Sentencia 2012-00334 de junio 15 de 20178

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá, D.C., 15 de junio de 2017.

Exp.: 76001233100020120033401 (3769-2015)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Jorge Abdelí Cuartas López

Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad

Trámite: Decreto 01/84.

Asunto: Decisión: Contrato realidad. Demandante demuestra la subordinación en la ejecución de la labor de escolta contratista a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Confirma sentencia que concede las pretensiones de la demanda.

Segunda instancia. Apelación de sentencia.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

Entonces, atendiendo las inconformidades expuestas por la parte apelante contra la sentencia recurrida, corresponderá a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

Determinar si el demandante señor Jorge Abdelí Cuartas López demostró que prestó su labor de escolta contratista de manera subordinada, dependiente y sin la autonomía que gobierna el desarrollo de la actividad en los contratos estatales bajo la modalidad de prestación de servicio o si en su defecto, solo acreditó el cumplimiento de unas obligaciones contractuales pactadas con el ente contratante —Departamento Administrativo de Seguridad, DAS—, las cuales se ejecutaron bajo la mera coordinación que se estila en este tipo de contratos.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala en primer lugar, abordará el estudio de los elementos de la relación laboral y el contrato de prestación de servicio. Por último, resolverá el caso en concreto.

Como fuentes normativas aplicables para la resolución del problema jurídico fijado se acudirá a las siguientes: Artículo 25 y 53 de la Constitución Política; artículo 32 de la Ley 80 de 1993, artículo 2º del Decreto 643 de 2004(2), artículo 3º del Decreto 4065 de 2011(3), artículo 3º, numeral 3.4 del Decreto 4057 de 2011.

i. De la presunción contenida en el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y en el acto administrativo que deniega el derecho prestacional reclamado.

Dentro del listado de contratos tipificados por la Ley 80 de 1993, se encuentra el consagrado en el artículo 32 denominado de prestación de servicio, cuya norma reza de la siguiente manera:

3º. Contrato de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer que en ningún caso estos contratos —entiéndase contratos de prestación de servicios— generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones sociales.

Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre la no existencia del hecho decisivo.

De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, regula las presunciones establecidas por ley señalando que “... el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”.

Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio, con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de probanza a fin de poder quebrantar la presunción que sobre este tipo o modalidad de contrato estatal recae.

Aunado a todo lo anterior y conforme a lo estatuido en el artículo 88(4) de la Ley 1437 de 2011, el acto administrativo por medio del cual, la administración desata la reclamación prestacional pretendida por el actor, está igualmente revestida de la presunción de legalidad, la cual, necesariamente deberá ser desvirtuada por la parte interesa a través de los diversos medios probatorios regulados por el ordenamiento legal orientado a demostrar la existencia de una relación laboral.

ii. De la autonomía e independencia como elementos tipificantes del contrato de prestación de servicio.

El contrato de prestación de servicios estatuido en el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados(5).

La prestación de servicios en esta modalidad contractual versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores u oficios a ejecutar.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Empero, la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

En ese orden se tiene que, la aludida modalidad contractual de prestación de servicio permanecerá inmutable, en la medida que el contratista goce plenamente de autonomía y liberalidad en la ejecución del objeto contractual, de tal suerte que, podrá desnaturalizarse el contratos de prestación de servicios en la medida que el contratista lleve a cabo las actividades contractuales de manera subordinada.

Y es que no puede perderse vista que, conforme el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, existirá contrato de trabajo cuando concurran la totalidad de los elementos esenciales del mismo, entre los cuales, se encuentra precisamente, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.

En este orden de ideas, la viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración de una relación laboral debe encontrar un sustento claro y preciso en la actividad probatoria que la parte demandante dirija a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación establecida, es decir, probando que el contratista careció de autonomía e independencia en desarrollo del objeto contractual.

Del caso en concreto.

La Unidad Nacional de Protección en su calidad de sucesor procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, aduce que lo verdaderamente existente en el caso bajo estudio, fue un contrato de prestación de servicio entre el actor y el DAS y no una relación laboral como lo declaró el a quo en la sentencia recurrida, en la medida que, el demandante en forma libre y voluntaria suscribió los respectivos contratos estatales gozando de plena autonomía e independencia, es decir, que no existió subordinación respecto del contratista. Si bien se ejerció el deber de vigilancia inherente a la responsabilidad del contratante sobre el cumplimiento de la labor contratada, ello no puede traducirse en subordinación.

