SENTENCIA 2012-00339/1337-2012 DE MAYO 4 DE 2017

 

Sentencia 2012-00339/1337-2012 de mayo 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Exp. 11001-03-25-000-2012-00339-00 (1337-2012).

Demandante: Esmeralda Sicacha Castro.

Demandado: Nación, Superintendencia de Notariado y Registro.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Tema: Sanción disciplinaria de destitución con inhabilidad general.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

3.1. Competencia. Conforme a la preceptiva de los numerales 1 y 13 del artículo 128 del CCA y lo dispuesto por la sección segunda del Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010(1)y 18 de mayo de 2011(2), este último complementario del primero, esta colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por autoridades nacionales.

3.2. Problema jurídico. Se trata de establecer si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas citadas en la demanda, con desviación de poder, falsa motivación, violación del debido proceso y el derecho de defensa.

3.3. Enjuiciamiento de los actos de ejecución de las sanciones disciplinarias. Sobre el punto la Sala ha reiterado que los actos de ejecución de la sanción disciplinaria no son susceptibles de control jurisdiccional, pues solamente lo son aquellas decisiones administrativas que tienen como causa un procedimiento de la misma naturaleza y los denominados actos de trámite que impiden continuar el respectivo procedimiento y si tan solo las decisiones referidas pueden demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso­administrativo, ello significa que los actos de ejecución de los pronunciamientos administrativos, o judiciales, están excluidos del aludido control, en la medida en que no contienen decisión definitiva de ninguna índole, toda vez que se profieren con el propósito de materializar o hacer efectivas las respectivas decisiones y solo cobran importancia cuando de contabilizar los términos de caducidad se trata.

Al respecto esta instancia expresó:

[...]

Pues bien, tratándose de los actos de ejecución expedidos por el nominador, en cumplimiento de los de “solicitud de destitución” que dicte la Procuraduría General de la Nación, por su indiscutible conexidad con éstos, se impone que al ser demandados aquellos deba hacerse conjuntamente con los que dicta la Procuraduría General de la Nación con dicha petición­sanción, no sólo por ser los que los originan, pues no se concibe su existencia sin su causa eficiente, sino por la naturaleza de su conexidad.

En virtud de la incuestionable conexidad existente entre tales actos, en aras de propiciar una efectiva protección de los administrados, la Sala ha admitido que el término de caducidad sea uno solo para impugnar tanto el acto de ejecución de la sanción, como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por comisión de faltas disciplinarias, término que debe comenzar a contarse a partir de la notificación del acto de ejecución.

[...](3)

Así las cosas, la Sala se declarará inhibida frente a la Resolución 142 de 11 de enero de 2012, por medio de la cual el Superintendente de Notariado y Registro hizo efectiva la sanción impuesta a la actora.

3.4. Desviación de poder. Examinados los argumentos expuestos en la demanda, la Sala no encuentra que el contenido de la comunicación dirigida el 13 de julio de 2010 al secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro, por parte del señor César Augusto Silva Duero, técnico administrativo de la comisión de impuestos de Florencia, comisionado para revisar el proceso de liquidación, configure la causal invocada, que, en esencia, consiste en utilizar la facultad otorgada para fines distintos a los que esta señala, toda vez que en aquella se pone en conocimiento del destinatario que la directora de rentas departamentales está preparando una nota para la accionada con el propósito de solicitar que se le permita instalar equipos de cómputo en la gobernación y se le asignen claves en la ORlP Florencia, con el fin de agilizar el proceso de inspección tributaria adelantada, porque “[...] le da pena tener una auditoría por tanto tiempo en la entidad”, de lo cual no se desprende ninguna desviación de poder que apunte contra la investigada.

Tampoco respecto de que era difícil hacer lo dicho, puesto que el organismo de control, inspección y vigilancia no maneja directamente el sistema SIR, sino que lo hace a través de la empresa contratista ETB, que está prohibido mediante resolución usar claves ajenas para la ejecución del SIR y además no se puede estar instalando equipos a su antojo por seguridad y guarda de la fe pública, habida cuenta, estima la Sala, que el exceso en dirección a la actora que se pregona en la demanda no emerge.

