Sentencia 2012-00335/0519-14 de agosto 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diecisiete.

Rad.: 68001 23 33 000 2012 00335 01 (0519-14)

Actor: Ludwing Mantilla Castro

Demandado: Corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer si el acto por el cual se declaró insubsistente el nombramiento del demandante está afectado por (i) falsa motivación; (ii) falta de competencia y (ii) desviación de poder.

2.2. Marco normativo.

El artículo 125 de la Constitución Política consagra que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, pero se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.

Según la clasificación de empleos consagrada en el artículo 5º, numeral 2, de la Ley 909 de 2004, son considerados empleos de libre nombramiento y remoción, entre otros, los siguientes:

“ART. 5º—Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

(…)

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así…

(…)

b) Los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos así…

2.3. Hechos probados.

El 6 de mayo de 2008(7), a través de la Resolución 00366, la directora general de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga nombró al demandante en el cargo de asesor, código 1020, grado 10, el cual es considerado de libre nombramiento y remoción(8) y del que tomó posesión el 8 de mayo de ese año(9).

El 20 de junio de 2008(10), la directora de la CAR para la defensa de la meseta de Bucaramanga emitió la Resolución 00537, en la que decidió encargar al demandante de la subdirección de normatización y calidad ambiental, por el lapso del 20 de junio al 11 de julio de 2008.

Entre la directora de la entidad demandada y el actor se suscribió un acuerdo de gestión con vigencia de 12 meses y finalización al 31 de diciembre de 2010, según el cual el demandante, en su condición de asesor, se comprometió entre otras cosas, a “trabajar permanentemente por el mejoramiento continuo de los procesos y asegurar la transparencia y la calidad de los productos encomendados” y “alcanzar los resultados que se detallan en el formato anexo (…) poner a disposición de la entidad sus habilidades técnicas y profesionales para contribuir al logro de los objetivos institucionales(11)”; como resultado de ese acuerdo, el actor obtuvo una buena calificación de la labor encomendada(12).

El 17 de marzo de 2010(13), la directora general de la entidad delegó al demandante para liderar el proceso de socialización y ajustes de los lineamientos técnicos y normativos generados por la dirección de ecosistemas.

El 4 de octubre de 2010(14), el demandante rindió informe a la directora general, en el que se refirió a “los resultados positivos que se han obtenido en los procesos penales que se adelantan, por delitos que se han cometido contra los recursos naturales y el medio ambiente”.

El 7 de febrero de 2011(15), la directora de la entidad demandada expidió la Resolución 000358, por la cual encargó al demandante de las funciones de subdirector de control ambiental y desarrollo territorial por el período comprendido entre el 8 y el 21 de febrero de 2011, inclusive.

El 2 de marzo de 2011(16), la directora general de la CAR para la defensa de la meseta de Bucaramanga presentó excusas por no poder presentarse a la Asamblea Ordinaria de ASOCARS; no obstante, delegó al demandante, en su calidad de asesor jurídico, a quien le confirió poder amplio y suficiente para que participara con voz y voto en la sesión correspondiente.

El 22 de junio de 2011(17), mediante Resolución 001113, se le asignó al actor la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.

El 18 de noviembre de 2011(18), el personero de Floridablanca dirigió oficio con destino al demandante, en el que le manifestó que el 6 de diciembre se realizaría una ceremonia de reconocimiento, en el marco del VI Congreso Internacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Medio Ambiente, por lo que estaba invitado de manera especial, pues su labor sería exaltada “ya que su aporte oportuno y desinteresado, ha hecho posible catapultar la Personería de Floridablanca como piloto, modelo y ejemplo a nivel local, departamental y nacional, en la promoción, divulgación y defensa de los Derechos Humanos, DIH y Medio Ambiente”.

El 9 de diciembre de 2011(19), la directora general de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, expidió la Resolución 002089, por la cual encargó al demandante de las funciones de subdirector de evaluación y control ambiental por el período comprendido entre el 12 y el 30 de diciembre de 2011, inclusive.

El 13 de enero de 2012(20), la directora general de la entidad demandada profirió la Resolución 000067, mediante la cual nombró al demandante en el cargo de subdirector, código 40, grado 20, adscrito a la subdirección de evaluación y control ambiental, del cual tomó posesión mediante Acta 020 del 16 de enero de 2012(21).

El 24 de mayo de 2012(22), el Consejo Directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga emitió el Acuerdo 1219, por el cual encargó de la dirección general de esa CAR, al señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros. Como soporte de tal decisión, se aportó el Acta 247 de esa fecha, que da cuenta de la sesión en la que se tomó tal determinación y de la cual se extracta lo siguiente:

Doctora Eugenia Aguilar Rueda, explica cual es el organigrama de la corporación, y cuáles funcionarios se encuentran en el nivel directivo. Señala que a satisfacción de la corporación, todos los subdirectores y la secretaría general cumplen los requisitos. Hace una breve presentación de todos los subdirectores, explicando los estudios y la experiencia que cada uno tiene.

Todos forman parte del nivel directivo y cumplen con los requisitos de experiencia y formación.

Los consejeros solicitan que se haga un receso para concertar la decisión a tomar.

Una vez concluido el receso, y reanudada la sesión, los consejeros por unanimidad deciden que el encargado sea el doctor Carlos Octavio Gómez Ballesteros, subdirector de Control Interno.

Dejan constancia que se posesiona ante el gobernador y debe tomar posesión de una vez.

Se lee el borrador del acuerdo, el cual fue aprobado por los consejeros.

El 28 de mayo de 2012(23), el director general (E) de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga profirió Resolución 000667, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento del demandante en el cargo de subdirector de evaluación y control ambiental, código 40, grado 20, empleo de libre nombramiento y remoción; tal decisión se le comunicó mediante Oficio 7585 del 29 de mayo(24). Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la suscripción del acto aludido, se encuentran reseñadas en la certificación expedida por el secretario general de esa entidad(25), así:

6. Que la Señora Martha Yolanda Díaz García, quien desempeña en esta Entidad el empleo secretario ejecutivo código 4120 grado 18 fue la funcionaria que numeró y fechó la Resolución 000667 de fecha 28 de Mayo de 2012 por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del Doctor Ludwing Mantilla Castro, como subdirector de evaluación y control ambiental.

