Sentencia 2012-00325 de julio 4 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Rad.: 11001-03-25-000-2012-00325-00(1289-12).

Actor: Wilbert Andres Alomia Quiñones

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autoridades nacionales

Bogotá D.C., cuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, proferidos por la Policía Nacional, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad general por diez (10) años para ejercer cargos públicos, son ilegales por haberse expedido con falsa motivación, desviación de poder y desconocimiento del debido proceso; o si por el contrario se ajustan al ordenamiento jurídico.

Actos acusados

Fallos Disciplinario de Primera y Segunda Instancia de 7 de julio y 27 de octubre de 2011, por medio de los cuales, la Policía Nacional resolvió sancionar al demandante con destitución en el ejercicio del cargo de Subintendente e inhabilidad general de diez (10) años. (fls. 59-95 y 9-28).

Resolución 4395 de 30 de noviembre de 2001, proferida por el Director General de la Policía Nacional, mediante la cual ejecutó la sanción de destitución y lo retiró del servicio activo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años. (fls. 7-8).

De lo probado en el proceso

De la vinculación del demandante

A folio 33 del expediente obra la certificación de tiempo de servicio suscrita por el Subdirector General de la Policía Nacional y el Jefe de Talento Humano de la Policía Nacional, donde hace constar que el accionante prestó sus servicios durante trece (13) años, nueve (9) meses y trece (13) días, y al momento del retiro ocupaba el cargo de Subintendente.

De las actuaciones que dieron origen al proceso disciplinario

El Comandante de la Estación de Policía Trece-Teusaquillo, el 7 de junio de 2011 mediante Oficio 1588 CONSEC1-ESTPO13-29 (fls. 2-4 cdno. 2), le informó al Comandante del Comando de Seguridad Ciudadana Nº 1, lo siguiente:

Hacia las 18.00 horas del referido día, fue informado por el Comandante de la Estación de Policía de Usaquén, que en procedimiento policial fueron encontrados los Subintendentes Wilbert Andrés Alomía Quiñones y Alexander Garavito Arias, quienes al parecer realizaban o iban a realizar un falso allanamiento.

Constató que los Subintendentes no se hallaban en los cuadrantes asignados, y por tanto desconocía su paradero, teniendo en cuenta que no informaron al Oficial encargado de la vigilancia su desplazamiento.

Obra como antecedente la salida del turno y que recibió orden de hacer tercer turno en el cuadrante veintitrés (23), CAI San Luis de la Estación.

Los que debían estar patrullando con los encartados, omitieron informar al Comandante del CAI que éstos se ausentaron de su puesto de facción.

Del proceso disciplinario

Por Auto de 9 de junio de 2011 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, resolvió dar apertura a la indagación preliminar por los hechos antes narrados y dispuso la práctica de algunas pruebas(1). (fls. 30-34 cdno. 2).

Mediante Auto de 21 de junio de 2011 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional (fls. 77-99 cdno. 2)(2), resolvió:

Tramitar la acción disciplinaria mediante el proceso verbal previsto en el artículo 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

Citar a audiencia al disciplinado para el día 24 del mismo mes y año.

Para que responda por el único cargo, según el cual, probablemente incurrió en el ilícito previsto en el numeral 27 del artículo 34 de la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006, por haberse ausentado del lugar de facción o sitio donde presta su servicio sin permiso, catalogada como gravísima.

La conducta desarrollada por el Subintendente fue en la modalidad de acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones, contenida en el artículo 27 del Código Disciplinario Único.

El 24 de junio de 2011 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, da inicio a la Audiencia Disciplinaria para que el investigado rinda versión libre, además decretan pruebas, y se recepcionan unas declaraciones. (fls. 103-110 y 111-119 cdno. 2).

Por Auto de 26 de junio el Jefe de la de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, resuelve el recurso de apelación presentado por el apoderado del disciplinado contra la negativa de pruebas emitida mediante el proveído de 24 de junio de 2011, confirmándola por considerar que resultaban impertinentes, inconducentes y superfluas, por cuando no conducen a atacar el cargo imputado. (fls. 121-128 cdno. 2).

Por autos de 30 de junio y 5 de julio de 2011 el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, da continuación a la Audiencia de 21 de junio del mismo año. (fls. 145-154 y 174-188 cdno. 2).

El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, profirió Fallo Disciplinario de Primera Instancia el 7 de julio de 2011, sancionando con destitución del cargo de Subintendente al demandante e inhabilidad general de diez (10) años(3) (fls. 196-232), teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

El grado de culpabilidad del actor fue a título de dolo, teniendo en cuenta el conocimiento de los hechos, la ilicitud de la conducta y el resultado de la misma.

