art. 13, inc. 2º).

El caso concreto

• Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria.

Analizados los argumentos de cada una de las partes en el sub lite, la Sala precisa, en primer término, que el fenómeno jurídico de la caducidad difiere sustancialmente del de la prescripción.

El primero hace referencia al término que tiene el interesado para interponer las acciones que tenga a su alcance con el fin de buscar la protección de sus derechos, es decir, se predica del ejercicio del derecho de acción; mientras que la prescripción(12) es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, de acuerdo a las condiciones descritas en las disposiciones que para cada situación se dicten bien sea en materia adquisitiva o extintiva. Así lo ha considerado esta corporación en sentencias como la proferida el 26 de enero de 2012, dentro del Expediente 730012331000200700007-01(13).

En materia disciplinaria la prescripción se traduce en el término que tiene la Procuraduría General de la Nación o la entidad que ejerce la potestad disciplinaria, según el caso, para investigar y decidir sobre la responsabilidad del servidor público, so pena de que se extinga la posibilidad del Estado de ejercer el ius puniendi.

En efecto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 prevé que “la acción disciplinaria prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto (...)”(14).

En ese orden y de acuerdo con la jurisprudencia vigente sobre la materia,(15) dentro del plazo de 5 años la Procuraduría General de la Nación o la entidad respectiva, debe adelantar, concluir el proceso respectivo con decisión de mérito, y resolver los recursos que se interpongan contra la decisión. El vencimiento de ese lapso implica para el Estado la pérdida de la potestad de imponer sanciones.

En consideración a que en el presente caso son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, por tratarse de una conducta de acoso laboral, se destaca el contenido del artículo 18 ibídem, que establece un término de caducidad así:

las acciones derivadas del acoso laboral caducarán seis meses después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley” (las negrillas son de la Sala).

Siendo que la caducidad comporta el término dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, ya citado, hace referencia a la oportunidad procesal con la que cuentan las víctimas del acoso laboral para iniciar los trámites de carácter preventivo o sancionatorio con el fin de proteger sus derechos.

En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio que obra dentro del plenario, la Sala advierte que en este caso no operó ni la caducidad ni la prescripción, tal y como pasa a exponerse.

No hubo caducidad, porque no transcurrieron más de 6 meses desde la ocurrencia de los hechos hasta la formulación de las quejas de “acoso laboral”.

En el sub lite estádemostrado que desde el 14 de agosto de 2009 las víctimas del acoso laboral radicaron quejas contra la señora Luz Stella Trujillo Cortés ante el Superintendente de Notariado y Registro. Se acreditó igualmente que las mismas se referían al maltrato verbal y psicológico que recibían constantemente por parte de la aquí demandante.

De otro lado, se probó que el comportamiento de la señora Luz Stella Trujillo Cortés, con el que agredió a los funcionarios de la dependencia que dirigía, era reiterado y permanente, y se estaba presentando cuando las víctimas formularon sus reclamos, los cuales condujeron a la audiencia de conciliación entre las partes y, ante el fracaso de esta, a la apertura del proceso disciplinario.

En efecto, la conducta de la actora no se agotó con un solo acto sino con varios, que incluyeron no solo agresiones verbales sino también físicas, cometidos hasta que fue suspendida provisionalmente del cargo e incluso hasta que cesó en el ejercicio del mismo (ene./2011).

Lo anterior si se considera que el funcionario investigador encontró demostrado que la accionante y su apoderado tuvieron conductas de “retaliación” contra los quejosos, como la agresión física contra uno de ellos que, por lo demás, motivó la medida de suspensión provisional en el ejercicio del cargo contra la demandante, y dio origen a un proceso de carácter penal.

Así las cosas, como no transcurrió un lapso de 6 meses entre la ocurrencia de los hechos y las quejas presentadas por las víctimas de acoso laboral; las acciones preventivas y correctivas derivadas de esa conducta no caducaron, en los términos del artículo 18 de la Ley 1010 de 2006.

