Sentencia 2012-00357 de febrero 8 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 76001-23-33-000-2012-00357-01 (20314)

Demandante: Promotora Comercial de Cali SAS, Prococasa

Demandado: UAE-DIAN

Tema: impuesto sobre la renta del año gravable 2008. Silencio administrativo positivo por notificación extemporánea de resolución que decide recurso de reconsideración

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

Provee la Sala sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente al año gravable 2007, presentada por Prococasa SAS.

En los términos del recurso de apelación, debe examinarse si respecto del recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión demandada operó el silencio administrativo positivo, por indebida notificación de la resolución que lo decidió. En caso de encontrarse que tal silencio no se configuró, correspondería a la Sala asumir el estudio del rechazo de la deducción por depreciación, a la luz de los derechos de defensa y de acceso a la administración de justicia, comoquiera que la sentencia apelada no analizó dicho cargo de fondo.

Al respecto, se observa:

El silencio administrativo positivo en materia tributaria fue expresamente establecido por el artículo 734 del estatuto tributario, así:

ART. 734.—Silencio administrativo. Si transcurrido el término señalado en el artículo 732, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, el recurso no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará”. 

A su vez, el artículo 732 ibídem, señaló:

ART. 732.—Término para resolver los recursos. La administración de impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma.

La norma anterior establece un plazo preclusivo para “resolver” los recursos de reconsideración y reposición, so pena de entenderse fallados a favor del recurrente, para así garantizar los derechos particulares de quienes los interponen y se ven enfrentados a la inercia administrativa en la decisión de los mismos, dentro del término legalmente establecido para ello.

La Sala ha indicado que para entender resuelto el recurso, es necesario que el acto que lo decide se notifique dentro del mismo término anual previsto en el artículo 732 del estatuto tributario, so pena de que la administración pierda competencia para manifestar su voluntad respecto del mismo(13).

Es decir que, la falta de decisión de los recursos dentro del término mencionado trae consigo un doble efecto: por un lado, genera la decisión ficta de plena aceptación a lo pedido a través de aquéllos y, de otra parte, configura un vicio de validez para esa decisión, por la falta de competencia de quien la emite, puesto que la facultad para expedirla se restringe al término legal(14).

Ahora bien, la notificación del acto que decide el recurso de reconsideración debe realizarse en la forma prevista en el inciso 2º del artículo 565 ibídem, de acuerdo con el cual “(...) Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación”.

De acuerdo con el precepto transcrito, la notificación personal es el mecanismo principal para dar a conocer las providencias que resuelven los recursos interpuestos contra las decisiones proferidas por la administración tributaria, y la notificación por edicto es la forma subsidiaria, cuando el citado no comparece para que se realice la notificación personal, dentro del término que legalmente se le otorga.

A la luz de la misma norma, la notificación personal presupone el envío de una citación al contribuyente para que concurra a las oficinas de la administración de impuestos y conozca directamente el acto correspondiente, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se introduce al correo el aviso de citación.

Ahora bien, en los eventos en que la oficina postal devuelva la citación, la Sala había indicado que «los motivos de la devolución resultan indiferentes para efecto del mecanismo subsidiario de notificación por edicto de los actos que resuelven recursos»(15), sin embargo, en la sentencia de 9 de marzo de 2017, expediente 19460, precisó que deben analizarse las particularidades de cada caso concreto, teniendo en cuenta que la notificación constituye la materialización del principio de publicidad que rige las actuaciones de la administración, conforme a lo dispuesto en los artículos 209 de la Constitución Política y 3º del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la fecha de los hechos objeto de análisis(16).

En efecto, en relación con el principio de publicidad, la Sala ha sostenido:

«[...] el conocimiento de los actos administrativos, por parte del directamente afectado, es una garantía del derecho al debido proceso y del derecho defensa en las actuaciones que adelanta la administración tributaria, razón por la cual, no puede ser considerado una mera formalidad, pues constituye, además, el respeto al principio de publicidad que guía la función administrativa. En este sentido la Corte Constitucional ha indicado: 

“La Carta Política establece la publicidad como principio rector de las actuaciones administrativas, para lo cual, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 209, obliga a la administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, con el fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, permita impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones”(17)»(18). 

Desde esa perspectiva legal y jurisprudencial, y a la luz de las pruebas allegadas, corresponde establecer cuál fue la dirección informada por la demandante y a cuál debía enviarse el aviso de citación para notificar la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión del impuesto sobre la renta del año gravable 2007. Al respecto se observa:

• La Dirección Seccional de Impuestos de Cali inició investigación contra la demandante, por concepto de impuesto sobre la renta del año gravable 2007, mediante auto 052382010000540 del 30 de marzo de 2010 (fl. 1, cdno. 2).