7. Que la Resolución 000667 fue numerada, radicada y fechada el día lunes veintiocho (28) de Mayo de 2012 dentro de la jornada laboral que va desde las 07:30 AM hasta las 12:00 AM y de 02:00 PM hasta las 06:00 PM.

Las funciones desarrolladas por el demandante en los cargos de asesor, código 1020, grado 10; subdirector de normatización y calidad, en encargo; subdirector de control ambiental al desarrollo territorial y subdirector de evaluación y control ambiental, fueron certificadas por el coordinador (E) de gestión de talento humano de la entidad demandada(26).

El 28 de junio de 2012(27), el consejo directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga expidió el Acuerdo 1222, mediante el cual designó al señor Ludwing Arley Anaya Méndez en el cargo de director general de esa entidad.

El 27 de agosto de 2012(28), el director general de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga declaró insubsistente el nombramiento del señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros, esto es, del funcionario que durante el encargo de esa dirección, emitió el acto censurado.

Dentro de las pruebas también se aportó copia del listado que da cuenta de quiénes se inscribieron para el proceso de elección del director general de la entidad demandada para el período 2012-2015, en el cual figura tanto el nombre del demandante, como el del señor Gómez Ballesteros, entre otros 34 participantes(29).

Igualmente, se allegaron extractos de artículos, al parecer, extraídos de la página web vanguardia.com en los cuales se refirió a la presunta “burocracia en nombramientos de la CDMB”, en cuyos temas se trata de la desvinculación del demandante, de quien se dice que tenía amplio conocimiento y manejo en los temas propios de esa corporación autónoma regional(30).

Durante su servicio, el demandante fue delegado para representar a la corporación demandada en las siguientes actividades desarrolladas por Asocars: (i) III Encuentro de corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible; (ii) Sesión ordinaria y ampliada de la junta directiva de Asocars los días 16 y 17 de septiembre de 2010; (iii) Sesión ordinaria de la asamblea general de Asocars, realizada los días 3 y 4 de marzo de 2011; (iv) Sesión ordinaria y ampliada de la junta directiva de Asocars, del día 28 de marzo de 2012 y (v) Sesión ordinaria de Asamblea General de Asocars, realizada los días 29 y 30 de marzo de 2012(31).

El 17 de julio de 2013(32), el coordinador del grupo elite ambiental de la entidad demandada, expidió un memorando que da cuenta de las actividades realizadas por ese grupo durante los años 2008 a 2012, así:

• En 2008: no existe información sobre capturas, 11 sancionatorios y 5 medidas preventivas.

• En 2009: no existe información sobre capturas, 81 sancionatorios, 11 medidas preventivas.

• En 2010: no existe información sobre capturas, 181 sancionatorios, 195 medidas preventivas.

• En 2011: no existe información sobre capturas, 44 sancionatorios, 101 medidas preventivas.

• En 2012, hasta el mes de mayo: no existe información sobre capturas, 10 sancionatorios y 4 medidas preventivas.

En las diferentes certificaciones aportadas, se precisan las funciones desarrolladas por la señora Luz Helena Mojica Gamboa en los cargos de concejal de Bucaramanga, presidenta y segunda vicepresidenta de esa corporación pública; contralora auxiliar de Santander; asesora jurídica y de planeación estratégica y de proyectos de la Cooperativa Multiactiva para el desarrollo local en Colombia Ltda.; directora de justicia y asesora de la secretaría jurídica del departamento de Santander; secretaria general del departamento administrativo de valorización del municipio de Bucaramanga; asesora jurídica del departamento administrativo de planeación municipal de Bucaramanga; gerente nacional comercial de Solsalud EPS; gerente de proyectos de la fundación acción social y ambiental, cargos que desempeñó en diferentes épocas que transcurrieron entre diciembre de 1992 y diciembre de 2011(33).

Dentro de la formación académica de la señora Mojica Gamboa también se demostró que es abogada, con especializaciones en gerencia pública y derecho administrativo(34).

El 30 de julio de 2013(35), en el curso del proceso, se recibieron las siguientes declaraciones:

Elvia Hercilia Páez Gómez, quien se desempeñó como directora de la entidad demandada. Dentro de su exposición dijo que fue ella quien vinculó al actor, que lo puso a cargo de la conformación del grupo “GEA” de reacción inmediata ambiental teniendo en cuenta su amplia experiencia en el manejo de esa área y, en resumen, realizó una relación de las funciones a él asignadas(36); en lo que se refiere al encargo del director general, señaló que “el consejo directivo en acta, en reunión del 24 de mayo, pues, nombró en encargo al doctor Carlos Octavio Gómez, en reemplazo del director, es decir, lo que estaba previsto para 30 de junio, se adelantó para el 24 de mayo del año 2012(37) (…) lo cierto es que el 24 de mayo fue un jueves, el viernes que fue día hábil, el sábado día de descanso, el domingo día de descanso, me enteré el lunes en la noche que habían destituido a Ludwing Mantilla, quién lo hizo, el director encargado, tengo entendido que el viernes hizo una reunión con todos los directivos para poder asimilar, pues, todo lo que se estaba manejando y el lunes pues lo destituyó, las causas, pues yo no pudiera decir cuáles fueron las causas, lo que sí sé es que para el nombramiento del subdirector de control ambiental pues hay unos requisitos(…)”(38).

Eugenia Aguilar Rueda, quien se desempeñó en la entidad demandada como jefe de control interno y como secretaria general y que, en relación con las circunstancias de la desvinculación del actor manifestó:

