Sentencia 2012-00342 de marzo 1º de 2012 

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, D.C.

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Tutela 2012-00342

Magistrada Ponente:

Dra. Luz Helena Cristancho Acosta

Accionante: María del Rosario González de Lemos y otros

Accionado: Corte Suprema de Justicia - Sala Penal

Decisión: Sentencia

Bogotá, D.C., aprobado en acta extraordinaria 19 del primero de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia de la Sala

La Sala es competente para fallar acciones de tutela, de acuerdo a lo normado en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

La Corte Constitucional en Sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, los cuales permitían presentar tutela contra providencias judiciales. Entre las excepciones que la misma sentencia estableció, se dijo que “nada obsta para que por vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho ...”.

El artículo 86 de la Carta Política contempla la acción de tutela contra la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de una persona por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

Recordemos que esta acción de tutela ya fue presentada por los peticionarios ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, corporación que mediante decisión del 16 de noviembre de 2011, se negó a abrir a trámite la demanda presentada por ellos, aduciendo su consabida doctrina según la cual las decisiones conclusivas emanadas de los órganos de cierre de la justicia ordinaria, no son susceptibles de un nuevo examen por parte de la misma corporación, o de otras autoridades judiciales, en razón de su carácter intangible e inmutable (fls. 21 al 25).

Entonces, fue por la violación de las reglas de competencia, establecidas en el Decreto 1382 de 2000, entre las cuales se incluye quiénes conocerán las tutelas contra las Salas de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Constitucional tuvo que salir al rescate de la aplicación de la acción. Es decir, que quienes inicialmente violan la aplicación de los decretos, leyes y normas constitucionales sobre tutela, son precisamente quienes están llamados a garantizar su cumplimiento. Y la única forma en que puede decidirse mediante sentencia una acción de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia, al negarse a aplicar la Constitución y la ley, es precisamente aplicando sin restricciones el artículo 86 de de la Carta Política.

Así entonces, se inaplicará el artículo 1° numeral 2.2 del Decreto 1382 de 2000, y se asumirá la competencia, por disposición de la doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional, para evitar violaciones del derecho a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Recordemos que fue la misma Corte Constitucional en Sala Plena, quien impidió que con la inadmisión de los trámites se conculcaran sobrevinientemente los derechos fundamentales ya mencionados, de conformidad con los tratados internacionales (Convención Americana de los Derechos Humanos y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99), dando aplicación al D. 2591/91, art. 37).

Otros argumentos(1) se encuentran en decisiones de la Sala homóloga del Consejo Superior de la Judicatura, al responder el cuestionamiento que se hace, a los cuales nos remitimos, entre las que cabe citar: “... la competencia para asumir el conocimiento sobre la acción de tutela... obedece a la inaplicación por inconstitucional del Decreto 1382 de 2000, y al respeto por las decisiones de la Corte Constitucional como órgano de cierre frente a la actitud de la Suprema Corte de Justicia, que se niega a aceptar tutelas que hayan sido instauradas en su contra, sin perder de vista que en un Estado social de derecho prima el derecho del individuo, existe un equilibrio entre el poder institucionalizado y la libertad de las personas y, la solución a sus necesidades debe estar armonizada con la idea de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden social justo”.

Marco jurídico

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional, toda persona puede mediante acción de tutela reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, a condición de que no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

También es procedente la tutela contra particulares en algunos casos que, por la condición de la autoridad demandada, no es necesario referir.

Derechos fundamentales afectados

Se nos plantea la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; prerrogativas que, en efecto, aparecen contenidas en la Constitución Política.

El caso concreto

En esta ocasión los accionantes María del Rosario González de Lemos, Augusto J. Ibáñez Guzmán e Iván Velásquez Gómez, cuestionan el proceder de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por vulnerar según ellos, sus garantías de estirpe fundamental al debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; ello por cuanto el alto tribunal de la justicia ordinaria, en una equivocada interpretación del art. 340 del Código de Procedimiento Penal, —Ley 906 de 2004—(2), les limitó sus prerrogativas que como víctimas al interior del proceso NI 36784 que en esa corporación se les sigue a María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno Villegas, les asistía de ser representados en forma plena e individual para las audiencias de formulación de acusación y preparatoria a surtirse en dicha causa judicial.

