Sentencia 2012-00326/20196 de mayo 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Rad.: 250002327000201200326 01

Ref.: 20196

Demandante: Construcciones Laja S.A.

Demandado: Municipio de Tocancipá

Asunto: Contribución de valorización

Fallo

Bogotá, D.C. siete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso se discute la legalidad del acto administrativo mediante el cual la Gerencia Financiera del municipio de Tocancipá asignó la contribución de valorización por beneficio local al predio distinguido con la cédula catastral 25817000000060002-000, ubicado en vereda Canavita, de propiedad de la sociedad Construcciones Laja S.A., por valor de $274.257.310.

En los términos del recurso de apelación, la Sala determinará si los actos administrativos son nulos por incompetencia y por violación del principio de la doble instancia y si los mismos carecen de motivación.

Nulidad absoluta del acto administrativo por incompetencia y violación del principio de la doble instancia

En el presente asunto se observa que la nulidad reclamada por la actora en el recurso de apelación se fundó en el desconocimiento del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008, pues consideró que el municipio demandado no respetó la limitante legal en materia de competencias para resolver el recurso de reconsideración, interpuesto contra actos administrativos, cuya cuantía es igual o superior a 5000 UVT.

Dijo que la competencia para resolver el recurso de reconsideración estaba en cabeza de los funcionarios de la Administración de Impuestos de la capital del departamento de Cundinamarca o de la gobernación.

Advierte la Sala que, tanto en la vía gubernativa como en el escrito de la demanda, la actora solicitó la nulidad de los actos administrativos porque el fallo del recurso de reconsideración fue proferido por el mismo funcionario que asignó la contribución, sin que hubiera aludido al cargo relativo a la aplicación del artículo 40 del Decreto 4048 de 2008, relacionado con la competencia de los funcionarios de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN, para fallar el recurso de reconsideración cuando la cuantía del acto de determinación de impuestos o del que impone sanción sea superior a cinco mil (5.000) UVT.

Quiere ello decir, que, este asunto, no fue puesto previamente en consideración de la entidad administrativa, para que hubiera tenido la posibilidad de pronunciarse sobre la viabilidad de dicha reclamación.

Lo anterior se precisa en procura de garantizar el derecho fundamental al debido proceso del municipio demandado.

Así las cosas, no resulta de recibo el argumento que presentó la actora en esta instancia con ocasión del recurso de apelación.

Por lo expuesto, el análisis que adelantará la Sala, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se sujetará a lo relacionado con la falta de motivación de la Resolución de Asignación 61 de 2010.

Falta de motivación

Sostiene la demandante que la Resolución de Asignación 61 de 2010 carece de motivación porque solo refiere, en forma vaga, a las normas relacionadas con la contribución, sin que se indiquen las bases de cuantificación del tributo.

Se advierte:

La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica; debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole que determinen no sólo la expedición del mismo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de los mismos.

Cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten en forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la Administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo(13).

En el caso, el municipio de Tocancipá, en las consideraciones de la Resolución 00061 de 2010, por la cual asignó la contribución de valorización, se refirió a los artículos 338 de la Constitución Política, 211 del Acuerdo 011 de 2005 y 290 del Decreto 111 de 2008, que determinan que el establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se realizará por la respectiva entidad municipal que ejecute las obras y que los ingresos se invertirán en la construcción, mantenimiento y conservación de las mismas o en la ejecución de otras obras de interés público.

A continuación aludió a los artículos 5º, 6º y 28 del Acuerdo 5 de 2009 que señalan a la secretaria municipal de hacienda, hoy gerencia financiera, como administrador de la contribución de valorización y que establecen que la asignación se hará mediante acto administrativo, así como determinará los sujetos pasivos.

Posteriormente, indicó el plan de obras a financiar, la zona de influencia, el costo, el monto distribuible y el método de distribución, de conformidad con los acuerdos 14 de 2009 y 4 de 2010; además, citó las resoluciones 222 de 2009, 223 de 2009, 014 de 2010 y 15 de 2010, por medio de las cuales se adoptó la Memoria Técnica para la distribución de la contribución de valorización por beneficio local y las políticas de recaudo y formas de pago para la misma.

En la parte resolutiva asignó la contribución a los predios ubicados en la zona de influencia comprendida entre el casco urbano, la Vereda Canavita, el sector Buenos Aires, la Vereda Verganzo, el sector Tibitoc y el sector Las Quintas y Polígono Minero del municipio de Tocancipá.

En el parágrafo de la resolución aludida, se precisó que la contribución por beneficio local, ordenada por el Acuerdo 14 de 2009, se asignaba al predio identificado con la cédula catastral 25817000000060002, ubicado en Carrizal, vereda Canavita, de propiedad de la sociedad Construcciones Laja S.A. por valor de $274.257.310, de conformidad con el listado de liquidación individualizado, que forma parte integral del acto administrativo.

En la liquidación de la contribución, identificada con el mismo número de la cédula catastral del predio al que se le asignó la contribución, se lee lo siguiente:

“Fórmula tarifa de contribución individual:

Ci=(Área física x Factor destinación económica x Factor grado beneficio) / Suma de las áreas ampliadas o área virtual) x Monto distribuible

[Á] Área bruta del predio (m2): 38000
[B] Área de afectación (m2):0
[C= A-B] Área remanente (m2):38000
Factor de grado de beneficio:Mayor
[D] Tarifa factor grado de ben:2.5
Factor de destinación económica:INDUSTRIA GRADE TIPO_2
[E] Tarifa factor de destinación E:5.4
[F=CxDxE] área ampliada:513000
[G] Área virtual:132805940.53
[H] Monto distribuible:$71.000.000.000.00
[RxH/G] Total contribución:$274.257.310

DESCRIPCIÓN DE FACTORES

Factor grado de beneficio. Def.: FGB1 PREDIOS UBICADOS ENTRE O Y 500 METROS, MEDIDOS A PARTIR DEL EJE DE LA VÍA U OBRA
Factor de destinación econ. f:FEE19 Predios destinados al funcionamiento de una gran industria de acuerdo con la definición legal para este tipo de actividad económica, que a la fecha no se encuentran en operación.

(…)”.

Así las cosas, la resolución de asignación, además de citar las normas que regulan la contribución, la distribución y el recaudo, refiere el área del predio, el factor de grado de beneficio, la tarifa que corresponde al predio, el factor de destinación económica, el monto distribuible y el valor total de la misma.

De lo anteriormente referido, evidencia la Sala que el municipio de Tocancipá motivó debidamente el acto administrativo, pues, como se indicó, señaló los fundamentos fácticos y jurídicos en que se sustenta la asignación de la contribución de valorización para el predio de propiedad de la sociedad demandante, los que el administrado, en ejercicio del derecho de contradicción y defensa, pudo discutir con la interposición del recurso de reconsideración presentado el 24 de junio de 2011(14).

Por las razones antes expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 11 de abril de 2013, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Construcciones Laja S.A. contra el municipio de Tocancipá.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

13 Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

14 Folios 23 a 27 del cuaderno 1.