Sentencia 2012-00364/1411-2012 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre de dos mil catorce.

Exp. 110010325000201200364-00.

Número interno: 1411 -2012.

Demandante: Juan Carlos Camero Flórez.

Demandado: Nación - Procuraduría General y Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Problema jurídico.

Encuentra la Sala que el problema jurídico se contrae en el presente caso a establecer si la falta disciplinaria consistente en “obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control”, prevista en el numeral 2º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, exige para su configuración la existencia una actuación administrativa o judicial previa, y en consecuencia, de ser así, si procede o no la falta impuesta al demandante.

Con el objeto de resolver el problema planteado, la Sala resolverá los cargos formulados por el accionante, para lo cual deberá comprobar si los actos administrativos demandados adolecen de nulidad al ser expedidos por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, con violación al derecho al debido proceso, falsa motivación o desviación de poder.

2. Actos administrativos demandados.

• Fallo disciplinario de primera instancia, proferido el 23 de marzo de 2010 por el procurador delegado para la Policía Nacional en el que sancionó al señor Juan Carlos Camero Flórez con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por el término de 10 años.

• Fallo de 5 de mayo de 2011, dictado en segunda instancia por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, a través de la cual confirmó el correctivo impuesto.

• Decreto 4202 de 3 de noviembre de 2011, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, en el que resolvió ejecutar la sanción antes mencionada.

3. Cuestión previa: del acto de ejecución.

Observa la Sala que el demandante pretende la nulidad de las decisiones mediante las cuales fue sancionado en primera y segunda instancia, y también del acto administrativo que ejecutó la sanción contenido en el Decreto 4202 de 3 de noviembre de 2011, proferido por el Ministerio de Defensa Nacional.

Este último, al ser de mera ejecución, no es demandable, porque no define la situación del encartado y solo materializa el correctivo impuesto(14), tal y como lo ha considerado ampliamente la jurisprudencia y la doctrina.

En consecuencia, la Sala se declarará inhibida para pronunciarse de fondo respecto del decreto a través del cual el Ministerio de Defensa Nacional ejecutó del señor Juan Carlos Camero Flórez.

Las anteriores consideraciones tornan innecesario un pronunciamiento respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en tanto que la participación de esta entidad en el trámite administrativo, se limitó a proferir el acto de ejecución, respecto del cual la Sala se declarará inhibida.

4. Del fondo del asunto.

Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá a los hechos que están acreditados en el sub lite, en los siguientes términos:

4.1. Lo probado en el proceso.

De las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, la Sala encuentra acreditado que:

• El 24 de septiembre de 2007, ante la procuraduría delegada para la Policía Nacional, quedó radicada una queja anónima que se refería a las presuntas irregularidades cometidas en el procedimiento adelantado por la muerte del señor Carlos Mario Grajales, la cual tuvo lugar el 18 de junio de 2007, día en el que desapareció. A continuación se transcriben los aspectos más relevantes de la queja (folios 4 vuelto a 14 c. 1).

“(…)

Mi preocupación radica en que la impunidad de tal asesinato, tiene que ver con la mala actuación realizada por algunos miembros de la policía de Bello, quienes tuvieron la oportunidad de llegar primero al lugar de los hechos, pero no respetaron ese lugar, como era su deber constitucional y legal, por lo que la escena se contaminó y no fue posible recolectar ninguna evidencia o elemento material de prueba que pudiera servir de pruebas (sic) para en el futuro poder esclarecer este vil asesinato, por el contrario, la señora Martha Emilse Rodríguez, (...) le aviso al grupo de la policía llamado CEAT, allí recibió la información el comandante de grado intendente y de nombre Chaverra Zapata (…), el cual estaba realizando un retén, y varios de sus hombres, los cuáles reaccionaron como era su deber legando al lugar donde se encontraba el cadáver de mi gran amigo Carlos Mario, y efectivamente verificaron la existencia del cadáver en este lugar, este señor reportó al mayor Jhon José Salazar Peláez, e inmediatamente llegó en una camioneta de la policía, junto con el capitán Camero, el intendente le dio parte y de inmediato el mayor gritó y le armó bronca al intendente y le dijo a él y a sus hombres que se fueran de allí, que esa no era su función, que por qué no lo habla llamado al celular, el (sic) de inmediato se retiró y ellos se apersonaron del caso.