En efecto, cuenta el libelo genitor de la presente petición de amparo, que el día 13 de septiembre de 2011 la máxima corporación accionada, al celebrar la audiencia de formulación de acusación dentro del proceso citado en precedencia, exhortó a todas aquellas personas que tuviesen la condición de víctimas en razón de los presuntos hechos punibles endilgados a los imputados, que designaran dos representantes para que los asistiera en la etapa de juicio oral en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 340 ib., y atendiendo el hecho de que la defensa estaba constituida por ese mismo número de personas. La calidad de víctima la aducían entre otros tres excongresistas de la República y ocho honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encontraban precisamente los accionantes.

Fue así que la honorable Sala aduciendo prolija jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de dar el alcance del tercer segmento del artículo 340 ídem, consideró que en aras de preservar el principio adversarial que dimana del sistema acusatorio patrio, era menester limitar la representación de las víctimas a cuantos defensores de imputados concurrieran en la causa, pues de esta forma se garantizaba el principio de igualdad de armas que concede al imputado la posibilidad de atender los embates de la acusación en igualdad de condiciones, pues contrario sensu, estaría avocado a atender infinidad de inculpaciones de manera proporcional a cuantas víctimas se hallen acreditadas dentro del proceso.

Para los actores, dicha consideración del alto tribunal deviene equivocada y afecta de sus garantías fundamentales, por la potísima razón de que la limitación de la que fueron objeto solo tiene operancia en la etapa del juicio oral, en el entendido de que este se surte en la audiencia de que trata el art. 366 del Código de Procedimiento Penal(3), no en las actuaciones previas como son: la audiencia de formulación de acusación y preparatoria, en las que las víctimas pueden operar sin ningún tipo de restricciones, teniendo las mismas potestades que para dichas fases se le otorga a la defensa tales como: efectuar observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades. Prerrogativas que según ellos les fueron cercenadas al disponer la accionada la restricción de su representación a un número dual, equivalente a la misma cantidad de defensores con que contaban los imputados; situación que sin duda quebranta sus garantías fundamentales, pues ello “impide considerar las distintas visiones y análisis sobre la acusación formulada por la fiscalía en razón de las distintas modalidades que concitó la calidad de víctima, como el tipo e intensidad de la afectación”.

Ahora bien, delimitados los parámetros fácticos de uno y otro extremo de la actuación constitucional, recordemos que, la Corte Constitucional desde la Sentencia C-543 de 1992, al pronunciarse sobre una demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, determinó la improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales por quebrantar los principios de la seguridad jurídica y la cosa juzgada. No obstante, y como lo puntualizó en la parte motiva de dicha providencia, doctrina que ha sido reiterada por la misma corporación y que es acogida por esta Sala, en forma excepcional sería viable la tutela contra sentencias judiciales, cuando se evidencie en forma clara en su contenido el desconocimiento de los derechos fundamentales, en especial el del debido proceso, o cuando se incurra en una arbitrariedad por el juzgador como consecuencia de una vía de hecho suya(4).

Al respecto ha manifestado el alto tribunal:

“La Corte Constitucional ha entendido que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales, salvo que se trate de una vía de hecho que afecte derechos constitucionales fundamentales y siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la citada acción. En este sentido, la tutela solo habrá de proceder contra una vía de hecho judicial si no existe ningún mecanismo ordinario de defensa o, si este existe, a condición de que el amparo constitucional resulte necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental” (Sent. T-008/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En este mismo sentido, en Sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional concretó:

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(5). En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(6). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración(7). De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora(8). No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(9). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela(10). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

25. Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales(11) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”(12).