Al valorar la Sala el acervo probatorio obrante en el proceso, se evidencia a folio 19 al 130 del expediente, las copias de los contratos de prestación de servicios celebrados entre el señor Jorge Abdelí Cuartas López y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS así:

Número de contratoFecha de inicioFecha finalizaciónObjeto del contratoFolio
024-200301/06/200330/11/2003Prestar los servicios personales de protección, con sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. dentro del componente seguridad a personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior.19-24
137 de 200301/12/2003 30/04/2004Prestar los servicios personales de protección, con sede principal en la ciudad de Cali dentro del componente seguridad a personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior.25-29
021 de 200401/05/200431/12/2004Ibídem30-34
Adicional al 021 de 200401/01/200528/02/2005Ibídem35-36
18 de 20051/03/200530/06/2005Ibídem37-41
220 de 200531/08/200528/02/2006Ibídem42-49
15 de 200601/03/200630/11/2006Ibídem50-57
122 de 20061/12/200630/06/2007Ibídem58-63
22 de 20071/07/200731/12/2007Ibídem64-69
136 de 20071/01/200831/12/2008Ibídem71-77
32 de 20081/01/200930/06/2009Ibídem78-83
Adición 01 contrato 32 de 20091/07/200929/08/2009Ibídem86-87
Adición 02 contrato 32 de 200930/08/200928/09/2009Ibídem88-89
29 de 200929/09/200927/11/2009Ibídem90-96
Adición del contrato 29 de 200928/11/200917/12/2009Ibídem97-98
185 de 200918/12/200931/03/2010Ibídem99-104
13 de 20101/04/201030/06/2010Ibídem105-108
Adición contrato 13 de 201001/07/201031/07/2010 109-110
87 de 20101/08/201031/12/2010Ibídem111-114
158 de 20101/01/201131/03/2011Ibídem115-118
Adición contrato 158 de 201001/04/201130/04/2011Ibídem119-120
5 de 201101/05/201131/05/2011Ibídem121-125
34 de 201101/06/201113/06/2011Ibídem126-130

Como puede observarse, existe continuidad en los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y el Departamento Administrativo de Seguridad desde el 01 de junio de 2003 y el 13 de junio de 2011, cuyo objeto contractual consistió en la prestación de los servicios de protección con sede principal en la ciudad de Cali, dentro del componente de seguridad a personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derecho humanos.

Lo anterior, si bien no acredita necesariamente que el accionante desarrolló de manera subordinada la actividad de escolta contratista, de ello, es decir, de la extensa duración de la contratación —más de 7 años— si resulta dable inferir la necesidad que la entidad tenía en prestar el servicio para el cual, fue continuamente contratado el actor.

En ese sentido, la prolongación contractual per se no constituye prueba directa de la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes, pero tal circunstancia constituye un indicio(6) de la necesidad que existía respecto del servicio protectivo que desempeñó el accionante.

De igual forma, como pruebas documentales debidamente incorporadas al plenario, se encuentran a folios 131 al 147 las actas de recibo de entrega de armamento y equipo de comunicación por parte del DAS al señor Jorge Cuartas López; así como también, las planillas de control y mantenimiento que la entidad contratante le hacía al armamento de dotación entregado al actor, permitiendo colegir lo anterior, que en efecto, la prestación del servicio de escolta contratista se realizaba con implementos o elementos suministrados por el órgano contratante.

En ese mismo sentido, obran a folios 148 al 160 del expediente, constancias o certificados de permanencias expedidas por el Comandante de la Estación de Policía de El Darién Valle del Cauca, Ginebra y Queremal, en las que hacen constar el tiempo que permaneció el accionante en dichas municipalidades y la orden o misión de trabajo emitidas por el Departamento Administrativo de Seguridad que disponía la movilización y temporalidad en tales lugares.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que el actor debía prestar los servicios en su calidad de escolta contratista, conforme las órdenes operativas o misiones de trabajo que le eran encomendadas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, a través de las cuales, se le especificó la persona a quien le prestaría el servicio de seguridad, el término asignado a dicha persona, el vehículo estipulado, el arma de dotación entregada y las instrucciones particulares sobre la labor a desarrollar(7).

Es claro para la Sala que la prestación del servicio de escolta no la realizaba el actor de manera autónoma e independiente, pues requería de una misión de trabo que era impartida por el órgano contratante; así como también, la ejecución de la labor se hacía con los medios suministrados por el DAS, portando para tal fin, armamento de dotación oficial y chaleco antibalas, realizándose los desplazamientos en el vehículo asignado por la entidad, es decir, que la entidad contratante le definía los parámetros de tiempo, modo, lugar y persona a quien debía prestarle el servicio de protección, exigiéndole acreditar los certificados de permanencia cuando el protegido debía ausentarse del sitio habitual donde se llevaba a cabo el esquema protectivo, lo que sin duda deja evidenciado la carencia total de discrecionalidad, liberalidad e independencia con la que podría obrar el contratista.

