Sentencia 2012-00352/49775 de noviembre 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 68001233300020120035201 (49775)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actores: Fanny Hernández Carreño y otros

Demandado: Municipio de Florida Blanca

Asunto: Medio de control de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., veintidós de noviembre del dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Aspectos procesales.

1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(19).

1.2. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(20) o, en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes, los integrantes de núcleo familiar del fallecido Jeyson Ferney Mantilla Hernández así: Fanny Hernández Carreño y Herman Mantilla Sepúlveda (Padres) y Leidy Tathiana Mantilla Hernández, Yenny Lizeth Mantilla Hernández, Fanny Jurley Mantilla Hernández y John Herman Mantilla Hernández (hermanas); todos ellos en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación municipio de Florida Blanca, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce tuvo como origen el accidente de tránsito ocurrido en la vía que conduce a dicho municipio por la omisión de reparar y restringir el paso vehicular en esa carretera, en razón de lo cual, la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

(sic) 1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados en el numeral 2., literal i) del artículo 164 del C.P.A.C.A., que dispone que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(21), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código aplicable para la presentación de la demanda(22). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(23).

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación error judicial, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que se acusa como contentiva del error judicial, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(24).

En el caso concreto, la Sala observa que los hechos en que resultó muerto el señor Jeyson Ferney Mantilla Hernández, ocurrieron el 19 de noviembre de 2010 por lo que contaban hasta el 10 de noviembre de 2012 para presentar la demanda de reparación directa; sin embargo, como se presentó solicitud de audiencia de conciliación ante la procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos(25) el 14 de febrero de 2012, la cual se llevó a cabo el 12 de marzo de 2012 sin que se llegara a ningún acuerdo, la parte demandante contaba hasta el 6 de diciembre de 2012 para presentar la demanda; y como la misma se radicó el 11 de septiembre de 2012, es palmario que el medio de control fue ejercido dentro del término previsto en el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del C.P.A.C.A.

2. Análisis de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por lo cual la Sala procederá a analizar sí como lo declaró el a quo se encuentra demostrado que el municipio de Floridablanca – Santander incurrió en una falla en el servicio, y si es aplicable en caso bajo estudio la figura de concurrencia de culpa o si por el contrario se encuentra configurada la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva.

Para resolver lo pertinente la Sala se pronunciara sobre: i) Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado, ii) régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por accidentes de tránsito derivados sobre una vía que no están debidamente señalizados y por omisión o inactividad en el cumplimiento de las obligaciones de conservación, mantenimiento y recuperación de las vías, iii) criterios para el encuadramiento del hecho exclusivo de la víctima en accidente de tránsito, y iv) análisis del caso concreto.

3. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración”(26).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto, según lo determine el juez con fundamento en el principio iura novit curia(27).

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(28) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

(sic) 3. Régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por accidentes de tránsito derivados sobre una vía que no están debidamente señalizados y por omisión o inactividad en el cumplimiento de las obligaciones de conservación, mantenimiento y recuperación de las vías.

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención, omisión o inactividad de las autoridades públicas encargadas de la conservación, mantenimiento y señalización de las vías, la jurisprudencia de esta corporación(29) ha señalado que el fundamento de imputación aplicable es el de la falla del servicio.

En ese sentido, la Sala ha indicado que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto(30).

En este sentido se ha sostenido, (1) que la responsabilidad que deriva de incumplir obligaciones de control que se ejercen en las vías no es objetiva, debiéndose establecer que se produjo un incumplimiento de alguna o todas ellas(31); (2) lo que implica encuadrar dicha responsabilidad bajo el régimen de la falla en el servicio, sin perjuicio de analizar los demás fundamentos(32); (3) debe acreditarse que la actividad desplegada por la administración pública fue inadecuada ante el deber que legalmente le correspondía asumir(33); (4) para lo anterior se precisa establecer el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración pública para lo que se consideran los siguientes criterios: (i) “en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación”(34); (ii) “qué era lo que a ella podía exigírsele”(35); y, (iii) “solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende”(36).

Así las cosas, es claro que para derivar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las deficiencias u omisiones en la señalización y mantenimiento de vías públicas es indispensable demostrar además del daño, la falla en el servicio consistente en el desconocimiento de los deberes de la administración de vigilar la realización de las obras públicas, controlar el tránsito en calles y carreteras y prevenir los riesgos que por dichas actividades se generan.

4. Criterios para la configuración del hecho exclusivo de la víctima en accidente de tránsito.

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo(37).

La doctrina tradicional ha entendido desde hace tiempo que la conducta, comportamiento, acción u omisión de la víctima cuando contribuye a la producción del daño constituye una causal eximente de responsabilidad, fundada en el irresistibilidad, imprevisibilidad y carácter externo a la actividad del demandado(38).