Con lo anterior se debió llamar a avisar a la Fiscalía General de la Nación para que procedieran a la realización de la inspección técnica al cadáver, función que debió haberla hecho la SIJIN o el CTI, pero infortunadamente no fue así, sino que este personal de la policía uniformada al mando del mayor Salazar Peláez y el capitán Camero de Bello, desaparecieron el cadáver, y debido a la denuncia hecha por su hermano de nombre Nelson (...) en la URI del norte - Copacabana, motivó la búsqueda del cadáver sin vida, con este acto inhumano, degradante y mal intencionado por los oficiales de la policía, ayudaron a evadir o distorsionar una investigación que debía en el futuro arrojar los presuntos homicidas, igualmente sometieron a la familia a dos sufrimientos no describibles que no estaban obligados a soportar, por un lado la muerte de su hijo y hermano y por el otro la desaparición del cadáver de Carlos Mario, después por el acoso por parte de la Fiscalía y sus funcionarios, de una manera extraña apareció el cuerpo sin vida en el río Medellín, a la altura del parque Las Aguas, el día 21 de junio de 2007.

Con lo anterior quiero poner en conocimiento (...) para que investiguen este vejamen, donde se ven involucrados el siguiente personal, y favorecidos por el fiscal de la URI de Copacabana, de nombre Mauricio Grajales Bolívar, según lo que pude investigar, quien conoce del irregular procedimiento y está a favor del mayor Salazar Peláez y del capitán Camero (...) tales oficiales debe ser sancionados drásticamente y destituidos inmediatamente, por ser un acto inhumano y degradante, repudiable por todas las naciones del mundo, igualmente, con ello se tuvo en ascuas y en la incertidumbre, a esta familia, desde el 18 hasta el 21 de junio, y lo más grave, haber alterado el lugar de los hechos donde fue asesinado Carlos Mario, constituyéndose así en una omisión, extralimitación de funciones, prevaricato por acción por el proceder irregular de estos funcionarios mal intencionados, n (sic) se sabe si por ocultar algo con respecto al crimen o por evitar que conozcan los medios de comunicación el número real de los muertos en el área metropolitana, también es demasiado grave cuando a pesar de conocer esta serie de hechos, encuentran funcionarios de la Fiscalía para tapar y encubrir estas atrocidades, como es el caso del fiscal Mauricio, olvidando que él está sujeto a la ley y a la constitución.

(…)”.

• Mediante Auto de 6 de noviembre de 2007, el procurador delegado para la Policía Nacional ordenó adelantar averiguación preliminar con fundamento en la queja anónima, según la cual “(...) el mayor Jhon José Salazar Pelaez, quien se presentó al lugar de los hechos con el capitán Juan Carlos Camero Flórez, le ordenó a los uniformados que se retiraran del lugar que ellos se apersonarían del caso, procediendo a alterar la escena del crimen y a contaminar el lugar de los hechos, así como a desaparecer el cadáver, pero por la denuncia sobre estos hechos formulada por el hermano del occiso de nombre Nelson, en la URI del norte de Copacabana y por las presiones de la Fiscalía, el cadáver de Carlos Mario Grajales Gomez, apareció de una manera extraña el 21 de junio en el río Medellín, a la altura del parque de Las Aguas. Señala el escrito que esas actuaciones están encaminadas a mostrar un Medellín sin homicidios, alterando las estadísticas”.

En esa misma providencia, el mencionado funcionario ordenó la práctica de pruebas, con el objeto de esclarecer los hechos materia de indagación (fls. 26 a 29 c. 1).

