Sentencia 2012-00306 de mayo 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00306-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Onaisa Guerrero Perlaza

Demandado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otro

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas vulneró o amenazó los derechos fundamentales de la actora, como sujeto de especial protección por encontrarse en situación de desplazamiento, al no incluirla en el registro único de población desplazada - RUPD, hoy registro único de víctimas - RUV.

De lo probado en el proceso

A folio 5 obra la copia de la cédula de ciudadanía de la tutelante.

La negativa de inclusión en el RUPD

A folio 70 obra la Resolución 760015953 de 20 de septiembre de 2010 de Acción Social, por la cual se negó la inclusión en el RUPD de la actora, en razón a que manifestó ser desplazada de la vereda Merizal de Porvenir del municipio Olaya Herrera (Nariño), empero, consultada la base de datos del Fosyga se encontró que está inscrita en la entidad Selvasalud S.A. del régimen subsidiado, por lo que faltó a la verdad.

Mediante Resolución 760015953R de 5 de abril de 2011, suscrita por Acción Social, se confirmó la negativa (fls. 66-68).

La petición reciente

A folio 6 obra la petición de 12 de enero de 2012, solicitando la inclusión en el registro de población desplazada, junto con el pago de la ayuda humanitaria.

Mediante oficio 20127200365561 de 8 de febrero de 2012, la unidad para la atención y reparación integral a la víctimas, contestó la anterior petición en forma negativa porque desde el 16 de diciembre de 2011, a la actora le fue negada la solicitud de inclusión en el RUPD, porque su declaración fue contraria a la verdad, y explicó que el derecho de petición no es el medio idóneo para controvertir los actos administrativos mediante los cuales se negó la mencionada inscripción (fls. 31-32).

Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala estudiará aspectos relevantes tales como: i) la condición de desplazado, ii) el registro único de población desplazada; y iii) la carga de la prueba para desvirtuar la calidad de desplazado.

i) Condición de desplazado:

El artículo 1º de la Ley 387 de 1997, define la condición de desplazado en los siguientes términos:

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones. Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias derivadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (...)”.

La condición de persona desplazada se adquiere una vez se cumplan los presupuesto del artículo citado, sin que medie certificación expedida por entidad estatal determinada que así lo acredite, es decir, es una situación de facto o material que se configura cuando las personas se ven forzadas a desplazarse de su lugar de residencia o donde desarrollan sus actividades económicas habituales, en contra de su voluntad.

En razón a la evidente vulnerabilidad de la población desplazada y el desconocimiento sistemático y reiterado de sus derechos fundamentales, como el derecho a gozar de una vida digna, a la libertad, a la igualdad, entre otros, hace que el Estado tenga una mayor injerencia sobre este sector de la sociedad estableciendo un especial tratamiento que facilite la protección de sus derechos en cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Es allí donde se sustenta la relación especial de sujeción de la población desplazada.

ii) registro único de población desplazada:

Mediante el artículo 4º del Decreto 2569 del 2000, se creó el registro único de población desplazada con la finalidad de implementar una herramienta técnica que además de facilitar información actualizada sobre la población desplazada, como su identificación y características particulares, realice seguimiento sobre las ayudadas que les presta el Estado.

De ello se deduce que el registro único de población desplazada no es el instrumento que determina la condición de desplazada de las personas, pues como ya se dijo, esta es una situación de facto que se configura por el cumplimiento de las circunstancias previstas en la ley. Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:

“Lo que confiere la condición de desplazado es una situación material que se configura de facto cuando se dan las circunstancias propias del desplazamiento que a su vez se encuentran descritas en la ley. En otras palabras la inscripción en el registro se trata de un acto declarativo y no constitutivo de la situación de desplazado; de una mera constatación de los hechos. Por consiguiente cuando Acción Social toma una decisión que se aparta de los parámetros legales o constitucionales, el juez de tutela puede desvirtuarla y ordenar el reconocimiento negado”(8).

El artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, consagra tres causales para negar la inscripción de las personas en el registro único de población desplazada, dentro de los que tenemos: “1) Cuando la declaración resulte contraria a la verdad, 2) Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997 y 3) Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el registro después de un año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997”.

Es de resaltar que esta corporación a través de sentencia proferida por la Sección Primera el 12 de junio de 2008(9), declaró la nulidad del artículo 11 del Decreto 2569 del 2000, en consideración a que dicha disposición excedía el espíritu del legislador, pues consagrar el término de un año para presentar la declaración de desplazado, so pena de negar la inscripción en el registro único de población desplazada, desconoce el estado de vulnerabilidad de este sector de la sociedad. Igualmente afirmó que la condición de desplazado se mantiene hasta tanto la persona no logre una estabilidad socioeconómica.

Igualmente argumentó que establecer un término para solicitar la inscripción en el registro único de población desplazada desconoce la Ley 387 de 1997, pues en ningún momento el legislador consagró en disposición alguna un término para solicitar la inscripción.

iii) La carga de la prueba para desvirtuar la calidad de desplazado.

Es reiterada la jurisprudencia constitucional en torno a la presunción de buena fe de las declaraciones de las personas desplazadas, pues les corresponde a las autoridades administrativas desvirtuar dicha presunción frente a las versiones de los desplazados, en virtud del Estado de vulnerabilidad en que se encuentran sus derechos fundamentales dada su condición.

