Sentencia 2012-00302/51499 de noviembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUB-SECCIÓN C

Rad.: 250002336000201200302 01 (51.499)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: A... G... M... y otros.

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Medio de control: Reparación directa.

Descriptor: Descriptor: Confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, por ausencia de daño antijurídico. Restrictor: Legitimación en la causa / Caducidad del medio de control de reparación directa / Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado / Profundización en los conceptos de daño y daño antijurídico - Noción de daño en su sentido general - Noción de daño antijurídico / El daño antijurídico en el evento de error judicial - El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Bogotá, D. C., veintisiete de noviembre del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones

La Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1. Legitimación en la causa; 2. Caducidad del medio de control de reparación directa; 3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 4. Profundización en los conceptos de daño y daño antijurídico; 4.1. Noción de daño en su sentido general; 4.2. Noción de daño antijurídico; 5. El daño antijurídico en los eventos de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 5.1. El daño antijurídico en el evento de error judicial; 5.2. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 6. Caso concreto; y 7. Condena en costas.

1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(30), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes A... G... M..., en su condición de víctima directa, y su núcleo familiar A... C... G... R...(31), A... M... G... R...(32), J... E... G... P...(33), J... J... G... P...(34) (hijos), E... M... G... M...(35), S... A... G... M...(36), S... M... G... M...(37) y O... M... G... M...(38) (hermanos), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se ventila fue de conocimiento de las Fiscalías Delegadas en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que las entidades demandadas se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.

2. Caducidad del medio de control de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 164 del C.P.A.C.A., que en su literal i) dispone que la acción de “reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(39) y el artículo 102(40) del C.P.A.C.A. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(41).

En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación penal adelantada en su contra mediante providencia que quedó ejecutoriada el 17 de junio de 2010 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 18 de junio de 2012.

Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 6 de junio de 2012 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2012 y se declaró fracasada por la inasistencia de la parte demandada, según se observa en el acta suscrita ese mismo día(42).

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 92 días de manera que su vencimiento se corrió hasta el 18 de septiembre de 2012 y la demanda fue presentada el 10 de septiembre del mismo año, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el literal i) del artículo 164 del C.P.A.C.A.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(43).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto, según lo determine el juez con fundamento en el principio iura novit curia(44).

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(45) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

En conclusión, para que se configure la responsabilidad del Estado, debe valorarse primero el daño y sólo en el evento de haberse acreditado habrá de seguirse al juicio de imputación.

4. Profundización en los conceptos de daño y daño antijurídico en los eventos de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Daña que deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:

“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: “Donde no hay interés, no hay acción”. Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser “legítimo y jurídicamente protegido” […]”(46).

Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(47). Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(48)-(49), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:

“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”(50).

De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio.

Adicionalmente, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece.

Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.

En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(51).

4.1. El daño antijurídico en el evento de error judicial.

En este sentido, se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(52). (Subrayado fuera de texto)

Así las cosas, para que proceda el juicio de responsabilidad por error judicial se requiere que dicho error se halle contenido en una decisión judicial que ponga fin al proceso y se encuentre en firme.

4.2. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(53).

Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(54). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(55).

Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”(56).

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(57).

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(58).

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(59).

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas”. De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(60).

En el punto específico de dilación injustificada de los términos judiciales la misma Corte Constitucional ha determinado que el incumplimiento de éstos no constituye per se una vulneración al debido proceso, pues los términos no son un fin en sí mismos, se debe entonces analizar la complejidad del asunto, la existencia de situaciones imprevisibles ocurridas en el caso concreto.(61)

Ahora bien, por su parte esta corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(62).

Desde la perspectiva de la convencionalidad, la Corte Interamericana de derechos humanos, ha determinado, a propósito de los plazos razonables para adelantar los procesos judiciales que:

“… el derecho de acceso a la justicia requiere que los hechos investigados en un proceso penal sean resueltos en un plazo razonable, toda vez que una demora prolongada puede llegar a constituir, en ciertos casos, por sí misma, una violación de las garantías judiciales(63). El plazo razonable, al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicta sentencia definitiva(64). Del mismo modo, la Corte ha establecido que la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable(65). Adicionalmente, este tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar la razonabilidad de un plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso(66). La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto(67).

6. En relación al primer elemento, este tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra i) la complejidad de la prueba(68); ii) la pluralidad de sujetos procesales(69) o la cantidad de víctimas(70); iii) el tiempo transcurrido desde la violación(71); iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna(72), y v) el contexto en el que ocurrieron los hechos(73). En relación con segundo elemento, es decir con la actividad procesal del interesado, la Corte ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles(74). En cuanto al tercer elemento, es decir la conducta de las autoridades judiciales, la Corte ha entendido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo(75). En relación con el cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso”(76).

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales [distintas de la decisión final] necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(77), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(78). Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(79).

Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirma que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(80) que la victima de las mismas no está llamada a soportar”(81).

6. Caso concreto.

La Sala observa que la parte actora en el libelo demandatorio solicitó:

“(...) Que la Nación Colombiana - Fiscalía General de la Nación acepte su responsabilidad administrativa por los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante), morales y alteración a las condiciones de existencia causados al suscrito A... G... M... y los perjuicios morales ocasionados a mis hijos A... C... G... R... (menor de edad), A... M... G... R..., J... E... G... P..., J... J... G... P... y mis hermanos E... M... G... M..., S... A... G... M..., S... M... G... M... y O... M... G... M..., como consecuencia de la injusta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural proferida el 27 de junio de 2007 en mi contra por la Fiscalía 13 de la Unidad Nacional contra el secuestro y la extorsión por los punibles de rebelión, concierto para delinquir, extorsión, dentro del proceso penal con radicación inicialXXX y posteriormenteXXX hasta el 08 de junio del año 2010 cuando la Fiscalía 253 Seccional de la Unidad de libertad y otras garantías y otros (sic) dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá al calificar el mérito del sumario resolvió precluir a mi favor dicho proceso penal, y con ello se dispuso la cancelación de la orden de captura Nº XXX cancelada efectivamente el día 08 de junio del año 2010”. (Subrayado fuera de texto)

En este sentido, la parte actora pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de la medida de aseguramiento impuesta por el ente juzgador en contra de A... G... M... como presunto autor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión.

No obstante, a Sala observa que la parte actora en el acápite de hechos de la demanda sostuvo:

“(…) Décimo: La falla del servicio por error judicial, de (sic) evidencia en tres momentos, el primero con la expedición de la orden de captura, el segundo la tardanza para mi vinculación como persona ausente y tercero la duración de un proceso penal que tardó seis (06) años – con una orden de captura vigente en mi contra y precluye con las mismas pruebas de cargo con las que se me inició la investigación penal” (Subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior y realizando una lectura completa de la demanda, la Sala encuentra que la parte demandante pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad demandada por los daños y perjuicios causados en virtud de un error judicial y un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los cuales se proceden a estudiar de conformidad con los siguientes hechos probados:

6.1. Hechos probados.

1. Al respecto, se encuentra acreditado con los informes de inteligencia Nº 026(82) y 074(83) rendidos los días 16 de febrero y 1º de marzo de 2004 por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación, que el proceso penal adelantado en contra de A... G... M... y otros como presuntos coautores inicialmente de los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir tuvo su génesis en la información suministrada por una “fuente anónima” la cual puso en conocimiento de las autoridades las actividades delictivas realizadas por el frente 42 de las FARC “Manuel Cepeda”, conformado por 12 personas, entre ellas el actor y quienes se dedicaban a cumplir funciones específicas de extorsión, secuestro y asesinatos selectivos en Bogotá y la región del Tequendama.

Ahora bien, en los informes dichos se hace mención específica a:

— Las labores de inteligencia realizadas por el cuerpo técnico que “señalan que los sujetos conocidos con el alias de “JUANCHO y MARCOS” supuestos cabecillas de la comisión de finanzas del frente 42 de las FARC - EP “Manuel Cepeda Vargas”, se contactan en la ciudad de Bogotá DC con un individuo de nombre A… G…”.