El investigado tenía pleno conocimiento que no podía ausentarse del sitio en donde prestaba el servicio sin el debido permiso, y aún así se ausentó, sin tener en cuenta que él era el Comandante de la Patrulla Cuadrante Nueve y Diez, de donde surge la voluntad e intención de realizar una conducta contraria a la norma disciplinaria a sabiendas de su ilicitud.

En situaciones como la presente consideró el operador disciplinario que se ve afectado gravemente el deber funcional dentro de la Institución, en el momento en que el servidor público se ausenta del lugar donde debía prestar el servicio sin permiso alguno, situación que obligó a imponer una sanción ejemplarizante, evitando al mismo tiempo que a futuro este tipo de situaciones se vuelvan a presentar con miembros de la Policía Nacional, quienes tienen la obligación primordial de cumplir con el servicio y al mismo tiempo dar ejemplo a sus compañeros.

La falta disciplinaria que se cometió es gravísima a título de dolo, por lo que conforme el artículo 39 del Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002 debió ser sancionado con destitución del cargo e inhabilidad de diez (10) años.

El 27 de octubre de 2011 el Jefe de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, profirió Fallo Disciplinario de Segunda Instancia (fls. 250-268 cdno. 2), confirmando la decisión inicial, argumentando lo siguiente:

El Subintendente Alomía Quiñones, dejó el servicio encomendado, y fue encontrado en otro tipo de actividad muy diferente a la función que debía cumplir como lo demuestra el acervo probatorio analizado.

No es posible crear una causal de justificación, manifestando que se encontraba en cumplimiento de un deber legal de una autoridad legítima y competente, pues dicha orden no la debe cumplir un integrante de cualquier cuadrante de los tantos que existen en la Metropolitana de Bogotá, sino que se debe actuar bajo parámetros legales, es decir por solicitud del Comandante de la Estación y no bajo el libre albedrio del policial.

Con relación a la falta de lesividad de la conducta, manifestó que esta se circunscribe desde el mismo momento en que el policial abandona la función encomendada en el cuadrante para realizar otra actividad que no estaba autorizada por sus superiores, dejando abandonado su cuadrante y las funciones que debía cumplir.

El a quo emitió Fallo Disciplinario de Primera Instancia conforme a la Constitución y la Ley, dando aplicación a los principios rectores de la investigación, como son el debido proceso, defensa, contradicción, representación, etc.

Finalmente el Director General de la Policía Nacional, mediante Resolución 4395 de 30 de noviembre de 2011, ejecutó la sanción de destitución y lo retiró del servicio activo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años. (fls. 7-8 y 281 cdno. 2).

Análisis de la Sala

De la nulidad de los actos de ejecución

El actor solicitó la nulidad de la Resolución 4395 de 30 de noviembre de 2011, por la cual el Director General de la Policía Nacional, dispuso la ejecución de la sanción de destitución e inhabilidad por diez (10) años.

La Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno frente a esta Resolución que ejecuta la sanción impuesta al actor, porque la Policía Nacional no está tomando una decisión, sino que simplemente está dando cumplimiento a la decisión adoptada mediante los fallos disciplinarios, es decir, que no contiene la voluntad de la administración, sino que se trata de un acto administrativo de trámite.

En consecuencia la Sala se inhibirá de efectuar análisis alguno respecto de su legalidad.

De la violación al debido proceso por indebida apreciación de las pruebas

Indicó el demandante que la sanción de destitución e inhabilidad por diez (10) años para desempeñar cargos públicos, se hizo sin que en el proceso disciplinario obraran pruebas que le permitieran al investigador llegar a tal conclusión.

El artículo 29 de la Constitución Política, respecto al debido proceso indica que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha entendido(4), que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento(5).

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en el artículo 6º determina:

“ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”.

El respeto al debido proceso administrativo reconoce el derecho de contradicción que le asiste al funcionario investigado desde la etapa de la indagación preliminar, cuando el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 dispone que: “(...) Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. (...)”, para lo cual, el investigado tendrá derecho a conocer las diligencias y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la práctica de otras.

Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-036 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

“(...) 3.5 La Corte, en aquella ocasión, consideró que la facultad discrecional consagrada en esta disposición a favor de la autoridad disciplinaria de decidir si considera necesario o no oír en exposición espontánea al servidor público investigado, viola el derecho de defensa, pues olvida que esta solicitud del encartado en la indagación preliminar de ser escuchado, corresponde al derecho que tiene cuando sabe que su conducta puede estar comprometida por una queja o denuncia. En estas condiciones, dijo la Corte, que a su pedido de ser oído, la autoridad disciplinaria no puede negarse. Explicó la Corte:

“Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 140 del Código Disciplinario Único, se tiene que el investigador “(...) podrá oír en exposición espontánea al servidor público que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado" (negrillas fuera de texto). Ello significa que, cuando no existe una persona claramente definida o, lo que es lo mismo, no se tiene certeza sobre el posible autor de la falta disciplinaria, el servidor público que tiene a su cargo el esclarecimiento real de los hechos que dieron lugar a la queja, puede acudir a los medios de prueba que considere pertinentes, sin que ello autorice al funcionario investigador a negarse a oír al servidor público que así lo solicite si este último lo estima pertinente, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un servidor público tiene conocimiento de que su conducta puede resultar comprometida en virtud de una queja o denuncia instaurada y, solicita al funcionario investigador la recepción de la exposición espontánea, en aras de ejercer su derecho de defensa, tendrá que ser escuchado, sin que esta solicitud quede sujeta a la discrecionalidad del investigador.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Único, en cuanto hace referencia a la expresión “que considere necesario”, norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legítimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso”. (Sent. C-892/99).

3.6 Ahora, frente a la misma expresión contenida en una disposición semejante, se concluye que se está frente a cosa juzgada, pues, la frase acusada, el legislador la reprodujo exactamente igual dentro de un contexto muy semejante al que se encontraba en el anterior Código Disciplinario Único y, como las razones expresadas por la Corte en la sentencia aludida para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 200 de 1995 son las mismas que ahora conducen a la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 150, inciso 5 de la Ley 734 de 2002, se declarará inexequible. (...)”.

En el sub lite, el actor aduce que se desconoció el debido proceso por cuanto la Policía Nacional, le dio pleno valor probatorio a la declaración y el informe rendido por el Comandante de la Estación y las diferentes declaraciones que se recepcionaron, pero que no se decretaron las pruebas por él solicitadas, las cuales hubieran demostrado que actuó en cumplimiento de un deber legal y por tanto existió una causal eximente de responsabilidad.

En el sub examine el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, profirió Fallo Disciplinario de Primera Instancia, teniendo en cuenta las siguientes pruebas [entre otras]:

1. El Informe 1555 CONSEC1-ESTPO13-29 de 7 de junio de 2011, mediante el cual el Comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, puso en conocimiento de su superior la novedad presentada en la fecha, consistente en que el actor se encontraba en el área de la Estación de Usaquén al parecer realizando o por realizar un allanamiento; y por tanto no se encontraba en el cuadrante asignado y se movilizó sin su autorización y conocimiento.

2. La minuta de vigilancia para el tercer turno de servicio de 7 de junio de 2011, da cuenta del lugar y fracción del cuadrante [nueve] de ubicación, así como la asignación de la labor a cumplir.

3. La apertura de control de armamento de 7 de junio de 2011, según la cual el Subintendente Alomía Quiñones reclamó el revólver, munición y chaleco antibalas para el servicio.

4. Minuta del Comandante de la Estación Teusaquillo, que informa la novedad presentada con el investigado [es decir, se encontraban por fuera del perímetro asignado].

5. Oficio de 7 de junio de 2011, suscrito por el Patrullero encargado del Almacén, dando a conocer que el Subintendente Alomía Quiñones no entregó el arma de dotación y el chaleco antibalas.

6. Informe de vigilancia de 7 de junio de 2011, que da cuenta de la captura del actor en flagrancia [en la carrera 7ª Nº 245-60 Barrio Torca], en la localidad de Usaquén aproximadamente a las 17.45 horas, junto con unos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, realizando presuntamente un allanamiento.

7. Declaración del Mayor Fabián Ospina Gutiérrez, ratificando que fue informado por el Coronel Bermúdez, Comandante de Usquén, que el actor fue encontrado con personal presuntamente del CTI y la Fiscalía General de la Nación, en el sector de Torca, cuando debía estar realizando el tercer turno de vigilancia en el cuadrante asignado y ninguno le solicitó permiso a él o a otro oficial para salir de la jurisdicción.

8. Declaración del Patrullero Milton Cesar Castañeda Jaramillo, en que manifestó que el Subintendente Alomía Quiñones aproximadante a las 17.00 horas le dijo que se iba a retirar a comprar unos repuestos para la camioneta, que no se demoraría y lo dejó solo a cargo del sector.

La Sala advierte en primer lugar que lo pretendido por el actor es que, se reabra el debate probatorio surtido en sede administrativa, lo cual no resulta posible porque esta jurisdicción no constituye una tercera instancia en los procesos disciplinarios.

