Sentencia 2012-00327/20480 de mayo 21 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 17001-23-33-000-2012-00327-01(20480)

Actor: Solocauchos S.A.S.

Demandado: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá D.C., veintiuno de mayo de dos mil quince.

Consejera ponente:

Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales, impuso a la actora sanción por enviar información con errores.

En los términos de la apelación, el problema jurídico se contrae a establecer si la sanción que se le impuso a la sociedad actora por enviar información en medios magnéticos con errores en su contenido, es o no procedente.

Para resolver el recurso de apelación, son relevantes los siguientes hechos probados:

1. La empresa Solocauchos S.A.S. estaba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable 2007.

2. El artículo 5º de la Resolución 12690 de 2007, estableció que los sujetos obligados a presentar información sobre las retenciones en la fuente practicadas, de acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 631 del estatuto tributario, deberán suministrar los apellidos y nombre o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó o se asumió la retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono en cuenta sujeto a retención y el valor retenido.

3. La sociedad demandante presentó oportunamente la información exógena del año 2007, pero con errores, toda vez que en el formato 1002, reporte de retenciones en la fuente por servicios, “retenciones en la fuente asumidas con personas del régimen simplificado” consignó el valor de $ 140,201,333,333,333 y en el campo “retención” indicó $ 841.208. Al advertir que la base no guarda coherencia con el valor retenido, la DIAN consideró que se configuraba el hecho sancionable previsto en el artículo 651 del estatuto tributario.

4. La DIAN notificó el pliego de cargos 102382011000061, por correo certificado del 25 de marzo de 2011, en el que propuso imponer la sanción por enviar información con errores, prevista en el artículo 651 ib.

5. El 29 de marzo de 2011, la sociedad actora presentó respuesta al pliego de cargos, en la que indicó que la información presentada en el formato 1002 del año 2007 tiene un error involuntario de transcripción en la base de retención, siendo el valor correcto $ 14.020.133; para el efecto anexó los correspondientes soportes contables.

6. El 26 de julio de 2011, la división de gestión de liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, profirió la Resolución sanción 102412011000099.

7. El 19 de octubre de 2011, la parte actora, con fundamento en las mismas razones expuestas en la respuesta al pliego de cargos, interpuso recurso de reconsideración contra la resolución sanción.

8. El 13 de agosto de 2012, la DIAN expidió la Resolución 900090, mediante la que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y modificó el acto recurrido para determinar la sanción en la máxima establecida. ($ 314.610.000).

9. La actora, dentro del término de ejecutoria de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración presentó el formulario 100066075201425 del 15 de agosto de 2012, en el que corrigió la información exógena digitalmente.

De acuerdo con los hechos probados y con lo expuesto en el recurso de apelación que interpuso la DIAN, el debate se centra en determinar si la sanción se impuso sobre una conducta tipificada como infracción administrativa.

De si la conducta estaba prevista como infracción administrativa.

El fundamento legal que impone la obligación de presentar la información en medios magnéticos, que suscita la presente controversia, es el literal e) del artículo 631 del E.T. que, para año 2007, disponía:

“ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 648 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el director de impuestos nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:

a. (…).

e. Los apellidos y nombres o razón social y NIT, número de cédula de ciudadanía o de tarjeta de identidad y dirección de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado por beneficiario de los mismos, por el año gravable 2003, sea superior a un millón de pesos ($ 1.000.000) con indicación del concepto, el valor de la retención en la fuente practicada, el valor del impuesto sobre las ventas retenido, el valor del impuesto sobre las ventas descontable. (…)”.

Concordante con lo anterior, para el mismo periodo, la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, especificó la información y las condiciones en las que debía ser presentada, a efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 631 del E.T. así:

“ART. 5º—Información de retenciones en la fuente practicadas. De acuerdo con lo establecido en el literal b) del artículo 631 del estatuto tributario los obligados a que se refiere el literal c) del artículo 1º de la presente resolución, deberán suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó o de quienes se asumió la retención en la fuente en el año gravable 2007, con indicación del concepto, valor del pago o abono en cuenta sujeto a retención y el valor retenido.

La información aquí relacionada, deberá ser suministrada en el formato 1002, versión 6, según el concepto a que corresponda, de la siguiente manera:…”

Retención en la fuente practicada a título del impuesto sobre las ventas.

Deberán suministrarse los apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó o de quienes se asumió la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas, indicando el valor del pago o abono en cuenta de la transacción económica y el valor del IVA retenido o asumido en el año gravable 2007, utilizando los siguientes conceptos:

a) Retención en la fuente a personas o entidades del régimen común, en el concepto 2318.

b) Retención en la fuente asumida por operaciones con personas del régimen simplificado, en el concepto 2319”.

“ART. 22.—Sanciones. Cuando no se suministre la información dentro de los plazos establecidos, cuando el contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 651 del estatuto tributario.

De otra parte, la sanción por no dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 631 del E.T., está contemplada en el artículo 651 del mismo estatuto que, para el año 2007, señalaba:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de 15.000 UVT(6), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea”.

La Sala ha considerado que los hechos constitutivos de la infracción tributaria a los que se refiere el artículo 651 del E.T. se concretan en los siguientes supuestos: a) no suministrar la información dentro del plazo establecido para ello, b) cuando el contenido de la información presente errores y, c) lo informado no corresponda a lo solicitado(7).

Sobre la conducta sancionable consistente en la presentación de la información con errores, se reitera el criterio acogido por esta corporación en el sentido de que los errores sancionables son los de contenido, es decir, aquellos relacionados con los datos, cifras o conceptos específicos que, por ley, está obligado a reportar el contribuyente(8).

