Sentencia 2012-00338 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020120033801 (20188)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Mazal Group S.A. (NIT. 830.124.924-4)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Recurso de apelación

La actora apeló con fundamento en los siguientes argumentos(13):

1. Excepción de falta de título ejecutivo.

Desde el punto de vista documental, el título ejecutivo debe constituir plena prueba contra el ejecutado. El inciso 1º del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, señala que son títulos ejecutivos únicamente los que provienen del deudor. Por ello, no es posible iniciar un proceso administrativo de cobro con base en copias del título ejecutivo original, presentadas por la demandante.

Conforme con los artículos 828 del estatuto tributario y 488 del Código de Procedimiento Civil, solo presta mérito ejecutivo el original de la declaración privada y la liquidación oficial que contenga la certificación del administrador de impuestos, pues solo estas son originales y auténticas. No obstante, el proceso administrativo de cobro administrativo adelantado contra la actora se encuentra soportado en copias de las declaraciones electrónicas que presentó y que carecen de fuerza ejecutiva.

2. Violación del debido proceso por falta de competencia.

El funcionario que profirió el mandamiento de pago se identificó como gestor II de gestión de cobranzas, quien no tiene competencia para dictar ese acto, según el artículo 824 del estatuto tributario. Además, en el mandamiento de pago no se señalaron las facultades que le fueron conferidas al delegatario y en el proceso de cobro no se entregó copia de la resolución de delegación para que fuera conocida por la demandante. De manera que al no probarse la competencia del funcionario para expedir el mencionado acto, existe incompetencia de este y violación al debido proceso.

3. Falta de motivación de los actos que resolvieron las excepciones.

Existe falta de motivación de la resolución que resolvió las excepciones y de su confirmatoria, porque no se hizo referencia a las razones que llevaron a la administración a declarar no probada la excepción de falta de competencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso(14).

La demandada reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y solicitó confirmar la sentencia apelada(15).

El Ministerio Público solicitó que se confirme la sentencia apelada, por las siguientes razones(16):

El recurrente insiste en la falta de título ejecutivo porque en el expediente no está la liquidación privada original, sin tener en cuenta que esta fue presentada por medios electrónicos y presta mérito ejecutivo como lo reconoció el a quo, conforme con la Ley 527 de 1999, el Decreto 408 de 14 de marzo de 2001 y la jurisprudencia del Consejo de Estado.

El hecho de que no se haya entregado a la actora la resolución de delegación y que esta no fuera aportada al proceso de cobro, no desvirtúa la competencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago, pues esta no depende de ello. Además, en el mandamiento de pago se informó a la demandante que los funcionarios actuaban por delegación efectuada mediante Resolución 0533 de 2010, cuya legalidad no ha sido desvirtuada.

En los actos acusados la DIAN se pronunció sobre la falta de competencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago, razón por la cual el cargo de falta de motivación no tiene vocación de prosperidad.

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala determina si es posible adelantar el proceso administrativo de cobro de las obligaciones contenidas en las declaraciones electrónicas del IVA e impuesto al patrimonio precisadas en los antecedentes, con base en las impresiones de las declaraciones electrónicas presentadas por la actora. También precisa si se configuró la falta de competencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago y si existió falta de motivación de los actos acusados.

Excepción de falta de título ejecutivo

La excepción propuesta tiene como fundamento el hecho de que la demandada profirió el mandamiento de pago con base en copias impresas de las declaraciones que la demandante presentó por medio electrónico, documentos que, a juicio de esta, no tienen fuerza ejecutiva porque no son originales.

En concordancia con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil(17), el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, señala que prestan mérito ejecutivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible: i) todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley; ii) las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero; iii) las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales, a cargo de los contribuyentes, o las liquidaciones privadas que hayan quedado en firme, en aquellos tributos en los que su presentación sea obligatoria; iv) los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso; v) las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación y iv) los documentos que provengan del deudor en los cuales consten obligaciones a su cargo.