La acción disciplinaria no prescribió, porque la Procuraduría General de la Nación investigó, sancionó y resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión sancionatoria, dentro de los 5 años establecidos en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, considerando que se trató de una conducta permanente en el tiempo, que siguió presentándose incluso con posterioridad a la iniciación del proceso disciplinario.

A juicio de esta Sala, el término prescriptivo debe contarse desde el 3 de enero de 2011, día en el que la demandante cesó en el ejercicio de su cargo y, en consecuencia, finalizó el acoso laboral.

Comoquiera que la decisión sancionatoria de segunda instancia fue proferida el 9 de septiembre de 2011 y notificada el 28 de los mismos mes y año (fl. 150, cdno. ppal.), tampoco operó en este caso la prescripción de la acción disciplinaria.

• El contenido del auto de formulación de cargos

El artículo 163 de la Ley 734 de 2002, establece que la decisión mediante la cual se formulen los cargos debe contener:

“(...)

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales”.

Analizado el auto de formulación de cargos(16) proferido el 19 de octubre de 2010 por el procurador regional del Quindío, encuentra la Sala que el mismo cumple con todos los requisitos establecidos en la disposición citada, en tanto que el funcionario investigador describió y determinó la conducta investigada; indicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; precisó las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación; concretó la modalidad de la conducta (gravísima a título de dolo); señaló el cargo desempeñado por la procesada; analizó las pruebas que fundamentaron los cargos endilgados; expuso los criterios para determinar la gravedad de la falta; estableció la forma de la culpabilidad; y tuvo en cuenta los argumentos de la defensa.

No se advierte entonces vulneración al derecho al debido proceso en esta materia.

Con todo, la demandante no precisó cuál es el defecto que a su juicio vicia la legalidad del auto de formulación de cargos, y con ello incumplió el deber procesal que le asiste a todo demandante de estructurar razonadamente los argumentos que sustentan la causal de nulidad que invoca.

• La forma adoptada para proferir el fallo. Presunta vulneración al derecho a la defensa.

La señora Luz Stella Trujillo Cortés, cuestiona el “formato” que escogió la entidad demandada en la providencia que declaró su responsabilidad disciplinaria. Al efecto, adujo que el mismo es farragoso, extenso, repetitivo, y no le permitió visualizar las razones de la sanción, ni sustentar adecuadamente el recurso de apelación.

El artículo 170 de la Ley 734 de 2002, establece que los fallos disciplinarios deben ser motivados y que deben contener:

1. La identidad del investigado.

2. Un resumen de los hechos.

3. El análisis de las pruebas en que se basa.

4. El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas.

5. La fundamentación de la calificación de la falta.

6. El análisis de culpabilidad.

7. Las razones de la sanción o de la absolución, y

8. La exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte resolutiva”.

Visto el acto administrativo sancionatorio de primera instancia, encuentra la Sala que no le asiste la razón a la demandante, porque el mismo reúne los requisitos legales previamente trascritos, y no se advierte de su contenido irregularidad alguna que lo vicie de nulidad, ni con él se vulneró el derecho a la defensa.

Contario a lo que afirma la parte actora, las decisiones de la Procuraduría General de la Nación son motivadas, los funcionarios competentes incluyeron en ellas los argumentos que sustentan la sanción, el análisis de las pruebas, la determinación de la falta, el análisis de la culpabilidad, la modalidad de la conducta, las disposiciones violadas, y el concepto de la violación; quedando plenamente desvirtuados los argumentos de la defensa.

Llama la atención que el cargo que se analiza también fue expuesto por la señora Trujillo Cortés en sede administrativa, cuando interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, y fue resuelto acertadamente por la demandada al expresar que los formatos son apenas “guías” o directrices que facilitan la labor de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, sin que deban seguirse ciegamente, pues lo importante es que las decisiones cumplan con los requisitos legales y sean respetuosas del derecho al debido proceso, como en efecto ocurrió en el presente caso.