Pues bien, contrastando aquellos presupuestos de carácter general consagrados para que proceda la acción tuitiva de derechos fundamentales, con los hechos materia de análisis, es evidente que los mismos concurren a satisfacción de tal forma que la Sala obtenga licencia para valorar el asunto material que se nos plantea por parte de los accionantes. Ello por cuanto es innegable que la cuestión invocada tiene un matiz de una relevante trascendencia constitucional, dado que están en juego garantías supremas que directamente han sido reconocidas por la Constitución Política a las víctimas dentro de una causa penal, que se concentran en la imperiosa necesidad de obtener verdad, justicia y reparación. Así mismo, considera la Sala que los ciudadanos han agotado todos los medios a su alcance para alcanzar los objetivos que se proponen por la vía de amparo, pues la decisión confutada fue recurrida en la audiencia de formulación de acusación del 13 de septiembre de 2011, siendo confirmada la misma, y con posterioridad a ella, no cuentan con ninguna otra dispensa procesal para poder atacar la posición de la accionada, viéndose avocados a actuar en el juicio a través de dos representantes, por lo que la acción de resguardo se cierne en el instrumento idóneo para discutir su supuesta afectación iusfundamental.

Ahora, contradiciendo la postura de uno de los intervinientes, se considera que los demandantes acudieron al mecanismo de amparo dentro de un término razonable, pues esos casi tres meses que transcurrieron desde el momento en que les fue frustrada su primera intención constitucional por parte de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a la fecha en que conoció esta Sala de la demanda de tutela, se suple a cabalidad el principio de inmediatez que reclama la doctrina jurisprudencial mencionada, si se atiende el período de vacancia judicial que intervino en dicho lapso.

Ahora, los demás requisitos de procedibilidad también concurren plenamente en la presente actuación constitucional, pues la supuesta irregularidad que le endilgan los demandantes a la accionada, eventualmente podría llegar a tener un efecto determinante en la sentencia que se expida en el juicio penal; al paso que ellos se encargaron de identificar sucintamente y de manera razonable los hechos que generaron la supuesta afectación fundamental, que por demás no se trata de un asunto debatido y concluido previamente mediante una sentencia de tutela.

Así las cosas, hallando licencia la Sala para auscultar la intención material de la vulneración fundamental que se nos plantea, ab initio, debemos decir que los ulteriores requisitos de carácter especial planteados jurisprudencialmente para que proceda el amparo constitucional, no se encuentran verificados a instancias del proceder de la corporación accionada, de tal forma que se logre desquiciar su decisión del 13 de septiembre del año próximo pasado, que determinó limitar a dos el número de representantes de las víctimas dentro del proceso penal NI 36784.

Téngase en cuenta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, era la corporación competente para proferir la providencia cuestionada, la cual sustentó con un debido acervo probatorio y debidamente motivada, como se desprende del registro de audio anejo a la demanda de tutela, sin que en momento alguno la corporación fuera inducida o engañada para arribar a la determinación que adoptó mediante la aplicación de las normas procesales establecidas por el decálogo de enjuiciamiento penal, para regular la participación de las víctimas dentro del proceso penal, en plena armonía con las directivas constitucionales que establecen y salvaguardan las prerrogativas de estos intervinientes procesales.

Ahora bien, quedando establecido que la accionada no incurrió en ninguno de tales defectos, quedarían en controversia aquellos que se fundan en un posible defecto procedimental absoluto, al acuñársele a la Corte una posible actuación al margen del procedimiento establecido, o por contera, un desconocimiento del precedente al limitar el alcance de los derechos de las víctimas, sin atender los lineamientos que sobre los mismos ha fijado la Corte Constitucional. Requisitos que tampoco han sido desatendidos por la corporación demandada tal como se verá a continuación.

En el presente asunto se oponen dos posturas interpretativas frente a un mismo supuesto normativo, el del artículo 340 ib.; los demandantes aducen que la limitación allí establecida opera de manera exclusiva para la etapa de juicio oral, entendida esta como aquella audiencia de que trata el artículo 366 de la misma norma instrumental, vale decir, la audiencia de juicio oral. Empero, para la Corte, la limitación de la glosa 340 se extiende incluso a las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, en el entendido de que estas comprenden el juicio oral por expreso mandato constitucional, al referirse en el artículo 250 Nº 4º del texto superior, que la Fiscalía General de la Nación, deberá “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.

