Sentencia 2012-00314 de septiembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 760012331000201200314 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala.

Actor: Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos del Municipio de Santiago de Cali “Sintepumcali”.

Demandado: Municipio de Cali.

Medio de control: Nulidad simple

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2016

EXTRACTOS: «VII. Decisión

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes:

Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado por el artículo 129 del Código de lo Contencioso Administrativo (CCA) y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2. El acto demandado.

“Decreto 411.0.20.0656 de 2011

(7 de julio de 2011)

‘Por medio del cual se efectúa una delegación a los profesionales especializados c.a.l.i, ante el comité de participación comunitaria, Copaco’.

El Alcalde de Santiago de Cali,

de conformidad con los artículos 103, 209, 211, 315 de la Constitución Política; la Ley 489 de 1998; el Decreto 411.0.20.0146 de marzo 24 de 2011 y su Decreto modificatorio 411.0.20.0395 de junio 8 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Política Colombiana, el Municipio de Santiago de Cali, debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de las Asociaciones Comunitarias que funcionarán en todas las comunas de la ciudad, con el objeto de constituir mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de control y vigilancia de la gestión pública en salud, por lo que debe estimular la promoción de los métodos de participación, promover la práctica de la democracia y la cultura de la participación social, otorgando a los usuarios a través de las asociaciones alianzas o ligas de usuarios, el derecho a participar en la planeación, gestión, evaluación y control en los servicios de salud.

1. Que el artículo 315 de la Constitución Política Colombiana, establece las atribuciones del alcalde, entre las que contempla:

2. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo.

(…)

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 44, establece las competencias de los Municipios en relación al Aseguramiento de la Población General de Seguridad Social en Salud, incluyendo la de dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su jurisdicción, para lo cual estipula que se debe cumplir entre otras la función de impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en salud y de seguridad social en salud.

Que el Decreto 1757 de 1994, Capítulo III, de la Participación Comunitaria, artículos 7º y 8º, estipula que en todos los Municipios se conformarán los Comités de Participación Comunitaria en Salud “Copacos”, establecidos por las disposiciones legales como un espacio de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado, determinando entre otras condiciones, su conformación, el periodo para el cual serán nombrados sus integrantes, su acreditación, la potestad de obtener personería jurídica, sus funciones y la posibilidad de asistencia de quienes laboren en el sistema de seguridad social en salud en el ámbito de la respectiva jurisdicción.

Que la Circular Externa 54 de junio 5 de 2009 dirigida por la Superintendencia Nacional de Salud, a los gobernadores, alcaldes municipales y distritales y secretarios de salud departamentales, municipales y distritales referente a las “competencias de inspección, vigilancia y control de los entes territoriales departamentales, municipales y distritales en las áreas de prestación de servicios de salud, aseguramiento de la población al sistema general de seguridad social en salud, salud pública y financiamiento del SGSSS” acogió lo estipulado en el artículo 7º del Decreto 1757 de 1994.

Que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 que faculta al Alcalde para delegar, establece, - Régimen de los actos del delegatario. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la delegación exime de responsabilidad al Delegante, la cual corresponderá exclusivamente al Delegatario, sin perjuicio de que, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contenciosos Administrativo.

Que el artículo 209 de la Constitución Política, dispone que “la función adminstrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Que por medio del Decreto 411.0.20.146 de marzo 4 de 2011, y el Decreto Modificatorio 411.0.20.395 de junio 8 de 2011, se estableció el procedimiento y los requisitos para la convocatoria a la conformación de los Comités de Participación Comunitaria “Copaco”.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ART. 1º—Delegar en los Profesionales Especializados C.A.L.I. del Municipio de Santiago de Cali, la representación del alcalde, ante el Comité de Participación Comunitaria “Copaco” en cada Comuna o Corregimiento, presidiendo el mismo, en nombre del Alcalde, en el tema salud.