Según los antecedentes de la actuación, la sanción, en el presente caso, se impuso con base en la tercera conducta, toda vez que el contenido de la información presentada por la sociedad actora registraba errores consistentes en la colocación de puntos en las cifras informadas con la finalidad de separar decenas, centenas, miles o millones.

El registro errado corresponde al concepto de retenciones en la fuente asumidas por los pagos hechos al señor Vergara Betancourt José Martín, persona del régimen simplificado, con una retención por servicios de $ 841.208, a la que le corresponde una base de $ 14.020.133.

Como en el formulario oficial se registró la suma de $ 140,201,333,333,333, la DIAN, al advertir que dicha cifra no guardaba coherencia con la retención declarada por $ 841.208, consideró que se configuraba el hecho sancionable previsto en el artículo 651 del estatuto tributario.

En la respuesta al pliego de cargos, la demandante anexó el movimiento auxiliar de la cuenta 236706 —impuesto a las ventas retenido— así como el de la cuenta 23652504 —retención en la fuente por servicios— en el que se observa que en el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007, según los comprobantes de contabilidad CE-000629, CE-000766. CE-000899, CE-0000906, CE-000949, CE-001055 Y CE-002073, la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas, asumida por las operaciones realizadas con el señor Vergara Betancourt José Martín fue de $ 1.121.611, y a título de impuesto sobre la renta, de $ 841.208.

Frente a la imposición de la sanción, anota la Sala que en la Sentencia C-160 de 1998, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 651 del estatuto tributario (relativas a los errores en el suministro de las informaciones)(9) a que “los errores generaran daño”, precisando al efecto que “no todo error cometido en la información que se remite a la administración puede generar las sanciones consagradas en la norma acusada”; que los errores “requieren ser analizados y evaluados por la administración, antes de imponer la correspondiente sanción” y que “la administración está obligada a demostrar que el error lesiona sus intereses o los de un tercero”, por lo que al respecto destacó: “los errores que, a pesar de haberse consignado en la información suministrada, no perjudiquen los intereses de la Administración, no pueden ser sancionados”.

En la explicación sumaria de la Resolución 102412011000099 del 26 de julio de 2011, la sanción se fundamentó así(10):

“Analizada la respuesta al pliego de cargos enviada por la sociedad Solocauchos S.A.S. en la cual indica que en la información reportada en el formato 1002 se presentó un error involuntario de transcripción, este despacho se permite precisar que conforme al artículo 631 del estatuto tributario se debe partir del presupuesto de que las informaciones solicitadas tienen como finalidad para la DIAN efectuar los estudios y cruces de información y así ejercer el debido control de los tributos, detectando posibles omisiones o inexactitudes en que incurren los contribuyentes, y en el caso que nos ocupa, la información contenida en el formato 1002 presenta errores de contenido, entendido este como el relacionado con los datos, cifras o conceptos específicos que por ley está obligado a reportar, los cuales deben ser exactos, porque de lo contrario la administración contaría con cifras erradas que dificultan u obstaculizan su labor fiscalizadora, al partir de cifras irreales que le generarían un gran desgaste administrativo y del cual no obtendría ningún resultado satisfactorio, causando así daño a la administración”.

Desde la respuesta al pliego de cargos el actor aceptó la existencia del reporte errado y dentro del término de ejecutoria de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración presentó el formulario 100066075201425 del 15 de agosto de 2012 en el que corrigió la información exógena digitalmente. La DIAN no reporta si la información fue validada.

Para la Sala, conforme con lo establecido en el artículo 651 del estatuto tributario, los hechos constitutivos de la infracción tributaria se concretan en no suministrar la información, informar extemporáneamente y/o suministrar información cuyo contenido presente errores, teniendo en cuenta que tales hechos deben recaer sobre la información que debe ser suministrada por quien tiene el deber de informar, y no sobre una información diferente.

Conforme con el artículo 631 del estatuto tributario, se debe partir del presupuesto de que las informaciones solicitadas tienen como finalidad efectuar los estudios y cruces de información para el debido control de los tributos.

Precisado lo anterior, se observa que en el caso de autos la sanción discutida fue impuesta por errores de forma en la información, relativos a error en la digitación de la cifra, consistentes en la inclusión de caracteres especiales tales como puntos, comas, etc.

Igualmente, se observa que desde la respuesta al pliego de cargos la sociedad se opuso a la sanción y probó la realidad de la cifra informada.

Teniendo en cuenta lo anterior se advierte que, en el caso, los mencionados errores en que incurrió la actora, que a la postre corrigió, no pueden entenderse como conducta sancionable pues, como ya se dijo, el legislador se refirió expresamente a los errores de contenido.

No obstante lo anterior, la Sala ha señalado que si las inconsistencias formales no permiten acceder a la información solicitada es válido sancionar al contribuyente, pero sólo en la medida en que tales errores imposibiliten la labor de la administración, evento en el cual la DIAN deberá explicar en qué magnitud se obstruyó esa labor, circunstancia que no fue acreditada, toda vez que ni siquiera informó si la información fue validada(11).

En cuanto a la lesión o daño a la administración, se advierte que en la Sentencia C-160 de 1998 la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 651 del estatuto tributario (relativas a los errores en el suministro de las informaciones) a que los errores generaran daño, circunstancia no probada por la administración.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 18 de julio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. RECONÓCESE personería a Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(6) Para el año 2007 el valor de la UVT era $20.974 según la Resolución 15652 de 2006.

(7) Sentencia 17347 del 24 de septiembre de 2009. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia Bogotá.

(8) Sentencia 14489 del 13 de septiembre de 2007. C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(9) Sentencia 17043 del 6 de octubre de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo.

(10) Folio 32 c.a. 2.

(11) Sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 17918, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.