(…) estando como secretaria general en el año 2012, este despacho tiene dentro de sus procesos asignado el proceso de gestión del talento humano, es decir, desde la secretaría se hacía todo el trámite interno para vincular o desvincular a los servidores públicos tanto los de libre nombramiento y remoción como los de carrera administrativa, el doctor Ludwing Mantilla para ese momento estaba ejerciendo las funciones de subdirector de control ambiental, el doctor Carlos Octavio estaba como director encargado de la corporación y me solicitó que efectuara el trámite correspondiente para hacer la declaratoria de insubsistencia del doctor Ludwing Mantilla, en el despacho de la dirección yo le comenté que todos veníamos en un solo equipo y que me parecía prudente que antes de sacar el acto de desvinculación le diéramos la oportunidad de que él entrara en reflexión y presentara la renuncia; el doctor Carlos Octavio me autorizó, yo fui al despacho del doctor Ludwing o seguramente lo cité a mi despacho y le notifiqué que el director encargado quería prescindir de sus servicios y que siendo un cargo de libre nombramiento y remoción de que daba la oportunidad de presentar renuncia, para lo cual el doctor Ludwing manifestó que procedía a presentarla, transcurrió la tarde y el doctor Ludwing inicialmente la había presentado, se la entregó directamente al coordinador de gestión de talento humano, quien procedió de acuerdo al trámite interno que se tiene dentro de la Corporación a proyectar la resolución de aceptación de renuncia, el doctor Ludwing sobre las 5:30 o 6:00 de la tarde de esa misma tarde fue al despacho del doctor Hipólito Pinto que es el coordinador de gestión humana y le dijo que le facilitara la renuncia que acababa de presentar, que iba a subir personalmente al despacho a hablar con el doctor Carlos Octavio, posteriormente no volvió a gestión del talento humano a regresar la carta de renuncia, entonces casi sobre las 6:00 o 6:30 el doctor Carlos Octavio me indagaba, yo procedí a ir a coordinación a indagar qué estaba ocurriendo y me comentaban que el doctor Ludwing no había regresado con su carta de renuncia, yo procedí a timbrarle al celular este fue a mi despacho, a secretaría general, y me manifestó que había cambiado de parecer y que ya no presentaba renuncia, el doctor Carlos Octavio en su condición de director general, tomó la decisión de declararlo insubsistente (…) se hizo antes de las 6:00 todo lo que es proyección, pero la firma sí pudo ser sobre las 6:15 porque ya estaba como el personal saliendo del despacho y éramos poquitos los que quedábamos ahí en la secretaría general (…) una vez firmada la resolución de declaratoria de insubsistencia como al segundo o tercer día yo estuve en diálogos con el doctor Carlos Octavio, le mostraba cómo dentro de la institucionalidad habían personas con experiencia, con conocimiento, que venían en carrera administrativa y que de acuerdo con la Ley 909 podían ser perfectamente encargados mientras que el despacho decidía quién iba a ser el titular de ese empleo público, procedimos a dejar encargado a un ingeniero que en este momento se me escapa el nombre de este ingeniero, no recuerdo el nombre del ingeniero, es de carrera administrativa, él se había ganado un concurso fue a la Caspro decidió regresar nuevamente a la corporación cumplía los requisitos para ser encargado (…) tratándose de un cargo de libre nombramiento y remoción se respeta la decisión del titular de la entidad, en este caso el doctor Carlos Octavio que estaba como director general, la exposición que él hizo en el momento en que dio la instrucción para que se hiciera el acto administrativo es que se trata de un empleo público de libre nombramiento y remoción y desea entrar a sustituir la persona que está en la Subdirección de Control Ambiental, entonces esa expresión de voluntad del ordenador del gasto se respeta (…) PREGUNTADO: sabe usted u oyó en algún momento antes de tomar la decisión si existían algunos otros motivos que usted haya oído para el motivo de la declaratoria de insubsistencia del señor Ludwing Mantilla Castro. CONTESTÓ: bueno realmente la corporación en esos momentos hizo cambio de director general y el director, al cambiar el titular viene todo el proceso de elección del nuevo director, el doctor Carlos Octavio tuvo que desempeñar funciones de encargo mientras se hacía la elección del titular, entonces es habitual que quien llega de titular procede a hacer los cambios que considera en su momento son oportunos, son procedentes y el ambiente que en ese momento reinaba en la corporación era que el nuevo equipo directivo iba a ser cambiado en su totalidad, como en efecto ocurrió, porque a los 30 días prácticamente procede la salida del 90% del nivel directivo de la corporación (…)(39)” (negrilla fuera de texto).

Víctor Hugo Moreno Monsalve(40), arquitecto, quien trabajó en la entidad demandada como profesional especializado adscrito a la dirección general; refirió un buen concepto laboral del actor, pues, les aclaraba dudas acerca de los temas jurídicos y tenía amplia capacidad de trabajo y responsabilidad en el ejercicio de su función; el declarante también fue desvinculado para la misma época en que se produjo el retiro del actor; cuenta que el conocimiento que tiene acerca del proceso de desvinculación es producto de la información que este le comentó al respecto. Señaló que desconoce los motivos de la solicitud de renuncia(41) y de la insubsistencia; comentó que por terceros se enteró que en remplazo del actor fue vinculado en encargo “un ingeniero que estaba manejando la parte de coordinación del tema de residuos” que no recuerda el nombre y que cuando ingresó el nuevo director, fue vinculada una nueva subdirectora, la doctora Mojica(42) a ocupar el empleo del que se produjo el retiro. No refirió rencillas entre el director general encargado y el actor; por el contrario, aludió una relación cordial, de amistad y de solidaridad.

Martha Patricia Pimiento Páez(43), quien laboró como secretaria de la Subdirección Ambiental, y quien indicó no conocer detalles de la desvinculación del actor; informó que quien lo sucedió en el cargo fue el coordinador William(44), pero no precisó el apellido y señaló que luego estuvo la doctora Luz Helena Mojica; sin embargo, desde el momento en que esta llegó, se produjo su traslado —el de la declarante— a otra subdirección, luego se fue a vacaciones y cuando regresó tampoco estaba la señora Mojica, sino otro reemplazo. En lo que respecta al ritmo de trabajo, señaló que era muy pesado, que a la subdirección llegaba mucha correspondencia y el actor se quedaba hasta altas horas de la noche resolviendo; señaló que el ambiente de trabajo cambió con la subdirectora, pues, fue bastante tensionante, ya que ella no conocía mucho del tema y que la correspondencia empezó a atrasarse, se generó un trastorno normal en el proceso de correspondencia que surge cuando llega una persona nueva. Señaló que el ingeniero William que reemplazó al actor sí tenía conocimiento(45), pero tal vez no experiencia, mientras que la señora Mojica no conocía del tema ambiental y, tal vez fue esa la razón por la que fue reemplazada por el señor Carlos Suárez, quien sí manejaba la temática.

Manifestó que con posterioridad a la desvinculación del actor, el proceso del trabajo se hizo más lento, pero la calidad no se afectó.