Sin embargo, esta no ha sido la única lectura del derecho de la responsabilidad en su dogmática tradicional, porque los anteriores elemento hacen parte más de los ingredientes ordinarios de otra causal eximente como es la fuerza mayor, por lo que siguiendo a René Savatier se puede formular los criterios para analizar el hecho exclusivo de la víctima:

(1) “cuando la víctima consiente un acto ilícito en sí mismo, la desaparición de la falta depende de saber si el deber de no lograrse es, o no, suprimido por el consentimiento de la víctima. Esto depende de la naturaleza del deber en causa”(39);

(2) cuando “se trata del deber general de no dañar a otro, el consentimiento de la víctima al acto que es dañoso, suprime, en principio, la falta, puesto que la víctima es libre de causarse este”(40);

(3) cuando “el acto incriminado, sin ser directamente malo, crea solamente un peligro para la víctima, el consentimiento de aquella puede tener un efecto más amplio. Solamente excluye la falta, cuando la víctima estuviese en el derecho de consentir un daño, ya que respecto de ciertos daños la víctima no estaría en derecho de consentir directamente, pese a poder exponerse voluntariamente. Su consentimiento al peligro cubre entonces a los terceros que concurren a crearlo”(41);

(4) sin “consentir conscientemente el peligro creado por otro, la víctima ha podido, por su propia conducta, aumentar de manera previsible y evitable, las posibilidades dañosas”(42), como constitutivo de una imprudencia radicada en la conducta o comportamiento asumible, desplegado y operado por la propia víctima en los hechos que desencadenan el daño(43); y,

(5) la contribución del hecho de la víctima en la producción del daño antijurídico debe ser determinante para eximir plenamente de responsabilidad, o puede ser concurrente y representar una atribución tanto a la administración pública, como a la víctima, reduciéndose el “quantum” indemnizatorio proporcional y ponderadamente.

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si su proceder activo u omisivo tuvo o no injerencia y en qué medida, en la producción del daño.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(44).

Ahora bien, la doctrina ha hecho énfasis en distinguir el llamado “deber de evitar el daño” y la “culpa de la víctima” a partir de la incidencia del comportamiento del perjudicado en el daño sufrido, para lo cual ha distinguido dos momentos: (i) la producción del hecho lesivo y (ii) cuando el perjudicado agrava los daños que se habían producido con el hecho lesivo(45).

Por otro lado, la doctrina alemana considera que tanto la culpa de la víctima como el deber de evitar el daño están consagrados en el BGB 254, bajo la denominación de “culpa concurrente”(46).

Con base en estas hipótesis la doctrina alemana sostiene que “la concurrencia de responsabilidades puede derivar de que el perjudicado ha cooperado en el daño en forma que le sea imputable, o de que haya omitido el evitar el daño que amenaza o aminorar el ya realizado(47)”.

En consecuencia, hay culpa de la víctima cuando este con su participación contribuye a la generación del daño, mientras que el deber de evitar el daño se refiere a la actitud que debe adoptar la persona una vez que adquiere la conciencia de que se ha generado una situación dañina para ella(48).

La culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, se ha entendido como “la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”(49), que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”(50). Dicha postura de la Sección Tercera llevó a concluir:

“(…) Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño”(51).

La anterior posición jurisprudencial tuvo una proyección en la sentencia de la Sección Tercera de 2 de mayo de 2002, en la que se consideró:

“(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)”(52).

Con posterioridad la jurisprudencia de la Sección Tercera (y sus Sub-secciones), establece una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública: (1) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades(53); (2) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante”(54); (3) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”(55); (4) debe contribuir “decisivamente al resultado final”(56); (5) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la Administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”(57); (6) la “violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva”(58); (7) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima(59); (8) se entiende la culpa exclusiva de la víctima “como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”(60), lo que cabe encuadrar, matizando, en el primer supuesto porque no solo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto de la señalización, etc.); (9) debe demostrarse “además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”(61), lo que encuadra en el cuarto supuesto dogmático de la imprudencia de la víctima; (10) que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima(62); y, (11) que la víctima “por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño”(63).

5. Caso concreto.

El accidente de tránsito tuvo lugar el día 19 de noviembre de 2010, siendo las 13:00 horas, y este falleció el señor Jeison Ferney Mantilla Hernández, cuando se presentó el volcamiento del vehículo que conducía en la vía que de Floridablanca conduce a la vereda Helechales.

7.1 Daño antijurídico.

Dado lo anterior la Sala corrobora que se encuentre debidamente acreditado el daño antijurídico, consistente en la muerte del señor Jeison Ferney Hernández, para ello se tendrán en cuenta los siguientes medios probatorios:

— Copia auténtica del registro de defunción con indicativo serial Nº 06987529 del 19 de noviembre de 2010 en cual certifica que el señor Jeyson Ferney Mantilla Hernández falleció en la ciudad de Floridablanca – Santander(64).