• Dentro de dicha investigación se profirieron autos de inspección contable e inspección tributaria y, con base en los resultados de dichas diligencias, se expidió requerimiento especial contra la demandante y liquidación oficial de revisión, por el concepto y el periodo investigados.

• Tales actos fueron notificados a la demandante, mediante correos enviados a la carrera 3 Nº 49-120 de la ciudad de Cali, según lo constatan las respectivas guías crédito de la empresa Servientrega, en las que aparece nota resaltada de prueba de entrega (fls. 126 a 128, cdno. 2 y 273 a 294, cdno. 3)(19). Dicha dirección aparece registrada en los formularios RUT del 4 de marzo de 2010 y del 26 de febrero de 2013, así como en el certificado de existencia y representación legal de Prococasa SAS del 6 de julio de 2009, 6 de octubre de 2010 y 10 de mayo de 2011(20), presentados en sede administrativa, con la respuesta al requerimiento especial y al recurso de reconsideración interpuesto.

• El 9 de junio de 2011, la actora interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, en la cual se indicó que las notificaciones se recibirían en la “carrera 3 Nº 49-120”. Dicho recurso fue admitido por auto 000849 del 1 de julio de 2011, notificado por correo enviado a la dirección señalada, con constancia de entrega del 6 de julio de 2011, según guía 1043600573 (fl. 328, cdno. 3).

• El recurso fue decidido por la Resolución 900.084 del 8 de mayo de 2012, para cuya notificación personal se envió citación por correo a la dirección señalada por la recurrente (fl. 343, cdno. a. 3).

• Según la guía crédito 1055059173 del 8 de mayo de 2012 y el sello impuesto al dorso de la citación, constatan que el correo citatorio enviado fue devuelto por “dirección incorrecta”, no obstante que en el formulario denominado “procedencia de dirección para notificación” se señala repetidamente la dirección informada para notificar la Resolución 900.084 del 8 de mayo de 2012, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto (fls. 339 a 344, cdno. 3).

• El 23 de mayo de 2012 se fijó edicto para notificar la resolución mencionada, el cual se desfijó el 5 de junio del mismo año (fl. 345, cdno. 3).

• El 12 de julio de 2012, el apoderado de Prococasa S.A., solicitó copia del expediente administrativo(21) (fl. 91) petición que fue contestada el 17 de julio de 2012 (fl. 92).

Las anteriores pruebas evidencian que la dirección a la que debía enviarse la citación para la notificación personal de la resolución que decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión, es la carrera 3 Nº 49-120 de la ciudad de Cali (fl. 91), porque fue la informada en el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante.

La guía crédito 1055059173 del 8 de mayo de 2012 constata que la mencionada citación fue efectivamente enviada a esa dirección, la cual, incluso, aparece reportada por la demandante en los formularios de Registro Único Tributario y los certificados de existencia y representación legal expedidos entre los años 2010 y 2013, 2009, 2010 y 2012(22), y allí recibió los correos de notificación de los demás actos administrativos proferidos en la actuación de fiscalización y determinación del impuesto sobre la renta del año gravable 2007.

Así pues, la carrera 3 Nº 49-120 de la ciudad de Cali es una dirección que existía y se encontraba vigente al momento de enviarse la citación para notificación personal de la Resolución 900.084 del 8 de mayo de 2012, descartándose hipotéticos cambios de la misma, que permitieran tenerla por errada pues, de hecho, el texto mismo de la demanda la señala como dirección para notificaciones.

Además de las pruebas que obran en el expediente, resulta relevante que:

• Con la demanda se aportó certificado de existencia y representación legal del 23 de agosto de 2012, esto es, expedido apenas 3 meses después de intentada la notificación, en el que se mantiene la dirección informada en el recurso de reconsideración (fl. 3).

• Que la demandante afirmó que en relación con el año gravable 2008, la administración también adelantó un proceso de determinación definido mediante actos que fueron notificados a la dirección informada en este proceso(23), aspecto que no fue controvertido por la demandada.

En esas condiciones y analizados en conjunto los documentos anteriores, estima la Sala que no existen pruebas contundentes para sustentar la causal de devolución invocada por la Administración e informada por SERVIENTREGA (dirección errada) ni, por tanto, para justificar la fijación del edicto para notificar la resolución que decidió el recurso de reconsideración.

Ante las evidencias traídas a colación lo razonable era que la administración, por cualquier medio a su alcance, reconfirmara la dirección que tenía oficialmente reportada (carrera 3 Nº 49-120) y a la cual había enviado los correos de notificación de todos los actos anteriores a dicha resolución, para efectos de intentar nuevamente la notificación(24), pues a la fecha de la devolución del correo (8 de mayo de 2012) estaba en tiempo de realizar la notificación oportuna, considerando que el recurso se presentó el 9 de junio de 2011.