Alexander Aguilar Marín(46), intendente de la Policía Nacional en el área ecológica de la metropolitana de Bucaramanga, quien conoció al actor por cuestiones de vigilancia y control ambiental antes de ingresar a la entidad demandada y luego, en ejercicio de su función dentro del grupo élite ambiental, afirmó que manejaban, en conjunto, temas relacionados con delitos ambientales; señaló que la salida del actor de la entidad “fue algo repentino, específicamente no conocí el por qué salió de un momento a otro”, indicó que aunque el grupo élite ambiental a cargo del actor aún estaba funcionando, no lo estaba haciendo “con la misma operatividad”; señaló además que dada esa falencia, no se estaba ejerciendo un control puntual en el tema ambiental y ello podría dar lugar a generar, en algún momento, impunidad, pues, el soporte técnico es necesario para la judicialización de las personas que puedan estar cometiendo algún delito de esta índole; agregó que la parte penal, audiencias y capturas en materia ambiental disminuyó su efectividad y productividad, a raíz de la desvinculación del actor y en la parte administrativa señaló: “me imagino que continuarán los procedimientos que se llevan allá en la corporación”.

Vidal Humberto Abreo Becerra(47), señaló tener la profesión de comunicador social y periodista y, en torno a los hechos relacionados con el retiro, manifestó que laboraba como asesor de prensa y comunicaciones de la entidad demandada, en representación de una empresa externa y por tal condición tuvo acceso frecuente a la dirección, a causa de ello, indicó:

(…)puedo afirmar sin duda alguna que la desvinculación del doctor Ludwing Mantilla Castro se produce por efectos de tres razones fundamentales, una, envidia del director encargado en ese momento (…) dos, desviación de poder del entonces director encargado doctor Carlos Octavio Gómez Ballesteros y tres, por motivos eminentemente políticos, resumo, primero, por qué envidia, yo, como encargado de las comunicaciones y de la prensa, del manejo de la imagen de la Corporación tenía que estar registrando permanentemente a los medios de comunicación las actividades, las acciones que adelantaba la Corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga en todos los órdenes, como autoridad ambiental, en el ejercicio del control y evaluación ambiental, la planificación de ordenamiento de territorio, en fin, y, era testigo de excepción, porque así se registra y así se puede constatar en los boletines de prensa que emitíamos diariamente con cuatro o cinco informaciones, que en la mayoría de ellas el protagonista o la fuente principal de esas informaciones era el doctor Ludwing Mantilla Castro en su condición de subdirector de evaluación y control de la CDMB porque él se había fijado como propósito ejercer la autoridad ambiental, castigar a los infractores de las normas ambientales y desarrollar una labor que le diera posicionamiento y autoridad a la CDMB, ahí están los registros, medidas preventivas, cierres, sanciones, operativos que se hacían diaria y frecuentemente tanto en horas de la noche como en horas del día y, digo envidia porque el doctor Carlos Octavio Gómez Ballesteros quien llegó como encargado de la dirección, venía como subdirector de control interno y él en diferentes ocasiones me manifestaba a mí que él sí manejaba un bajo perfil, que él no era pantallero como Ludwing, que Ludwing lo que pasa era que era un muchachito afanado en aparecer en los medios, en darse protagonismo y que él si no, él manejaba un perfil supremamente bajo, pero eso denotaba obviamente la envidia y denotaba como la inconformidad de que en el ejercicio de las funciones legales y constitucionales pues el doctor Ludwing Mantilla saliera permanentemente en los medios; dos, digo que hay desviación de poder porque en efecto el doctor Carlos Octavio Gómez Ballesteros ya había evidenciado su posibilidad y su aspiración de salir elegido director en propiedad de la CDMB en vista del fallo de la Corte Constitucional que acabó abruptamente con los períodos de los directores en ese momento, se sabía que el doctor Carlos Octavio aspiraba y el doctor Carlos Octavio sabía que el doctor Ludwing también aspiraría a esa dignidad y que por lo tanto consideraba que el doctor Ludwing era un candidato muy fuerte, primero porque ya llevaba muchos años de experiencia en el tema ambiental, es un abogado especializado en esos temas, y obviamente con todo el protagonismo y el registro mediático que había tenido, veía en el doctor Ludwing Mantilla Castro un contradictor muy pero muy fuerte; y el tercer elemento que quería mencionar es que el doctor Carlos Octavio toma esas decisiones de manera abrupta, de manera inconsulta y quiero citar un caso muy concreto, nosotros, en el boletín de prensa, o digo yo, porque yo era el encargado de dirigir el equipo de prensa y comunicaciones, habíamos dado un gran despliegue en todos los medios de comunicación con una noticia que era una medida preventiva y una suspensión provisional de actividades de la planta de lixiviados de la central de abastos de Bucaramanga, eso fue una noticia muy fuerte que se registró en todos los medios hablados y escritos de la ciudad y supe cómo también por motivos políticos, por influencias, se comenzaron a hacer gestiones de diferente orden para que se retirara esa decisión por parte de la CDMB y se culpara al doctor Ludwing Mantilla de que en un afán de protagonismo y de registro mediático él había tomado esa decisión, yo le comenté el caso al doctor Ludwing y él me dijo que en ningún momento, que la medida era justificada, que la medida era evidente, que tenía todos los soportes legales, técnicos, jurídicos y ambientales para soportar esa decisión, hecho que incomodó en su momento, porque así me lo dijo el doctor Carlos Octavio en su momento, como en un propósito de que yo rectificara o que no le diera mayor trascendencia en los boletines de prensa oficiales de la Corporación a esa noticia, porque dijo él, eso perjudica al señor gobernador, nos perjudica a nosotros y me pone en una situación embarazosa frente a las aspiraciones que tengo yo para ser director de la CDMB (…)

2.4. Caso concreto.

2.4.1. Falsa motivación.

El cargo a desarrollar se enfocó en que los actos de insubsistencia del nombramiento respecto de un empleo de libre nombramiento y remoción gozan de la presunción legal de haber sido expedidos por razones del servicio; no obstante, esta puede ser desvirtuada en cuanto el ejercicio del poder discrecional no debe ser arbitrario, como ocurrió en el caso del actor, pues, su hoja de vida es prueba de los diferentes reconocimientos de su gestión; además, su calidad y competencia fue materia de aprobación por parte del funcionario que lo desvinculó, quien, cuando ejerció el cargo de secretario general, dio el visto bueno para los diferentes encargos de que fue objeto.