Lo propio puede afirmarse del compromiso que tienen con el actuar(sic) gobernador que los dineros de la citada superintendencia ingresen al gobierno del momento, y el hecho de que la auditoría realizada fuera bandera de la administración, puesto que ello no entraña un desmedido poder en la actuación materia de estudio.

Por lo demás, en el hipotético evento de que existiera el fenómeno argumentado, el mero escrito mencionado, contentivo de una simple información, sin respaldo probatorio, carece de fuerza de convicción.

La misma conclusión se impone en cuanto al acuerdo conciliatorio y la sanción de que fue objeto la entidad demandada, entre otras cosas, porque el hecho, como se dice en el memorial introductorio, de que no le hayan dado la oportunidad a los funcionarios de la oficina de registro de Florencia, de verificar si hubo errores o no al momento de realizar la liquidación en los procesos registrales, nada tiene que ver con la desviación de poder que se predica de la actuación disciplinaria, ni el aducir que la inexactitud del pago del impuesto de registro obedece, en decir de algunos funcionarios, a que no hay unidad de criterio para su liquidación, pues una cosa son las diferencias tolerables y otras las extremas que condujeron al pago de una cifra millonaria por parte de la sancionada (f. 359).

De igual manera, es inadmisible, para edificar la causal revisada, que se invoque, incluso para un profano, que como al seleccionar el código 15 hipotecas sin límite de cuantía, el aplicativo liquide el acto sin esta, se proceda de esta manera, cuando, según la ley, como se reconoce en la demanda, se debe hacer con valor. El que solo hasta el 25 de agosto de 2010, fecha en que supuestamente se estandarizó los derechos de registro, de conformidad con el Decreto 2280 de 2008, no justifica, por las razones anotadas, el actuar asumido, mayormente si se trata de una persona con más de dos décadas de experiencia en la dependencia cuestionada (f. 104).

El servidor público, por su condición paradigmática, aún en circunstancias de incertidumbre, no puede darse el lujo de tomar atajos que muestren siquiera un asomo de riesgo para el erario; por el contrario, su umbral legal y ético le impone, para protegerlo, incrementar el rigor de sus cuidados.

Así las cosas, no está llamado a prosperar la objeción propuesta.

3.5. Falsa motivación. En cuanto se señala en la demanda que la acusada fue vinculada por considerar que fue cajera para radicación de documentos, lo que no es cierto, se tiene que esta causal carece de prosperidad en tanto que lo demostrado en el acto de primera instancia es que, en el real ejercicio de funciones en la oficina de instrumentos públicos de Florencia para la época de los hechos, incurrió en las faltas que se le imputan y que, a la postre, estas son las que sustentan la sanción impuesta, como se observa en el folio 555.

En alusión al artículo 6º constitucional mencionado en el libelo introductorio, cabe recordar que para el Ministerio Público la sancionada incurrió en extralimitación de funciones, omisión e incumplimiento de sus obligaciones legales y procedimentales que debía respetar en el ejercicio de su deber funcional, con la consecuencia antes mencionada, razonamiento que aplica para la afirmación según la cual se dijo que era la responsable por ser administradora del centro de cómputo, cuando solo hasta el 11 de diciembre de 2011, puesto que, se insiste, según los actos cuestionados, la conducta desplegada por ella constituyó su marco de investigación.

Tampoco se distancia de la realidad el aserto de que la encartada tuviera más de cuatro quinquenios de experiencia en la entidad, pues la constancia visible en el folio 104, antes citada, así lo certifica.

A diferencia de lo que se sostiene por la actora, hay que decir que la versión libre del señor Édgar Alfonso Lozano, no es la única “prueba” de la comisión de la falta y su responsabilidad, toda vez que, incluso ella, “[...] reconoce en sus declaraciones que utilizaba las facultades y roles que le otorgaba el usuario asignado en el sistema, para modificar lo que [...] denomina roles, al mencionar que facultaba los cambios de usuarios, para inactivar a unos, activar a otros, reasignar documentos de un calificador a otro [...]” (f. 556).