Entonces sobre el tópico que se examina, la Corte Constitucional al efectuar el examen de constitucional del segmento tres del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, afirmó:

“3.3.1.3. Corresponde ahora examinar el cargo formulado contra el artículo 340 (tercer segmento), que regula la representación judicial de las víctimas en el juicio oral, cuando existiere un número plural de ellas. La norma prevé que en tales eventos el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores.

A diferencia del precepto anteriormente analizado, en esta norma el legislador sí provee al juez de un criterio o parámetro objetivo que le sirve de guía en la administración del ámbito de discrecionalidad que le asigna para el manejo la representación legal de las víctimas durante el juicio oral, cuando existiere un número plural. Ese parámetro orientador está determinado por el número de defensores que intervienen en el transcurso del juicio oral. Es decir, que si bien es potestativo del juez de conocimiento autorizar un número plural de representantes de las víctimas en el juicio oral, ese número no puede ser superior al de defensores. Para los demandantes esta regla impone una restricción inconstitucional al derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.

Tratándose de una medida adoptada por el legislador en ejercicio de su facultad de configuración de los procedimientos, que en efecto introduce una limitación al ejercicio del derecho de postulación de las víctimas durante el juicio oral, corresponde a la Corte establecer si tal regulación restringe de manera desproporcionada el derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo, o si por el contrario resulta razonable y proporcionada.

Observa la Corte que la potestad que se confiere al juez de limitar el número de apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá exceder al de defensores, promueve finalidades que son legítimas como la de asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación y la defensa compatible con el componente adversarial del sistema acusatorio que se proyecta en el juicio oral.

Advierte la Corte sin embargo, que en los eventos en que concurran pluralidad de víctimas al juicio, el juez debe propiciar que la representación conjunta a que alude la norma se establezca de manera consensuada entre ellas, a fin de asegurar que el ejercicio libre de su potestad de postulación se vea preservado aún en esa eventualidad, y de garantizar que en la selección de los representantes comunes se vean reflejados los distintos intereses de las víctimas.

El derecho de intervención de las víctimas no se ve drásticamente afectado puesto que, como se advierte, pueden canalizar su derecho de intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de argumentación. Sobre lo primero ha señalado: “El conducto para culminar en esta etapa del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal quien debe oír al abogado de la víctima. Así por ejemplo este podrá aportar a la fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”.

En cuanto a la intervención de la víctima en el juicio oral, a través del fiscal, para efectos argumentativos señaló: “Dado que en las etapas previas del proceso la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del fiscal, y en esa medida el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír el abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal la oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretará un receso para facilitar dicha comunicación”.

Así las cosas, encuentra la Corte que la medida que se analiza no grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través del fiscal. La ley prevé la posibilidad de que el representante de la víctima presente directamente los alegatos finales (art. 443), momento en el que operará el umbral de intervención numérica a que se refiere el precepto examinado. Esta medida resulta razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus aportes previos para la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de las víctimas en el juicio oral.

La Corte declarará en consecuencia la constitucionalidad de la expresión “De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral” del artículo 340 de la Ley 906 de 2004”(13).

Entonces, como viene de verse, la doctrina jurisprudencial en cita considera la limitación contenida en el artículo 340 ib., a que las víctimas dentro del proceso penal, actúen representadas dentro del mismo en consideración al mismo número de defensores, proyectando con ello la garantía plena del sistema adversarial en aras de establecer un equilibrio entre la acusación y la defensa, que a su vez responde por la prevalencia de las garantías de las víctimas de obtener verdad, justicia y reparación, mediante los alcances procesales que se les confiere, bien que se haga por conducto del fiscal, o bien a través de sus representantes al contar con la posibilidad de intervenir en la audiencia de formulación de acusación mediante las objeciones que consideren pertinentes al escrito de acusación, o planteando eventuales causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades.

