Sentencia 2012-00332/20747 de agosto 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000201200332-01 (20747)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Fibrexa S.A.S. NIT.: 830002559-5

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: Declaración informativa individual de precios de Transferencia - DIIPT año gravable 2008

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil dieciséis

Extractos «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación, la Sala decide sobre la legalidad de los actos demandados, por los cuales la DIAN impuso a la actora sanción por corrección de la declaración informativa individual de precios de transferencia por el año gravable 2008, incrementada en el 30%, con fundamento en el artículo 260-10 literal b numeral 3º del Estatuto Tributario. En concreto, determina si por el error de transcripción en el diligenciamiento de la DIIPT la actora debía liquidar la sanción por corrección y el incremento de esta.

El régimen de precios de transferencia está previsto en los artículos 260-1 y siguientes del Estatuto Tributario y se aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior y consiste en que los contribuyentes de dicho impuesto están obligados a determinar los ingresos, costos y deducciones considerando para tales negociaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes, con el fin de que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados artificialmente por las partes en razón de la vinculación que poseen, con el ánimo de reducir su carga tributaria.

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional precisó que el régimen de precios de transferencia es un mecanismo de control del comportamiento tributario relacionado con el impuesto de renta, que busca que las operaciones que realicen los contribuyentes con vinculados económicos o partes relacionadas establecidas en el exterior se ajusten y sean declaradas de acuerdo con los precios del mercado y no mediante los asignados arbitrariamente(12).

El artículo 260-1 inciso 2º del Estatuto Tributario facultó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6º de la misma norma precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta.

El artículo 260-8 del Estatuto Tributario dispuso que los contribuyentes allí indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas(13). Por su parte, el artículo 260-4 del mismo estatuto(14) previó que dichos contribuyentes deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación, para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia(15).

En su redacción original, el artículo 260-8 E.T.(16) establecía que a la declaración informativa le son aplicables, en lo pertinente, las normas del Libro Quinto del Estatuto Tributario, que, entre otros aspectos, regulan las sanciones que se generan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. No obstante, el artículo 44 de la Ley 863 de 2003(17) eliminó dicha remisión, y el artículo 46 de la misma ley(18) modificó el artículo 260-10 del Estatuto Tributario en el sentido de fijar las sanciones relativas a la documentación comprobatoriay la declaración informativa.

El artículo 260-10, literal b numeral 3º del Estatuto Tributario previó la sanción por corrección de las declaraciones informativas en los siguientes términos:

“ART. 260-10.—Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa. Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:

(…)

b) Declaración informativa

(…)

3. “Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente”: Cuando los contribuyentes corrijan la declaración informativa a que se refiere este artículo deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.

Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes casos:

a) Los señalados en los artículos 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario;

b) Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado;

c) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y los reportados en sus anexos;

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o en sus anexos, con la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del Estatuto Tributario.

“Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). El texto con el nuevo término es el siguiente:” Las anteriores inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, sin que exceda de 39.000 UVT”.

Asimismo, el artículo 260-10, literal b, numeral 3º inciso final del E.T. establece que “cuando el contribuyente no liquide la sanción por corrección o la liquide por un menor valor al que corresponda, la administración tributaria la aplicará incrementada en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701”.

De acuerdo con el artículo 260-10 literal b numeral 3º del Estatuto Tributario, la corrección de la DIIPT genera una sanción por corrección, que equivale al 1% del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin exceder de 39.000 UVT.

Esta sanción puede reducirse al 2% de la sanción por extemporaneidad, que, a su vez, corresponde, en general, al 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente por cada mes o fracción de mes calendario de retraso, sin exceder de 39.000 UVT (art. 260-10, lit. b, núm. 1º del E.T.). Para ello, las inconsistencias a que se refiere el literal b numeral 3º del artículo 260-10 del E.T., que dan lugar a la sanción por corrección, deben corregirse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se notifique requerimiento especial respecto a la declaración de renta del año que se informa(19).

Según el artículo 260-10, literal B), numeral 3º del E.T. las inconsistencias que generan la sanción por corrección son las siguientes:

a) Las señaladas en los artículos 580(20), 650-1(21) y 650-2(22) del Estatuto Tributario.

b) Cuando los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas son correctos, pero se anota como resultado un dato equivocado.

c) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la DIIPT y los reportados en sus anexos, y

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o sus anexos, y la documentación comprobatoria.

A su vez, el artículo 260-10, literal b numeral 4º inciso 6 prevé que “el procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos 637 y 638 de este Estatuto. Y, el inciso 7 del mismo numeral dispone que “cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder”.

En ese orden de ideas, conforme con el artículo 260-10, literal b numerales 3º y 4º del Estatuto Tributario, cuando el contribuyente corrija la DIIPT y no liquide la sanción correspondiente o la liquide en forma incorrecta, la DIAN puede liquidarla e incrementarla en un 30%, conforme con el artículo 701 del mismo estatuto.