El desmejoramiento del servicio, en su sentir, tuvo lugar a causa del nombramiento de la señora Luz Helena Mojica, quien, según expone, no cumplía los requisitos exigidos en el manual de funciones para desempeñar el empleo, situación que desvirtúa la presunción legal según la cual el objeto de la desvinculación consistió en el mejoramiento del servicio; como colofón de lo anterior, expresó que la decisión atacada no contiene una justificación razonable que permitiera ejercer la medida discrecional.

La jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional(48) ha sido pacífica en la tesis que sostiene que es discrecional del nominador la remoción de empleados que ocupen empleos de tal naturaleza y que la decisión en tal sentido, se presume tomada en aras del buen servicio.

Sin embargo, también se ha sostenido que pese al carácter discrecional de esa medida, cuando se demuestre que las razones que la motivaron fueron ajenas al buen servicio(49), se puede desvirtuar la legalidad del acto.

El primer argumento abordado por el actor para atacar esa presunción legal respecto del acto acusado se relaciona con la idoneidad en la prestación del servicio; sin embargo, tal aseveración no constituye una razón que impida al nominador hacer uso de la facultad discrecional, pues, el actuar recto, adecuado y cumplido de las funciones atribuidas por parte de un empleado, tan solo es prueba del comportamiento esperado de quien ejerce la función pública; por tal razón, la jurisprudencia de esta corporación ha sido consistente en que esa circunstancia, por sí sola, no es garantía de inamovilidad en el cargo, menos aun cuando se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción. Así se ha discurrido(50):

Ahora bien, sobre el argumento de su excelente desempeño laboral, la jurisprudencia de esta corporación y en particular la de la Sección Segunda, ha sido reiterativa en afirmar que el buen desempeño de las funciones legalmente asignadas no generan por si solas fuero de estabilidad y permanencia, ni limitan la potestad discrecional, pues lo normal es que el empleado cumpla con ellas de la mejor manera, honrando su juramento de cumplir bien, fiel y honradamente con las funciones de su cargo. La prosperidad de un cargo con base en esta tesis, tendría que evidenciar que el servicio se desmejoró en la función propia y no por mera conjetura y silogismo, lo cual no sucede en este caso particular, de manera que tampoco hay prosperidad de la nulidad por esta causa(51).

Con fundamento en lo anterior, es válido afirmar que la sola circunstancia de ejercer una función cumplida y responsable no impedía ejercer la potestad de remoción atribuida al nominador; no obstante, como el actor argumentó que la prestación del servicio se vio desmejorada, por dos razones puntuales que son: (i) la falta de requisitos de quien entró a sucederlo en el cargo(52) y (ii) la desatención de algunos asuntos propios del área en la que fungía como subdirector, que originó traumatismos, se habrá de analizar lo pertinente.

En lo que atañe al primer aspecto, se debe señalar que el manual de requisitos y funciones de la planta de personal para la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga(53) está contenido en la Resolución 00262 de 23 de febrero de 2012; no obstante, al expediente no se allegó copia de ese acto a fin de verificar si la señora Luz Helena Mojica cumplía o no, los requisitos allí exigidos.

La Sala considera que si una de las razones de censura del acto de insubsistencia consistía en la falta de idoneidad de la persona que sucedió en el cargo al demandante, era necesario aportar, como anexo de la demanda, la norma de carácter no nacional, en este caso, el acto administrativo cuya vulneración se alegaba, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del CPACA; sin embargo, no lo hizo, lo que impide confrontar la veracidad del argumento.

Valga aclarar que consultada la página web de la entidad demandada(54), no se encontró tal resolución, con el objeto de establecer lo pertinente, razón suficiente para declarar no probado el cargo de falsa motivación, por ese aspecto.

Sin embargo, es oportuno realizar tres precisiones al respecto, una de ellas, consiste en que en el expediente(55) obra prueba de los documentos que soportan la formación académica y la experiencia profesional de la señora Luz Helena Mojica, con los cuales se demuestra que es abogada, tiene especialización en derecho administrativo y en gerencia pública, y dentro de su experiencia, adquirida en el ejercicio de diferentes empleos, cumplió funciones de índole ambiental(56).

La otra, consiste en que pese a que el demandante pudo demostrar mayor experiencia en el manejo de asuntos de orden ambiental, ello no implica que quien lo reemplazó no cumpliera los requisitos mínimos exigidos en el manual de funciones, que no tuviera el perfil requerido para el ejercicio del cargo y, especial, para ajustarse a la perspectiva o expectativas, políticas o planes que del nuevo director de la entidad pretendía impartir; de tal forma, la afirmación consistente en la falta de idoneidad de la nueva subdirectora no pasa de ser un planteamiento sin sustento probatorio.

La última precisión, y de mayor relevancia, se funda en que de conformidad con las declaraciones recaudadas, quien, en realidad, entró a reemplazar al demandante en el cargo de subdirector fue un ingeniero, de nombre William y respecto de él no se formuló reparo alguno en lo que tiene que ver con su idoneidad, ni con su experiencia en el manejo de temas ambientales; la señora Díaz García, de quien se predica la presunta falta de requisitos, solo entró a ejercer ese empleo, producto de la decisión del director en propiedad y no del encargado, de modo que, en caso de haberse demostrado la falta de requisitos respecto de ella(57), tal circunstancia no enervaría la legalidad del acto, pues, se insiste, no fue quien sucedió al demandante en el empleo.

Ahora bien, en lo que se refiere a los presuntos traumatismos que sufrió la subdirección a su cargo con posterioridad al retiro, ha de tenerse en cuenta que aunque en la declaración del señor Víctor Julio Moreno Monsalve, se refirió al presunto desmejoramiento del servicio, el conocimiento que dice tener sobre ese aspecto no fue directo; además, el represamiento a que alude la señora Martha Patricia Pimiento Páez en su declaración, es el resultado de una versión de oídas, y, en todo caso, esta última fue trasladada a otra dependencia en una fecha reciente a la asunción de funciones por parte de la nueva subdirectora, es decir, que su declaración no puede dar fe del desarrollo de la actividad en esa dependencia una vez se produjeron los ajustes propios del cambio de administración.