En consonancia con la anterior, el artículo 828 del estatuto tributario establece que prestan mérito ejecutivo, entre otros documentos, las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

Ha precisado la Sala que el título ejecutivo supone la existencia de una obligación clara, expresa y exigible. La obligación debe ser expresa porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse de la simple revisión del título ejecutivo. Y debe ser exigible porque no está sujeta al cumplimiento de un plazo o condición(18).

Por su parte, los artículos 578 y 579-2 ibídem, establecen, respectivamente, que los contribuyentes o responsables deben presentar sus declaraciones tributarias a través de los formularios que la DIAN establezca para el efecto o, a través de medios electrónicos, previa autorización de la entidad(19).

El artículo 579-2 del estatuto tributario se encuentra reglamentado por el Decreto 1791 de 2007 que establece, entre otros aspectos, que las declaraciones electrónicas se presentarán a través de los servicios informáticos electrónicos de la entidad [art. 1º], y que para todos los efectos jurídicos, las declaraciones presentadas a través de los servicios informáticos electrónicos y los recibos que soportan las transacciones de pago electrónicas reemplazarán los documentos físicos en papel [art. 8º].

De acuerdo con las normas en mención, las declaraciones presentadas físicamente y las presentadas electrónicamente son documentos que tienen la misma validez jurídica y probatoria(20).

Ha sostenido la Sala que con el ánimo de atribuirle a los documentos electrónicos, la misma validez probatoria que a los documentos le otorga el Código de Procedimiento Civil, se expidió la Ley 527 de 1999(21), que definió el mensaje de datos como “Aquella información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieron ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), internet, el correo electrónico, o el telegrama, el télex o el telefax. De igual manera ha dicho lo siguiente(22):

“[…]

Ahora bien, los artículos 5º, 10 y 11 de la Ley 527 de 1999 establecieron que no se puede negar “efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”(23), razón por la cual se deben valorar como documentos(24).

Estipuló que para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos se debe tener en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, dijo la norma, que “habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciado y cualquier otro factor pertinente(25).

En consecuencia, los mensajes de datos deben apreciarse como documentos de contenido electrónico cuyo valor probatorio surge a partir de las reglas de la sana crítica y de los demás criterios legales de apreciación probatoria, sin perder de vista que para efectos de confiabilidad, deben tenerse en cuenta, además, tres aspectos: i) la forma como se generó; ii) la forma como se ha conservado y, iii) la forma como se identifique el iniciador(26).

[…]

Tratándose de los formatos físicos, la prueba de su existencia no representa ningún inconveniente en la medida que se aporta al proceso el documento material.

No ocurre lo mismo con el formato electrónico por cuanto, precisamente por su inmaterialidad, no existe la posibilidad de aportar el título original al proceso. Sin embargo, conforme se advirtió, esa circunstancia no le resta efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información que consta en el mensaje de datos.

Por consiguiente, si se quiere demostrar la inexistencia del documento electrónico como tal, quien así lo alega deberá demostrar la inexistencia del mensaje de datos o la adulteración del mismo.

En ese orden de ideas, por el hecho de que no repose en el expediente el documento electrónico, no es dable inferir que el documento no existe, pues ese hecho, se reitera, debe probarse.

Pero si se quiere demostrar que el documento electrónico no presta mérito ejecutivo, quien así lo alega deberá fundamentar porqué (sic) el documento no es claro, no es expreso, ni actualmente exigible” (se destaca).

De conformidad con lo expuesto, la Sala reitera que las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes o responsables, bien sea en medio físico o a través de los servicios informáticos electrónicos que para el efecto disponga la DIAN, tienen la misma validez como documento.

Asimismo, tal como lo ha precisado la Sala, las declaraciones electrónicas también constituyen títulos ejecutivos que pueden ser cobrados coactivamente por la administración, siempre y cuando contengan obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles(27). En consecuencia, por su carácter inmaterial no se les puede restar valor probatorio ni carácter ejecutivo, pues la información que se transmite a través de mensajes de datos no difiere de la que puede contener un documento físico, toda vez que, al igual que este último, su contenido representa de forma inteligible y comprensible para el ser humano hechos jurídicamente relevantes(28).