Con todo, no encuentra la Sala violación alguna al derecho a la defensa, porque en el fallo se analizaron y desvirtuaron los argumentos expuestos por la demandante, y la decisión estuvo ampliamente motivada en los términos del artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Adicionalmente, la accionante estuvo asistida de apoderado, tuvo la oportunidad de rendir descargos, de presentar y controvertir pruebas, de presentar sus alegatos de conclusión, de interponer recursos y de solicitar nulidades procesales para la defensa de sus derechos, como ocurrió por ejemplo con la petición de nulidad de los testimonios practicados el 9 de diciembre de 2010.

De otro lado, advierte la Subsección que lejos de fundamentar seria y razonadamente alguna de las causales de nulidad de los actos administrativos establecidas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, los argumentos de la accionante que cuestionan el “formato” empleado en el fallo, son más bien superficiales y no son suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a las decisiones sancionatorias.

Finalmente la Sala reitera que el control que ejerce esta jurisdicción respecto de las decisiones dictadas en ejercicio de la potestad disciplinaria no puede asimilarse a una tercera instancia de la actuación surtida en seda administrativa, en tanto que se trata de un control de legalidad de los actos sancionatorios, cuya nulidad no puede estructurarse a partir de cargos como el que se analiza en esta oportunidad.

• El principio de proporcionalidad.

Prevé el artículo 18 del Código Disciplinario Único, que “la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley”.

Comoquiera que en el proceso disciplinario adelantado contra la demandante se demostró que con su conducta vulneró disposiciones contenidas en la Ley de Acoso Laboral, la falta disciplinara es “gravísima”, en los términos del artículo 10 de la Ley 1010 de 2006.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación encontró acreditado que el proceder de la señora Trujillo Cortés fue doloso, porque dadas sus calidades profesionales ella era consciente de su actuar y “(...) nunca midió las consecuencias que con su actitud activa estaba generando en el grupo de trabajo” pese a que su alta experiencia con el Estado y las funciones propias del cargo, le permitían comprender la responsabilidad que tenía en el trato con el personal que estaba a su disposición, y con los usuarios.

Prevé el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que el servidor público que cometa una falta gravísima con dolo o culpa gravísima, debe ser sancionado con destitución e inhabilidad general. Ésta última puede oscilar entre 10 y 20 años en los términos del artículo 46 ibídem.

Con fundamento en esa normativa, la entidad demandada le impuso a la accionante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, toda vez que no tenía antecedentes disciplinarios ni fiscales.

De este modo, encuentra la Sala que tampoco se vulneró el principio de proporcionalidad, pues el correctivo impuesto a la accionante corresponde a la falta que cometió y se ajusta a la previsión contenida en el artículo 18 de la Ley 734 de 2002, ya citado, que establece el principio de proporcionalidad.

• Errores en el recaudo y la valoración probatoria.

Si bien la demandante afirma que la Procuraduría General de la Nación “no respetó la ritualidad probatoria” y desconoció los artículos 89, 90, 128 y siguientes de la Ley 734 de 2002; no sustentó adecuadamente el cargo ni señaló por qué fueron transgredidas tales disposiciones. Tampoco probó sus afirmaciones, por lo que desconoció la carga procesal establecida en el artículo 177 de Código de Procedimiento Civil aplicable a esta materia, según el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

La señora Trujillo Cortés señaló, además, que la entidad demandada tuvo en cuenta las pruebas practicadas en la diligencia de 9 de diciembre de 2010, la cual fue declarada nula.

Revisado el expediente y en particular el contenido de las decisiones sancionatorias, la Sala encuentra que tal afirmación no es cierta, porque las testimoniales anuladas —que obran a fls. 546 y ss., cdno. 4 del expediente—, se practicaron nuevamente en diligencia del 25 de febrero de 2011 con el lleno de los requisitos legales y con plena observancia de las garantías procesales (fls. 638 y ss., cdno. 5); y fueron posteriormente valoradas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El ente de control también consideró los medios de convicción favorables a la defensa, los cuales no lograron demostrar la ausencia de responsabilidad, sin que se haya acreditado que el análisis probatorio estuvo de algún modo parcializado o soslayado.

De este modo, el cargo que se estudia tampoco prospera.

• De las costas procesales.