Las declaraciones aludidas, a juicio de la Sala, no constituyen prueba suficiente para demostrar el desmejoramiento del servicio que se invoca, pues, no pasan de ser comentarios de oídas, sin sustento válido.

Igual se concluye de la versión dada por el señor Alexander Aguilar Marín, miembro de la Policía Nacional, quien, en forma conjunta con el demandante, hizo parte del grupo conformado para llevar a cabo investigaciones, incautaciones, sellamientos y demás diligencias de orden penal, imposición de medidas preventivas y otras en contra de los infractores de la ley ambiental, quien aseguró que no se volvieron a realizar las diligencias que se practicaban cuando la subdirección estaba a cargo del actor, tendientes a la captura, incautación, sellamientos y demás medidas en contra de quienes incurrían en infracciones de tal naturaleza; sin embargo, dado que su función es externa y ajena a la subdirección, no tiene pleno conocimiento del manejo de la subdirección de evaluación y control ambiental.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que las versiones de los declarantes solo se refieren a aspectos parciales de las funciones que tiene asignadas tal dirección y, por ende, no constituyen prueba suficiente para demostrar el desmedro en el servicio, pues no provienen de un análisis integral del desarrollo y gestión allí realizados con posterioridad a la desvinculación del actor.

Valga aclarar que, incluso, en la declaración rendida por la señora Pimiento Páez, se señaló que el trastorno de las funciones en que se pudo incurrir, corresponde al normal que surge en el proceso de adaptación de una persona nueva en el cargo, y que, en todo caso, de conformidad con el memorando que da cuenta de las actividades realizadas por el grupo élite ambiental durante los años 2008 a 2012, se puede observar que el mayor pico de sanciones ambientales se produjo en el año 2010, es decir, cuando el demandante no estaba a cargo del empleo de subdirector del cual fue desvinculado, y los demás trámites en cabeza de ese grupo tuvieron un promedio constante, durante todos los períodos indicados.

Finalmente, en lo que respecta a la falta de motivación, por ser una decisión que recayó sobre un nombramiento de esa naturaleza, no era necesaria la exposición de las circunstancias que lo originaron, pues, se insiste, se trata de un empleo respecto del cual el nominador gozaba de discrecionalidad tanto para proveerlo como para removerlo, de modo que, por presunción legal, se debe entender que estuvo orientado por razones del servicio las cuales, según se expuso, no fueron desvirtuadas.

2.4.2. Falta de competencia.

En la demanda se asegura que el funcionario que asumió temporalmente el cargo de director general de la corporación autónoma regional y que, durante su gestión declaró la insubsistencia del nombramiento del actor, no cumplía los requisitos para ese encargo y, a partir de ahí, se hizo consistir la falta de competencia que, en su sentir, hace anulable el acto.

Para sustentarlo adujo que quien actuó como delegado del gobernador durante la sesión del Consejo Directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, en la que se eligió al director encargado, no tenía la condición de secretario de despacho, sino de asesor y, por ende, adolecía de facultad para actuar en la calidad en que lo hizo, pues los estatutos de esa Corporación exigen que los delegados deben ser secretarios de despacho.

Para verificar si se configura la falta de competencia que se invoca, es necesario señalar que el acto administrativo por el cual se desvinculó al actor fue suscrito por el director general encargado, Carlos Octavio Gómez Ballesteros; los hechos que rodearon ese encargo son los siguientes:

— El Consejo Directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, en sesión extraordinaria realizada el 24 de mayo de 2012, de la que se levantó el Acta 247(58), tomó la decisión de encargar a Carlos Octavio Gómez Ballesteros(59) de la Dirección General de la entidad, mientras se surtía el proceso de elección en propiedad de quien dirigiría la entidad para el período 20122015.

— En la sesión extraordinaria aludida, participaron los delegados del gobernador y de la Presidencia, 2 representantes de las ONG, 2 representantes del sector privado, los alcaldes de los municipios de Floridablanca, Lebrija, Vetas y Charta y el delegado del Ministerio del Medio Ambiente.

— Como presidente de esa sesión se designó al señor Edwin Gilberto Ballesteros Archila, quien actuaba como delegado del gobernador del departamento de Santander y a quien se le confirió esa delegación mediante Resolución 001567 de 6 de febrero de 2013(60).

El artículo 19 de los estatutos de la entidad demandada, aprobados por la Resolución 1890 del 25 de septiembre de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es del siguiente tenor literal:

“ART. 19.—Quórum y votación. Constituye quórum deliberatorio y decisorio la presencia en el recinto de la sesión de más de la mitad de los representantes legales de las entidades territoriales de la jurisdicción de la corporación.

Los miembros de la asamblea corporativa tendrán en sus deliberaciones y decisiones el derecho a un voto por la entidad territorial que representan. Cada miembro de la asamblea corporativa sólo podrá representar, a efectos de votación, a la entidad territorial de la cual es representante legal; pero podrá delegar su participación en un Secretario de Despacho, mediante acto administrativo de delegación.

En el caso bajo análisis, la delegación que hizo el gobernador del departamento de Santander al señor Edwin Gilberto Ballesteros Archila se produjo a través de la Resolución 001567 de 6 de febrero de 2012(61); de acuerdo con lo señalado en ese acto, el señor Ballesteros ostentaba en cargo de asesor del despacho del gobernador y no de secretario, como se indica en la norma en cita; no obstante, tal resolución goza de presunción de legalidad hasta tanto sea suspendida o anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y es a esta a quien le corresponde determinar si la delegación aludida podía recaer en quien ostentara un cargo de esa denominación.

Además, se debe precisar que pese a que en el hecho 17 de la demanda se aseguró que los actos que dieron origen a ese encargo y los de elección de los 4 alcaldes que intervinieron en el consejo directivo fueron demandados ante esta jurisdicción, no se citó el número del proceso en que se analiza esa controversia y durante el trámite de esta litis no se allegó constancia de la suspensión o anulación de ellos; siendo así y como ese fue el único fundamento que se invocó como sustento del cargo, es forzoso concluir que no se demostró la falta de competencia, y ello impide disponer la anulación del acto censurado con fundamento en él.