— Copia del oficio dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que se informó de la muerte de Jeyson Ferney Mantilla Hernández quien se identificaba con la cédula de ciudadanía 1.098.707.027 de Bucaramanga, en el mismo quedó registrado que la manera de la muerte fue por heridas causadas en accidente de tránsito, en la vía que de Floridablanca conduce a la vereda Helechales(65).

— Reposa copia del informe rendido por el agente de tránsito el 19 de noviembre de 2010 ante la Inspección de Tránsito y Transporte de Floridablanca en el que quedó registrado que en la “vía F/ca –vereda Helechales 230 mts aprox. Finca Bucaneros” colisionó el vehículo de placas IDN -918 en el que falleció el conductor en el accidente; seguidamente indicó que “debido al clima y al sitio donde quedo (sic) el vehículo no se ha podido sacar el conductor se encuentra aplastado por el motor y la cabina los datos fueron suministrados por el hermano de la víctima, no se encontraron documentos. El vehículo fue trasladado a la bodega trastecol, quedo solo chatarra”(66).

— El informe policial de tránsito 0840241 en el que se registraron los datos del accidente ocurrido el 19 de noviembre de 2010(67).

Al respecto, observa la Sala que el interés jurídico vulnerado en este evento es el derecho a la vida, derecho de carácter fundamental, plenamente protegido por el ordenamiento jurídico, sin ninguna restricción, lo que es incuestionable en un Estado Social de Derecho(68), de modo, pues, que el daño aquí causado reviste clara antijuridicidad, pues con él se restringió y violentó un derecho que el ordenamiento protege en forma absoluta.

7.2. Imputación del daño antijurídico.

Ahora bien, resta a la Sala verificar si el daño antijurídico antes determinado le es imputable al municipio demandado, como lo sostiene la parte actora y lo declaró el tribunal de primera instancia o si por el contrario su ocurrencia le es atribuible al hecho de la víctima como lo sostiene la parte demandada.

En este sentido, con relación a la posible responsabilidad de la entidad administrativa obra el siguiente material probatorio, de carácter documental:

— Comunicado del 30 de julio de 2013 expedido por la Dirección de Tránsito de Transporte de Floridablanca en la que informó que “la vía Helechales no posee restricciones de tránsito por lo tanto todas las clases de vehículos pueden transitar con excepción de articulados ya que los radios de giro son limitados”(69).

— Oficio del 22 de agosto de 2010 expedido por la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca en el que señala que “revisados los archivos correspondientes al año 2010, no se encontró acto administrativo que se pronuncie respecto de la restricción del paso de vehículos en la vereda Hechales del municipio de Floridablanca”, seguidamente, manifestó que “en cuanto a las causas técnicas que provocaron el accidente, me permito informarle que revisado el archivo, se encontró informe del caso radicado al número 382766000250202100021258, de fecha 19 de noviembre de 2010 e informe policial de accidente de tránsito Nº A 0840241, documentos que registra clase de accidente volcamiento, características de la vía geométricas curva y pendiente, utilización doble sentido, calzada uno, material tierra, estado con huecos, derrumbes, condiciones de humedad, iluminación artificial con, sin embargo en el informe inicial se deja constancia del mal clima, circunstancia dificulto (sic) el procedimiento del levantamiento”(70).

Así las cosas, la Sala concluye que efectivamente la vía en donde tuvo ocurrencia el accidente de tránsito que, a la postre, trajo como consecuencia la muerte de Jeyson Ferney Mantilla Hernández, sí se encontraba en cabeza del Municipio y ella se encontraba en regular estado a consecuencia de la ola invernal que para esa época se presentó en el país, y que existía una restricción solamente para el tránsito de vehículos articulados.

Sin embargo, para determinar la atribución fáctica y jurídica del daño antijurídico es necesario valorar el restante material probatorio, a saber el siguiente:

— Copia simple de la petición del 23 de junio de 2009 incoada por el Presidente de la Junta de Acción comunal Horizonte Rosa blanca, acompañada por las firmas de los habitantes de dicha vereda, ante el Alcalde del Floridablanca en que solicitaron “la reparación de la vía en la entrada de la vereda del kilómetro 15 hasta el convento con material asfáltico. La pavimentación del sitio del convento hasta el colegio Duarte Alemán La hechura de huellas en las curvas mas (sic) criticas del trayecto Colegio Duarte Alemán hasta el empalme del pavimento en la vereda helechales. El replanteo de la banca de la carretera en algunos sitios deteriorados”(71).

— Copia simple de la respuesta del 3 de julio de 2009 al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Horizonte – Rosa Blanca suscrito por el Secretario de Infraestructura de Floridablanca en el cual le infirmó que designaron a un Ingeniero para que éste realizara la visita al sitio y “presentara un informe detallado con el fin de proceder a elaborar el correspondiente proyecto” (72).