En cuanto a la pretensión de la demandante, relativa a la condena en costas, se observa que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que la entidad accionada no observó una conducta temeraria ni negligente en el transcurso del proceso, como tampoco deslealtad con la parte accionante, que pudiera ameritar la imposición de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo(17).

De otro lado debe anotar la Sala que tampoco se demostró irregularidad en la medida de suspensión provisional, la cual se adoptó ante la probabilidad de que la procesada reiterara las conductas de acoso, considerando que se presentó un hecho de maltrato físico contra una de sus subalternas. Y, si bien surtida la consulta, la Procuraduría Segunda Delegada revocó la medida, se debe tener en cuenta que tal decisión fue apenas lógica porque la aquí demandante renunció a su cargo.

Finalmente, se precisa que no se encontró probada ninguna excepción. En consecuencia, la innominada propuesta por la Procuraduría General de la Nación, será desestimada.

De las anteriores consideraciones esta Subsección concluye que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos que demandó, ni se acreditó alguna causal que los vicie de nulidad, razón por la cual no pueden prosperar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE no probada la excepción propuesta por la entidad demandada.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por la señora Luz Stella Trujillo Cortés contra la Procuraduría General de la Nación, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y publíquese en los anales del Consejo de Estado. una vez ejecutoriada esta sentencia archívense las diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(8) Ver, entre otras, las siguientes sentencias, proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda: i) de 16 de mayo de 2012, demandante Carlos Augusto Giraldo (Nº interno 0967-2011), ii) de 2 de mayo de 2012, demandante: Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo ((Nº interno 1477 de 2011) iii) de 7 de febrero de 2013, demandante María Mercedes Guzmán Oliveros ((Nº interno 0833 de 2010) y iv), de 7 de febrero de 2013, demandante César Augusto Garzón Loaiza, ((Nº interno 2452 de 2010).

(9) Expediente 11001-03-25-000-2005-00012-00. Demandante: Fernando Londoño Hoyos. Consejero ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

(10) “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

(11) “ART. 9º—Medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.

1. Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo.

2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1º de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.

3. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el artículo 2º de la presente ley podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral.

PAR. 1º—“Parágrafo corregido por el artículo 1º del Decreto 231 de 2006. El nuevo texto es el siguiente”: Los empleadores deberán adaptar el reglamento de trabajo a los requerimientos de la presente ley, dentro de los tres (3) meses siguientes a su promulgación, y su incumplimiento será sancionado administrativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. El empleador deberá abrir un escenario para escuchar las opiniones de los trabajadores en la adaptación de que trata este parágrafo, sin que tales opiniones sean obligatorias y sin que eliminen el poder de subordinación laboral.

PAR. 2º—La omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma.

PAR. 3º—La denuncia a que se refiere el numeral 2º de este artículo podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible”.

(12) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de septiembre de 2010 (ya citada) dictada dentro del Expediente 1201 de 2008, actores: Marco Fidel Ramírez Yepes y Otros. Consejera ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(13) Nº interno 1608-2011. Demandante: Carlos Dussan Pulecio. Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(14) Cabe notar que esta disposición fue modificada por la Ley 1474 de 2011, la cual no resulta aplicable a este caso en consideración a la fecha en la que ocurrieron los hechos.

(15) Contenida en la sentencia de tutela de 19 de abril de 2013, proferida por el Consejo de Estado, la Sala de Conjueces revocó una decisión de la Sala Plena Contenciosa y acogió la tesis según la cual dentro del término de 5 años que establece la ley para la prescripción de la acción disciplinaria, la autoridad competente no solo debe tramitar la acción sino imponer la sanción, lo cual significa que los recursos interpuestos en sede administrativa deben estar resueltos y notificados dentro del referido límite temporal (Exp. 11001031500020100007600).

(16) Visible a folios 2 a 51 del cuaderno principal del expediente.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 1999, Expediente 10.775, Consejero ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque. Ver también la sentencia de 3 de noviembre de 2005, proferida por esta Subsección, con ponencia del Dr. Jesús María Lemos Bustamante, Radicación 66001-23-31-000-2001-00088-01(2797-03), actora: Mariluz Cardona Botero.