— El testigo A… S… O… señaló conocer a C… A…, presunto integrante del frente 42 de las FARC y además señaló que “C… A… se reúne en la ciudad de Bogotá con los cabecillas de la comisión de finanzas del frente 42 “Manuel Cepeda Vargas” alias Juancho; alias Marcos y el supuesto abogado A… G… M…”.

2. Con fundamento en lo anterior, el 11 de marzo de 2004 la Fiscalía 286 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito profirió resolución de apertura de instrucción contra el actor, y otros, como presuntos coautores de los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir y ordenó su vinculación al proceso mediante indagatoria, razón por la cual resolvió librar en contra de los mencionados la correspondiente orden de captura(84).

Como fundamento de su decisión el ente investigador sostuvo que “conocida la noticia criminal, esta Delegada dispuso la recepción de varias diligencias de declaración de personas que conocen el actuar, proceder de los sujetos que como milicia labora para las FARC - EP y que en la actualidad forman parte del plan de reinserción del gobierno nacional. Estas declaraciones en sentir de este despacho ofrecen por el momento serios motivos de credibilidad ya que son claras, contundentes e indicativas de que son conocedoras del tema sobre el cual son interrogados, dan a conocer la estructura de la organización a la que pertenecieron lo cual brinda en este estadio procesal cierta seguridad”.

2.1. En este sentido, la Sala observa que obra en el plenario la orden de captura XXX(85) emitida el 11 de marzo de 2004(86) por el ente investigador en contra de A... G... M... con el fin de que rindiera diligencia de indagatoria.

3. Ahora bien, una vez abierta la instrucción penal en contra del actor como presunto autor de los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir y previo a resolver su situación jurídica, se realizaron las siguientes actuaciones en el plenario:

— El 11 de marzo de 2004 el ente investigador ordenó efectuar diligencia de registro y/o allanamiento(87) en los inmuebles en los que residían los implicados, entre ellos el del actor el cual se encontraba ubicado en la calle XXX - 31 bloque 4 apartamento 113 conjunto XXX en el que se encuentra la residencia de A... G... M...

Lo anterior, con el fin de incautar armas, municiones, explosivos, propaganda subversiva y materializar la orden de captura que antecede.

En virtud de lo anterior, el 12 de marzo de 2004 se llevó a cabo las diligencias de allanamiento y registro en las viviendas de los investigados(88), entre ellos en la del actor, en donde no se encontró evidencia alguna que incriminara al actor, ni se pudo materializar la orden de captura, por cuanto el demandante no se encontraba en su residencia(89).

— Los días 12(90) y 13(91) de marzo de 2004 se hicieron efectivas las capturas de los implicados en el proceso penal de la referencia, salvo la del demandante.

— Los días 16(92), 17(93) y 18(94) de marzo de 2004 los implicados dentro del sumario rindieron indagatoria, salvo el actor.

— A continuación, el 18 de marzo de 2004(95) el proceso penal adelantado en contra del actor fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra la Extorsión y el Secuestro.

— Ahora bien, pese a que no fue posible la captura del demandante y que éste tampoco se presentó voluntariamente a rendir indagatoria, el 18 de marzo de 2004 A... G... M... asignó como apoderado judicial al abogado L… A… L… del V…(96).

— Igualmente, obra en el plenario un oficio sin fecha suscrito por el demandante por medio del cual le hizo llegar al ente investigador una serie de oficios suscritos por personas que aducían conocerlo y que daban fe de su conducta profesional y personal y solicitó se hicieran comparecer al proceso penal(97).

El 14 de julio de 2004 A... G... M... le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión que se le vinculara al proceso penal mediante la declaratoria de persona ausente ya que por razones de seguridad no le era posible entregarse a las autoridades(98).

En este sentido, la Sala anota que obran en el plenario los oficios presentados los días 14(99) y 19(100) de abril de 2004 por el señor A... G... ante la Procuraduría General de la Nación - Oficina de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior respectivamente, por medio de los cuales el demandante le solicitó a las entidades en cita que se le brindara protección, ya que desde el 12 de marzo de 2004, fecha en que se llevó a cabo la diligencia de allanamiento y registro de su vivienda, él y su familia eran objeto de amenazas y persecución por parte unos reinsertados de las FARC.

— El 27 de julio de 2004 A... G... le concedió poder a C... L... R... con el fin de que representara sus intereses dentro del proceso penal adelantado en su contra(101).

— El 6 de agosto de 2004(102) la apoderada de A... G... le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión que se le reconociera “personería jurídica para actuar dentro del proceso como defensora del señor A... G..., toda vez que si bien es cierto este no ha sido vinculado al proceso como persona ausente, ni mediante indagatoria no es menos cierto que a este se le han realizado algunas imputaciones en su contra y este despacho libró orden de captura en contra del mismo”.

— El 23 de agosto de 2004(103) la apoderada judicial de A... G... le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión el envío de la investigación penal de la referencia a la Fiscalía Seccional competente para conocer la misma por cuanto:

“Tenemos conocimiento que la investigación de la referencia se adelanta por los punibles de rebelión y concierto para delinquir (sic), lo que en principio daría competencia funcional a la Fiscalía Especializada para conocer de la presente investigación, sin embargo, también conocemos que las imputaciones que se realizan al señor A... G... son por el delito de rebelión, delito que según la ley procesal colombiana no es de competencia funcional de su despacho”.

No obstante, la Sala anota que pese a la solicitud elevada por el actor, el proceso penal lo siguió conociendo la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión.

— Ahora bien, el 9 de septiembre de 2004(104) el Ministerio Público presentó concepto dentro de la investigación penal en el que consideró que “comoquiera que el ciudadano A... G... M... está plenamente identificado, contra el mismo militan serias imputaciones dentro del paginario y a la fecha no se ha hecho efectiva la orden de captura emitida en detrimento suyo (sic), dar aplicación al canon 344(105) de la codificación penal adjetiva”.

A continuación y previo a vincular al actor en calidad de persona ausente al proceso penal adelantado en su contra, el 5 de noviembre de 2004 el ente investigador dispuso emplazar a A... G...(106).

— Acto seguido, el 18 de noviembre de 2004(107) la apoderada judicial del demandante le solicitó al ente investigador que se pronuncie frente a las peticiones presentadas el 23 de agosto y 22 de octubre de 2004. Esta última petición no obra en el plenario.

Finalmente, el ente investigador mediante resolución del 20 de diciembre de 2004(108) resolvió vincular al proceso penal, mediante declaratoria de persona ausente, al sindicado A... G... M...

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Se observa en estas diligencias que no fue posible que el señor A... G... M... concurriera a rendir indagatoria, se le profirió orden de captura y en este momento se hace necesario, siguiendo el procedimiento legal dar ampliación al artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, por lo que será declarado persona ausente y se le nombrará un defensor para que lo represente en aras de garantizar este derecho.

Lo anterior toda vez que la codificación adjetiva penal ha previsto como accesoria la vinculación mediante declaratoria de persona ausente, reglada en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, cuando hayan transcurrido diez (10) días, contados a partir de la fecha de emisión de la orden de captura a las autoridades de policía judicial, sin que hubiere logrado la comparecencia del sindicado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el término anteriormente referido se encuentra más que vencido a la fecha, y comoquiera que la presente decisión satisface cabalmente los presupuestos legales que este instituto procesal exige; deviene ineludible la declaratoria de persona ausente del sindicado A... G..., quien ha sido plenamente identificado y obran probanzas suficientes en su contra que comprometen seriamente su responsabilidad penal en el injusto investigado”.

— Seguidamente, el 3 de febrero de 2005(109) la apoderada judicial de A... G... M... le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el secuestro y la Extorsión, la práctica de 5 testimonios con los cuales se pretendía demostrar la conducta laboral, social del actor y las amenazas de las que fue objeto con ocasión del proceso penal adelantado en su contra. Petición que fue atendida por el ente investigador mediante resolución del 23 de febrero de 2005(110).