A lo anterior se suma que, de acuerdo con la certificación de 9 de febrero de 2011, enviada con oficio SNR2011IE01551, procedente de la oficina de informática de la Superintendencia de Notariado y Registro, la encartada utilizó los usuarios y roles del sistema de registro que se indican en el folio 525, por lo que la simple afirmación de que los cambios no fueron efectuados por ella, no demerita lo establecido en la actuación. En este punto, cabe repetir lo expuesto por la procuradora tercera delegada en el sentido de que obran más de cincuenta pruebas.

En tal virtud, distinto a lo que se expresa en la demanda, los cargos deducidos contra la disciplinada el 2 de septiembre de 2010 no fueron mal formulados, y al margen de que el ingreso se hubiese hecho en determinados horarios, lo establecido es que se efectuaron por la sancionada, aserto que se predica también respecto de que el aplicativo es controlado por la referida superintendencia.

En esas condiciones, por lo deducido en la Resolución 7291 de 5 de febrero de 2011, confirmada por la 10732 de 12 de diciembre del mismo año, la conducta atribuida estaba en cabeza de la ahora actora.

Por consiguiente, la censura estudiada carece de fundamento.

3.6. Violación al debido proceso.

3.6.1. Inexistencia de la conducta según la versión libre. Este elemento que, valga precisar de paso, no es una prueba, sino un instrumento defensivo, no puede ser el único referente para adoptar una decisión absolutoria, porque, sería tanto como sostener que los descargos, del mismo linaje, constituyen la pieza exclusiva para tal efecto, dado que, como se entiende, aquella diligencia tiene la inclinación y sesgo del investigado, mayormente si se considera que, a la luz del artículo 33 superior, está proscrita la autoincriminación. Por ende, el argumento de la actora en el sentido de que con dicha versión se demuestra la inexistencia de su conducta, no resulta aceptable.

En otra perspectiva, vale acotar que el hecho de que en dicha actuación el sujeto disciplinable no esté asistido por un abogado, en el prisma del derecho de defensa, así como del artículo 92 del CDU, y por ser libre y espontánea, no se constituye violación que desemboque en la nulidad de los actos atacados.

3.6.2. Falta de aplicación de la sana crítica en la actuación fiscal. La demandante sostiene que las diligencias sancionatorias de la dirección tributaria adscrita a la secretaría de hacienda, no es plena prueba porque ella no intervino en su trámite, y que la autoridad disciplinaria olvida la sana crítica para evaluarla. En este sentido, se tiene que ello, de suyo, no configura violación al debido proceso, dado que al aportarla a la actuación disciplinaria, perfectamente pudo ser controvertida y si existía mérito, desvirtuada por los investigados.

3.6.3. Violación por haberse solo enunciado el numeral 1 del artículo 48 del CDU, y no demostrarse los elementos del numeral 3 (inciso 2º) ibidem. Se censura que al ser este una falta abierta debe llenarse de contenido “señalando el tipo penal precisamente violentado”, pero la sanción no se dedica a ello. Al respecto se tiene que el acto sancionatorio de primera instancia no solo citó el artículo 397 del ordenamiento punitivo, peculado por apropiación, sino que lo transcribió (f. 368), para decir que a esta conducta “[...] se llega por el quebrantamiento de las normas contenidas en los artículos 22 a 30 del Decreto 1250 de 1970 y el artículo 6º del Decreto 1428 de 2000 y así como los artículos 2º y 6º del Decreto 650 de 1996”, con lo cual se integró la proposición jurídica completa de la imputación normativa y, además, se le puso en el contexto procesal, para garantizar el derecho de defensa de la acusada.

Lo propio ocurrió con el inciso 2 del numeral 3 del artículo 48 del CDU, relativo al incremento patrimonial injustificado a nombre propio o a favor de tercero, cuyo sustento aparece, entre otras pruebas, en la Resolución 8950 de 9 de noviembre de 2009, expedida por la secretaría general de la accionada, en la que se ordenó cancelar a la dirección tributaria departamental del Caquetá, por los períodos fiscales que allí se indican en las oficinas de registro de San Vicente del Caguán y Florencia, la suma de novecientos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y nueve mil ($ 946.949.000) (f. 359).