— Certificación de libertad y tradición expedido el 24 de abril de 2013 del vehículo de placas IDB 918; en el que están registradas las siguientes características: clase camión; marca Chevrolet, modelo 1986, color rojo, servicio público, capacidad 3 toneladas, carrocería estacas; no registra restricción alguna(73).

— Copia de la licencia de tránsito Nº 02-68001-1464164 del vehículo de placas IDB 918, en el que registra que tiene una capacidad de carga de 3 toneladas y que la propietaria del mismo es de Amparo Toloza Novoa(74).

— Noticia Criminal que quedó registrada en la Fiscalía General de la Nación el 19 de noviembre de 2010 con ocasión del deceso del señor Jeyson Ferney Mantilla Hernández en la que quedaron registrados los siguientes hechos: “siendo las 14:00 horas del día de hoy 19-11-10, por parte de la policía nacional, informa vía radio teléfono de un caso de fallecimiento por lesiones en accidente de tránsito ocurrido en la vía que conduce de Floridablanca a la veredera helechales, (…) donde el camión de placas idc-918 conducido por el señor Jeyson Ferney Mantilla Hernández (…) al parecer se pegó mucho al abismo, y por producto de la continua lluvia esta parte de la vía donde transitaba cedió y se desbarranco rodando el camión por este abismo cerca de unos 87 a 100 mestos aproximadamente, (…)”(75) (subraya de la Sala).

— Copia auténtica de la inspección de cadáver —FPJ-10— del 19 de noviembre de 2010 en el cual se obtuvo la siguiente información: que el nombre del occiso era Jeyson Ferney Mantilla Hernández, que la causa de la muerte fue un accidente de tránsito y se describió la manera en que se produjo la colisión del vehículo de lo que se resalta que el conductor se acercó mucho al barranco, en la misma ordenó que se practicara necropsia médico legal, examen toxicológico y otros(76).

— Reposa copia del informe de la actuación del primer respondiente en la que quedó registrado que “de acuerdo a lo informado por la comunidad debido al peso del vehículo y la humedad del terreno del lugar donde existía un deslizamiento el camión perdió el control y rodó a un abismo aproximado entre 80 y 100 mts(77) (subraya de la Sala).

— Copia de la necropsia médico legal 2010010168001000663 que se le practicó al cadáver de Jeyson Ferney Mantilla Hernández en el que quedó registrado que falleció por un golpe craneocefálico, y el resultado de alcoholemia el cual fue negativo y otros(78).

— Reposa oficio expedido por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia Humanitaria en el cual informa que transfirió recursos a las entidades territoriales para la atención de los damnificados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011, entre el mes de noviembre de 2010 y hasta el 30 de mayo de 2011; entre los cuales se encontraba el departamento de Santander(79).

— Oficio del 5 de agosto de 2013 mediante la cual la Secretaria de Transporte e Infraestructura Departamental manifestó que “(…) se desarrollaron algunas obras con recursos de Colombia Humanitaria; el Departamento suscribió el contrato de obra Nº 1518 de 2011 con CONSORCIO EL HELECHALES, cuyo objeto es la “construcción de obras de estabilización vía Floridablanca - vía helechales del municipio de Floridablanca (…)”, anexó el estudio de conveniencia y oportunidad —estudios y documentos previos—(80).

— Certificación C-186 del 9 de agosto de 2013 expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales en la que consta que para el mes de noviembre de 2010 se presentaron lluvias por encima de lo normal (mes extremadamente lluvioso) (81).

— Copia simple de relación de los contratos malla vial terciaria - vigencia 2008 entre los cuales se encuentra el Nº 11-08-004 en el que fungió como contratista Herbin Alberto Osorio Plata por un valor $ 20.680.000, cuyo objeto era “alquiler de motoniveladora para el mantenimiento de malla vial urbana y rural del municipio de Floridablanca (Sectores, Aguablanca, Alsacia, Casiano, Helechales, Rio Frío, y Ruitoque vía antigua a Floridablanca, transversal oriental, vía al reposo, entre otras”.

— Copia de la relación de los contratos de obra que se realizaron para el mantenimiento y rehabilitación vial; de la vía Helechales, Rosablanca, Aguablanca del municipio de Floridablanca en el periodo comprendido entre los años 2008 a 2011, entre los cuales se encuentran el Nº 2009-314 del 19 de febrero de 2009 cuyo objeto era “celebrar un contrato de alquiler de retroexcavadora para el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del municipio de Floridablanca (veredas (…) Helechales (…)”; 2010-211 “alquiler de motoniveladora para el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del municipio de Floridablanca (veredas (…) Helechales (…)”; entre otros(82).