— Igualmente, la Sala observa que la parte demandante presentó escrito de tutela(111) ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sin fecha en el que solicitó el amparo de sus derechos a la defensa, el debido proceso y el principio de la investigación integral, vulnerados por la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión dentro del proceso penal adelantado en su contra.

Al efecto, el actor sostuvo en aquella oportunidad:

“(…) 3. Se me hizo un llamado mediante una resolución para escucharme en indagatoria, no lo he hecho temiendo por mi vida porque considero que no han existido ni existen las garantías constitucionales para que se me respete un debido proceso y un derecho a la defensa, prueba de ello encontramos en el expediente que se dio cumplimiento al art. 344 del Código de Procedimiento Penal, pero la Fiscalía no tuvo en cuenta ordenar las pruebas y ni siquiera en este momento ha ordenado para tener esa oportunidad de defenderme y desvirtuar todas las falsas endilgaciones hechas por esos delincuentes en contra de una persona que lo único que ha hecho es servirle a la sociedad y a la justicia. Es por esto que pido que se me den las garantías constitucionales para poder ejercer el derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, a pesar de que mi apoderada Doctora C... L... R... V…, en varias oportunidades ha solicitado que se ordenen pruebas testimoniales, llamados a declarar a los mentirosos señores A… D… B… L…, P… E… B… F…, A… S… O…, J… C… M… L…, para ejercer el derecho de contradicción de la prueba (…)”.

— A continuación, el 25 de febrero de 2005(112) la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión le dio respuesta al escrito de tutela presentado por el actor en el sentido de sostener que en el proceso penal en cuestión no se presentó ninguna irregularidad que le vulnerara al accionante los derechos fundamentales aludidos por el actor “pues por el contrario las otras ocho personas que fueron denunciadas simultáneamente con él, se encuentran privadas de la libertad”.

Pese a lo anterior, la Sala observa que no obra en el plenario prueba alguna de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la tutela incoada por el actor. 

— Acto seguido, el 23 de marzo de 2005(113) el ente investigador dejó constancia que la práctica de las pruebas testimoniales decretadas mediante providencia del 23 de febrero de ese año no se pudieron llevar a cabo debido a que los citados no comparecieron a rendir declaración.

— En virtud de lo anterior, los días 4(114) y 8(115) de abril de 2005 el demandante le solicitó al ente investigador “se sirva fijar nueva fecha” para llevar a cabo la recepción de los testimonios decretados mediante providencia del 23 de febrero de 2005; y se ordenara citar a los reinsertados del grupo subversivo de las FARC con el fin de que rindieran declaración y controvertir su dicho.

— El 22 de abril de 2005 el demandante le otorgó poder judicial a F… F… B… con el fin de que representara sus intereses dentro del proceso penal en cuestión(116).

— Igualmente en la fecha en comento, el apoderado judicial del actor le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, la fijación de una nueva fecha para recepcionar los testimonios solicitados por el actor en abril de 2005 y los decretados mediante providencia del 23 de febrero de 2005(117).

— En virtud de lo anterior, el día 28 de abril de 2005 ante la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión se recepcionó uno de los testimonios solicitados por el demandante(118).

— A continuación, los días 5(119) y 6(120) de mayo de 2005 nuevamente el actor le solicitó al ente investigador que se señale nueva fecha para la práctica de las pruebas testimoniales faltantes por recepcionar, los cuales según su dicho no se practicaron en la fecha que antecede debido a que los “telegramas no habían alcanzado a ser enviados”.

Estas solicitudes fueron reiteradas por el actor mediante escrito del 8 de junio de 2005(121) en el que manifestó que a la fecha los testimonios no se habían podido recepcionar por “circunstancias ajenas a la defensa”.

— Así, mediante providencia del 26 de julio de 2005(122) el ente investigador señaló los días 8 y 11 de agosto de esa anualidad para llevar a cabo la recepción de la prueba testimonial solicitada por la defensa técnica del actor.

En virtud de lo anterior, los días 8 y 17 de agosto de 2005(123) la Fiscalía recepcionó los testimonios solicitados por la parte actora.

En este sentido, la Sala encuentra demostrado que la Fiscalía atendió dentro de la oportunidad procesal los requerimientos probatorios solicitados por A... G... M... 

— Acto seguido, el 28 de septiembre de 2005(124) la parte demandante le solicitó a la Fiscalía 13 Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, resolver su situación jurídica ya que a la fecha habían transcurrido más de 18 meses sin que se le hubiese resuelto su situación.

No obstante, no obra en el plenario prueba alguna de la respuesta otorgada por el ente investigador a la petición que antecede. 

— A continuación, el 24 de marzo de 2006 A... G... le revocó el poder a su apoderado judicial, debido a que le era imposible pagar sus honorarios profesionales(125).

— En virtud de lo anterior, el 31 de marzo de 2006 el actor le otorgó poder a una defensora pública con el fin de que representara sus intereses dentro del proceso penal(126).

— El 28 de abril de 2006(127) la defensora pública del actor le solicitó a la Fiscalía, la práctica de nuevos testimonios, tendientes a demostrar la situación económica de A... G... y los hechos materia de investigación penal. Petición reiterada por el actor mediante escrito del 28 de agosto de 2006(128).

— En virtud de lo anterior, el 29 de agosto de 2006(129) la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión resolvió señalar los días 20 y 21 de septiembre de 2006 como fecha para llevar a cabo la recepción de los testimonios, ya que a la fecha no habían sido practicados por “causas ajenas al despacho”.

— El 8 de septiembre de 2006 la defensora pública del actor le solicitó al ente investigador que decretara la práctica de uno de los testimonios solicitados en abril de 2006 y el cual por error no fue decretado en el auto que antecede(130).

— Así, los días 20, 21 y 23 de septiembre de 2006 la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión recepcionó los testimonios solicitados por la parte actora(131).

Nótese entonces que la totalidad de las solicitudes probatorias elevadas por la defensa del actor fueron atendidas por el ente investigador dentro de los términos procesales. 

— A continuación, el 8 de noviembre de 2006(132) nuevamente la defensora pública del actor le solicitó al ente investigador “resolver la situación jurídica del señor A... G... M...”.

4. En virtud de lo anterior, el 27 de junio de 2007 la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión resolvió la situación jurídica de A... G... M... en el siguiente sentido(133):

“NUMERAL PRIMERO: Proferir como medida de aseguramiento la detención preventiva sin libertad provisional en contra de A... G... M... como presunto responsable del delito de rebelión a título de coautor.

NUMERAL SEGUNDO: Reitérese la orden de captura emitida en su contra”.

Como fundamento de su decisión, el ente investigador manifestó:

1. En cuanto al concurso de los delitos de rebelión y concierto para delinquir:

“Jurídicamente no es posible adecuar un mismo comportamiento dentro de los tipos penales se repelen, no son compatibles, jamás podrán ir juntos, por lo que enmarcamos la conducta investigada del señor G… dentro de la descripción del tipo penal de rebelión”.

2. Con relación a la procedencia de la medida de aseguramiento en contra del actor:

“De los informes rendidos por el cuerpo técnico de investigación y de los testimonios recibidos [P… B… F…, J… V… M…, J… C… M… L…, A… S… O…- reinsertados del grupo subversivo de las FARC], el despacho encuentra que todas las personas que fueron vinculadas a esta investigación, entre ellos en su condición de persona ausente, A... G... M... mantenían relación directa con la comisión de finanzas M… C… V… del Frente 42 de las FARC, concertándose específicamente para atentados contra el patrimonio económico y la libertad de las personas.

(…)

Además obra en contra de A... G..., la sindicación que le fue hecha por A… S… O… quien refirió que conoce a C… A… presunto integrante de la comisión de finanzas del frente 42 de las FARC - EP M… C… V…, dedicado al tráfico ilegal de municiones, uniformes de uso privativo y explosivos hacia los municipios de Viota, Silvania y Fusagasugá con destino a miembros de dicho frente y A… N…, sujeto que se reunía en Bogotá con alias Juancho, alias Marcos y el supuesto abogado A… para ultimar detalles sobre sus actos delictivos.