El artículo 701 del E.T., al que remite el artículo 260-10 literal B) numeral 3º último inciso del E.T. dispone lo siguiente:

“ART. 701 del E.T. Corrección de sanciones. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la Administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideración. 

El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido”.

De acuerdo con la norma anterior, si el declarante corrige la declaración informativa y no liquida la sanción por corrección o la liquida mal, la Administración puede liquidarla, incrementada en el 30% de esta. La norma permite reducir a la mitad el incremento de la sanción si, dentro del término para interponer el recurso correspondiente, el declarante acepta los hechos, renuncia al recurso y paga la sanción más el incremento reducido.

Para imponer la sanción por corrección de la declaración informativa, la DIAN debe seguir el procedimiento de los artículos 637 y 638 del Estatuto Tributario. Según el artículo 637 del E.T., las sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente o en las liquidaciones oficiales. Si la sanción se impone mediante resolución independiente, debe darse al administrado traslado del pliego de cargos y este tiene un mes para responderlo (art. 260-10, literal b numeral 4º inciso 7º).

Por su parte, el artículo 638 del E.T. consagra la prescripción de la facultad para imponer sanciones e indica que cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial, pero si se imponen en resolución independiente, la DIAN debe formular el pliego de cargos correspondiente dentro de los dos años siguientes a la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de infracciones continuadas. Sin embargo, conforme con el artículo 260-10 literal b numeral 4º del E.T., si la sanción es por no presentar la declaración informativa, el término de prescripción es de 5 años, a partir del vencimiento del plazo para declarar.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

El 9 de julio de 2009, la actora presentó la DIIPT del año gravable 2008, en la que reportó, entre otra, la siguiente información(23):

Monto del movimiento y saldo del pasivo
33. Movimiento débito
$104.892.000
34. Movimiento crédito
$120.892.000
35. Saldo final
$20.615.000

El 10 de julio de 2009, la actora, corrigió la DIIPT y modificó el reglón “34. Movimiento crédito” para registrar la suma de $58.724.000, por lo cual el monto del movimiento y saldo del pasivo quedó así(24):

Monto del movimiento y saldo del pasivo
33. Movimiento débito
$104.892.000
34. Movimiento crédito
$58.724.000
35. Saldo final
$20.615.000

En la declaración de corrección no liquidó la sanción por corrección, prevista en el artículo 260-10 literal b numeral 3º del E.T.

El 25 de noviembre de 2011, la DIAN profirió pliego de cargos en el que propuso a la actora la sanción por corrección del artículo 260-10 literal b numeral 3º del Estatuto Tributario, aumentada en 30%, de conformidad con el artículo 701 del E.T., en los siguientes términos(25):

“De acuerdo con la declaración informativa individual de precios de transferencia de la sociedad Fibrexa SAS, NIT.: 830.002.559-5 correspondiente al año gravable 2008, presentada con el Nº 1209600006467 el 10 de julio de 2009, donde el valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas corresponde a $22.016.268.000, valor base para liquidar la sanción correspondiente, la cual se determina de la siguiente manera:

Valor total de las operaciones realizadas con vinculados

Económicos o partes relacionadas en el año 2007$22.016.268.000

(Formulario 1125)

Sanción determinada (1%) $220.162.680

De acuerdo con el literal B) del artículo 260-10 del E.T., la sanción no puede exceder de la suma de $860.106.000 (39.000 UVT año 2008).

Incremento de la sanción:

Vr. Sanción por corrección determinada $220.162.680 (1)

Vr. Sanción por corrección declarada $0

Base incremento de sanción $220.163.000

Incremento de sanción (30%, art. 701 E.T.) $66.049.000 (2)

Sanción de corrección incrementada (1) + (2) $286.212.000

(…)”

Previa respuesta al pliego de cargos, el 30 de mayo de 2011, la DIAN profirió la Resolución Sanción 900014 en la que impuso a la actora la sanción por corrección propuesta en el pliego de cargos(26).

Tanto en la respuesta al pliego de cargos como en el recurso de reconsideración, la actora alegó que en la DIIPT inicial cometió un error de digitación, pues al informar un movimiento crédito del pasivo con una de sus vinculadas económicas del exterior reportó $68.570.000, a pesar de que la cifra correcta era $6.857.000. Es decir, que digitó un cero adicional a la cifra que se quería reportar, por lo cual en la casilla “34-movimiento crédito” se reportó un valor total de $120.892.000 a pesar de que el valor correcto era $58.724.000.