Sobre la fuerza ejecutiva de los documentos electrónicos, la Sala también precisó lo siguiente(29):

Las impresiones de tales documentos electrónicos, en tanto no se pruebe lo contrario, se reputan auténticas y son prueba de la representación material de las declaraciones tributarias electrónicas transmitidas a través del sistema informático de la DIAN y, por lo tanto, son idóneas y conducentes para inferir la existencia de los títulos ejecutivos.

Si bien es cierto que para iniciar procesos de ejecución se debe contar con el original o una copia especialmente habilitada del título ejecutivo, en el caso de las liquidaciones privadas electrónicas, el título ejecutivo original está conformado por la información que reposa en la base de datos del sistema a través del cual se envió la información. En consecuencia, por el hecho de que las declaraciones estén representadas en forma de mensaje de datos, no dejan de tener efecto jurídico, validez o fuerza obligatoria, conforme lo dispone el artículo 5º de la Ley 527 de 1999” (se destaca).

De acuerdo con el criterio anterior, que la Sala reitera, es la inmaterialidad e intangibilidad de las declaraciones electrónicas lo que hace imposible que estas puedan aportarse al proceso en original. De manera que las impresiones de tales documentos, que se reputan auténticas, son prueba de la representación material de las citadas declaraciones, y, por lo tanto, son idóneas y conducentes para inferir la existencia de los títulos ejecutivos.

En el caso sub exámine, se encuentra probado que, en cumplimiento de las normas que exigen a los contribuyentes presentar las declaraciones por medio electrónico, la actora presentó por esa vía las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes a los bimestres 6º del año gravable 2009; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º, del año gravable 2010 y del impuesto al patrimonio por el año gravable 2010, de las cuales figuran copias impresas en el expediente(30).

Con fundamento en las anteriores impresiones de las declaraciones tributarias, la DIAN profirió mandamiento para obtener de la actora el pago de las siguientes obligaciones:

Tipo documento Fecha Concepto Año periodo Impuesto($) Sanción($) Interés($)
1000080322793LP20/01/2010Ventas2009611.676.60600
1000083344868LP17/03/2010Ventas20101164.038.00000
1000087673764LP20/05/2010Impuesto al pat.2010188.247.00000
1000087715465LP20/05/2010Ventas20102144.468.00000
1000091473370LP19/07/2010Ventas20103141.557.00000
1000096344575LP16/09/2010Ventas2010478.521.00000
1000100234656LP18/11/2010Ventas2010560.510.00000
1000104147247LP28/01/2011Ventas201061.811.804.00000
       TOTAL2.500.821.606

 

Comoquiera que el proceso de cobro adelantado por la administración tuvo como fundamento las declaraciones electrónicas presentadas por la demandante a través del sistema informático de la DIAN, de las cuales existen copias impresas en el expediente, no está probada la excepción de falta de título ejecutivo, pues, se reitera, las impresiones de estas son idóneas y conducentes para inferir la existencia de los títulos ejecutivos.

En conclusión, para el cobro administrativo de las obligaciones tributarias no es posible que se aporte el original de las declaraciones electrónicamente presentadas, como lo sugiere la actora, dado su carácter inmaterial e intangible.

Además, en este caso, tampoco era necesaria la expedición de la certificación del administrador de impuestos, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones electrónicas presentadas, pues esta certificación, por sí sola, no constituye título ejecutivo, ni su expedición es necesaria para que se entienda bien constituido el título ejecutivo. En tal certificación solamente consta que existen la liquidación privada o la oficial y su valor, los cuales legalmente, son los títulos ejecutivos(31).

Asimismo, la demandante no probó la inexistencia o adulteración del mensaje de datos, o que las obligaciones contenidas en las declaraciones electrónicas impresas no eran claras, expresas ni actualmente exigibles. No prospera el cargo de la apelación.