(…)

Además consta en el expediente que el reinsertado A... D... B... L... al preguntársele por el conocimiento que tuviera de las milicias urbanas de la capital manifestó que los integrantes eran C… A…, A... G..., alias el “Boyaco” y alias “Juancho”.

(…)

Todo ello para significar que en verdad las aserciones esgrimidas bajo la gravedad de juramento de los testimoniales por ahora son atendibles para la Fiscalía como prueba de cargo contra A... G... M... siendo fundamento idóneo para imponer medida de aseguramiento en su contra”.

La presente providencia cobró ejecutoria el 27 de julio de 2007(134).

Ahora bien, una vez le fue resuelta la situación jurídica al actor, el 25 de julio de 2007 la defensora pública de A... G... le solicitó al ente investigador la remisión del proceso penal a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito(135). Petición que fue atendida por la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión mediante providencia del 27 de julio de 2007 en la que ordenó la remisión del proceso penal a la Oficina de Asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, teniendo en cuenta que eran los competentes para conocer del ilícito en mención(136).

5. En virtud de lo anterior, el proceso penal fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 253 Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá en razón a que el actor se encontraba siendo investigado por un delito de su competencia – rebelión, ante la cual se surtieron las siguientes actuaciones:

— El 28 de enero de 2009 la defensora pública del actor le solicitó al ente investigador el cierre de la investigación teniendo en cuenta que “ya está recaudada toda la prueba necesaria y ha transcurrido el término legal para ello”(137).

— El 21 de julio de 2009(138) el apoderado – F… F… B… asumió de nuevo la defensa del actor y le solicitó al ente investigador que “se sirva decretar la prescripción de la acción penal” que se adelantaba en contra de A... G... por cuanto consideró:

“Necesario es precisar, para la petición que nos convoca que si bien es cierto la investigación como ya tuve oportunidad de anotarlo se inicia con el informe presentado por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones de fecha 16 de febrero de 2004; no es menos cierto que el conocimiento de la supuesta militancia del señor A... G... M... datan del año 2001, si se toma en consideración que el informe antes referido establece que quien suministra el nombre de algunos de los supuestos integrantes de la Comisión de Finanzas “Manuel Cepeda Vargas” del frente 42 de las FARC es el señor J… V…, quien según sus propios dichos, es desmovilizado desde el mes de julio de 2002 del frente 31 de las FARC, que opera en los Llanos, habiendo ingresado al mismo en el año 2001 en condición de miliciano”.

No obstante, la petición que antecede no fue atendida por el ente investigador por cuanto el abogado F… F… no tenía poder para actuar en el proceso, según consta en la resolución emitida por la entidad demandada el 24 de agosto de 2009(139).

— En virtud de lo anterior, el 19 de noviembre de 2009 nuevamente el apoderado del actor presentó el poder pertinente para actuar y la solicitud de prescripción de la acción penal que antecede(140).

— Sin embargo, previo a resolver la petición que antecede, el 25 de noviembre de 2009(141) Fiscalía 253 Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá ordenó “declarar el cierre de instrucción dentro del proceso seguido contra A... G... M... por el delito de rebelión” y le corrió traslado a las partes con el fin de que presentaran sus alegatos de conclusión. Oportunidad que fue aprovechada por el actor(142).

6. Ahora bien, una vez agotada la etapa de alegatos de conclusión, la Fiscalía 253 Seccional ante los juzgados penales del circuito conoció del proceso, entró a calificar el sumario y mediante resolución del 8 de junio de 2010 resolvió(143):

“PRIMERO: Proferir resolución de preclusión a favor del señor A... G... M..., como presunto coautor material del delito de rebelión, de acuerdo con las consideraciones precedentes.

SEGUNDO: Cancélese la orden de captura librada por la Fiscalía 286 Seccional de la Unidad de Reacción Inmediata URI - Centro en contra del señor G… M…”.

Como fundamento de su decisión, el ente investigador consideró:

“(…) Tenemos que presentan algunas inconsistencias, el reinsertado P… E… B… F… no menciona en su exposición al señor G… M…, se limita a mencionar de las presuntas actividades delictivas que desarrolla en el frente 42 un abogado a quien distingue como C… C…, sin que se haya precisado que se trataba del señor A... G..., la sola actividad de abogado y la escasa descripción física de la persona a quien él conoce, no nos conduce a que estemos hablando del aquí procesado A... G... M...

Llama la atención del despacho del conocimiento que dice tener el declarante B… F…, respecto del procesado, si cuando el mismo en su intervención señala al preguntársele cuáles fueron sus funciones que como guerrillero del frente 42 de las FARC realizaba, siendo enfático en afirmar “de base siempre, pagar guardia, ranchando, haciendo huecos nada más”, frente a esta afirmación nos preguntamos si desde esa posición de simple rebelde dedicado a menesteres bajos del grupo insurgente podía tener su amplio conocimiento frente a lo que se desarrollaba al interior del frente insurgente?

(…)

A su vez, J… V… M… - Reinsertado de las FARC sostuvo “respecto del abogado G… M…, indica en primera instancia nombres completos de éste y dirección exacta donde tiene su oficina profesional como abogado; que era con esta persona con quien se reunían para definir la compra de armas y explosivos, además de coordinar cualquier información que le llegaba a C… sobre posibles secuestros, señala además que le consta que el abogado tiene relación directa con los cabecillas del frente 42, Antonio Nariño y con personal del secretariado, en especial con C… A… L…, con quien se comunica a través del teléfono con contacto que le envía a la oficina mediante visitas que él hace a los campamentos, esta es la percepción directa que el declarante dice tener del proceso y sus vínculos con las FARC, pero en su larga exposición no menciona cómo percibió toda esta información, ya que como muy bien lo ha expuesto el declarante su función dentro de las FARC, era la de ser miliciano; de otro lado tenemos que en su declaración visible a folio 19 del C.O parte intra señala “(…) yo entré dos o tres ocasiones a la oficina de A... G... M... (…)” (subrayado fuera de texto) y en su misma exposición a folio 22 del mismo cuaderno parte superior señaló: (…) A... G... M... le conocí el nombre propio porque C…, en una ocasión me llevó a la oficina y (…)”. (Subrayado fuera de texto).

Entonces nace la duda, cuantas veces estuvo V… M… en la oficina de G… M… fueron dos o tres veces como indica inicialmente en su declaración o una como lo señala en parte final de la misma; y si esto fue así, cómo se enteró en tan poco tiempo en su militancia en el grupo rebelde de todas estas actividades que dice realizaba el abogado G...

(…)

Todas estas dudas nos llevan a establecer que no existe material probatorio suficiente para que en esta instancia se proceda a proferir una resolución acusatoria contra el aquí procesado”.

La anterior decisión quedó ejecutoriada el 17 de junio de 2010(144).

7. Finalmente, en virtud de la decisión que antecede el 8 de junio de 2010 el ente investigador canceló la orden de captura Nº XXX emitida en contra del actor como presunto coautor del delito de rebelión(145).

6.2. El daño ocasionado a los demandantes con la imposición de la medida de aseguramiento en contra de A... G... M...

La Sala observa que la parte demandante pretende que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación “por la injusta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural” por cuanto consideró que la misma fue impuesta sin el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos–.

En el caso de autos, la Sala encuentra que no se configura el daño antijurídico alegado por los demandantes, derivado de la imposición de la medida de aseguramiento en contra del actor nunca se materializó, de modo que no hubo privación injusta de la libertad y la medida se impuso de conformidad con los requisitos legales previstos en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000.

En este sentido, la Sala recuerda que la sola imposición de la medida de aseguramiento per se no configura un daño antijurídico sino que éste sólo tiene lugar cuando la misma se ha materializado en la privación injusta de la libertad.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la sola imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor, con base en la cual la parte demandante pretende la declaratoria de responsabilidad administrativa de la entidad demandada, no puede ser valorada como hecho generador de un daño antijurídico toda vez que la misma nunca se materializó, pues como quedó demostrado en el plenario el actor nunca estuvo privado de la libertad dentro del proceso penal adelantado en su contra como presunto coautor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión.