• El 13 de junio de 2008, el procurador delegado para la Policía Nacional ordenó abrir investigación disciplinaria para aclarar las actuaciones que se atribuyen al mayor Jhon José Salazar Peláez, al capitán Juan Carlos Camero Flórez, al subteniente Jonnathan Javier Velásquez Garay, y al patrullero Carlos Andrés Galarza Adarbe. Al efecto, sostuvo (fls. 76 a 79 c. 1):

“(…)

Analizadas las diligencias preliminares allegadas en la investigación P-MEVAL-2007-56, las probables conductas irregulares se relacionan con hechos atribuibles a los miembros de la Policía Nacional que llegaron al lugar donde se encontraba el cadáver del señor Carlos Mario Grajales Gómez, porque al parecer alteraron la escena de los hechos, moviendo el cadáver del sitio donde se encontraba, sin autorización legal para ello lo que además pudo impedir que se realizara la inspección del cadáver, como lo dispone el ordenamiento penal, lo que puede constituir una manipulación del lugar de los hechos y, por ende, entorpecer la labor investigativa que deben cumplir los funcionarios de policía judicial, para investigar las circunstancias do tiempo, modo y lugar en que se presentó el hecho delictivo, como también la de establecer la identidad del responsable o responsables del acto ilícito, apareciendo el cadáver sin vida en el río Medellín a la altura del parque de Las Aguas en el municipio de Barbosa (Antioquia), hecho este último que podría corresponder más a un abuso de autoridad por parte de los uniformados que realizaron tal acto.

Por encontrarse vencido el término de indagación preliminar y al estar identificados los servidores públicos cuestionados, conforme al artículo 152 de la Ley 734 de 2002, se ordena adelantar investigación disciplinaria para aclarar las actuaciones que se endilgan a los implicados”.

• A través de providencia de 11 de diciembre de 2008 el procurador delegado para la Policía Nacional resolvió: i) formular pliego de cargos contra el mayor Jhon José Salazar Peláez, en su calidad de comandante del Quinto Distrito Zona Norte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; el capitán Juan Carlos Camero Flórez, comandante de la estación de policía de Bello (Antioquia); y el subteniente Jonnathan Javier Velásquez Garay, comandante de la vigilancia adscrito a la estación de policía de Bello para la época de los hechos, “conforme a las conductas determinadas en la parte motiva de este auto, por posiblemente infringir el numeral 2º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 21 y 37 de la Ley 1015 de 2006, por probablemente obstaculizar de manera grave las investigaciones que debían surtirse respecto del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Carlos Mario Grajales Gómez, en hechos ocurridos el día 19 de junio de 2007, como por posiblemente quebrantar el literal e) del numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al no registrar los hechos y circunstancias que el deber les imponía en relación con dicho cadáver, lo que puede haber sido intencional, faltas estas dos que la ley cataloga de gravísimas, así como por posiblemente desatender órdenes e instrucciones relativas al servicio, con lo que pudieron violar el numeral 10 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, y por no informar oportunamente a sus superiores de tales hechos, con lo que pudieron quebrantar igualmente el numeral 15 del artículo 35 de esta misma Ley, faltas estas dos catalogadas como graves, conductas todas ellas que se estima que pudieron cometer con dolo, conforme a las pruebas arrimadas a la investigación”. Y, ii) No formular cargos y, en consecuencia, archivar definitivamente el proceso disciplinario seguido en contra del patrullero Carlos Andrés Galarza Adarbe, adscrito a la patrulla del CEAT, por encontrarse amparado por una causal eximente de responsabilidad, contemplada en el numeral 3º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. (fls. 45 a 64 c. ppal.).

