SENTENCIA 2012-00358 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2012-00358 de mayo 10 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201200358 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta Nº 38 de la misma fecha

Bogotá, D. C., diez de mayo dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el defensor de la investigada contra la decisión del 8 de julio de 2013, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, mediante la cual halló disciplinariamente responsable a la abogada Aidé Sánchez Gómez, de cometer la conducta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesión; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

El caso en concreto

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Para proferir fallo sancionatorio es menester que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada, de igual manera las pruebas que gobiernan la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, preservando cuidadosamente los principios rectores de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Es pertinente para esta corporación entrar a resolver los puntos del recurso de apelación formulada contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Por medio de providencia dictada el 8 de julio de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, declaró disciplinariamente responsable a la abogada Aidé Sánchez Gómez de cometer la conducta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con SUSPENSIÓN DE OCHO (8) en el ejercicio de la profesión, por incumplir el deber previsto en el numeral 6º del artículo 28 ibídem, a título de dolo.

“Art. 28.- Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

“6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado.

“Art. 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado:

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas”.

Fundamenta el apelante su impugnación, en que no está probado que su representada haya incurrido en la falta que se le imputa, por no existir prueba técnica que así lo determine, pues solo existen los testimonios de la quejosa y de su excompañero permanente Reinel Pulecio Ramírez, los que sostiene se mostraron contradictorios, lo cual dice los debilita y por ende no se pueden tener en cuenta para endilgar responsabilidad alguna.

Controvierte que la quejosa en un inicio declaró que quien le entregó el aviso se transportaba en una moto y luego en la ampliación adujo lo era en una bicicleta, también destaca que si estaba en situación apremiante por que regaló varios de sus enseres. En cuanto al testimonio de Reinel Pulecio atañe, señala que éste manifestó su defendida lo había llamado a su oficina el 24 de octubre de 2012, donde le comunicó del aviso y en otro momento de la declaración manifestó que la abogada le había entregado para lectura dicho documento, lo que genera incongruencia, que genera duda sobre lo acontecido, por lo que no puede ser tenido en cuenta el testimonio como prueba para endilgar responsabilidad a la investigada, aunado a que él señor Pulecio después acudió a la abogada para que lo asesora en un tema de alimentos que le inició su ex compañera aquí quejosa.

En cuanto a la tipificación de la conducta, asevera que el aviso no fue enviado ni utilizado por su defendida, porque no hay prueba técnica que lo demuestre, y la demanda de restitución iniciada fue posteriormente retirada, con lo cual no puede hablarse que dicho documento se utilizó en acciones judiciales o administrativas, porque no existía ninguna acción de ese carácter.

Concluye que ante la falta de prueba técnica y la debilidad de pruebas testimonial, se presentaron dudas que debieron resolverse en favor de su representada, reitera que no existen pruebas que conduzcan a la certeza de que trata el artículo 97 de la ley 1123 de 2007 para proferir fallo sancionatorio contra la togada, si bien se demostró la falsedad del aviso, no se estableció la autoría del mismo, con base en los anteriores argumentos solicita la revocatoria de la sentencia apelada.

Pues bien, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta Superioridad considera acertada la valoración realizada por el a quo al determinar que no hay duda sobre la incursión en la falta precitada por la abogada investigada, como quiera que se demostró plenamente en el investigativo que la abogada Aidé Sánchez Gómez, actuó como apoderada del señor Víctor Manuel Nossa Cardona para obtener la restitución del inmueble arrendado al señor Reinel Pulecio Ramírez, y en desarrollo de dicha representación, desplegó dos gestiones: i) La primera ante el Juzgado Quinto de Paz de Armenia, que se formalizó y terminó en conciliación celebrada el 3 de octubre de 2012 con el compromiso por parte del arrendatario de cancelar los cánones adeudados y la restitución del inmueble el 25 de octubre siguiente y ii) al igual que presentó el 4 de octubre de 2012 demanda de restitución de inmueble arrendado que fue inadmitida el 14 de noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Civil Municipal y luego retirada por la disciplinada el 19 de diciembre de 2012.

También se demostró en el investigativo que al inmueble objeto de restitución en el cual residía la quejosa, excompañera del arrendatario, fue entregado un Aviso con apariencia de originalidad, el cual registraba como procedencia y firma de la Inspección Séptima de Policía de Armenia, que en su contenido advertía la práctica de diligencia de lanzamiento y entrega del bien el 25 de octubre de 2012 en cumplimiento de despacho comisorio Nº 132-radicado 2012-0187 - proveniente del Juzgado Octavo Civil Municipal de Armenia, lo que logró en efecto que la ocupante del inmueble saliera abruptamente de este ante dicho apremió de inminente desalojo.

Se evidenció en la actuación que en el Juzgado Octavo Civil Municipal no cursaba el proceso de restitución al que hacía referencia el mencionado aviso, quedando entonces demostrada la falsedad de dicho documento, lo cual también fue corroborado en el investigativo con la declaración de Sandra Patricia Zamora Perdomo Inspectora Séptima de Policía de Armenia, quien precisó que el aviso que le fue expuesto, no fue confeccionado en esa oficina ni la firma allí plasmada corresponde a la suya, aseveración confirmada plenamente con la prueba técnica practicada a esta funcionaria y demás miembros de su grupo de trabajo por un Perito Técnico Grafólogo y Documentólogo del Instituto de Medicina Legal Seccional Pereira, donde se determinó que el contenido de dicho documento no es uniprocedente con las muestras manuscriturales tomadas, al igual que el formato del mismo, tampoco es uniprocedente con los utilizados por el despacho mencionado.