ART. 2º—De igual manera, los funcionarios mencionados suministrarán información sobre las actividades desarrolladas o en proceso de ejecución por la dependencia que representan, en la respectiva comuna o corregimiento. De no contar con la información en el momento en que se desarrolla la reunión del Comité de Participación Comunitaria “Copaco”, podrán adelantar consultas, para dar respuesta sobre las inquietudes planteadas por la comunidad y que son directamente de competencia de la Dependencia a la que pertenecen, dentro de los cinco (5) días subsiguientes.

ART. 3º—De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 2111 de la Constitución Política, la delegación exime de responsabilidad al alcalde, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario.

ART. 4º— El presente decreto rige a partir de su expedición y se publicará en el Boletín Oficial del Municipio de Santiago de Cali.

Dado en Santiago de Cali, a los 7 días del mes de julio de dos mil once.

Publíquese, comuníquese y cúmplase,

Jorge Iván Ospina Gómez’

Alcalde de Santiago de Cali”.

3. Cuestión previa.

En el expediente reposa una comunicación enviada por la parte demandante con fecha de 21 de octubre de 2015(1), entregada por fuera de la oportunidad procesal(2), por lo que no será considerada por la Sala.

4. Problema jurídico.

El problema jurídico a resolver por la Sala consiste en determinar si el decreto “Por medio del cual se efectúa una delegación a los profesionales especializados C.A.L.I., ante el comité de participación comunitaria “Copaco” es nulo por (1) violar el artículo 211 de la Constitución, reglamentado por la Ley 489 de 1998, que regula la delegación administrativa y ordena que esta se haga en cargos directivos o de asesoría, (2) violar la normatividad que clasifica el cargo de Profesional Especializado como un cargo de nivel profesional, especialmente el Decreto 785 de 2005.

El argumento relativo a la nulidad del decreto por la delegación con falsa motivación solo fue presentado con el recurso de apelación sin que hubiera sido propuesto en la demanda, ni analizado en la sentencia. En aras de la lealtad procesal y la congruencia que debe existir entre la demanda, la sentencia censurada y el recurso(3), la Sala se abstendrá de estudiarlo

5. Análisis del caso.

En orden a resolver el cuestionamiento planteado la Sala estima pertinente (5.1) precisar los requisitos de la figura de la delegación en el ordenamiento colombiano y (5.2) analizar la jurisprudencia existente del Consejo de Estado sobre la naturaleza del cargo de Profesional Especializado C.A.L.I. Visto lo anterior deberá procederse a (6) resolver el caso concreto.

5.1. La Delegación en el ordenamiento colombiano.

Esta sección(4) ya ha reflexionado sobre el sentido de la Delegación en los siguientes términos:

“Es necesario recordar que la delegación es una medida en virtud de la cual, el titular de una competencia o función administrativa, previamente autorizado por el legislador, decide radicarla temporal y discrecionalmente en cabeza de otra autoridad usualmente subordinada, debiendo quedar en claro que las competencias o funciones susceptibles de delegación, son solo aquellas de las cuales es titular la autoridad delegante.

Los fundamentos jurídicos de la delegación se encuentran definidos, en primer término, en el artículo 209 de la Constitución, en donde se dispone que la función administrativa se cumple en el Estado colombiano con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ‘mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones’.

El artículo 211 de la Constitución Política, por su parte, al referirse en concreto a la figura de la delegación, establece que ‘La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades’.

Como bien se puede apreciar, el precepto trascrito se refiere, por una parte, a la posibilidad de que el Presidente de la República delegue en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado las funciones que la misma ley determine, y, por la otra, a la delegación de funciones dispuesta por otras autoridades.

La Ley 136 de 1994 ‘Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios’ se refirió a la delegación de funciones de los alcaldes municipales en su artículo 92, señalando las funciones precisas que el alcalde podrá delegar en los secretarios de despacho y en los jefes de los departamentos administrativos, entre las cuales no se encuentra la relativa a expedir actos normativos reglamentarios que fijen normas de conducta en el orden local, de tal suerte que dicha competencia, bajo este régimen jurídico, no sería objeto de delegación.

Ahora bien, con posterioridad, en desarrollo de la precitada normatividad constitucional (artículos 209 y 211), la Ley 489 de 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, reguló el instituto jurídico de la delegación, previendo, en su artículo 9º que “[l]as autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias”; que la delegación recaerá “(…) en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley”; y que “[l]os representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley (…)”.