Previo a la decisión adoptada en auto citado, el delegado analizó las pruebas allegadas a la investigación iniciada contra miembros de la Policía Nacional que, el día 19 de junio de 2007, a las 17 horas aproximadamente, hicieron presencia en el lugar donde se encontraba el cadáver del señor Carlos Mario Grajales Gómez, lo que fue informado inicialmente por el intendente José Reynel Echavarría Zapata, comandante del CEAT, el cual envió una patrulla compuesta por Carlos Andrés Galarza Adarbe y Yanny Francisco Lagarcha Barbosa, para su verificación. Se acreditó que ante la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida, los mencionados patrulleros informaron del hecho vía radio, momento en el cual se hizo presente en el lugar la patrulla del sector, integrada por el agente Luis Adrián Martínez Patiño, y el subintendente Mauricio Alexander Giraldo Zuluaga.

El investigador estableció, además, que el subintendente Mauricio Alexander Giraldo Zuluaga, al llegar al sitio de los hechos, observó una gorra ensangrentada y una huella de sangre en el pasto, que indicaba que se había arrastrado el cadáver hasta una piedra, la cual tenía sangre y luego, desde un peñasco, observaron un bulto.

Cuando el patrullero Galarza Adarbe descendió al lugar, constató que en una zona boscosa cerca al río Medellín, se encontraba un cadáver tapado con hojas, por lo que procedió a informar a la patrulla de vigilancia de la estación de policía de Bello (Antioquia), la cual llegó al lugar, como también lo hizo la intendente Echavarría.

Se probó que el subintendente Mauricio Alexander Giraldo Zuluaga le solicitó al agente Luis Adrián Martínez Patiño, que regresara a la estación de policía de Bello, para recoger el formato de acta de primer respondiente; y que el subteniente Jortnathan Javier Velásquez Garay, comandante de la Sección de Vigilancia, le pidió a los patrulleros Carlos Andrés Galarza Adarbe y Yanny Francisco Largacha Barbosa, que no fueran a reportar nada.

Posteriormente llegó el mayor Jhon José Salazar Peláez y el capitán Juan Carlos Camero Flórez. Este último le ordenó al intendente José Reynel Echavarría zapata, que se retirara del lugar con su personal, por lo que estos últimos cumplieron la orden, situación que confirmó el patrullero Milton Salazar Marín.

Así mismo, el agente Martínez Patiño fue enfático en decir que él llevó al mayor Salazar Peláez hasta una piedra en la que se observaban manchas de sangre, señalándole el camino por donde al parecer el cadáver fue arrastrado. Los declarantes afirmaron que el mayor Jhon José Salazar regañó a los uniformados, diciendo que no se podía reportar ese muerto, debido a las estadísticas que se estaban presentando.

Igualmente el mayor Jhon José Salazar Peláez reconoció que le manifestó al capitán Juan Carlos Camero Flórez su preocupación por que ese día habían ocurrido muchos homicidios en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Se demostró que el cadáver del señor Carlos Mario Grajales Gómez, fue encontrado días después en aguas abajo del río Medellín, en el sector del parque de Las Aguas del municipio de Barbosa (Antioquía).

Para el delegado, debido a la intervención del mayor Jhon José Salazar Peláez, del capitán Juan Carlos Camero Flórez, y del subteniente Jonnathan Javier Velásquez Garay; no se cumplieron las diligencias judiciales que se requerían para proteger la escena de los hechos, no se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes, y en consecuencia, por razón del incremento de las estadísticas relacionadas con muertes, no se atendió el caso como correspondía, lo que de paso pudo obstruir de manera grave las investigaciones judiciales que debían adelantarse.

Con fundamento en los anteriores hechos probados, el procurador delegado para la Policía Nacional, formuló los siguientes cargos:

1. El mayor Jhon José Salazar Peláez, el capitán Juan Carlos Camero Flórez, y el subteniente Jonnathan Javier Velásquez Garay, pudieron incurrir en una falta disciplinaria por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2007, día en el que omitieron su deber de velar para que se protegiera la escena de los hechos, con lo que presuntamente incumplieron sus funciones de policía, al no asegurar, aislar y custodiar la escena del crimen, no dar aviso y no gestionar la comparecencia de la unidad judicial para la respectiva inspección técnica del cadáver, y obstaculizar las labores investigativas penales pertinentes; conductas con las que presuntamente obstruyeron las diligencias que debían surtir las autoridades judiciales competentes.