De allí que no resulte ser cierto lo afirmado por los accionantes, de que la accionada les restringió estas posibilidades procesales, al limitarles su intervención a través de solo dos representantes, pues, como bien lo señalara la Corte al estudiar la constitucionalidad del precepto atacado, fue el legislador en su ejercicio de facultad de configuración el que determinó que esa limitante comportaba el respeto por el principio adversarial del sistema penal que nos rige, sin que la misma contradiga la supremacía del texto superior, como quiera que la multiplicidad de víctimas dentro del proceso penal encontraba una correspondencia garantista a través de sus representantes que en todo caso no puede exceder en número al de defensores.

Y la base de consensualidad sobre la que se sustenta la limitación de los representantes de las víctimas no fue afectada en el asunto bajo examen, por el hecho de que la designación se hubiese llevado a cabo por el sistema del sorteo, pues si se atiende lo actuado por la Corte en la audiencia de formulación de acusación, es evidente que esta siempre estuvo dispuesta a que la misma se asumiera de manera consensuada, que al no ser así por la renuencia de las víctimas, la avocó a adoptar la formula anunciada, sin que dicho proceder denote una afectación de las garantías superiores de las víctimas.

Ahora, si se considera que la designación efectuada mediante sorteo contraviene las prerrogativas de las víctimas al no encontrar en las personas elegidas una plena representación de sus intereses, es cuestión que puede superarse directamente ante la accionada, solicitando que uno de tales representantes actué como vocero de los miembros de la judicatura que han sido reconocidas como víctimas dentro del proceso, de tal manera que compagine de una manera más armónica sus derechos de verdad, justicia y reparación, si en su sentir, las personas designadas no satisfacen plenamente sus expectativas que como víctimas les asiste.

Entonces, siendo indiscutible que esa limitación que se impone a las víctimas a partir de la lectura del artículo 340 ib., no contraviene las garantías superiores de estos intervinientes dentro del juicio penal, queda por establecer desde qué momento la misma debe hacerse efectiva, partiendo del hecho de que este preciso punto es el que genera la discordia iusfundamental de la lectura que se hace la norma.

El artículo 340 dice que la limitación de los representantes de las víctimas al mismo número de defensores, tendrá lugar para que aquellos intervengan en el transcurso del juicio oral. Es decir, que en términos de los accionantes, la restricción opera única y exclusivamente para la audiencia de juicio oral de que trata el artículo 366 ídem, en tanto que para la Corte tiene operancia, a más de esta audiencia, también para las de formulación de acusación y preparatoria, partiendo del hecho de que el juicio oral tiene su génesis desde el momento en que la fiscalía presenta su acusación, según se desprende del artículo 250 Nº 4º de la Constitución Política.

Al respecto, la Corte Constitucional al abordar el estudio de constitucionalidad del artículo 137 Nº 4º de la Ley 906 de 2004, hizo la siguiente referencia:

“Por el contrario, una intervención calificada y plural de las víctimas durante la investigación puede contribuir a fortalecer la actividad de la fiscalía orientada a asegurar los elementos materiales probatorios, y a dotarla de mejores elementos de juicio para definir si formula imputación y luego acusación, sin que ello signifique propiciar una reacción desproporcionada contra la persona investigada, puesto que la audiencia de imputación se practica ante el juez de control de garantías y la de acusación (con la que se inicia el juicio) ante el de conocimiento, actuaciones estas gobernadas por específicas reglas de intervención de los actores procesales, definidas por el legislador y aplicadas por el juez”(14) (negrillas nuestras).

Y para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, igualmente la etapa de juicio, pervive desde la audiencia de formulación de acusación, al indicar que:

“El concepto de juicio, para los efectos de las aludidas normas que consagran el impedimento que ocupa la atención de la Sala, es mucho más amplio que la mera audiencia de debate oral y público a que se refiere el artículo 366, puesto que comprende toda la etapa procesal que se inicia con la presentación del escrito de acusación.

Dicha tesis encuentra apoyo en el artículo 250 de la Constitución Política que establece las funciones y deberes de la Fiscalía General de la Nación. En particular, el numeral 4º de la aludida norma superior dispone como una de las obligaciones del ente investigador: “Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías” (resaltado de la Sala)”(15).