Ahora bien, en sede de discusión debe preverse que tampoco existe la falla alegada por el actor, como se procede a explicar.

Al respecto, la Sala encuentra demostrado que el 27 de junio de 2010 la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor como coautor del delito de rebelión(146).

Asimismo, la Sala observa que el actor refiere en la demanda que el ente investigador profirió la medida de aseguramiento en su contra en contravía de los requisitos legales establecidos en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000 - Código de Procedimiento Penal, ya que se ordenó con fundamento en el dicho de P… E… B… F…, J… V… M… y A... D... B... L... (desmovilizados del grupo subversivo de las FARC) los cuales eran contradictorios entre sí.

A la sazón, se encuentra demostrado que el ente investigador fundamentó la imposición de la medida de aseguramiento en los siguientes medios probatorios:

1. Informes rendidos por el cuerpo técnico de investigación y de los testimonios recibidos a P… B… F…, J… V… M…, J… C… M… L…, A… S… O… reinsertados del grupo subversivo de las FARC, de los cuales se infirió que A... G... M... mantenían relación directa con el Frente 42 de las FARC, concertándose específicamente para atentados contra el patrimonio económico y la libertad de las personas.

2. La sindicación hecha por “A… S… O… quien refirió que conoce a C… A… presunto integrante de la comisión de finanzas del frente 42 de las FARC - EP Manuel Cepeda Vargas, dedicado al tráfico ilegal de municiones, uniformes de uso privativo y explosivos hacia los municipios de Viota, Silvania y Fusagasugá con destino a miembros de dicho frente y Antonio Nariño, sujeto que se reunía en Bogotá con alias Juancho, alias Marcos y el supuesto abogado A… para ultimar detalles sobre sus actos delictivos”.

3. La declaración rendida por el reinsertado A... D... B... L... quien “al preguntársele por el conocimiento que tuviera de las milicias urbanas de la capital manifestó que los integrantes eran C… A…, A... G..., alias el “Boyaco” y alias “Juancho”.

Nótese entonces que el ente investigador no sólo tuvo en cuenta a la hora de resolver la situación jurídica del actor, las declaraciones rendidas por P… E… B… F…, J… V… M… y A... D... B... L... (reinsertados de las FARC) que el actor tacha de contradictorias, sino otros medios probatorios, tales como los informes emitidos por el cuerpo técnico de la Fiscalía, las declaraciones rendidas por J… C… M… L… y A… S… O… (reinsertados de las FARC) .

Así las cosas, la Sala encuentra que el ente investigador contaba con los indicios suficientes para imponer la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor, esto es, contaba con los informes y declaraciones de otros reinsertados de las FARC diferentes a los que el actor tacha de contradictorios.

En este orden de ideas, la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía en contra del actor, cumplía con los requisitos señalados en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos– que establecía que la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso”.

Aunado a lo anterior, la Sala considera que el demandante contaba con los recursos de ley para impugnar la decisión que antecede, no obstante se encuentra que dicha decisión no fue impugnada por parte del actor y que la misma cobró ejecutoria el día 27 de julio de 2007(147).

En este sentido, la Sala anota que no es de recibo el argumento esgrimido por el actor con relación a la no interposición del recurso de apelación en contra de la decisión que antecede, consistente en que se encontraba vigente una orden de captura en su contra, por cuanto está demostrado que pese a la orden de captura expedida en su contra, el demandante le otorgó poder a un abogado para que ejerciera su defensa en el proceso penal y solicitó pruebas al ente investigador con las cuales pretendía demostrar su inocencia, razón por la cual no se encontraba impedido para impugnar la providencia que resolvió su situación jurídica.

6.3. El daño ocasionado a los demandantes en virtud de la expedición, reiteración y no cancelación de la orden de captura Nº XXX proferida en contra del actor como presunto autor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión.

6.3.1. El daño derivado de la expedición de la orden de captura Nº XXX.

En el escrito de demanda se estableció que con ocasión de la expedición de la orden de captura Nº XXX el demandante sufrió un daño el cual debe ser resarcido por la entidad demandada.

Al respecto, la parte demandante sostuvo que “la Fiscalía 286 Seccional URI de la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía (sic) en el mes de febrero del año 2004 expidió orden de captura Nº XXX en mi contra a efectos de lograr mi comparecencia al proceso penal y ser vinculado mediante diligencia de indagatoria”.

No obstante, contrario a lo manifestado por la parte demandante, la Sala encuentra demostrado en el plenario que el día 11 de marzo de 2004(148) la Fiscalía 286 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá profirió la orden de captura Nº XXX(149) en contra del actor con el fin de que rindiera diligencia de indagatoria.

En este sentido, como antes se dijo, la Sala encuentra demostrado en el plenario que la orden de captura en cita nunca se materializó, ya que como consta en los medios probatorios allegados al plenario A... G... M... fue vinculado mediante providencia del 20 de diciembre de 2004(150) como persona ausente al proceso penal adelantado en su contra.

En este orden de ideas, la Sala considera que la sola expedición de la orden de captura Nº XXX no puede ser valorada como hecho generador de un daño antijurídico toda vez que la misma nunca se materializó, pues, como quedó demostrado en el plenario, el actor nunca estuvo privado de la libertad dentro del proceso penal adelantado en su contra como presunto coautor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión.

Adicionalmente, debe preverse que el ente investigador emitió dicha orden de captura con fines de indagatoria, en atención a lo dispuesto por el artículo 336 de la Ley 600 de 2000 - Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos que a la letra reza:

“Artículo 336. Citación para indagatoria. Todo imputado será citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual se adelantarán las diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de la diligencia.

Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”. (Subrayado fuera de texto)

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la orden de captura proferida en contra del actor tenía fines legales, pues tenía como objetivo que el actor compareciera para que rindiera indagatoria, razón por la cual no se configura el daño antijurídico alegado por los demandantes.

Al respecto, en anteriores oportunidades esta corporación sostuvo(151):

“No obstante, resulta imprescindible llevar a cabo un análisis diferente al típico de la privación injusta desde el punto de vista objetivo, en tanto las particularidades del caso han determinado una orientación hacia la responsabilidad subjetiva (falla del servicio), en la medida en que la privación de la libertad que nos ocupa no obedeció al decreto de una medida de aseguramiento propiamente dicha, sino a unas órdenes de captura con fines de indagatoria en aras de esclarecer los hechos puestos a consideración en la investigación penal, que entre otras cosas, revestían una importancia por la naturaleza del delito investigado. Con ocasión de lo anterior, y en el terreno del análisis de la antijuridicidad del daño causado, se debe advertir que, la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, tuvo un comportamiento acorde con sus contenidos obligacionales, es decir, no incurrió en falla del servicio por haber dispuesto la captura sólo con fines de indagatoria frente a los señores C… C… R… y Á… R… P…, diligencia que se llevó a cabo a los dos días de haberse concretado la captura de los mismos. En este orden de ideas, si se revisa lo actuado en la investigación penal, se observa, que, luego de la celebración de la indagatoria se ordenó inmediatamente su libertad, es decir, la Fiscalía con conocimiento consideró que resultaba procedente dejar en libertad a los investigados, previa suscripción de diligencia de compromiso, 10 (sic) en aras de que asistieran cuando ello fuera requerido en el curso del proceso. Así las cosas, la detención de C… C… R… y Á… R… P… y la consecuente privación de la libertad de los mismos, se produjo entonces sólo con fines de indagatoria. Cuando la Fiscalía General de la Nación, pudo constatar que no existían méritos suficientes para continuar con la misma, resolvió su situación dejándolos en libertad. Por este motivo, en el presente caso se evidencia un daño jurídico, en tanto la privación de la libertad sufrida no tiene la connotación de injusta, por las razones anotadas, es decir, por la ausencia de una falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación en el despliegue de su actividad investigativa preliminar. En esa medida, esta Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en lo que a este cargo de responsabilidad respecta”. (Subrayado fuera de texto)

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que en el caso de autos no se configura el daño antijurídico alegado por el actor derivado de la expedición de la orden de captura Nº XXX por cuanto la misma nunca se hizo efectiva y además porque fue expedida con fines legales, esto es, con el objetivo de que el demandante compareciera al proceso penal a fin de que rindiera indagatoria.