La anterior conducta que se encuentra prevista como falta disciplinaria en el numeral 2º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. En efecto, en este caso se estableció que, ante la presencia del cuerpo sin vida del señor Carlos Mario Grajales Gómez, los investigados no adoptaron las medidas que correspondían para proteger la escena de los hechos, y no informaron a las autoridades judiciales, a lo cual estaban obligados.

Tal como lo establece la ley, esta falta fue calificada como gravísima, y se imputó a título de dolo, porque como miembros de la institución policial, los implicados saben y están debidamente entrenados para actuar ante hechos criminales, y tienen las funciones de preservar la escena de los hechos, de informar oportunamente a las autoridades judiciales para que se apersonaran del caso; las cuales desconocieron. Comoquiera que se demostró que el interés de estos funcionarios era el de no informar el hallazgo del cadáver, éste cargo se imputó a título de dolo.

2. Los implicados pudieron haber incumplido el numeral 30, literal e) del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al no registrar o abstenerse de registrar los hechos y circunstancias antes descritos, no obstante estar obligados a ello por razón del servicio y cargo que ostentaban al momento de los hechos. Esta conducta es catalogada por la ley como gravísima, y se atribuyó provisionalmente a título de dolo, toda vez que para la de los hechos, los procesados fungían como miembros activos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra y, en consecuencia, conocían el manual de reglamento de vigilancia urbana y rural, cuyo artículo 39 prevé que el personal uniformado tiene el deber de intervenir en todos los casos de policía de los que tengan conocimiento, de los cuáles debe rendir el informe correspondiente, como lo establece el artículo 80, numeral 7º ibídem.

Los disciplinados omitieron intencionalmente tal deber, ya que tenían el interés de que el caso no fuera reportado para que no se incrementaran las estadísticas delictivas de su jurisdicción.

3. Los citados funcionarios pudieron haber desconocido el numeral 10 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, al incumplir las órdenes e instrucciones relativas al servicio, tal y como lo ordenan los artículos 179 y 186 del manual de vigilancia urbana y rural (Res. 9960/1992). Lo anterior en relación con las diligencias previas que debían realizar para facilitar el resto del procedimiento relacionado con el hallazgo del cadáver, y para permitir las demás labores investigativas.

El incumplimiento de la mencionada función, pudo dar lugar a que las autoridades judiciales no lograran intervenir, a que se afectara la escena de los hechos, a que no se hiciera el levantamiento del cadáver como correspondía, dado que el mismo fuera encontrado días después aguas abajo del río Medellín, lo que no hubiera sucedido si éstos funcionarios hubiesen cumplido con sus deberes, razón por la cual pueden estar incursos en la comisión de esta falta, catalogada en la ley como grave, y que se atribuye provisionalmente a título de dolo, teniendo en cuenta la categoría que ocupaban los funcionarios cuestionados al momento de cometerla, la naturaleza de las funciones que debían cumplir como miembros de la Policía Nacional; y la calidad y el rango que tenían como miembros de la fuerza pública. Adicionalmente, los implicados estaban debidamente entrenados y sabían de las funciones que debían cumplir.

4. Los citados funcionarios pueden estar incursos en falta disciplinaria por incumplimiento de lo establecido en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, al no presentar oportunamente el informe a sus superiores, ni hacer el reporte del caso a las autoridades judiciales para que procedieran al recolectar la evidencia o elementos de prueba que pudieran servir para esclarecer los hechos y las circunstancias que llevaron a la muerte del señor Carlos Mario Grajales Gómez, cuyo cadáver fue encontrado cerca de una torre de energía ubicada en el barrio Las Vegas, sector de la cárcel de Bellavista.