La DIAN aceptó que se trataba de un error de transcripción y al resolver el recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio, precisó lo siguiente(27):

Improcedencia de la sanción por error de digitación en la declaración informativa individual de precios de transferencia del año gravable 2008 (…)

En la relación de errores que se pueden presentar en las declaraciones y en especial en la declaración informativa individual de precios de transferencia es la ley la encargada de establecer los procedimientos para corregirlos.

No le asiste razón al recurrente cuando afirma que no hay lugar a sanción porque fue un error que se “corrigió” rápidamente, independientemente de la agilidad con se haya subsanado el yerro, la conducta sancionable tipificó la inconsistencia consagrada en el numeral 3º, literal b del artículo 260-10 del Estatuto Tributario en concordancia con lo señalado en el artículo 701 ibídem, pues a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas se anotó como resultado un dato equivocado que constituye una inconsistencia en la declaración informativa.

El recurrente no puede manifestar que una corrección sea de buena o mala fe dependiendo de la prontitud con la que se presente ante la administración, la sanción que hoy se estudia tiene determinados por parte del legislador todos y cada uno de los elementos necesarios para que se pueda imponer y no existen límites de temporalidad para que la misma se gradúe o se puedan introducir elementos de dolo o culposos que no corresponden a la naturaleza de la misma”.

Para la DIAN, el error de digitación que cometió la actora al diligenciar la DIIPT presentada el 9 de julio de 2009 y que no discuten las partes, encuadra en el literal b) artículo 260 literal b numeral 3º) del E.T., conforme con el cual se presenta inconsistencia en la declaración informativa “Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado”.

Teniendo en cuenta que para la DIAN el error de transcripción en que incurrió la actora es una inconsistencia de las previstas en el artículo 260-10 literal b numeral 3º del E.T. y que la demandante no controvirtió este aspecto de los actos demandados, la Sala acepta que la actora incurrió en la inconsistencia prevista en el artículo 260-10 literal b numeral 3º literal b) del Estatuto Tributario, que prevé lo siguiente:

“ART. 260-10.—Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa. Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:

(…)

b) Declaración informativa

(…)

3. (…)

Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes casos:

(…)

b) Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado;

(…)”

Es de anotar que todas las inconsistencias a que se refiere el artículo 260-10 literal b numeral 3º del E.T., incluida la anteriormente transcrita, pueden corregirse “dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, sin exceder de 39.000 UVT”.

Así, si las inconsistencias a que se refiere el artículo 260-10 literal b numeral 3º del E.T. se corrigen dentro de la oportunidad en mención, el declarante debe liquidar una sanción que corresponde al 2% de la sanción por extemporaneidad, que, como se precisó, equivale, en general, al 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior.

Cabe anotar que la sanción por corrección de la declaración informativa fue modificada por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012, que corresponde actualmente al artículo 260-11 del Estatuto Tributario. La nueva sanción se denomina sanción por inconsistencias en la declaración informativa y está prevista en los siguientes términos:

“ART. 260-11.—Sanciones respecto de la documentación comprobatoria y de la declaración informativa. “Artículo modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:” Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa se aplicarán las siguientes sanciones:

(…)

b) Declaración Informativa.

(…)

2. Sanción por inconsistencias en la declaración informativa. Cuando la declaración informativa contenga inconsistencias respecto a una o más operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor de dichas operaciones, sin que la sanción exceda la suma equivalente a dos mil doscientas ochenta (2.280) UVT.

Cuando se trate de contribuyentes cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el año o periodo gravable al que se refiere la declaración informativa, tengan un monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en este inciso no podrá exceder el equivalente a cuatrocientas ochenta (480) UVT.

Se entiende que se presentan inconsistencias en la declaración informativa cuando los datos y cifras consignados en la declaración informativa no coincidan con la documentación comprobatoria.

(…)

El procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos 637 y 638 de este Estatuto. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado del pliego de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder.

(…)

“PAR. 1º—Cuando el contribuyente no liquide las sanciones de que trata este artículo o las liquide incorrectamente, la Administración Tributaria las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 646 de este Estatuto”. (Resaltado la Sala)

El artículo 260-11 del Estatuto Tributario redujo la sanción por corrección de inconsistencias de la declaración informativa individual de precios de transferencia del 1% al 0.6% del valor de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que la sanción exceda de 2.280 UVT.

Igualmente, precisó que se presentan inconsistencias en la declaración informativa cuando los datos y cifras consignados en la declaración informativa no coincidan con la documentación comprobatoria. Es decir, solo constituye inconsistencia sancionable la falta de coincidencia entre los datos de la declaración informativa y la documentación comprobatoria, que era la causal de inconsistencia prevista en el literal d) del artículo 260-10 literal b numeral 3º del Estatuto Tributario(28).

En consecuencia, la inconsistencia prevista en el literal b) del artículo 260-10 literal b numeral 3º del Estatuto Tributario, esto es, “cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado” no fue contemplada como inconsistencia sancionable por el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012.

El artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 expresamente reconoció la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria y dispuso lo siguiente:

“ART. 197.—Las sanciones a que se refiere el Régimen Tributario Nacional se deberán imponer teniendo en cuenta los siguientes principios:

(…)

3. Favorabilidad. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

(…)”

Con base en el principio de favorabilidad, debe aplicarse la norma más favorable, aunque sea posterior. Por lo tanto, y comoquiera que el artículo 260-11 del Estatuto Tributario no fijó sanción para la inconsistencia por la cual la DIAN impuso a la actora sanción por corrección, en aplicación del principio de favorabilidad prevalece esta norma por cuanto resulta más favorable que el artículo 260-10 literal b numeral 3º) del Estatuto Tributario, vigente para la época en que la actora presentó la corrección a la declaración informativa (10 de julio de 2009).

Si bien en el caso que se analiza la Administración no podía aplicar la norma más favorable porque los actos administrativos demandados fueron proferidos antes de la promulgación de la Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre del año 2012), en este momento procesal sí puede aplicarse la norma más favorable, dado que la situación jurídica no se encuentra consolidada, lo que ocurre cuando el asunto se está debatiendo o es susceptible de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo(29).

En efecto, en el caso en estudio, la situación jurídica no está consolidada, comoquiera que el asunto sometido a consideración de la Sala es, precisamente, la legalidad de los actos por medio de los cuales se impuso a la demandante la sanción por corrección de inconsistencias en la DIIPT del año gravable 2008, discusión que solo concluye con la ejecutoria del presente fallo.

Por lo tanto, corrección de la inconsistencia que cometió la actora cuando presentó la DIIPT del año gravable 2008, no genera sanción conforme con el artículo 260-11 del Estatuto Tributario.

Por las razones expuestas, se confirma la nulidad de los actos demandados.

Condena en costas

En relación con la condena en costas, el artículo 188 del CPACA dispone lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (Se destaca)

Por su parte, el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso fija las reglas para la determinación de las costas, en los siguientes términos:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

Así, el artículo 365 del Código General del Proceso establece, entre otras reglas, que “En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda (núm. 3º). Sin embargo, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(30).

En esas condiciones, se advierte que una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en ninguna de las dos instancias.

En resumen, se confirma la sentencia apelada y no se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Confírmase la sentencia apelada pero por las razones expuestas en la parte motiva.

No se condena en costas en esta instancia.

Reconócese a Laura Marcela Rincón Vega como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 281 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase»

(12) Sentencia C-815/09.

(13) El artículo 260-8 del E.T. fue modificado por el artículo 44 de la Ley 863 de 2003 y actualmente por el artículo 118 de la Ley 1607 de 2012.

(14) El artículo 260-4 del E.T. fue modificado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003.

(15) El artículo 260-4 del Estatuto Tributario también precisó que la documentación comprobatoria debe enviarse dentro de los plazos y condiciones fijados por el Gobierno Nacional y que la documentación debe conservarse por mínimo cinco (5) años a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, y colocarse a disposición de la Administración cuando esta la solicite.

(16) El artículo 260-8 del E.T. fue adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002.

(17) El artículo 44 de la Ley 863 de 2003 modificó el artículo 260-8 del Estatuto Tributario.

(18) El mencionado artículo corresponde actualmente al artículo 260-11 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012.

(19) Sentencia de 17 de marzo de 2016, Expediente 21517, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(20) Estatuto Tributario, artículo 580. “Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes casos:

a) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto.

b) Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada.

c) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables.

d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal.

e) Cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago. (Literal adicionado por la Ley 1066 de 2006 y derogado por el artículo 67 de la Ley 1430 de 2010).

“PAR.—(adicionado por el artículo 64 de la Ley 1111 de 2006).(…)”

(21) Estatuto Tributario, artículo 650-1.Sanción por no informar la dirección. Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 589-1”.

(22) Estatuto Tributario, artículo 650-2.Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta de $9.532.000 que se graduará según la capacidad económica del declarante.
Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la Administración una vez efectuadas las verificaciones previas del caso”.

(23) Folio 6, cdno. antecedentes

(24) Folio 7, cdno. antecedentes

(25) Folios 24 a 29, cdno. antecedentes

(26) Folios 57 a 63, cdno. antecedentes

(27) Folios 106 a 113, cdno. antecedentes

(28) Estatuto Tributario, artículo 260-10. Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa. Respecto a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones:

(…)

b) Declaración informativa

(…)

3. (…)

Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes casos:

(…)

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o en sus anexos, con la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del estatuto tributario.

(…)” (Resalta la Sala)

(29) En este aspecto se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencia del 12 de noviembre de 2015, Expediente 20087, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(30) Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, expediente 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.