6.3.2. El daño antijurídico derivado de la reiteración de la orden de captura Nº 0131288 en la Resolución en que resolvió su situación jurídica.

El demandante manifestó en la demanda que “con ocasión de la resolución de mi situación jurídica, en la que se me impone medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, debió expedirse nueva orden de captura y no reiterarse la orden de captura que ya pesaba en mi contra, pues la finalidad de la misma había expirado”.

Al respecto, la Sala considera que en el caso de autos no se configura el daño antijurídico alegado por el actor por cuanto se reitera, la orden de captura Nº XXX nunca se materializó, toda vez que está demostrado en el plenario que el actor nunca estuvo privado de la libertad dentro del proceso penal adelantado en su contra como presunto coautor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión.

Igualmente, la Sala considera que no le asiste razón a la parte demandante al considerar que la reiteración de la orden de captura le ocasionó un daño antijurídico, en primer lugar, porque una cosa es la medida de aseguramiento y otra la orden de captura, pese a que ambas se hallen comprendidas en el mismo documento. Así, por un lado el Fiscal del caso encontró que existían serios indicios en contra del actor que soportaban la medida de aseguramiento. Y, por el otro, reiteró la orden de captura porque se mantenían los fines de indagatoria, luego de lo cual el Fiscal podía revalorar la ejecución o no de la medida de aseguramiento.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala no encuentra configurado el daño antijurídico alegado por el actor como consecuencia de la reiteración de la orden de captura, pues en primer lugar la misma nunca se hizo efectiva y, en segundo lugar, su reiteración obedece a que el sindicado seguía siendo requerido para oírlo en indagatoria además de la medida de aseguramiento.

6.3.3. El daño originado en la tardanza de la cancelación de la orden de captura Nº XXX.

En el escrito de demanda el actor manifestó que la entidad demandada incumplió sus deberes legales ya que con ocasión de su vinculación al proceso en calidad de persona ausente, ocurrida el 27 de junio de 2007, esto es en la fecha en que se resolvió su situación jurídica, el ente investigador se encontraba en la obligación de cancelar la orden de captura Nº XXX.

Al respecto, contrario a lo manifestado por el actor, está demostrado que el día 20 de diciembre de 2004(152), la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión vinculó al actor en calidad de persona ausente al proceso penal adelantado en su contra como presunto autor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión, fecha en la que no se canceló la orden de captura Nº XXX, como se dijo antes, porque el actor continuaba siendo requerido para que rindiera diligencia de indagatoria. Y además porque en su contra pesaba la medida de aseguramiento. De manera que cualquiera que fuera el fundamento de la orden de captura, esto es, los fines de indagatoria o la detención preventiva, lo cierto es que había lugar a mantener vigente la discutida orden de captura.

Es por ello fue sólo hasta el 8 de junio de 2010(153), cuando se profirió la resolución de preclusión que hubo lugar a la cancelación de tal requerimiento, pues sólo hasta aquí la citación de indagatoria perdió su razón de ser, así como la medida de aseguramiento.

En este orden de ideas la Sala considera que no existe el daño antijurídico alegado por el demandante ocasionado con la no cancelación de la orden de captura Nº XXX puesto que ésta se canceló en la fecha en que perdió su razón de ser, esto es, el 8 de junio de 2010, fecha en la que se resolvió precluir el proceso penal a favor del actor.

6.4. El daño originado en la demora del ente investigador en vincular al actor como persona ausente al proceso penal adelantado en su contra.

Al respecto, el actor sostuvo en la demanda:

“Como lo aduce anteriormente, el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 señala el término de 10 días para que Fiscalía General de la Nación proceda a la vinculación de una persona al proceso penal bajo la figura de persona ausente, cuando no ha sido posible su comparecencia al proceso desde la expedición de la orden de captura.

Aspecto legal que no se cumplió, pues el Despacho 13 Delegada ante la Unidad Nacional contra el secuestro y la extorsión de la Fiscalía General de la Nación, me vinculó a la actuación penal como persona ausente, tres (3) años después de haber sido expedida la orden de captura Nº XXX adiada en el mes de febrero del año 2004 por la Fiscalía 286 Seccional URI de la Fiscalía General de la Nación, esto es, en el año 2007”.

Al respecto, en primer lugar la Sala encuentra demostrado que el día 11 de marzo de 2004 el ente investigador ordenó la apertura del proceso penal adelantado en contra del actor como presunto autor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión. Y en consecuencia profirió la orden de captura Nº XXX con el fin de escuchar al sindicado en indagatoria.

En segundo lugar, la Sala encuentra que el día 14 de julio de 2004 el demandante solicitó su vinculación al proceso penal como persona ausente ya que por motivos de seguridad no le era posible comparecer al proceso. Petición que fue reiterada el 9 de septiembre de 2004 por el Ministerio Público.

En tercer lugar, está acreditado que previo a la vinculación del actor al proceso penal como persona ausente, el 5 de noviembre de 2004 el ente investigador ordenó el emplazamiento del actor, con el fin de que se hiciera presente en el sumario.

No obstante pese a los llamados hechos por la Fiscalía, el actor no compareció al proceso según él por razones de seguridad, de manera que el 20 de diciembre de 2004 el ente investigador vinculó a A... G... M... en calidad de persona ausente, al proceso penal adelantado en su contra.

Así las cosas, como lo manifiesta la parte demandante, la vinculación de A... G... como persona ausente al proceso penal se presentó con posterioridad al término de 3 años de expedida la orden de captura Nº XXX, esto es, el día 20 de diciembre de 2004. Sin embargo, la Sala encuentra que esta situación no deviene en vulneratoria de los derechos del demandante, pues el término procesal señalado en el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 –Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos que a la letra reza:

“Artículo 344. Declaratoria de persona ausente. Si ordenada la captura o la conducción, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión o la conducción sin que se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante declaración de persona ausente. Esta decisión se adoptará por resolución de sustanciación motivada en la que se designará defensor de oficio, se establecerán de manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, se indicará la imputación jurídica provisional y se ordenará la práctica de las pruebas que se encuentren pendientes. Esta resolución se notificará al defensor designado y al Ministerio Público y contra ella no procede recurso alguno”.

Así, el derecho que la norma otorga al sindicado es un plazo de 10 días para que comparezca al proceso, luego de lo cual se faculta al ente investigador para declararlo persona ausente; de modo que el derecho del sindicado se vulnerará si se declara persona ausente antes del vencimiento de los 10 días pero si se hace con posterioridad este hecho sólo querra indicar que la administración amplió el tiempo con que contaba el sindicado para comparecer al proceso, por lo cual en estos eventos no se presenta un daño antijurídico, a menos que fehacientemente se compruebe lo contrario.

Al respecto, la Sala encuentra demostrado en el caso de autos que la Fiscalía le otorgó al demandante el plazo del que habla la norma para que compareciera al proceso penal, e incluso excedió dicho término y sólo hasta el 20 de diciembre de 2004 procedió a vincular al actor al sumario en calidad de persona ausente.

En este sentido, en la providencia en cita, el ente investigador sostuvo:

“Se observa en estas diligencias que no fue posible que el señor A... G... M... concurriera a rendir indagatoria, se le profirió orden de captura y en este momento se hace necesario, siguiendo el procedimiento legal dar ampliación al artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, por lo que será declarado persona ausente y se le nombrará un defensor para que lo represente en aras de garantizar este derecho.

Lo anterior toda vez que la codificación adjetiva penal ha previsto como accesoria la vinculación mediante declaratoria de persona ausente, reglada en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, cuando hayan transcurrido diez (10) días, contados a partir de la fecha de emisión de la orden de captura a las autoridades de policía judicial, sin que hubiere logrado la comparecencia del sindicado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el término anteriormente referido se encuentra más que vencido a la fecha, y comoquiera que la presente decisión satisface cabalmente los presupuestos legales que este instituto procesal exige; deviene ineludible la declaratoria de persona ausente del sindicado A... G..., quien ha sido plenamente identificado y obran probanzas suficientes en su contra que comprometen seriamente su responsabilidad penal en el injusto investigado”. (Subrayado de texto).