En todo caso, de conformidad con el acervo probatorio obrante en el proceso se pudo constatar que la Policía Nacional le brindó todas las garantías procesales al demandante, toda vez que, pudo controvertir los hechos que se le imputaron, ejerció el derecho de defensa y contradicción, pues solicitó pruebas, presentó alegatos de conclusión e interpuso el recurso de apelación y estuvo debidamente representado por apoderado dentro del trámite del proceso disciplinario.

Es así como en el fallo de primera instancia de 7 de julio de 2011, proferido por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, de la Inspección Delegada Especial MEBOG, de la Inspección General de la Policía Nacional, resolvió sancionar al accionante con destitución e inhabilidad de diez (10) para desempeñar cargo públicos, teniendo en cuenta que: I) No podía ausentarse del sitio en donde prestaba el servicio sin el debido permiso; II) Tampoco contaba con autorización del Comandante de la Estación de Usaquén para hacer presencia en el sector; III) Además abandonó el cuadrante al cual estaba asignado mediante engaños por cuanto afirmó que iba a comprar unos repuestos para el vehículo asignado para el servicio cuando en realidad se encontraba en otra localidad (fls. 196-232).

Ahora bien el actor afirma que le negaron la práctica de algunas pruebas [Auto de 24 de junio de 2011] con las cuales hubiera demostrado la existencia de la orden de allanamiento. (fls. 111-119 cdno. 2).

Al respecto, dirá la Sala que estas fueron negadas porque fueron consideradas impertinentes, inconducentes y superfluas [Auto de 26 de junio de 2011], pues el actor era investigado por ausentarse del sector asignado para prestar el servicio, sin que hubiera sido autorizado para ello, como se lo indicó el operador disciplinario al resolver la impugnación del auto de pruebas. (fls. 121-128 cdno. 2).

Además porque en el trámite del proceso disciplinario no se discute la existencia o no de la orden de allanamiento, sino que el actor se ausentó del cuadrante asignado para prestar el servicio policial, pues si bien es cierto los Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, pudieron haber solicitado apoyo, quienes autorizan al personal que debe acudir son los Comandantes de Estación, y en el presente caso el lugar donde se suscitaron los hechos no corresponden a la estación a la cual se encontraba adscrito el accionante y menos aún al cuadrante asignado para el patrullaje.

Por las anteriores razones, el investigador disciplinario al resolver la alzada, le indicó que la solicitud de pruebas debe atinar al punto en litigio, máxime cuando se conocen los cargos endilgados; por tanto, la defensa debió enfatizar sus esfuerzos en desvirtuar la conducta reprochada [ausentarse del lugar de trabajo sin autorización].

En esas condiciones tampoco está llamado a prosperar el cargo de violación al debido proceso por indebida apreciación de las pruebas aportadas en el trámite del proceso administrativo.

De la falta de lesividad de la conducta

El accionante para fundamentar el cargo indicó que por el hecho de haberse ausentado de la zona donde debía estar prestando el servicio policial, no se le causó daño a ningún bien jurídico.

Al respecto dirá la Sala que la conducta que se le endilgó al actor consistió en que se ausentó de la zona asignada para la prestación del servicio policial sin contar con permiso para ello y que dicho proceder se encuentra previsto como falta gravísima en el artículo 34-27 de la Ley 1015 de 7 de febrero de 2006(6), cuyo contenido es el siguiente:

“ART. 34.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: (...).

27. Ausentarse del lugar de facción o sitio donde preste su servicio sin permiso o causa justificada. (...)”.

El Código Disciplinario Único, en el artículo 27 dispone que las formas de realización de un comportamiento pueden ser por acción y/o omisión, al disponer que: “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo”.

Quiere decir, que efectivamente el accionante incumplió su deber legal, al ausentarse sin permiso de la zona asignada para la prestación del servicio policial [en el presente caso, vigilancia]. Con este proceder incurrió en la falta disciplinaria prevista en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo.

En el sub judice, la Policía Nacional en el trámite del proceso disciplinario concluyó que el demandante omitió el ejercicio de sus funciones al movilizarse sin permiso de su superior [Comandante de la Estación de Teusaquillo], presentarse en otra localidad sin que informara y contara con autorización previa del Comandante de la zona [Estación de Usaquén], además que para movilizarse lo hizo mediante engaño, pues a su compañero de zona le manifestó que iba a comprar unos repuestos para la camioneta con la cual prestaban el servicio.

Por tanto, la falta imputada al accionante se hizo a título de dolo, teniendo en cuenta que valiéndose de su cargo como Subintendente de la Policía Nacional, resolvió abandonar el sitio asignado para el servicio policial y participar en un presunto allanamiento sin contar con la autorización de la autoridad competente.