Nótese entonces que del material probatorio documental antes citado se desprende, como ya se había establecido, que Jeyson Ferney Mantilla Hernández falleció como consecuencia del accidente de tránsito que tuvo lugar el día 19 de noviembre de 2010, del cual se pudieron establecer plenamente las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, como se observa en el informe de la policía de tránsito y el croquis se llevó a cabo.

Ahora bien, frente al hecho generador de dicho accidente, se observa que este tuvo lugar porque la víctima conducía un camión con sobrepeso como lo declararon tanto los policiales que acudieron al lugar de los hechos en primer lugar, y la parte demandante en el líbelo de la demanda quienes manifestaron que transportaba 9020 kilos, lo que equivale a 9 toneladas más 20 kilos.

Por otra parte obran los testimonios de los señores Alfonso Salazar Ferreira, Luis Arnulfo Beltrán Durán, Miguel Ángel Ortiz, Rodolfo Ramírez Romero y Gerardo Hernández Carreño quienes describieron que para la época en que se accidentó el señor Mantilla Hernández se encontraba lloviendo mucho, por lo que la carretera presentaba inconvenientes que era de conocimiento de todos los habitantes del sector, por otra parte indicaron que la vía no tenía señalización, ni había restricciones de paso por la carretera que transitaba la cual reiteraron se encontraba en mal estado, así como que el señor Mantilla Hernández al pasar por el pedazo que se accidentó se pegó mucho a la orilla de la carretera.

Así las cosas, la Sala observa que el día de los hechos la víctima se encontraba conduciendo el camión de placas IDB-918 de conformidad con lo expuesto en la demanda y por los testigos, el carro tenía una capacidad de carga de 3 toneladas y que el mismo estaba excedido pues según la parte demandante, el mismo transporta 9 toneladas con 20 kilos, peso que ocasionó que la carretera por la cual éste transitaba se cediera, asimismo, indicaron que el estado de la vía no era el mejor debido a las lluvias que para esa época se presentaban, situación que se encuentra acreditada con el certificado expedido por el IDEAM.

De todo el acervo probatorio concluye la Sala que el señor Mantilla Hernández, quien conducía el camión accidentado el 19 de noviembre de 2010 en la vereda los helechales del municipio de Floridablanca, incumplió los deberes normativos de la legislación de tránsito y de seguridad vial, principalmente por transportar carga con peso superior al autorizado, conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas, y por no adoptar las medidas de seguridad para la conducción y desplazamiento que requiere ese tipo de vehículos, acciones estas, que están en contravía con los criterios de preservación de su propia vida e integridad, así como de la comunidad en general; mucho más si se tiene en cuenta que se trataba de un día lluvioso, pues es al conductor a quien, primeramente, se le exige adoptar las medidas de precaución acordes a la actividad misma de conducción de este tipo de vehículos de carga y los factores externos a ella que atenúan o elevan el riesgo propio de dicha actividad.

Con relación a la conducción de vehículos de carga, debe preverse que el Código Nacional de Tránsito Terrestre, esta es, la Ley 769 de 2002, establecía diferentes sanciones, a saber:

Capitulo II

Sanciones por incumplimiento de las normas de tránsito

‘ART. 130.—Gradualidad. Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. En caso de fuga se duplicará la multa.

(…)

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

C.22. Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado hasta que se remedie dicha situación.

C.27. Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. Además el vehículo será inmovilizado.

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

D.13. En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado.

(…)”.

Así las cosas, de la normatividad citada la Sala infiere la gravedad que representa para el ordenamiento jurídico y para la comunidad la conducción de vehículos automotores con carga superior a la permitida, puesto que esto altera mecánicamente al automotor, así como su funcionamiento, situación que pone en riesgo la integridad física del conductor, pues al verse disminuida la agilidad de un vehículo con exceso de carga, el tiempo y distancia de frenado aumentan, lo que puede representar un peligro, pese a las conclusiones antes esbozadas, la Sala no pasa por alto los argumentos expuestos por la parte actora, en el sentido de sostener que el accidente tuvo lugar a la omisión del municipio de Floridablanca al no cerrar la vía, colocar señales de tránsito o restringir el paso por la vía de la vereda de los Helechales, la cual se encontraba en mal estado por la ola invernal que se presentó para esa época, así como, no dar cumplimiento a los requerimientos presentados por la comunidad.