2.4.3. Desviación de poder.

El cargo por deviación de poder se sustentó en la temporalidad del encargo del funcionario que lo desvinculó y en la proximidad de la adopción de la medida discrecional, pues, tales circunstancias le impedían aducir razones que, realmente, tuvieran relación con el servicio. Al referir los motivos ocultos que pudieron servir de sustento al acto acusado, invocó los siguientes: i) que el día posterior al encargo, el director (E) manifestó que mantendría al equipo de subdirectores; sin embargo, en forma inconsecuente, expidió el acto censurado al finalizar la tarde; ii) que el director encargado le solicitó levantar las medidas cautelares impuestas a la empresa ITALCOL, y el actor se negó hasta corroborar el estudio técnico que permitiera adoptar tal decisión y iii) la participación conjunta del director encargado y del demandante en el proceso de elección del director general en propiedad.

El primer motivo invocado no fue probado, pues, según declaración rendida por Eugenia Aguilar Rueda(62), el demandante presentó la renuncia a su cargo, previa solicitud por parte del director encargado, y aunque posteriormente la retiró, para llevarla directamente a la oficina de la dirección, no lo hizo; ello contradice la versión del actor, según la cual el director encargado se comprometió a mantener a todo el equipo de trabajo.

Siendo así, para la Sala es claro que la decisión de insubsistencia del nombramiento no fue sorpresiva, pues, el actor sí tenía conocimiento de que quien dirigía la entidad había decidido prescindir de sus servicios exigiendo, en primer término, la presentación de su renuncia y pese a que el demandante la presentó(63), ante el retiro del escrito que así lo manifestaba, procedió a expedir el acto de desvinculación que se controvierte.

Ahora bien, la Sala considera que el motivo por el que se elaboró el acto administrativo de insubsistencia del nombramiento más allá de las 6:00 p.m. y la rúbrica se impuso con posterioridad, consistió en que se esperó hasta el último momento del día para que el actor volviera a radicar el escrito de renuncia que presentó horas antes, pero no lo hizo, como lo manifestó quien fungía como secretaria general de la entidad, para la época; en todo caso, el aspecto temporal de la elaboración y suscripción del acto, en modo alguno son circunstancias que afecten su legalidad.

En cuanto al segundo motivo invocado, relacionado con que la insubsistencia fue el resultado de haberse negado el demandante a levantar las medidas cautelares que se habían impuesto en contra de la empresa ITALCOL, ese hecho no está probado, como se pasa a explicar:

Según concepto técnico rendido por el actor, producto de la valoración realizada en la empresa reseñada se recomendó iniciar el trámite de permiso de emisiones, el inicio de investigación administrativa, la legalización de medida preventiva y la suspensión del funcionamiento de las calderas hasta la tramitación de ese permiso; lo anterior dio lugar a la imposición de medidas preventivas mediante Auto 502-12 de 24 de mayo de 2012, que fueron levantadas por Auto 515-12 del 28 de mayo de 2012, como resultado de la visita realizada el 26 de ese mes y año; no obstante, más adelante se formularon cargos en contra de esa empresa por el desconocimiento de las normas ambientales, según se determinó en el Auto 742-12 de 25 de julio de 2012(64).

La anterior actuación administrativa ambiental permite considerar que, en efecto, se adoptaron unas medidas preventivas en contra de la aludida empresa por el incumplimiento de normas ambientales; sin embargo, ello no constituye prueba de la presunta presión ejercida por el director encargado para obtener el levantamiento de tales medidas, máxime cuando la decisión al respecto fue producto de una nueva visita realizada en las instalaciones de la empresa, en la que se constató que se estaban realizando las gestiones orientadas a obtener el permiso requerido. Todo ello, a juicio de la Sala, no constituye cosa distinta que el transcurrir normal de una gestión de esa naturaleza que, en todo caso, no sirve de soporte probatorio al presunto móvil oculto que el actor quiere demostrar, como causa que originó su desvinculación.

Es importante señalar que aunque la versión del señor Humberto Vidal Abreo Becerra, fue incisiva en plantear en forma precisa las tres razones que, a su juicio, rodearon la desvinculación del demandante, entre ellas, la relacionada con el levantamiento de las medidas cautelares referenciadas, su declaración no constituye prueba de que esa haya sido la causa eficiente de la medida discrecional pues, según señaló, tuvo conocimiento de que “se comenzaron a hacer gestiones de diferente orden para que se retirara esa decisión”, que se culpara al actor de que su afán mediático fue el causante de tal decisión y que, en últimas, el propósito del señor Carlos Octavio —director encargado— era que “rectificara o no le diera mayor trascendencia en los boletines de prensa oficiales de la Corporación a esa noticia porque (…) eso perjudica al señor gobernador, nos perjudica a nosotros y me pone en una situación embarazosa frente a las aspiraciones que tengo yo para ser director”.

Ninguna de las anteriores aseveraciones es concluyente de que la decisión de desvincular al actor fue el resultado de la presunta solicitud de levantamiento de las medidas cautelares, ni siquiera de la existencia de un requerimiento al respecto, y tampoco de que la supuesta negativa del actor a proceder de conformidad, haya suscitado su desvinculación. En sentir de la Sala, el conocimiento que tuvo el deponente en relación con las presuntas gestiones que se estaban realizando para levantar medidas cautelares, constituye una versión de oídas y, pese a que fue el mismo director encargado quien, según tal declaración, le informó al señor Abreo Becerra que las cautelares podrían llegar a afectar su aspiración como partícipe del proceso de elección de director, ello no es concluyente de que la insubsistencia hubiera estado fundada en tal circunstancia.

En cuanto al tercer motivo, consistente en que tanto el demandante como el director encargado, integraron la lista de candidatos que pretendían ejercer en propiedad el empleo de director general de la entidad(65), esta subsección considera que tal circunstancia no es determinante de un móvil subrepticio para la declaratoria de insubsistencia, pues el organismo elector era el consejo directivo de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga y la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del actor no afectaba su participación en ese proceso, comoquiera que no lo excluía de la lista de participantes para acceder a esa dignidad; además, no se probó nexo causal entre esa circunstancia y la expedición del acto.