Desde esa perspectiva, resulta ilógico afirmar que el juicio oral a la luz de la Ley 906 de 2004, se limita única y exclusivamente a la audiencia de que trata el art. 366 ib., dejando por fuera las audiencias de formulación de acusación y preparatoria, como si las mismas fueran extrañas a la estructura del sistema penal acusatorio que impera en Colombia, sin tener cabida ni en la fase de investigación, ni en la etapa de juicio, pues aquella culmina con la presentación del escrito de acusación y esta, aflora únicamente en la audiencia de juicio oral. Tal hermenéutica es contraria a la Carta Política que señala que el juicio da inicio con la presentación del escrito de acusación por parte de la fiscalía ante el juez de conocimiento (C.P., art. 250 Nº 4º), por lo que una interpretación en sentido contrario es restrictiva de cara a la finalidad que cumplen estas dos importantes fases de la actuación penal, si se pretendiera excluírselas sin razón alguna de dicha fase, cuando la estructura del sistema las integra de manera inescindible y consecuente con la fase que se surte en la audiencia del artículo 366 ídem.

Así las cosas, considera la Sala que la corporación accionada, tampoco incurrió en un defecto procedimental, ni mucho menos desconoció el precedente trazado por la Corte Constitucional y el derecho comparado en relación con el tratamiento especial que debe darse a las víctimas dentro de una causa penal. Lo primero porque la Sala demandada, actuó de acuerdo al procedimiento y las normas previamente establecidas para limitar el numero de representantes de las víctimas, cuantos defensores obraran en la causa penal respectiva. Y segundo, porque los precedentes anunciados por los accionantes en su libelo, para nada se contraponen con las garantías y derechos que deben prevalecer a favor de las víctimas, que es precisamente el tema de que tratan las citas jurisprudenciales referidas por los actores, y que el tribunal accionado juiciosamente acató al momento de tomar sus determinaciones, siendo excesivamente cauteloso para que dichas garantías no le fueran conculcadas a los accionantes y demás intervinientes a lo largo del juicio.

En ese orden de ideas, estima la Sala que los derechos fundamentales alegados por los accionantes como violentados por la corporación judicial demandada, en verdad, no lo están, razón por la cual, se impone la denegación del presente amparo tutelar.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la presente acción de tutela promovida por los ciudadanos María del Rosario González de Lemos, Augusto J. Ibáñez Guzmán e Iván Velásquez Gómez en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; actuación a la que se ordenó vincular como terceros con interés a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación en representación del Ministerio Público, y a todos los demás intervinientes del proceso penal que se le sigue a la señora María del Pilar Hurtado y al señor Bernardo Moreno Villegas, bajo el Radicado CUI 2009-00122 N.I. 36.784, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia.

2. Por la vía más rápida y eficaz, notifíquese esta decisión a las partes.

3. Si no fuere impugnada esta determinación, remítanse el expediente a la honorable Corte Constitucional, dentro de los términos legales, para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Coral Villota Fernando, sentencia de 28 de abril de dos mil cuatro (2004), tutela de Jesús Alberto Piedrahita Salamanca.

(2) Artículo 340 Código de Procedimiento Penal. La víctima. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral.

(3) Artículo 366 Código de Procedimiento Penal. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes. Durante el transcurso del juicio, el juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio, si no tienen la palabra, y observen decoro y respeto. Igualmente, concederá turnos breves para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia.

(4) Corte Constitucional. Sentencia SU-342 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(5) Sentencia 173/93.

(6) Sentencia T-504/2000.

(7) Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/2005.

(8) Sentencias T-008/98 y SU-159/2000.

(9) Sentencia T-658-98.

(10) Sentencias T-088-99 y SU-1219-2001.

(11) Sentencia T-522/2001.

(12) Cfr. Sentencias T-462/2003; SU-1184/2001; T-1625/2000 y T-1031/2001.

(13) Sentencia C-516/2007.

(14) Sentencia C-516/2007.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 27 de octubre de 2008. Rad. 30681. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.