A la luz de este ordenamiento jurídico, los alcaldes, como representantes legales de los municipios [entidades descentralizadas territorialmente] se encuentran habilitados para delegar sus funciones, de conformidad con los criterios establecidos en la ley. (…)” (negritas de la Sala).

En conclusión, en la legislación colombiana los alcaldes pueden delegar funciones administrativas en empleados públicos de los niveles directivo y/o asesor.

En consecuencia, se debe analizar si el cargo de Profesional Especializado C.A.L.I. es directivo o asesor, para determinar si le permite ser recipiendario de la delegación de las funciones establecidas en el decreto.

5.2. La naturaleza del cargo de profesional especializado C.A.L.I.

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado de analizar la naturaleza jurídica del cargo de Profesional Especializado C.A.L.I, especialmente en la sentencia del 27 de abril de 2015(5), en la cual también Sintepumcali demandó la nulidad del Decreto 411.0.20.0165 de 2009, “por medio del cual se ajusta el manual de funciones establecido en el Decreto 411.20.0062 de 23 de febrero de 2007, con relación al empleo Profesional especializado”. En esa oportunidad esta Corporación resolvió pretensiones similares de los demandantes. En la providencia, luego de hacer un análisis sobre el origen y desarrollo de los C.A.L.I, el Consejo de Estado concluyó que no es la denominación del empleo sino sus funciones las que determinan su naturaleza. En ese sentido, estableció que el cargo de Profesional Especializado C.A.L.I es uno de nivel directivo.

A continuación, la Sala transcribe y prohíja los apartes más importantes de dicha providencia:

“Los Centros de Administración Local Integrada —C.A.L.I— se crearon como un sistema de desconcentración administrativa, de distribución de funciones y el ejercicio de delegaciones buscando acercar la administración municipal a la comunidad local (comunas y corregimientos), para el manejo eficiente y eficaz de los recursos públicos y el mejor rendimiento del talento humano.

Fueron creados por el Concejo Municipal de Santiago de Cali a través del Acuerdo 01 del 29 de mayo de 1996 su dirección y manejo estuvo a cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial, dependencia ésta que fue suprimida a raíz de la expedición del Acuerdo 070 del 19 de diciembre de 2000 asumiendo sus funciones la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.

Es de advertir que desde la fecha de creación de los C.A.L.I en el año 1996, se consagró que los mismos estarían a cargo de un Director quien contaría con un equipo de trabajo integrado por tres Unidades (Administrativa, Planeación y Jurídica).

(…)

Posteriormente el 16 de marzo de 2001 el Alcalde de Cali a través del Decreto Extraordinario 0203 decidió agrupar todas las normas que modificaban, adicionaban o aclaraban la estructura orgánica y funcional del municipio, y en lo que se refiere a las funciones a cargo del Director del C.A.L.I decidió asignarle mayor responsabilidad

(…)

Como el artículo 131 en su numeral 9º de la Ley 136 de 1994 disponía que el Concejo Municipal debía expedir la reglamentación correspondiente para que las Juntas Administradoras Locales ejercieran los derechos de postulación y veto respecto de los funcionarios de libre nombramiento y remoción que ejerzan funciones desconcentradas en la respectiva comuna o corregimiento, en el año 2002 el Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 95 reglamentando la forma de vinculación de estos funcionarios a la administración municipal.

En lo que se refiere a la nomenclatura y clasificación de los empleos a nivel territorial, para el caso concreto de los C.A.L.I, y teniendo en cuenta que desde el año 1996 se estableció que los C.A.L.I son dependencias que pertenecen a la administración central del municipio, a raíz de la expedición del Decreto 1569 de 1998, el cargo de director de C.A.L.I se ubicó en el nivel directivo y se denominó “director operativo, Grado 022”, de conformidad con la nomenclatura y clasificación de empleos que hizo el artículo 18 del mencionado decreto (negritas de la Sala).