Con relación a este punto, la Sala observa que los testimonios de los señores Alfonso Salazar Ferreira, Luis Arnulfo Beltrán Durán, Miguel Ángel Ortiz, Rodolfo Ramírez Romero y Gerardo Hernández Carreño quienes describieron que para la época en que se accidentó el señor Mantilla Hernández se encontraba lloviendo mucho, por lo que la carretera presentaba inconvenientes que era de conocimiento de todos los habitantes del sector, por otra parte indicaron que la vía no tenía señalización, ni había restricciones de paso por la carretera que transitaba la cual reiteraron se encontraba en mal estado, sin embargo, Rodolfo Ramírez Romero indicó que no había suficiente espacio para el paso del vehículo “y posiblemente el fallecido se confió en la vía y el terreno se cedió” además, “había paso restringido para camiones de este tipo”; por otra parte, el señor Salazar Ferreira manifestó que “considera que el vehículo patino un poco y por el peralte de la vía se fue un pedazo de la banca resbalando la vía, adiciona que el terreno estaba blanco (sic) o por el peso del vehículo se perdió el control, no puede asegurar que la banca le cedió”, por otra parte Luis Arnulfo Beltrán Duran indicó que “debido a que el fallecido se intentó orillar y perdió el control cayendo al abismo”, señaló que la “el lugar donde ocurrió el accidente, no era tan angosta la vía”.

Así las cosas, aunque ha quedado demostrada la existencia del mal estado de la vía, lo cierto es que los testimonios eran coincidentes, así como el informe policial que el señor Mantilla Hernández actuó de manera imprudente al conducir con un carro con sobrepeso situación que ocasionó el hundimiento de la bancada, además, está demostrado con los testimonios que el actor se acercó mucho a la orilla de la carretera por lo que se rodó por el barranco.

Por otra parte, resalta la Sala que el municipio de Floridablanca no omitió que la vía presentaba fallas, puesto que a los requerimientos realizados por la comunidad de la vereda de Aguablanca este delegó a un funcionario para que realizara el estudio de la carretera, y contrató retroexcavadoras, motoniveladoras para la prevención y atención de desastres del municipio de Floridabloanca, asimismo para el mantenimiento de la malla vial rural de los sectores de Aguablanca, Alsacia, Helechales etc.

Con relación a la señalización de la vía de lo examinado en el plenario no se encuentra demostrado que no existiese, por lo expuesto, la Sala concluye que no se demostró plenamente que el accidente de tránsito donde falleció Jeyson Ferney Mantilla Carreño, tuviera lugar como consecuencia de una omisión por parte de municipio de Floridablanca como lo afirmó el apoderado de los demandantes, pero, lo que sí se acreditó es que la víctima actuó de manera imprudente al intentar pasar al lado del derrumbe, puesto que conducía un carro con sobrecarga, pues se reitera, el camión tenía capacidad de 3 toneladas y este transitaba con 9 toneladas y 20 kilos; además, se probó que la víctima acercó el vehículo a la orilla de la carretera, lo que ocasionó que la banca se cediera, según unos testigos; según otros, esto produjo que el vehículo se deslizara, dada la condición lluviosa de la zona; cualquiera de las dos situaciones demuestran el abierto incumplimiento de la normatividad de tránsito y los deberes de precaución y corrección que le eran exigibles como conductor del camión accidentado, esto bajo los argumentos expuestos en el punto 6 de esta providencia sobre los criterios para el encuadramiento del hecho exclusivo de la víctima en accidente de tránsito.

Así las cosas, aunque, se itera, la vía no se encontraba en el mejor estado para transitar por el exceso de lluvia, lo cierto es que sí el actor hubiese cumplido con lo dispuesto en el código de tránsito, entiéndase como una conducción responsable y diligente del camión, la víctima habría podido evitar el daño, pero por el contrario, con su propia conducta, aumentó de manera previsible y evitable, las posibilidades dañosas, ya que imprudentemente se dispuso al conducir un camión con sobrecarga y salirse mucho de la vía hacia el abismo, de manera que la imprudencia radicada en la conducta o comportamiento asumido, desplegado y operado por la propia víctima conllevaron a la concreción de los hechos que desencadenaron el daño.

Entonces, la contribución del hecho de la víctima en la producción del daño antijurídico resulta determinante para eximir plenamente de responsabilidad a la entidad demandada, considerando, además, que no puede ser concurrente la atribución de la responsabilidad con la administración pública, toda vez que no quedó plenamente establecida la omisión alegada por la parte demandante.

En síntesis, no está acreditado uno de los elementos que estructuran la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la imputación fáctica y jurídica del daño antijurídico al municipio de Floridablanca, razón por la cual la Sala revocará la sentencia del A quo por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

7. Condena en costas.

Conforme con lo anterior, y teniendo en cuenta que para determinar la cuantía de las agencias en derecho deben aplicarse las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura y que si aquellas establecen solamente un mínimo o un máximo, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado que litigó, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder al máximo de dichas tarifas, procede la Sala a liquidar las costas a imponer.