Así las cosas, la Sala encuentra que la vinculación del demandante en calidad de persona ausente al proceso penal adelantado en su contra tuvo lugar con posterioridad al vencimiento del término de los 10 días de que trata el artículo 344 de la Ley 600 de 2002, por lo cual en este evento no se presenta un daño antijurídico, y no ha quedado demostrado que dicha tardanza haya generado una situación gravosa al actor, más allá de la carga de soportar el proceso penal.

No obstante, en sede de discusión la Sala recuerda que la mora judicial por sí misma no constituye un daño antijurídico, sino que por el contrario se debe demostrar que la misma le causó una afectación efectiva a los derechos del procesado, la cual no se encuentra evidenciada en este escenario.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido:

“En el punto específico de dilación injustificada de los términos judiciales la misma Corte Constitucional ha determinado que el incumplimiento de éstos no constituye per se una vulneración al debido proceso, pues los términos no son un fin en sí mismos, se debe entonces analizar la complejidad del asunto, la existencia de situaciones imprevisibles ocurridas en el caso concreto(154)(155).

En este sentido, la Sala encuentra que no obra dentro del sumario prueba alguna que demuestre que la tardanza por parte de la Fiscalía en vincular al actor en calidad de persona ausente le haya generado algún tipo de perjuicio o afectación del demandante.

En consecuencia, la Sala considera que no existe daño antijurídico por cuanto no se encuentra demostrado que en virtud de la demora judicial el demandante vio afectados sus bienes jurídicos tutelados.

6.5. El daño derivado de soportar la carga procesal y asumir el proceso penal por el término de 6 años.

La Sala observa de la interpretación de la demanda que los actores alegan como daño antijurídico, el haber tenido que soportar el proceso penal adelantado en contra de A... G... como presunto coautor de los delitos de rebelión, concierto para delinquir y extorsión durante el término de 6 años.

Al respecto, la Sala encuentra demostrado que el día 11 de marzo de 2004 la Fiscalía 286 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito profirió resolución de apertura de instrucción penal en contra del actor, y otros, como presuntos coautores de los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir y ordenó su vinculación mediante indagatoria, para lo cual expidió ese mismo día la orden de captura Nº XXX.

Acto seguido, el proceso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 13 Especializada de la Unidad contra el Secuestro y la Extorsión, quien el 20 de diciembre de 2004 en atención a las solicitudes presentadas los días 24 de julio y 9 de septiembre de 2004 y en virtud de la no comparecencia de A... G... al proceso penal, ordenó su vinculación como persona ausente.

A continuación, el 27 de junio de 2007 el ente investigador resolvió la situación jurídica del actor, imponiendo en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor del delito de rebelión.

Acto seguido, el proceso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía 256 Seccional ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá en razón a que el actor se encontraba siendo investigado por un delito de su competencia – rebelión, la cual mediante providencia del 8 de junio de 2010 resolvió precluir el proceso penal adelantado en contra de A... G... por el punible en cita por cuanto existía duda sobre la responsabilidad penal del demandante, razón por la cual ordenó la cancelación de la orden de captura proferida en su contra.

Así las cosas, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado en contra de A... G... M... como coautor de los delitos inicialmente de rebelión, concierto para delinquir y extorsión, finalmente, sólo rebelión como lo sostiene el demandante, se prolongó por el término de 6 años y 2 meses.

No obstante, la Sala recuerda que los ciudadanos colombianos se encuentran sometidos a la carga pública de asumir los procesos judiciales que se adelanten en su contra, salvo cuando se demuestre que ésta les haya acarreado daños antijurídicos que ameriten una indemnización de perjuicios por parte del Estado(156), tales como la privación injusta de la libertad, que en el caso de autos no se materializó.

Al respecto, la Sala resalta que los medios probatorios que obran en el plenario no demuestran que la carga procesal de haber asumido el proceso penal adelantado en contra del actor por el término de 6 años y 2 meses, les haya acarreado a los demandantes un daño significativo que exceda las meras molestias y que merezca una indemnización por parte de las entidades demandadas.

Y es que si bien la parte actora sostuvo en su escrito de demanda que con ocasión de la prolongación del proceso penal adelantado en contra del actor por el término de 6 años, la víctima directa vio afectada su “vida personal, profesional, social y familiar”, dichas cargas no fueron demostradas dentro del proceso.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso de autos no existe el daño antijurídico alegado por la parte actora, derivado de la carga procesal de haber tenido que asumir el proceso penal adelantado contra de A... G... M... como coautor inicialmente del delito de rebelión, por cuanto se reitera, esta es una carga pública que le corresponde asumir a todos los ciudadanos colombianos y además porque no se encuentra acreditado en el plenario que con dicha carga, los demandantes hayan visto lesionado sus intereses jurídicamente tutelados.

En conclusión, la Sala considera que en el caso de autos no existe daño antijurídico alguno, toda vez que el actor se encontraba en el deber de asumir la carga pública de soportar el proceso penal que se adelantaba en su contra; y además porque no se acreditó que durante el término en que se prolongó el sumario, esto es, durante el periodo de 6 años y 2 meses, se vieron afectados sus bienes jurídicos, de una manera desproporcionada y garrafal que exceda lo bagatela y activen el derecho al resarcimiento(157).

7. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

De manera que al acudir a la norma de procedimiento civil, esta es el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el artículo 365 señala, entre otras, las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que para determinar la cuantía de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y que si aquellas establecen solamente un mínimo o un máximo, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder al máximo de dichas tarifas, procede la Sala a liquidar las costas a imponer.

Así las cosas, se procede a dar aplicación a un test de proporcionalidad para la fijación de las agencias en derecho, el cual tiene una división tripartita a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Para los efectos de esta providencia se trata de un test de razonamiento judicial que comporta la conjugación de estos tres escenarios a fin de tasar una condena, de manera que cuando la conducta motivadora de la imposición de las agencias en derecho constituya una vulneración de mayor entidad a la administración de justicia se aplicará la sanción pecuniaria más estricta posible. Así:

 IdoneidadNecesidadProporcionalidad en estricto sentido
Exigencias fácticasSe refiere a la existencia fáctica de una afectación a un interés legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que para el caso de las agencias en derecho lo constituye la afectación que se causó al acceso a la administración de justicia.
Debe advertirse que la satisfacción del primer supuesto del test se encuentra en la respectiva sentencia que desató la controversia pues, el legislador previó que es en dicha oportunidad en que el juez puede pronunciarse sobre la imposición o no de la condena en costas.
El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad. Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde acabe distinguir tres supuestos de intensidad:
a) Afectación leve a la administración de justicia. Se configura cuando el fundamento de la afectación supone un simple desconocimiento de aspectos elementales de la formación jurídica.
b) Afectación grave a la administración de justicia. Se constituye por la realización de reiteradas conductas dilatorias del proceso y que obstruyen el transcurrir del proceso judicial y las diligencias respectivas.
c) Afectación gravísima a la administración de justicia, en donde, además del anterior supuesto, se presentan perjuicios a terceros.
El último supuesto del escenario del test de proporcionalidad es el correspondiente a la tasación que se le debe asignar a cada uno de los niveles de afectación a la administración de justicia, esto es, en los niveles leve, grave y gravísima a la administración de justicia.
a) Afectación leve. Esta tasación va hasta el 1,66% del valor de las pretensiones de la demanda.
b) Afectación grave. A este escenario corresponderá una condena entre 1,67% y 3,32%.
c) Por último la configuración del tercer supuesto de intensidad, el gravísimo, comportará una tasación que oscilará entre el 3,33% y el 5%.