En relación con la descalificación que de los testimonios de la quejosa y el señor Reinel Pulecio Ramírez hace la defensa al impugnar el fallo de primer grado, comparte esta corporación la valoración del a quo en el sentido de que contrario a la apreciación del defensor son contundentes en acreditar la responsabilidad de la togada en el envío de dicho aviso a la arrendataria, con el único fin de presionar la entrega del inmueble como en efecto lo logró, basándose en el engaño para el que se valió de un documento falso.

El testimonio del arrendatario de inmueble, señor Reinel Pulecio Ramírez es contundente en revelar que desde el momento en que la abogada comenzó a representar los intereses del arrendador, entraron en contacto, llegando a un acuerdo ante el juzgado de paz, comprometiéndose él a cancelar la deuda de cánones que ascendía a $1.500.000 y a entregar el inmueble, precisando que fue enterado por la misma togada, quien le aseguró que poseía el aviso de desalojo o lanzamiento, exhibiéndoselo, reconociendo inclusive el que le fue exhibido por la investigada con el allegado por la quejosa a este investigativo y que fue enviado al inmueble ocupado por ésta, con quien se comunicó una vez se enteró de la existencia de dicho documento para informarle que debía desocupar la casa arrendada, versión que coincide plenamente con todo lo acontecido y demostrado probatoriamente en el contexto de la actuación, por lo que las contradicciones destacadas por el recurrente no pasan de ser sino meramente aparentes, por tanto no tienen la potencialidad de poner en tela de juicio el hecho sustancial del envió de un aviso falso para presionar la entrega del inmueble por vías engañosas y falsas, como en efecto aconteció y es un hecho real.

En cuanto a la prueba técnica que echa de menos la defensa respecto de la autoría material del aviso cuestionado, tampoco asiste razón válida jurídicamente al jurista para con base en ello considerar que no se reúnen los elementos exigidos por el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007 para emitir fallo sancionatorio contra su defendida, pues lo aquí relevante, como bien lo destaca el a quo, no es quien elaboró el documento apócrifo, a pesar de que se practicaron pruebas técnicas no se pudo establecer dichas circunstancia, no obstante lo que sí es un hecho cierto y es lo que se atribuye a la investigada, es la utilización al enviar dicho documento falso al inmueble de la arrendataria para persuadirla a desocupado y ahorrarse el trámite del proceso ordinario, donde poco después le inadmitieron la demanda, siendo a través de los engaños desplegados que logró expeditamente bajo el apremio de dicho aviso atemorizar a la arrendataria para desocupar el bien, como sucedió.

Y también esgrime en defensa de su representada el litigante, que respecto de la tipificación de la conducta endilgada a su prohijada, que el documento apócrifo no fue utilizado en diligencia administrativa ni judicial, lo cual es errado en su interpretación, toda vez que según su contenido procedía de una actuación judicial y en efecto la togada la había iniciado contra el arrendatario tanto el proceso de restitución ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Armenia, como la actuación ante la Juez Quinta de Paz, con lo cual los arrendatarios actuaron con la convicción inequívoca de que dicho aviso era real, al punto que desocupó inmediatamente la quejosa, al igual que también se involucraba en el aviso la intervención de autoridad administrativa, al aparecer que lo suscribía supuestamente la Inspectora Séptima de Policía, quien a la postre no tuvo nada que ver con lo acontecido, lo cual a pesar de la comprobada falsedad, pretendía dar visos de originalidad al mismo, al punto que habiendo logrado su cometido y siendo inadmitida la demanda de restitución poco después procedió a retirarla, al no ser ya necesario subsanarla pues había logrado su cometido con la conducta aquí reprochada.

De contera, es evidente las actuación inescrupulosa y anti ética en la que incurrió la togada, por lo que esta corporación comparte el fundamento de la Sala de primera instancia que atribuyó la culpabilidad a la procesada a título de dolo, por el conocimiento y voluntad deliberada de la profesional para la realización de la conducta endilgada, conforme aflora del acervo probatorio, que la abogada actuó con toda la premeditación posible, para acceder rápidamente a la restitución del inmueble como en efecto lo logró, con lo cual sin justificación alguna se olvidó del decoró y dignidad con que debe ejercer la profesión y se apartó de la sujeción en su ejercicio a los postulados normativos contenidos en la Ley 1123 de 2007, siendo merecedora de este juicio de reproche disciplinario que se le imputa.

Finalmente, le asiste razón al a quo en cuanto a la sanción impuesta, cual es la de suspensión de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesión, la cual consulta los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, todo ello, conforme lo prescrito en el artículo 45 de la Ley 1223 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, mediante la cual se resolvió sancionar con suspensión de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Aidé Sánchez Gómez, al declararla responsable de la falta establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por haber incumplido el deber establecido en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».