El 24 de agosto de 2004 el Concejo Municipal de Cali expidió el Acuerdo 135, mediante el cual suprimió el cargo de director operativo y creó el cargo de “JEFE LOCAL Código 212”, y lo homologó al cargo de profesional especializado -C.A.L.I, código 222, grado 09.

(…)

Esta corporación(6) al analizar la naturaleza del cargo de jefe local código 212 homologado al de Profesional Especializado - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09 determinó que corresponden a cargos de libre nombramiento y remoción por el nivel de diversidad de funciones que tiene asignado, para el efecto acogió un concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que señalaba.

En el sub-lite se observa que la mayoría de las funciones que tenían asignados los Directores Operativos Código 022 (Decreto Extraordinario 0203 de 2001), se trasfirieron, inicialmente, a los Jefes Locales Código 212 - Clase salarial 9 (Decreto 0431A de 2004) y, posteriormente, por efecto de una homologación, a los Profesionales Especializados - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09 (Decreto 411.20.0166 de 2006).

(…)

Al hacer un análisis de las funciones que se han ido trasfiriendo de la plaza de Director Operativo Código 022 a la de Jefe Local Código 212 - Clase salarial 9 y Profesional Especializado - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09, la Comisión Nacional del Servicio Civil concluyó que, por su nivel de responsabilidad y gran diversidad (manejo de personal, control interno, recursos y bienes de un ente desconcentrado), muchas de ellas corresponden a las que se asignan a los empleos catalogados como de libre nombramiento y remoción:

“Luego, si bien es cierto las funciones asignadas por el Decreto 411.20.0166 de 2006 al cargo en cuestión (Profesional Especializado - C.A.L.I. Código 222 - Grado 09), son acordes a un empleo del nivel profesional con naturaleza de carrera administrativa, también lo es que a la luz del artículo 8º ibídem, las mismas sólo fueron complementarias de las funciones asignadas con anterioridad, es decir, de las establecidas en el Decreto Extraordinario 0203 de 2001 trascrito at supra (que hacen referencia a un cargo de libre nombramiento y remoción), pues como se evidencia, dicho artículo establece que este Decreto complementa las disposiciones anteriores ‘en especial, a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario 0203 de 2001, en cuanto al señalamiento de funciones especiales a los empleos’.

Además, corrobora lo expuesto el hecho de que en la descripción de funciones dispuestas en el Decreto 411.20.0166 de 2006 para el profesional especializado - C.A.L.I, Código 222, grado 09, se dispusiera que ‘(…) el empleo involucra funciones de dirección, coordinación, supervisión y control de las unidades o áreas internas encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos, en este caso, a cargo de los Centros de Administración Local Integrada C.A.L.I. y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social’

(…)

Se tiene entonces, al observar la génesis y desarrollo de dicho empleo, a través de los actos administrativos antes citados, que el mismo fue concebido como libre nombramiento y remoción y, pese a que posteriormente la administración mediante diversos ha vertido en él funciones y competencias de naturaleza ambigua, no le ha sustraído del ejercicio de las funciones encomendadas inicialmente, dentro de las cuales se destaca la de realizar las distintas actividades requeridas en el desarrollo de los procesos de administración de personal, suministros, presupuestal y contable, de acuerdo con las normas y procedimientos en estas materias y, la de ejercer el control interno en el C.A.L.I, funciones éstas propias de cargos de libre nombramiento y remoción conforme a la normativa vigente. 

De igual forma ha de tenerse en cuenta que a la luz de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 131 de la Ley 136 de 1994, el proceso establecido para su provisión es el propio de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

(…)

En virtud de lo expuesto, este Despacho considera que si en el empleo sub examine recae, entre otras, la responsabilidad de ejercer control interno y/o la administración y manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado, conforme se deduce de los presupuestos de la consulta, su naturaleza corresponderá a un cargo de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo preceptuado en los literales a) y e) del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004. 

Debe tenerse en cuenta además, que los C.A.L.I., son producto del uso de la figura constitucional de la desconcentración administrativa, la cual a la luz del artículo 8º de la Ley 489 de 1998, se define como ‘la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones’.