Así las cosas, se procede a dar aplicación a un test de proporcionalidad para la fijación de las agencias en derecho, el cual tiene una división tripartita a saber: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Para los efectos de esta providencia se trata de un test de razonamiento judicial que comporta la conjugación de estos tres escenarios a fin de tasar una condena, de manera que cuando la conducta motivadora de la imposición de las agencias en derecho constituya una vulneración de mayor entidad a la administración de justicia se aplicará la sanción pecuniaria más estricta posible. Así:

 IdoneidadNecesidadProporcionalidad en estricto sentido
Exigencias fácticasSe refiere a la existencia fáctica de una afectación a un interés legítimamente tutelado por el ordenamiento jurídico, que para el caso de las agencias en derecho lo constituye la afectación que se causó al acceso a la administración de justicia.
Debe advertirse que la satisfacción del primer supuesto del test se encuentra en la respectiva sentencia que desató la controversia pues, el legislador previó que es en dicha oportunidad en que el Juez puede pronunciarse sobre la imposición o no de la condena en costas.

El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad. Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde acabe distinguir tres supuestos de intensidad:
Afectación leve a la administración de justicia. Se configura cuando el fundamento de la afectación supone un simple desconocimiento de aspectos elementales de la formación jurídica.
Afectación grave a la administración de justicia. Se constituye por la realización de reiteradas conductas dilatorias del proceso y que obstruyen el transcurrir del proceso judicial y las diligencias respectivas.
Afectación gravísima a la administración de justicia, en donde, además del anterior supuesto, se presentan perjuicios a terceros.
El último supuesto del escenario del test de proporcionalidad es el correspondiente a la tasación que se le debe asignar a cada uno de los niveles de afectación a la administración de justicia, esto es, en los niveles leve, grave y gravísima a la administración de justicia.
Afectación leve. Esta tasación va hasta el 1,66% del valor de las pretensiones de la demanda.
Afectación grave. A este escenario corresponderá una condena entre 1,67% y 3,32%.
Por último la configuración del tercer supuesto de intensidad, el gravísimo, comportará una tasación que oscilará entre el 3,33% y el 5%.

Empero lo anterior no resulta suficiente para determinar la tasación de la condena a imponer, pues, el Acuerdo 2222 de 10 de diciembre de 2003, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, concede un margen de movilidad dentro del cual el Juez debe fijar la condena por concepto de agencias en derecho, y que en el caso de procesos en segunda instancia corresponde “Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

Ahora, atendiendo a los 3 criterios referidos y a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la accionante a lo largo del proceso, la Sala considera que la conducta de la parte demandada será suficientemente remediada en el escenario de la idoneidad, por cuanto se evidenció la inexistencia del daño alegado, lo que hace que la actuación del impugnante resulte temeraria, al no existir un fundamento razonable para interponer el recurso, por manera que se fijarán las agencias en derecho en un 1% del monto de las pretensiones de la demanda las cuales se establecieron en los siguientes términos: como la cuantía fijada por los demandantes de las pretensiones equivalía a cuatrociento cincuenta millones de pesos ($ 450.000.000) la Sala condenará en costas al recurrente en esta instancia, y en consecuencia al pago de Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($ 4.500.000), por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la sentencia del 31 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y por consiguiente al pago de $ 4.500.000, por concepto de agencias en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Los demás rubros integrantes de las costas, liquídense por secretaría.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

20 Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003.

21 “ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (subrayado fuera de texto).

22 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.

23 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

24 Consejo de Estado, auto de 15 de septiembre de 2016, Rad. 57.284, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

25 Fls. 18 y 19, cdno.1.

26 C. C., Sent. C-254 de 2003.

27 Ahora bien, la Sala advierte que “en aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al título de imputación que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético arbitrario. De manera que es posible analizar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo un título de imputación diferente a aquel invocado en la demanda, en aplicación al principio iura novit curia, que implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”.

28 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº.4, 2000, p. 174.

29 Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, expediente 16052; sentencia de 29 de agosto de 2007, expediente 27434.

30 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 25285.

31 Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

32 Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, expediente 8487. Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

33 Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, expediente 8487. “1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio. (...)”. Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

34 Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, expediente 8487. Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

35 Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, expediente 8487. Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

36 Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 1994, expediente 8487. Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre 11 de 1997, expediente 11764. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

37 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

38 Mazeaud, Henri-León, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. El hecho de la víctima trae como consecuencia “la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (…)“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresisitible”. Puede verse Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 2 de enero de 2014, expediente 26956. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 23310.

39 Savatier, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, T.I, Paris, LGDJ, 1951, p.239.

40 Savatier, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit., p.240.

41 Savatier, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit. P.240.

42 Savatier, René, Traité de la responsabilité civile en droit français. Civil, administratid, professionnel, procedural, ob., cit., p.242.

43 En este sentido puede verse: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 21 de noviembre de 2011, expediente 26543. Sección Tercera, sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente 17188.