3.6.4. Desconocimiento del término de investigación disciplinaria. Expresa la demandante que el 2 de septiembre de 2010, casi cumplido el año desde la apertura de investigación disciplinaria, con desconocimiento de los términos establecidos en el artículo 156 del CDU, se le imputó responsabilidad. Al revisar dicha norma, determina un término de seis (6) meses para tal efecto, prorrogable bajo las circunstancias que allí se consagran.

En el caso sub lite, se tiene que la encartada fue vinculada a la actuación el 12 de mayo de 2010, como se anota en la demanda (f. 720), lo que significa que para el mencionado 2 de septiembre siguiente, habían transcurrido menos de cuatro (4) meses, es decir, que tal etapa se surtió dentro del lapso legal, dado que la aludida decisión, equivalente a la apertura de investigación disciplinaria, contaba, para ella, de manera separada, esto es, al margen de los otros acusados contra los cuales se tomó esta misma determinación en oportunidad anterior, criterio que comparte esta corporación(4).

3.6.5. Indebida acumulación de quejas y hechos. En sentir de la actora se desconoció el artículo 81 del CDU, relativo a la competencia por razón de la conexidad, pues no debió mezclarse la investigación realizada en la oficina de instrumentos públicos de San Vicente del Caguán con la adelantada en la oficina de instrumentos públicos de Florencia, además, recuerda que la responsabilidad disciplinaria es individual y no colectiva, dado que la actuación fue direccionada como si hubiese existido una empresa criminal conjunta de todos los funcionarios de dichas dependencias.

En el análisis realizado sobre este punto por este órgano de cierre en el pronunciamiento citado en precedencia, respecto de la misma actuación disciplinaria que nos ocupa, concluyó, como ahora lo hace esta Sala, que el fundamento de la acumulación, cuyos apartes aquel extracta de los folios 1396 a 1421 de la caja 1, demuestra que esta decisión, ordenada por la oficina de control interno disciplinario obedeció a que el material probatorio recolectado refleja conexidad entre los hechos denunciados e investigados, sin que, agrega esta instancia, se haya violado el derecho de defensa de la ahora actora, en tanto en lo que toca a esta, pues se individualizó, de manera particular, la imputación de que fue objeto, con sustento en los elementos de convicción y análisis que le dieron vida, motivo por el cual, retomando las palabras del fallo invocado, no se trató de una responsabilidad colectiva, como lo afirma la demandante.

En estas condiciones, se le garantizó, de manera concreta, el mencionado derecho a la acusada, durante las distintas fases del trámite bajo revisión, vale decir, desde su vinculación hasta la decisión de finiquito, pasando por el pliego de cargos, los descargos, la práctica de pruebas y la alzada, no pudiéndose, en consecuencia, sostener que, por la citada acumulación, se le desconocieron sus prerrogativas fundamentales.

3.6.6. La sanción fue impuesta con pruebas practicadas con anterioridad a la vinculación de la investigada. Esta situación, por un lado, respecto del funcionario investigador, no mancha el debido proceso, dado que el acto de vinculación es fruto de la dialéctica propia de la investigación, cuyas pruebas y tiempos conducen a que se llame con posterioridad a la apertura de aquella a otro u otros sujetos disciplinables y, por otro, a estos, para nada, se les afecta el debido proceso, por cuanto, a partir de ese momento, en que se traba, por así decirlo, la relación entre el ente de control y el investigado, cuentan con todas las facultades para ejercer su derecho de defensa, previstas en el artículo 90 del CDU, entre ellas, por supuesto, la de controvertir, a fondo, los elementos de convicción allegados con antelación, así como pedir que se practiquen otros para quitarles fuerza demostrativa.

En esa medida no dimana el reproche planteado en la demanda.

3.6.7. Irregularidades en la práctica de las versiones libres. Afirma la demandante que, por una parte, en estas se le violó a los disciplinados el debido proceso, por cuanto se les informó que estaban libres de apremio y juramento, pero se les conminó a ceñirse a la verdad, situación que, a juicio de la Sala, no reviste irregularidad alguna, habida cuenta que el investigado, por no estar atado en esta diligencia a ninguna exigencia, decide lo que considere, dentro de su autonomía y liberalidad, sumando a que, conforme al artículo 33 superior está prohibido autoincriminarse o declarar contra las personas que este precepto indica.