(…)

Se precisa además, que no es la denominación del empleo, sino el cumplimiento de uno cualquiera de los presupuestos enunciados en el ordenamiento jurídico (Artículo 5º de la Ley 909 de 2004 y lo adicionado por el artículo 1º de la Ley 1093 de 2006), el que determina, en este caso, la naturaleza del pluricitado empleo. 

(…)

Así mismo, el Decreto 785 de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004, dispone:

4.1. Nivel Directivo.

Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos

(…)

(…) conforme a la jurisprudencia transcrita y cuya posición se reitera, el cargo de Profesional Especializado de Centros de Administración Local Integrada -C.A.L.I- de conformidad con el manual de funciones su ejercicio implica un alto grado de confianza comoquiera que tienen asignadas funciones de asesoría institucional, así como funciones asistenciales, de apoyo y de dirección.

Obsérvese que las funciones asignadas mediante el acto demandado a pesar que catalogan el cargo en el nivel Profesional, de la descripción de funciones se desprende que cómo propósito general se encuentra la de formulación de políticas institucionales, adopción de planes, programas y proyectos, administración mediante acciones de planificación, organización, planificación, coordinación, dirección, control y mejora en materia de desarrollo social.

Estas funciones las desarrolla conforme a las directrices del Alcalde y la Secretaría General, por lo cual, por su especial responsabilidad, requieren de un grado de mayor confianza en relación con su nominador, siendo catalogada por el Decreto 785 de 2005 en el nivel directivo propio del régimen de libre nombramiento y remoción y no de carrera administrativa, pues materializan las políticas administrativas y las estrategias para el desarrollo de la misión institucional(7) (negritas de la Sala).

Según lo anterior es claro que el Profesional Especializado C.A.L.I es un servidor público con funciones directivas y de asesoría en armonía con los preceptos normativos citados en el que pueden ser delegadas dichas funciones.

6. Conclusión.

La Sala confirmará la sentencia del Tribunal al concluir que, en este caso, sí es posible la delegación de funciones administrativas, siempre y cuando no exista prohibición expresa de la Ley y recaiga en empleados públicos de los niveles directivo y/o asesor. Como no hay prohibición normativa para delegar y el cargo de Profesional Especializado C.A.L.I es la de servidor público con funciones directivas y de asesoría, el acto demandado no incurrió en la nulidad incoada y por ende no se accederá a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. FALLA:

CONFIRMAR la sentencia del 13 de diciembre de 2013 del Tribunal-Administrativo del Valle del Cauca.

Por secretaría, envíese copia de esta decisión al tribunal de origen y, dentro del término de ley, envíese a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Folio 10, cuaderno 2.

2 7 de septiembre de 2015 fue enviado el escrito y el proceso entró a despacho el 9 de febrero de 2015.

3 Ver sentencias: de 16 de febrero de 2012, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia, Expediente No.: 20120-00035-00; y de 5 de septiembre de 2013, M. P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Expedientes Acumulados: 2012-00043-01 y otros. Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-31-000-2011-01474-01. Sentencia del 25 de agosto de 2011, Exp. 2010-00045 (Acumulado), C.P. Susana Buitrago Valencia.

4 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. CP: Marco Antonio Velilla Moreno (E) Bogotá, D.C, treinta (30) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación: 05001-23-15-000-2009-00571-01

5 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., veintisiete (27) De abril de dos mil quince (2015). Radicación: 76001-23-31-000-2011-01565-01(3966-13) Actor: Sindicato De Trabajadores Y Empleados Públicos Del Municipio De Santiago De C.A.L.I – Sintepumcali. Demandado: Alcalde del Municipio de Santiago De Cali.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 9 de febrero de 2012, Consejero Ponente doctor Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 0893-2008, actor Ricardo Antonio Téllez Bautista

7 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, CP: Alfonso Vargas Rincón. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015). Radicación Número: 76001-23-31-000-2011-01565-01(3966-13) Actor: Sindicato De Trabajadores Y Empleados Públicos Del Municipio De Santiago De Cali – Sintepumcali. Demandado: Alcalde Del Municipio De Santiago De Cali.