En cualquier caso, la inconsistencia en la notificación analizada en este caso concreto no puede ser trasladada al contribuyente.

En este orden de ideas, estima la Sala que la notificación por edicto de la Resolución 900.084 del 8 de mayo de 2012 fue irregular y que, por consiguiente, el recurso de reconsideración interpuesto el 9 de junio de 2011 contra la liquidación oficial de revisión demandada, no puede tenerse por resuelto dentro del año siguiente a su interposición (9 de junio de 2012) pues, de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, Prococasa SAS conoció la decisión de dicho recurso sólo hasta el 17 de julio de 2012, cuando recibió las copias del expediente administrativo correspondiente en virtud de la solicitud que presentó el 22 de junio de 2012 (fl. 91, cdno. 1), sin que la demandada haya controvertido la notificación en esa fecha (17 de julio de 2012).

Por lo anterior, la Sala advierte que respecto del recurso de reconsideración operó el silencio administrativo positivo y que, por ende, la liquidación oficial de revisión demandada quedó revocada, conforme lo pidió la recurrente.

Las anteriores razones son suficientes para anular los actos demandados, toda vez que para el momento en que se entiende notificada la resolución que decidió el recurso de reconsideración (17 de julio de 2012), la administración había perdido competencia para resolverlo, por preclusión de la oportunidad legal prevista en el artículo 732 del estatuto tributario(25).

En consecuencia, la Sala confirmará los numerales 1º, 2º y 3º de la sentencia apelada.

DE LA CONDENA EN COSTAS

A la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8º) del Código General del Proceso, estima la Sala que la decisión anulatoria no ameritaba condenar en costas a la parte vencida, porque en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen(26). En consecuencia, la Sala revocará el numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia para, en su lugar, levantar la condena impuesta.

Por lo demás, en la presente instancia tampoco se encuentran pruebas que demuestren o justifiquen las erogaciones reconocibles a título de costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. CONFÍRMANSE los numerales 1º, 2º y 3º de la sentencia del 6 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. REVÓCASE el numeral 4º de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

“4. Sin lugar a condenar en costas, por no aparecer causadas”.

3. No se condena en costas en esta instancia.

Reconócese personería a la doctora Myriam Rojas Corredor para representar a la entidad demandada, en los términos del poder que obra en el folio 389 del presente cuaderno.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».

13 Sentencias del 19 de octubre de 2017, Exp. 22283, C.P. Dr. Milton Chaves García, 21 de octubre de 2010, Exp. 17142, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y 12 de abril de 2007, Exp. 15532, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

14 Sentencia del 5 de julio de 2012, Exp. 18498, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

15 Ibidem

16 Reiterada en Sentencia del 29 de noviembre de 2017, Exp. 20803, M.P. Dra. Sella Jeannette Carvajal Basto

17 C-957/99.

18 Sentencia del 2 de agosto de 2012, Exp. 18577, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

19 Guías 1028245163 y 1028245162 del 19 de abril de 2010, para correos entregados el 20 de abril de 2010 y 1043670428 del 12 de abril de 2011, para correo entregado en la misma fecha (fls. 127, 129, cdno. 2 y 294, cdno. 3)

20 Fls. 2 y 7 cdno. 1, 2 y 16 a 18, cdno. 2 y 270 a 272 y 308, cdno. 3.

21 El apoderado informó como dirección la calle 1 # 4-38 de Cali.

22 Fls. 3 a 5, cdno. 1, 2 y 16 a 18, cdno. 2 y 270 a 272 y 347, cdno. 3.

23 La Sala advierte que decidió la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra los actos que modificaron la declaración de renta del año 2008 (rad. 20393) y como se advirtió en la sentencia apelada, la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue proferida el 2 de mayo de 2012, proceso en el que la actora no planteó los hechos acá debatidos.

24 La posibilidad de intentar nuevamente la notificación de la resolución sanción dentro de la oportunidad legal, fue uno de los criterios que asistió a la Sala para concluir la irregularidad de la notificación de un acto sancionatorio, en la sentencia del 29 de noviembre de 2017, Exp. 20803, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.

25 En la sentencia del 9 de marzo de 2017, Exp. 19460, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, la Sala reiteró que la notificación irregular por edicto no vicia de nulidad al acto notificado, en cuanto “la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no es causal de nulidad de los mismos, sino un requisito de eficacia y oponibilidad, máxime cuando la demandante pudo acudir ante esta jurisdicción a discutir el acto.”

26 En el mismo sentido, sentencias del 6 de julio de 2016, Exp. 21601, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, 1º de febrero de 2017, Exp. 21179 y 1º de junio del mismo año, Exp. 20882 y 13 de septiembre de 2017, Exp. 20646, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, 25 de septiembre de 2017, Exp. 20650, C.P. Dr. Milton Chaves García y 15 de noviembre de 2017, Exp. 20393, Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.