Empero lo anterior no resulta suficiente para determinar la tasación de la condena a imponer, pues, el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, concede un margen de movilidad dentro del cual el Juez debe fijar la condena por concepto de agencias en derecho, y que en el caso de procesos en segunda instancia corresponde “Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

Ahora, atendiendo a los 3 criterios referidos y a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por los accionantes a lo largo del proceso la Sala considera que la conducta de la parte demandada será suficientemente remediada en el escenario de la idoneidad, por cuanto se evidenció la inexistencia del daño alegado, por manera que se fijarán las agencias en derecho en un 1% del monto de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

2. CONDENAR al demandante en el 1% del valor de las pretensiones, a título de costas, conforme a lo dispuesto en la parte motiva. Liquídese por secretaría.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

30 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

31 Registro Civil de Nacimiento de A... C... G... G..., hijo de la víctima directa (fl. 2 C. 2).

32 Registro Civil de Nacimiento de A… M… G… R…, hija de la víctima directa (fl. 1 C. 2).

33 Registro Civil de Nacimiento de J… E… G… P…, hija de la víctima directa (fl.3 C. 2).

34 Registro Civil de Nacimiento de J… J… G… P…, hijo de la víctima directa (fl. 5 C. 2).

35 Registro Civil de Nacimiento de E… M… G… M…, hermana de la víctima directa (fl. 6 C. 2).

36 Registro Civil de Nacimiento de S… A… G… M…, hermano de la víctima directa (fl. 7 C. 2).

37 Registro Civil de Nacimiento de S… M… G… M…, hermano de la víctima directa (fl. 8 C. 2).

38 Registro Civil de Nacimiento de O… M… G… M…, hermano de la víctima directa (fl. 9 C. 2).

39 ARTÍCULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

40 Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades. Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. (…) La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiere no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este código.

41 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M. P. Ruth Stella Correa Palacio.

42 Folios 19 C. 2.

43 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

44 Ahora bien, la Sala advierte que “en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al título de imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario. De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente a aquel invocado en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Exp. 42.925.

45 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

46 Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 510.

47 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”, ob., cit., p. 507.

48 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, Expediente 8998.

49 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, Expediente 4333.

50 Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, Expediente S-021.

51 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.

52 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105.

53 Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p. 94.

54 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 57.

55 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva, ob., cit., p. 58.

56 Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 518.

57 Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998.

58 Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000. Tesis reiterada en la Sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003.

59 Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo de 2004.

60 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007.

61 Corte constitucional Sentencia T-171-06.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967.

63 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C Nº 94, párr. 145, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 237.

64 Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C Nº 35, párr. 71, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C Nº 308, párr. 176.

65 Cfr. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C Nº 219, párr. 220; y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C Nº 246., párr. 149.

66 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C Nº 192 párr. 155, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 238.

67 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C Nº 202, párr. 156, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 239.

68 Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C Nº 30, párr. 78, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179.

69 Cfr. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C Nº 129, párr. 106, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179.

70 Cfr. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C Nº 246, párr. 156 y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Del mismo modo, véase Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C Nº 147, párr. 152, y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C Nº 155, párr. 103, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C Nº 196, párr. 113.

71 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C Nº 186, párr. 150, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C Nº 298, párr. 300.

72 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C Nº 179, párr. 83., Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 156 y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Asimismo, Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C Nº 179, párr. 83.

73 Cfr., Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 156. y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Asimismo, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 184, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C Nº 148, párr. 293.

74 Cfr. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C Nº 242, párr. 69.

75 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C Nº 101., párr. 211, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, párr. 132.

76 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 155, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 202.

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301.

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp. 12719. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915, C. P. María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 17301.

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C. P. Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p. 57.

80 Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, Exp. 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, Exp. 12686.

81 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.

82 Folios 20-23 C. 2, 1-4 C. 3.

83 Folios 40-48 y 73-78 C. 3.

84 Folios 94-95 C. 3.

85 Folios 47 C. 1, 44 C. 2 y 96 C. 3.

86 Al respecto, la Sala encuentra demostrado con los oficios de 27 de junio de 2007 proferidos por el ente investigador y dirigidos al CTI, DAS y DIJIN que la fecha de la orden de captura en cita es del 11 de marzo de 2004. (Fls. 110-112 C. 8).

87 Folios 107-109 C. 3.

88 Folios 117-152, 155, 166-178 C. 3.

89 Folios 153-154 C. 3.

90 Folios 181-185, 194-197, 198-201, 205-214 C. 3.

91 Folios 237-240 C. 3.

92 Folios 249-259, 260-268, 269-273, 274-277, 278-285, 286-291 C. 3.

93 Folios 3-21 C. 4.

94 Folios 40-48 C. 4.

95 Folios 53-55 C. 4.

96 Folios 295 C. 3.

97 Folios 155-174 C. 4.

98 Folios 129-132 C. 5.

99 Folios 138-139 C. 5.

100 Folios 136 C. 5.

101 Folio 161 C. 5.

102 Folios 191-192 C. 5.

103 Folios 71-73 y 100-102 C. 6.

104 Folios 115-118 C. 6.

105 El artículo 344 de la Ley 600 de 2000 establece que una vez ordenada la captura y si no fuese posible hacer comparecer al imputado, dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la orden de captura, se debe declarar al procesado como persona ausente.

106 Folios 189-190 C. 6.

107 Folios 201-202 C. 6.

108 Folios 260-262 C. 6.

109 Folio 57 C. 7.

110 Folios 59 C. 7.

111 Folios 62-67 C. 7.

112 Folios 68-69 C. 7.

113 Folio 138 C. 7.

114 Folio 163 C. 7.

115 Folio 170 C. 7.

116 Folio 200 C. 7.

117 Folio 202 C. 7.

118 Folios 215-218 C. 7.

119 Folios 225-226 C. 7.

120 Folio 231 C. 7.

121 Folio 244 C. 7.

122 Folio 247 C. 7.

123 Folios 250-262 C. 7.

124 Folios 277-278 C. 7.

125 Folio 280 C. 7.

126 Folio 281 C. 7.

127 Folios 1-2 C. 8.

128 Folio 29 C. 8.

129 Folio 30 C. 8.

130 Folio 43 C. 8.

131 Folios 44-48 y 53-55 C. 8.

132 Folios 68-95 C. 8.

133 Folios 48-61 C. 1, 24-37 C. 2 y 96-109 C. 8.

134 Folios 121 C. 8.

135 Folios 120 C. 8.

136 Folios 121 C. 8.

137 Folios 129 C. 8.

138 Folios 130-138 C. 8.

139 Folio 139 C. 8.

140 Folios 141-152 C. 8.

141 Folio 153 C. 8.

142 Folios 157-179 C. 8.

143 Folios 48-53 C. 2 y 188-193 C. 8.

144 Folio 54 C. 2.

145 Folios 47 C. 1 y 44 C. 2.

146 Folios 48-61 C. 1, 24-37 C. 2 y 96-109 C. 8.

147 Folio 121 C. 8.

148 Al respecto, la Sala encuentra demostrado con los oficios de 27 de junio de 2007 proferidos por el ente investigador y dirigidos al CTI, DAS y DIJIN que la fecha de la orden de captura en cita es del 11 de marzo de 2004. (Fls. 110-112 C. 8).

149 Folios 47 C.1, 44 C.2 y 96 C. 3.

150 Folios 260-262 C. 6.

151 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias de 26 de febrero de 2015. Exp. 37123 y de 29 de junio de 2016. Exp. 40.707.

152 Folios 260-262 C. 6.

153 Folios 47 C. 1 y 44 C. 2.

154 Corte Constitucional, Sentencia T-171 de 2006.

155 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 14 de julio de 2017. Exp. 37.128.

156 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.

157 En cuanto a los daños bagatelas, la jurisprudencia de esta corporación sostiene: ““(…) la ‘bagatela’ no ocasiona perjuicios capaces de activar el resarcimiento, sino molestias, a lo sumo fastidio, que no afectan el interés en su núcleo inviolable; y que sin embargo podrían ser objeto de otro tipo de mecanismos de tutela (en caso de amenazar con convertirse en un daño), pero no de esa tutela superior constituida por la responsabilidad civil, reservada a determinado tipo de intereses”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de abril de 2017. Exp. 41.326.