Con fundamento en lo anterior, es forzoso concluir que la única intención del director encargado consistió en rodearse de personal de su entera confianza que lo acompañara en su gestión durante el tiempo en que estuvo a cargo de la dirección de la entidad, sin importar el período de duración en el ejercicio de tal cargo, justificación plenamente válida para hacer uso de la facultad de libre remoción. Además, esta atribución le asistía independientemente de que el ejercicio de ese empleo no fuera permanente sino temporal, producto de un encargo.

Así las cosas, como de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo las decisiones discrecionales deben ser adecuadas a los fines de la norma que las autoriza y, en caso de que la facultad se ejerza respecto de cargos de libre nombramiento y remoción, se presume que la decisión está orientada a garantizar el buen servicio público, para desestimar tal presunción es necesario probar la existencia de un fin contrario al que la ley autoriza, el que no fue acreditado en el caso bajo análisis.

Las razones anteriores son suficientes para considerar que la insubsistencia del nombramiento sí estuvo ceñida a los fines para los que fue creada la medida discrecional, es decir, en aras del buen servicio, motivo por el cual no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto y ello impide acceder a las pretensiones de la demanda.

3. De la condena en costas.

Esta Subsección en Sentencia del 7 de abril de 2016(66), respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso(67), se condenará a la parte demandante al pago de las costas de primera y segunda instancia, por haberse revocado totalmente la sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la entidad demandada en segunda instancia(68).

4. Conclusión.

Con los anteriores argumentos fuerza concluir que el demandante no desvirtuó la legalidad del acto demandado; en consecuencia, se revocará la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se despacharán de manera desfavorable. Con condena en costas de ambas instancias al demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la Sentencia proferida el 28 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso promovido por Ludwing Mantilla Castro contra la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia. En su lugar se dispone:

DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por el señor Ludwing Mantilla Castro, según lo expuesto en forma precedente.

2. CONDENAR en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Santander.

3. RECONOCER a la abogada Diana Marcela Contreras Chinchilla como apoderada judicial de la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga, en la forma y términos del poder visible en folio 346 del expediente.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(7) Folio 40 del cuaderno principal.

(8) Según la parte considerativa de la aludida resolución y de conformidad con lo manifestado por el secretario general de la entidad demandada en la constancia que obra en folios 42 a 44 del cuaderno principal.

(9) Folio 41 del cuaderno principal.

(10) Folio 39 del cuaderno principal.

(11) Folio 65 del cuaderno principal.

(12) Folios 66 y 67 del cuaderno principal.

(13) Folio 75 del cuaderno principal.

(14) Folio 68 del cuaderno principal.

(15) Folio 38 del cuaderno principal.

(16) Folio 51 del cuaderno principal.

(17) Folio 37 del cuaderno principal.

(18) Folio 69 del cuaderno principal.

(19) Folio 36 del cuaderno principal.

(20) Folio 34 del expediente principal.

(21) Folio 35 del cuaderno principal.

(22) Folio 30 del cuaderno principal.

(23) Folio 28 del cuaderno principal.

(24) Folio 29 del cuaderno principal.

(25) Folios 42 a 44 del cuaderno principal.

(26) Folios 45 a 48 del cuaderno principal.

(27) Folios 49 y 50 del cuaderno principal.

(28) Folio 156 del cuaderno principal.

(29) Folios 162 a 165 del cuaderno principal.

(30) Folios 56 a 64 del cuaderno principal.

(31) Según constancia expedida por el director ejecutivo de Asocars, visible en folio 119 del cuaderno principal.

(32) Folio 122 del cuaderno principal.

(33) Folios 127 a 152 del cuaderno principal.

(34) Folio 136 a 138 del cuaderno principal.

(35) Según CD anexo, visible en folio 171 del cuaderno principal.

(36) Minuto 22:28 a 26:39 del audio.

(37 Minuto 27.34.

(38) Se resalta.

(39) Minutos 47:49 a 01:02:33 del audio.

(40) Minutos 01:06:11 a 01:15:44 del audio.

(41) Resalta la Sala.

(42) Idem.

(43) Minutos 01:20:11 a 01:28:35 del audio.

(44) Negrilla fuera de texto.

(45) Ídem.

(46) Minutos 01:33:05 a 01-42-22 del audio.

(47) Minutos 01:47:18 a 01:54:18 del audio.

(48) Ver, entre otras, las Sentencias de 24 de junio de 2015, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Rad. 44001-23-33-000-2013-00023-01(1471-14) y T-372 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(49) Ver, entre otras, la siguiente: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón, Sentencia de 20 de octubre de 2014, Rad. 25000-23-25-000-2004-08619-01(1735-09).

(50) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 20 de agosto de 2015, Rad. 25000-23-25-000-2010-00254-01(1847-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(51) Esta cita es propia del texto transcrito: Entre otras, Rad. 1866-10, actor: Diego Villamarín Idrobo. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(52) Cargo que planteó en relación con la señora Martha Yolanda Díaz García y no respecto de quien, en realidad, lo sucedió en el ejercicio del cargo, esto es, el ingeniero William, cuyo apellido no fue establecido en el proceso.

(53) Según constancia visible en folios 42 a 44 del expediente.

(54) www.cdmb.gov.co.

(55) Folios 126 a 155.

(56) Folio 149.

(57) Lo que no ocurrió.

(58) Folio 123.

(59) Quien se desempeñaba como Subdirector de Control Interno de la entidad, según da cuenta el acta citada. Su nombramiento como Subdirector de control interno de la entidad fue declarado insubsistente por medio de la Resolución 001017 de 27 de agosto de 2012 (f. 156).

(60) Folio 177.

(61) Folio 177.

(62) La versión relacionada con la solicitud de la renuncia fue corroborada con la declaración rendida por el señor Víctor Hugo Moreno Monsalve, quien también asegura de la existencia de ese hecho.

(63) Según versiones rendidas por la señora Eugenia Aguilar Rueda, quien para la época de la insubsistencia fungía como secretaria general de la entidad y por Víctor Hugo Moreno Monsalve, quien se desempeñaba como profesional especializado, adscrito a la secretaría general de la entidad, el demandante presentó la renuncia que se alude.

(64) Folios 182 a 196.

(65) Como consta en los listados que obran de folios 162 a 165.

(66) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 13001-23-33-0002013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P. William Hernández Gómez.

(67) Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

(68) Interponer y sustentar recurso de apelación y presentar alegatos de conclusión en segunda instancia.