Así las cosas, la Sala no comparte la afirmación del actor de que no causó daño alguno con su proceder, en primer lugar porque en el presente caso no se está discutiendo si se presentaron situaciones que exigieran su presencia en el cuadrante en que tenía que prestar el servicio policial o si existía o no orden de allanamiento, sino que se ausentó de la zona asignada para la prestación del servicio policial sin contar con la autorización del Comandante de la Estación Teusaquillo, y luego se presentó en otra zona sin autorización del Comandante de la Estación de Usaquén.

Conforme lo expuesto el cargo no está llamado a prosperar.

De la desviación de poder

Sostiene el demandante que con la expedición de los actos acusados se incurrió en desviación de poder, sin que exprese fundamento alguno.

La configuración de la desviación de poder supone como requisito ‘sine qua non’, la existencia de una relación o nexo causal entre unos hechos y el acto de desvinculación del actor y en el sub lite, las pruebas arrimadas, no dan certeza de la configuración de la referida causal(7), antes por el contrario se insiste en que el acervo probatorio recaudado durante el trámite de la investigación disciplinaria, demostraron la responsabilidad del actor por cuanto abandonó sin justificación y permiso la zona asignada para la prestación del servicio [y presuntamente participó en un allanamiento].

Quiere decir que el actor no cumplió con la carga que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de probar los supuestos fácticos en que apoya su ‘petitum’. Pudiendo el juez en ejercicio del principio de la ‘sana crítica’ realizar una libre apreciación de las pruebas, que le permitan impartir justicia a la luz de lo probado en el proceso(8).

En consecuencia tampoco está llamado a prosperar el cargo de desviación de poder.

De la falsa motivación

Para fundamentar el cargo de falsa motivación, manifestó que el investigador disciplinario efectuó un análisis de las pruebas de una manera parcializada y no pretendió la demostración de los hechos.

Empero, advierte la Sala que los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia, indicaron los motivos por los cuales consideró que la falta del disciplinado es gravísima en la modalidad de dolo, teniendo en cuenta para ello, las pruebas recaudadas y lo previsto en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, dada la posición que ocupaba el demandante, dentro de la jerarquía en la institución [Subintendente de la Policía Nacional], por tanto estaba obligado a tener mayor diligencia, conocimiento y cuidado en el cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que se trataba de un servidor público y que por mandato de la Constitución y la Ley está compelido al cumplimiento de las ordenes de su superior y propender por la seguridad ciudadana.

Ahora bien, existe falsa motivación cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad. La motivación de un acto administrativo implica que la manifestación de la administración tiene una causa, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable.

No obstante, conforme a lo analizado en capítulos precedentes, la administración cumplió con el deber de motivar los actos acusados, con la observancia del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales; por tanto, con la conducta desplegada por el Subintendente Alomía Quiñones no sólo hubo omisión al ausentarse de la zona asignada para la prestación del servicio sin autorización y mediante engaño, sino porque se extralimitó en el cumplimiento del deber, al participar en un presunto allanamiento sin contar con permiso de la autoridad competente [Comandante de Usaquen], conducta que lesionó el bien jurídico tutelado y, por tanto resultó antijurídica y dolosa, motivo por el cual se le impuso la sanción de destitución e Inhabilidad para ejercer cargo público por el término de diez (10) años.

Por tanto, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

Así las cosas, según las prueban obrantes en el expediente el actor no pudo desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual fuerza concluir que en el sub lite se deben negar las pretensiones de la demanda, empero se inhibirá la Sala efectuar pronunciamiento alguno respecto de la Resolución 4395 de 30 de noviembre de 2011, por tratarse de un acto administrativo de trámite.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección ‘B’, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE INHIBIDA LA SALA para conocer de la nulidad de la Resolución 4395 de 30 de noviembre de 2011 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NIÉGANSE LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA incoada por Wilbert Andrés Alomía Quiñones contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Notificación personal, el 10 de junio de 2011, (fls. 35 cdno. 2).

(2) Notificación personal, el 21 de junio de 2011, (fls. 100 cdno. 2).

(3) El fallo disciplinario de primera instancia fue notificado en estados el día que se profirió, es decir, el 7 de julio de 2011, (fls. 232 cdno. 2).

(4) Cf. entre otras Sentencias C-430 de 1997, C-597 de 1996, C-150 de 1993.

(5) Sentencias C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz; C-411 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes M.

(6) Ley 1015 de 7 de febrero de 2006, por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.

(7) Sentencia de 1º de julio de 2009, expediente 4879-04, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(8) Consejo de Estado, sentencia de 4 de mayo de 2000, M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.