Por otra, señala la actora que el ente investigador notificó únicamente a cada uno de los implicados la fecha de su versión libre, sin informarle a los demás, para permitirles ejercer el derecho de defensa, dado que tenían la oportunidad de [...] asistir para evacuar la prueba como lo ordena el artículo en cita [103] de la Ley 734 de 2002”. En este enfoque, en primer lugar, cabe reiterar que dicha diligencia no es una prueba, sino un instrumento defensivo, y en segundo, que, por su misma naturaleza, descrita en líneas precedentes, quien la rinde perfectamente puede abstenerse de responder, si se las hacen, las preguntas provenientes de los demás investigados. En esa medida, no se desconoce la norma invocada.

3.6.8. Archivar en la actuación disciplinaria diligencias con foliatura que no corresponde. Si bien ello no es lo debido, también lo es que constituye una deficiencia formal que no afecta el debido proceso con la entidad de generar la nulidad de lo actuado ni de los actos acusados, salvo que se demuestre que afecta, en lo sustancial, tal prerrogativa o el derecho de defensa, cosa que no hizo por la parte actora.

3.6.9. No notificación del auto de 3 de mayo de 2010. Cabe rememorar que la actora fue vinculada a la investigación disciplinaria mediante auto del siguiente 12, luego, entonces, mal podía haberse surtido la diligencia en mención, puesto que el proveído del cual esta se predica fue anterior a aquella decisión, es decir, cuando la actora no se había integrado a la actuación motivo de examen.

3.6.10. Los actos cuestionados y el pliego de cargos se soportan en pruebas obtenidas con violación del debido proceso. En decir de la demandante con ello se violaron los artículos 128 y 142 del CDU, puesto que aquellas no fueron legalmente producidas y aportadas a la actuación en debida forma, de ahí que se pueda divulgar una indebida valoración probatoria.

Como se demostró en los numerales 3.6.2 y 3.6.6 no se estructura vicio alguno frente a los elementos demostrativos que allí se estudiaron. La actora, aparte de estos, no identifica los que fueron objeto de la censura formulada. En otra arista, la relativa a que algunas pruebas pedidas fueron negadas, la procuradora delegada ante esta corporación sostuvo que “[...] si bien es cierto el despacho no accedió en su totalidad a las pruebas solicitadas, la disciplinada no recurrió la decisión. Además que el operador disciplinario las consideró improcedentes o inútiles frente a los hechos investigados y/o frente a otras pruebas que ya obraban en el proceso, de donde tampoco se vislumbra causal de nulidad alguna”.

Se agrega que la decisión de negar pruebas, per se, no constituye violación del debido proceso o del derecho de defensa, habida cuenta que para ello media un juicio de pertinencia, conducencia y utilidad, que considera, entre otros aspectos, el que ya obren los elementos de convicción solicitados. Así, por ejemplo, en punto a la prueba pericial, recogiendo las palabras de la actora, el funcionario competente consideró que “[...] era inútil obtener un concepto sobre la existencia de un error en el aplicativo, sino la circunstancia del presunto aprovechamiento de las falencias que se pudieran presentar [...]” (f. 751).

3.6.11. No se identificó en el auto de apertura de investigación a los posibles responsables ni se relacionó las pruebas cuya práctica se ordena. Afirma la actora que con este actuar se quebrantó el artículo 154 del CDU cuando se expidió el auto de 12 de mayo de 2010 que la vinculó a la investigación. Sobre este ángulo se tiene que, como se desprende, por obvias razones, que sí fue identificada, de lo contrario no podría sostenerse que fue anexada, y en cuanto a la relación de pruebas cabe expresar que esta no siempre debe hacerse, dado que en el evento de que obren en la actuación, en aplicación de los principios de economía y celeridad, no es menester volver a decretarlas. Por consiguiente, no es de recibo esta glosa.

3.6.12. Infracción del artículo “172” del estatuto disciplinario en el acto de segunda instancia. Se fundamenta este aserto en la demanda con el argumento de que la Resolución 10732 de 12 de diciembre de 2011 que desató la apelación no es coherente, con errores de transcripción y confusa, además que se hizo con “copias y pegues, utilizando los mismos argumentos de defensa y planteamientos jurídicos [...] bajo consideraciones evasivas y olímpicas que no justifican la violación del debido proceso [...]”. Es necesario precisar que quizás la actora se refiere al artículo 170 ibidem, no al 172, relativo al término para resolver la alzada.