Aunado a ello, se tiene que la función de protección que desarrolló el actor no es distinta de la consagrada en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 643 de 2004(8), como quiera que una de las funciones generales del Departamento Administrativo de Seguridad también era prestar seguridad a personas y dignatarios, distintas de las dispuestas en el numeral 14 del mismo artículo, como fue la protección de sindicalistas y activistas de derechos humanos, con lo que queda probado que se trató de una función permanente y del componente misional de la entidad desarrollada por el demandante en su condición de contratista.

En este orden, se encuentra demostrado que el accionante ejerció funciones que son inherentes y que hacían parte del elemento misional de la entidad, al llevar a cabo la prestación del servicio de protección y seguridad entre otros a sindicalistas en su condición de personas bajo esquema de protección del Departamento Administrativo de Seguridad y a quien el actor le prestó los servicios de escolta, funciones que forman parte del giro ordinario del objeto de la entidad contratante, las cuales fueron desarrolladas con total carencia de autonomía e independencia en la medida que siempre estuvo sujeto a las órdenes y parámetros previamente fijados por el ente contratante a través de las misiones de trabajos de las cuales se hizo referencia en el párrafo precedente.

Aunado a ello, se tiene que de las obligaciones contractuales pactadas se hallaba entre otras, cumplir con las actividades de protección en el lugar que le sea asignado por el DAS(9), realizar las actividades de índole protectivo previa autorización para cumplir con la actividad encomendada o destinación del funcionario competente del Departamento Administrativo de Seguridad, presentar para su revisión en la dependencia de control de armamento, radios y vehículos del DAS, los elementos logísticos de dotación, quehaceres que conllevan el elemento subordinación, como quiera que las condiciones de tiempo, modo, lugar y utilización de la dotación oficial entregada para la ejecución de la labor eran fijados por el ente contratante.

En este caso, el trabajo ejecutado por el actor no fue independiente ni autónomo, pues siempre estuvo cobijado bajo las órdenes que la entidad le impartía para el cumplimiento de sus deberes como escolta, debiendo cumplir horarios y las funciones o responsabilidades que le fueron asignadas, las cuales no fueron de carácter temporal o esporádicas, tal como se probó con la sucesiva e ininterrumpida celebración de contratos de prestación de servicios cuyo objeto contractual siempre consistió en prestar los servicios personales de protección, con sede principal en la ciudad de Cali dentro del componente de seguridad a personas del programa de protección a dirigentes sindicales, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el comité de reglamentación y evaluación de riesgos del Ministerio del Interior.

Así mismo, en lo atinente a la configuración de los criterios de funcionalidad, habitualidad y excepcionalidad que permiten arribar a la existencia de una verdadera relación laboral entre el actor y el órgano contratante, observa la Sala que las funciones del Departamento Administrativo de Seguridad consistían en brindar seguridad a personas beneficiarias del esquema de protección no solo a los dignatarios de que trata el numeral 14 del artículo 2º del Decreto 643 de 2004, sino aun a personas distintas a tales funcionarios que requieran de protección del Estado, tal como así lo consagra el parágrafo de la norma citada, para lo cual, el escolta debe acatar las órdenes que le eran impartidas, lo que permite establecer que el demandante en el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios que suscribió con el DAS ejecutaba labores propias de las funciones asignadas a esa entidad como lo dispone el artículo 2º del Decreto 643 de 2004, entre otras:

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones. 

“(...) 14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, vicepresidente y su familia, ministros y ex presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.

(...)

PAR.—Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes (...)” (Negrillas fuera de texto).

Conforme la norma anterior, la situación objeto de análisis, se encuadra dentro de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009(10), que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios.

Así las cosas, una vez desvirtuada tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la contraprestación y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que la administración desnaturalizó la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configuró en este caso una verdadera relación laboral en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante desarrolló la función de protección al servicio del DAS, de manera subordinada a las instrucciones y órdenes impartidas por el contratante.

En este sentido, esta subsección ha señalado en casos similares al aquí debatido y de manera pacífica lo siguiente(11):

«... Conforme al objeto del contrato, el actor se encontraba subordinado a las directrices impartidas por la entidad, pues, la funciones del Departamento Administrativo de Seguridad consistían en brindar seguridad a personas beneficiarias del esquema de protección para lo cual, el escolta debe acatar las órdenes que le eran impartidas, lo que permite establecer que el demandante en el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios que suscribió con el DAS ejecutaba labores propias de las funciones asignadas a esa entidad como lo dispone el artículo 2º del Decreto 643 de 2004.