Falta de competencia del funcionario que expidió el mandamiento de pago

Con fundamento en el numeral 7º del artículo 831 del estatuto tributario, la actora alegó que se configuró la excepción de falta de competencia, porque el mandamiento de pago fue proferido por funcionario incompetente.

La excepción alegada es improcedente, pues la falta de competencia a que alude el citado numeral se predica del título ejecutivo, no del mandamiento de pago. En efecto, conforme con el numeral 7º de la norma en mención, contra el mandamiento de pago procede la excepción de “La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió”, esto es, la incompetencia del funcionario que expidió el título, no de quien libró el mandamiento.

No obstante, no hubo falta de competencia de los funcionarios que libraron el mandamiento de pago. En efecto, de conformidad con el artículo 824 del estatuto tributario, la competencia funcional para obtener el cobro de las deudas a favor del fisco nacional está en cabeza del subdirector de recaudación de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales, los administradores de impuestos, los jefes de las dependencias de cobranzas y los funcionarios de las dependencias de cobranzas y de las recaudaciones de impuestos nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones. Por su parte, el artículo 826 ibídem, establece que el funcionario competente para exigir el cobro coactivo, debe expedir el mandamiento de pago y ordenar el pago de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos.

El mandamiento de pago fue suscrito por Luis Hernando Pinilla Bernal, a quien la DIAN designó y ubicó como jefe de la división de cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes(32), e Isabel Cristina Moreno Arias, a quien se le ubicó en la misma dependencia, como gestor III de la división de gestión de cobranzas(33).

Ambos funcionarios actuaron en ejercicio de la delegación de funciones conferida por la Resolución 533 de 9 de agosto de 2010, en la que la directora de la seccional de impuestos de grandes contribuyentes de la DIAN, delegó en los funcionarios ubicados en el despacho de la división de gestión de cobranzas de la dirección seccional de grandes contribuyentes, entre otras, la de iniciar los procesos coactivos profiriendo el mandamiento de pago(34).

Respecto del argumento de que en el expediente administrativo de cobro no consta la resolución de delegación, la Sala reitera que ello no es necesario, puesto que dicho acto es vinculante para los funcionarios de la administración y su contenido solo tiene incidencia en el ámbito interno. Por tanto, para que sea eficaz y produzca efectos jurídicos no requiere ser publicado(35).

Además, la existencia del acto de delegación fue conocida por la actora al proferirse el mandamiento de pago, pues en dicho acto se precisó que los funcionarios de gestión de cobranzas actuaban en uso de sus facultades legales, al igual que de “la Resolución de Delegación Nº 533 de fecha 9/08/2010”(36).

Por consiguiente, los funcionarios que suscribieron el mandamiento de pago, sí tenían competencia para proferirlo y exigir el cobro coactivo de las obligaciones fiscales.

Cabe anotar que aunque la demandante sostuvo que la falta de competencia genera la nulidad del mandamiento, toda su argumentación se centró, en verdad, en la equivocada procedencia de la excepción de falta de competencia en la expedición del mandamiento de pago, es decir, que no cuestionó realmente el mandamiento.

Por lo tanto, debe declararse que no prospera la excepción de inepta demanda que propuso la DIAN porque entendió que la actora sí había demandado el mandamiento. Cabe advertir que tal excepción no fue resuelta por el a quo, por lo que procede adicionar la parte resolutiva de la sentencia apelada para declarar no probada la excepción propuesta por la demandada.