Al examinar la decisión atacada, se observa que esta reúne los ocho requisitos exigidos por el mencionado artículo 170, y que examinó, como es lo debido, el recurso de apelación de la actora (ff. 670 a 673), sin que se detecte falencia, pues, aparte de los aspectos formales mencionados, esta no precisa de manera puntual cómo afectan alguna prerrogativa. Por ende, se despachará en forma negativa el presente reproche.

3.6.13. Desvinculación de la actora antes de la ejecutoria del acto de segunda instancia. Anota esta que fue separada del cargo el 13 de diciembre de 2011, fecha en que le fue notificada la referida decisión, con la debilidad mencionada.

En este aspecto, en los términos del artículo 119 de la Ley 734 de 2002, pertinente es afirmar que contra la resolución que desata el recurso de apelación no procede ningún recurso en vía gubernativa. En efecto, dicha norma, en su inciso 2, dispone:

“ART. 119.—Ejecutoria de las decisiones.

[...]

Las decisiones que resuelven los recursos de apelación y queja, así como aquellas contra las cuales no procede recurso alguno, quedarán en firme el día en que se suscribe por el funcionario competente(5).

Así las cosas, si, como lo anota la censora, el acto le fue notificado el 13 de diciembre de 2011, momento a partir del cual podía ser retirada, como en efecto ocurrió, no se fisura el debido proceso o el derecho de defensa o que la Resolución 142 de 11 de enero de 2012, por la cual se ejecutó la sanción le hubiese ocasionado alguna vulneración, tal como se concluyó también en la Sentencia de 5 de junio de 2014 de esta corporación, varias veces citada.

Este cargo corre, en consecuencia, la misma suerte que los anteriores.

3.7. Deber de ejercer una debida y técnica defensa.

No se puede pasar por alto, como se consignó, que la Superintendencia de Notariado y Registro desaprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre el memorial introductorio, que traduce la ausencia de una debida y técnica defensa, la cual impone, entre otras obligaciones, aparte de conocer las consideraciones generales del asunto, responder en la contestación de la demanda, uno a uno, vale decir, de manera particularizada, todos los cargos que en sede de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo formule el actor, para no privar al juez de conocer la antítesis del litigio y poder resolver con suficientes elementos de juicio, en armonía con el artículo 175 del CCA. Además, por la inercia mencionada, la accionada corre el riesgo de ser condenada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE inhibida para conocer de fondo sobre la Resolución 142 de 11 de enero de 2012, expedida por el Superintendente de Notariado y Registro, que ordenó ejecutar la sanción disciplinaria impuesta a la actora, consistente en destitución e inhabilidad general de quince (15) años, conforme a la parte motiva.

2. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con la motivación.

3. RECONÓCESE personería jurídica a la abogada Alba Nereida Ramírez Rojas, identificada con la cédula de ciudadanía 66.814.136 y tarjeta profesional 86.662 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Superintendencia de Notariado y Registro, en los términos del poder visible en el folio 780.

4. Ejecutoriada esta decisión ARCHÍVENSE las diligencias, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha»

(1) Consejo de Estado, Sala plena de lo contencioso-administrativo, sección segunda, auto de 4 de agosto de 2010, rad. 2010-00163-00 (1203-10), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda. auto de 18 de mayo de 2011, rad. 2010-00020-00 (0145-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(3) Sección segunda, subsección B, Sentencia de 27 de septiembre de 2007, rad. 25000-23-25-000-1999-03741-01 (7392-05), actor: William Gildardo Pacheco Granados, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(4) Sección segunda, subsección A, Sentencia de 5 de junio de 2014, M.P. Alfonso Vargas Rincón, rad. 100103225000201200381 00 (1487-2012).

(5) En Sentencia C-1076-06, la Corte Constitucional la declaró exequible, siempre y cuando se entienda que los efectos jurídicos se surtan a partir de la notificación de la providencia.