(...)

En el caso concreto, se desvirtuó el carácter temporal de la labor contratada al probarse 1) El criterio funcional, porque la función contratada —de escolta— está referida a las que debía adelantar la entidad pública como propia u ordinaria. 2) No hay temporalidad y excepcionalidad de la labor desarrollada por el actor, porque se trató de una vinculación que sin solución de continuidad se extendió por 6 años con la misma persona y con el mismo objeto. 3) El criterio de la continuidad, porque la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, de carácter permanente, los cuales superaron los seis años...».

Visto todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada como consecuencia de haberse probado que el señor Jorge Abdelí Cuartas López prestó al Departamento Administrativo de Seguridad sus servicios de manera personal, dependiente y subordinado, conllevando ello a que se desvirtúe la existencia del contrato de prestación de servicios de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas entre los sujetos de la relación laboral, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, por tanto, la situación del demandante debe tener especial protección del Estado, según las previsiones del artículo 25 superior.

Ahora bien, es preciso indicar que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, no implica conferir la condición de empleado público al contratista demandante, por ende, en lo relacionado al componente de restablecimiento del derecho solo procede respecto de las prestaciones sociales comunes u ordinarias y no salariales, de tal suerte que, para el caso bajo estudio la prima de riesgo no podrá ser objeto de reconocimiento en la medida que la misma no constituye una prestación social sino que es un factor de salario(12).

Así mismo, en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir por el escolta vinculado por contrato de prestación de servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados en cada uno de los contratos suscritos por las partes, puesto que, únicamente se arrimó al proceso la copia de los contratos sin que se haya acreditado el valor de los emolumentos que percibía el empleado de planta del ente demandado respecto del cual, el actor desempeñaba similares funciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMASE la sentencia de fecha 20 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual, declaró la nulidad del acto acusado que negó el reconocimiento de las prestaciones sociales pretendidas por el actor y en consecuencia, ordenó a la Unidad Nacional de Protección UNP pagar al demandante las prestaciones sociales causadas a su favor desde el 01 de junio de 2003 y el 13 de junio de 2011 y que eran reconocidas a los empleados de la entidad que desempeñaban similar labor —agente escolta—, las cuales serán liquidadas con base en los honorarios pactados en cada uno de los contratos suscritos entre las partes, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Por secretaria, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter».

2 Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones.

3 Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se establecen su objetivo y estructura.

4 ART. 88.—Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.

5 Ver Sentencia C-154-97.

6 Taruffo Michelle, en su obra «La prueba de los hechos» Editorial Trotta S.A., segunda edición 2005, página 480, definió los indicios como «... cualquier cosa, circunstancia o comportamiento que el juez considere significativo en la medida en que de él puedan derivarse conclusiones relativas al hecho a probar».

7 Ver órdenes o misiones de trabajo que reposan a folio 135 al 186 del expediente.

8 ART. 2º—Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(...)

PAR.—Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

9 Ver cláusulas de obligaciones del contratista en cada uno de los contratos suscritos entre las partes.

10 Sentencia C-614 del 2 de septiembre de 2009. En ella la Corte Constitucional sostuvo que: “(...) En este orden de ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, no sólo porque desdibuja el concepto de contrato estatal, sino porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, pues su incumplimiento genera graves consecuencias administrativas y penales.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 1 de diciembre de 2016, Rad. 63001233300020120009501 (0680-2014), actor: Jhon Albeiro Prieto Hurtado, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de la misma fecha, Rad. 76001233300020120016701, demandante: Óscar Fernando Ordoñez Silva, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de fecha 27 de enero de 2017, Rad. 68001233300020130002101 (0308-2014); demandante: Jairo Dovales Villamizar, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

12 Así quedó establecido en sentencia de unificación de fecha 1 de agosto de 2013, dentro del proceso con Rad. 44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11) en la cual, se dispuso que: «Considera la Sala que al ser percibida en forma permanente y mensual por los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la prima de riesgo tiene un innegable carácter salarial, tal como lo prevé el mismo legislador extraordinario en los decretos 1137 y 2646 de 1994 toda vez que, de acuerdo con la definición de salario vista en precedencia, no hay duda que, la referida prestación hacía parte de la contraprestación directa que percibían los empleados del DAS, por los servicios prestados como detectives, agentes, criminalísticos o conductores».