Falta de motivación de los actos acusados frente a la excepción de incompetencia

La Sala precisa que el cargo propuesto no prospera porque, contrario a lo sostenido por la actora, la administración si motivó sumariamente, conforme con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, la decisión de dar por no probada la excepción, como se lee en la resolución que resolvió las excepciones contra el mandamiento de pago:

“[…]

Este despacho considera que no está probada la excepción de incompetencia del funcionario para librar el mandamiento de pago, por cuanto de conformidad con el artículo 824 del estatuto tributario, son competentes para exigir el cobro coactivo de las obligaciones tributarias, el subdirector de recaudo de la DIAN, los administradores de impuestos, los jefes de cobranzas y los funcionarios de las dependencias de cobranzas y de las recaudaciones de impuestos nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones, y, tal como se señaló en el Mandamiento de Pago Nº 20110302000011 de fecha 22 de junio de 2011, dicho acto administrativo fue proferido por la suscrita funcionaria de la división de gestión de cobranzas, con fundamento en la Resolución de Delegación de Funciones Nº 533 de fecha 9/08/2010, mención que resulta suficiente para considerar que está plenamente facultada para proferir el mandamiento de pago impugnado, tal y como expresamente lo manifestó allí, por lo cual es irrelevante que el acto administrativo de delegación conste o no en el expediente de cobro coactivo, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que es inexistente la vulneración al debido proceso a que hace referencia el apoderado.

[…]”

La anterior motivación fue reiterada en la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto, con lo que queda desvirtuado el cargo propuesto.

Las razones que anteceden son suficientes para adicionar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda, para, además, declarar no probada la excepción de inepta demanda. En lo demás, se confirma la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

ADICIÓNASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual queda así:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la DIAN y NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Diana Patricia García Noriega para actuar como apoderada judicial de la DIAN, en los términos y para los efectos del poder que está en el folio 189 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(13) Folios 161-173 c. p.

(14) Folios 209-223.

(15) Folios 184-188.

(16) Folios 224-229 c. p.

(17) “ART. 488.—Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso-administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.

La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294”.

(18) Auto de 30 de mayo de 2013, Expediente 18057, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(19) “ART. 578.—Utilización de formularios. La declaración tributaria se presentará en los formatos que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales. En circunstancias excepcionales, el Director de Impuestos Nacionales, podrá autorizar la recepción de declaraciones que no se presenten en los formularios oficiales.

[…]

ART. 579-2.—Presentación electrónica de declaraciones. “Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:”

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579 el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, señalará los contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. […]”.

(20) Sentencia de 10 de febrero de 2010, Expediente 17155, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) Ley 527 de 1999. Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del capítulo VIII del título XIII, Sección Tercera, libro segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.

(22) Sentencia de 10 de febrero de 2010, Expediente 17155, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(23) Artículo 5º de la Ley 527 de 1999.

(24) Artículo 10 de la Ley 527 de 1999.

(25) Artículo 11 de la Ley 527 de 1999.

(26) El profesor Hernán Fabio López Blanco, hace algunas precisiones frente al aspecto probatorio de los documentos electrónicos, al efecto dijo: “En verdad lo que podríamos denominar el original del documento corresponde a lo que se halla grabado en la memoria del computador y, en exégesis pura, sería necesario aportar al proceso el aparato, lo que a todas luces es una extravagancia sin sentido. No obstante como lo que contiene esa memoria se exterioriza bien en una pantalla, ora mediante su impresión escrita, o disquete, resulta claro que podrá tomarse nota de la existencia del documento e incorporarlo al proceso mediante el escrito resultado de la labor de impresión o, así no sea la forma más práctica, en una inspección judicial mirando el juez lo que muestra la pantalla y dejando las constancias del contenido del mismo. López Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil Tomo III Pruebas, Dupré Editores, Bogotá, 2001, pág. 354.

(27) Sentencia de 1 de octubre de 2009, Expediente 16443, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(28) Sentencia de 10 de febrero de 2010, Expediente 17155, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(29) Ibídem.

(30) Folios 423-430, c. a.

(31) Sentencia de 27 de septiembre de 2007, Expediente 16060, C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(32) Folio 80 c. p.

(33) Folio 78 c. p.

(34) Folios 72 a 78 c. p.

(35) Sentencias de 13 de abril de 2005, Expediente 14066, C. P. Ligia López Díaz y 14 de agosto de 2008, Expediente 16204, C. P. Héctor J. Romero Díaz.

(36) Folios 435 y 436 c. a.