44 En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, pags. 332 y 333”. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 24972. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

45 San Martin Neira, Lilian C., La Carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño - estudio histórico - comparado. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2012, p.360. En el mismo sentido se pronuncian: Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, V.XXII, ob., cit., pp.169 y ss. “En términos prácticos, es posible decir que la agravación de los daños puede obedecer a dos factores: (a) que el perjudicado haya realizado actividades que vinieron a empeorar la situación o (b) que no haya realizado ningún tipo de actividad, es decir, haya tenido una actitud de “mera omisión” situación que en el lenguaje común se describe con expresiones tales como “si hubiera curado la herida no se habría infectado” [traducción: “si se hubiera realizado la actividad curación el daño herida no se habría agravado con la infección”]. En todo caso podemos hablar de culpa del perjudicado, toda vez que según vimos en los capítulos procedentes, la historia jurídica nos demuestra que culpa de la víctima es cualquier actitud reprochable al perjudicado, en el sentido de que no se comporta conforme lo haría un hombre diligente. De ahí que en estricto rigor, también la no evitación del daño corresponde a una culpa de la víctima”; Alessandri Rodriguez, De la responsabilidad extracontractual (..), ob., cit. Pp.572 y siguientes; e Hinestrosa, Fernando, Tratado de las obligaciones., ob., cit., p. 780. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

46 San Martin Neira, Lilian C., La Carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño- estudio histórico- comparado, ob., cit., p.361. “De la lectura de este parágrafo emerge que él contempla tres hipótesis de “culpa” de perjudicado: (a) cuando el perjudicado concurre a la producción del daño; (b) cuando ex ante omite avisar al deudor de un riesgo que no conocía ni debía conocer y del cual se pueden derivar ingentes perjuicios para aquel; (c) cuando el perjudicado ex post incurre una omisión a la hora de evitar o mitigar el daño”. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

47 Cfr. Larenz. Derecho de las obligaciones.,cit., tomo 1., pág. 219.

48 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 30462.

49 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

50 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

51 Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

52 Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262. Puede verse también: Sección Tercera, sentencias de 30 de julio de 1998, expediente 10981; de 28 de febrero de 2002, expediente 13011; de 18 de abril de 2002, expediente 14076; de 20 de abril de 2005, expediente 15784; de 2 de mayo de 2007, expediente 15463. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15463: “Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981.

53 Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14590: “[…] Por la experiencia como radio operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión. Esas medidas, que bien pudieron consistir en recurrir a otros compañeros de la estación para realizar la instalación de la antena, eran de fácil adopción […] En suma, que el accidente en el que murió electrocutado el agente José Fernando Herrera Beltrán fue causado por la conducta imprudente de la víctima quien dejó de tomas las debidas precauciones al tratar de instalar la antena de radio de banda ciudadana, para lo cual debió tener en cuenta su peso y longitud, siendo que dichas características implicaban un peligro previsible de que el aparato se cayera y entrara en contacto con los cables de alta tensión que se ubicaban al lado de la edificación”.

54 Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 13764.

55 Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16235: “[…] más aún cuando se trata de actividades como la operación de redes eléctricas y la conducción de energía, cuya complejidad y peligrosidad exige que sean ejercidas por las autoridades competentes o por particulares autorizados para el efecto, mediante la utilización de los materiales idóneos y a través de personal capacitado para ello”.

56 Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17510. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17138.

57 Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19043: “Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autori omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa”.

58 Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 27031.

59 Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20733.

60 Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 27 de abril de 2016, expediente 37802.

61 Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1º de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744.

62 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 14 de marzo de 2016, expediente 37948. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 11 de diciembre de 2015, expediente 40970.

63 Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, expediente 39561. “[…] que le viene aplicable el brocardo según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa. Es entonces, su propia culpa la que rompe el nexo requerido para que el daño pueda ser imputable al Estado, y por tanto, habrá lugar, con fundamento en ello, a librar a las demandadas, como quiera que uno de los elementos de la estructura de la responsabilidad resultó fallido y, por lo mismo, a confirmar la sentencia apelada”.

64 Fl.36, cdno. 1.

65 Fl.50, cdno. 1.

66 Fl.171, cdno. 1.

67 Fl. 172, cdno. 1.

68 “La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración [Sent. C-333/1996]. Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución [Sent. C-832/2001]”. Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 2006.

69 Fls.138, cdno. 1.

70 Fls.182-187, cdno. 1.

71 Fls.29-30, cdno. 1.

72 Fl.31, cdno. 1.

73 Fl. 85, cdno. 1.

74 Fl. 86, cdno. 1.

75 Fls.192-195, cdno. 1.

76 Fls. 196-202, cdno. 1.

77 Fls.217-218, cdno. 1.

78 Fls.229-245, cdno. 1.

79 Fls.164-165, cdno. 1.

80 Fls.139-156, cdno. 1.

81 Fls.175-177, cdno. 1.

82 Fls.89-93, cdno. 1.