Ahora bien, no basta con probar que en las declaraciones de los desplazados se evidencian contradicciones, pues estas debe ser determinantes, es decir, que constituyan parte esencial en la situación de desplazamiento, pues en muchos casos la población desplazada por su alto grado de analfabetismo, no son coherentes al dar declaraciones ya que, entre otros aspectos, sienten cierto temor hacía las autoridades publicas. La Corte Constitucional ha dicho sobre este asunto:

“(...) i) La mayoría de las personas desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es exigua —motivo por el cual el analfabetismo es alto—; ii) en muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas en una especie de “temor reverencial” hacia las autoridades públicas; iii) al momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se reduce considerablemente; iv) a las circunstancias de entorno de origen de los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de difícil recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que se da desde que la persona es víctima del delito de desplazamiento que puede influir en el desenvolvimiento del desplazado al momento de rendir la declaración; y v) el temor de denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace que no exista espontaneidad en su declaración”(10).

Por lo anterior, se concluye que no es suficiente que las entidades estatales encuentren alguna contradicción en las declaraciones de la población desplazada, pues acatando los mandatos de la Constitución, y en especial del principio de la buena fe, cuando se encuentre una duda acerca de las versiones de los desplazados, esta los debe favorecer.

Caso concreto

El juez a quo acudiendo al principio de la buena fe dio crédito a la manifestación de la tutelante y ordenó su inscripción en el RUPD, no obstante, la entidad accionada en la impugnación, reiteró la negativa a inscribirla en el RUPD.

Sin embargo, la Sala observa que en la petición de 12 de enero de 2012, la actora solicitó de nuevo la inclusión en el RUPD que fue negada por oficio 20127200365561 de 8 de febrero de 2012, de la unidad para la atención y reparación integral a la víctimas, porque desde el 16 de diciembre de 2011, le fue negada la solicitud de inclusión en el RUPD, en atención a que su declaración fue contraria a la verdad, y explicó que el derecho de petición no es el medio idóneo para controvertir los actos administrativos mediante los cuales se negó la mencionada inscripción (fls. 31-32).

El argumento de la accionada fue aduciendo unos hechos pasados, sin entrar a estudiar de nuevo la petición, sino que se limitó a revisar las negativas anteriores, ocurridas con ocasión a la expedición de las resoluciones 760015953 de 20 de septiembre de 2010 de Acción Social, por la cual se negó la inclusión en el RUPD de la actora, en razón a que manifestó ser desplazada de la vereda Merizal de Porvenir del municipio Olaya Herrera (Nariño), empero, consultada la base de datos del Fosyga se encontró que está inscrita en la entidad Selvasalud S.A. del régimen subsidiado, por lo que faltó a la verdad; y 760015953R de 5 de abril de 2011, suscrita por Acción Social, se confirmó la negativa (fls. 66-68), sin realizar un nuevo estudio.

Lo anterior, no se compadece con los lineamientos jurisprudenciales previamente citados, pues como se dijo anteriormente, el desplazado no debe probar tal calidad dado el estado de vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.

Ni la administración, ni la jurisdicción deben solicitar a la persona desplazada probar su condición, pues la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de buena fe, de la que goza la declaración de desplazamiento, se encuentra en cabeza de las autoridades administrativas o judiciales, como ya se advirtió.

Por otro lado, si bien pudo haber una contradicción, en las manifestaciones de la actora en el año 2010, esto no es suficiente para concluir que no es desplazada, pues como se ha dicho, una contradicción en las afirmaciones del desplazado no es suficiente para negar su situación y por ende no reconocer las ayudas a las cuales tiene derecho. En virtud del principio de la buena fe toda duda debe ser resuelta a favor del desplazado por su relación especial de sujeción con el Estado.

Por otro lado, el hecho de que la demandante se encuentre afiliada a la EPS en una época anterior, no quiere decir que la situación de desplazamiento, y por ende su estado de vulnerabilidad, hayan desaparecido.

En síntesis, la entidad demandada, no logró desvirtuar la presunción de buena fe de la cual goza la declaración presentada por la demandante donde afirma ser desplazada por la violencia.

De lo anteriormente expuesto se deduce, que a la demandante, dada su condición de desplazada, se le han vulnerado sus derechos fundamentales, razón por la cual, se confirma el proveído impugnado que tuteló sus derechos fundamentales y le ordenó al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social inscribirla en el RUPD; dentro del término de 5 días, verifique si la actora se encuentra en estado de vulnerabilidad y programe la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria; y brindarle el acompañamiento requerido para el acceso efectivo a los programas productivos para al generación de ingresos y proyectos productivos coordinados por la entidad, así como la asesoría necesaria para obtener la indemnización prevista para las víctimas del desplazamiento forzado, junto con toda la información de los programas y beneficios a los que puede acudir para el mejoramiento de su calidad de vida, vivienda y su inclusión dentro de la capacitación para el inicio de su proyecto productivo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 23 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que concedió la tutela incoada por la señora Onaisa Guerrero Perlaza contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Remítase copia al tribunal de origen y envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La presente providencia fue discutida y aprobada en Sala de la fecha».

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-211 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 23 de marzo de 2010.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación: 11001-03-26-000-2002-00036-01. Actor: Humanidad Vigente Corporación Jurídica. Sentencia de 12 de junio de 2008.

(10) Corte Constitucional. Sentencia T-328 de 2007, M.P. Jaime Córdova Triviño, 4 de mayo de 2007.