Tales funcionarios dispusieron que las patrullas se retiraran del lugar sin hacer el reporte del caso a las autoridades judiciales competentes para que adelantaran las diligencias de levantamiento y necropsia del cadáver.

La anteriores conductas, son catalogadas en la ley como graves, y se atribuyen provisionalmente a título de dolo, porque los uniformados omitieron a sabiendas, un acto propio de sus funciones.

Finalmente, en relación con la responsabilidad disciplinaria del patrullero Carlos Andrés Galarza Adarbe, el procurador delegado consideró que él adelantó todas las gestiones para verificar la existencia del cadáver, aprovechó un cercado de alambre de púa para efectuar el acordonamiento del lugar y garantizar la cadena de custodia del sitio, informando a sus superiores de la presencia de un cuerpo sin vida en las inmediaciones de la cárcel Bellavista. Y, aunque tenía la obligación de realizar el procedimiento como primer respondiente, no lo hizo porque el subteniente Velásquez Garay le dio la orden a su superior que retirara la patrulla del CEAT.

De la actuación de Galarza Adarbe, se desprende la ausencia absoluta de culpabilidad, el cual es uno de los ingredientes subjetivos de la responsabilidad disciplinaria. En efecto, se acreditó que no pudo seguir el procedimiento porque sus superiores se hicieron cargo del mismo. En ese sentido, respecto del citado funcionario es procedente ordenar el archivo definitivo de las diligencias, con fundamento en el numeral 3º del artículo 23 de le Ley 734 de 202(sic), pues actuó en cumplimiento de orden legal, considerando que sus superiores adelantarían el procedimiento que correspondía, dando aviso a la autoridad judicial competente para que realizara la respectiva inspección el cadáver e iniciara de manera inmediata las labores investigativas para esclarecer los móviles del hecho, de acuerdo con las disposiciones propias del sistema penal acusatorio.

• Agotado el procedimiento legal, el 23 de marzo de 2010, el procurador delegado para la Policía Nacional resolvió sancionar disciplinariamente al demandante con destitución e inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por el término de 10 años (fls. 6 a 25 c. ppal.). Motivó su decisión en los siguientes términos:

Está acreditado el primero de los cargos imputados, pues el señor Camero Flórez no veló para que se protegiera la escena de los hechos; no aseguró, aisló ni custodió la escena del crimen; y no dio aviso ni gestionó la comparecencia de la unidad judicial para la respectiva inspección técnica del cadáver y para adelantar las demás investigaciones correspondientes.

Se demostró que el capitán Camero le ordenó a los intendentes José Reynel Echavarría Zapata y Giraldo Zuluaga que se retiraran del lugar de los hechos con su personal, lo que derivó en que el cadáver fuera movido del sitio donde se encontraba inicialmente, para ser arrojado a las aguas del río Medellín, pues se probó que fue encontrado en 21 de junio de 2007 en otra jurisdicción, en el municipio de Barbosa (Antioquia).

La orden emitida por el capitán, fue una manifestación expresa, inequívoca y determinante de su voluntad de que sus subordinados no realizaran el procedimiento para que las autoridades competentes adelantaran las diligencias investigativas una vez recibida la noticia criminal.

Así las cosas, no le es dable al señor Camero Flórez alegar como causal de exclusión de responsabilidad, el hecho de que de haber emitido tal orden el inferior éste no ha debido cumplirla por ser ilegal.

Dado que el subordinado actuó con la finalidad de cumplir el mandato recibido, requisito de índole subjetivo que se le exige al inferior, quien realiza la conducta a sabiendas y con la voluntad de dar cumplimiento a la orden y no atendiendo otras finalidades ajenas al cumplimiento de sus funciones; se probó en este caso la responsabilidad disciplinaria del señor Camero Flórez.

La conducta es gravísima (así lo establece la ley), y fue cometida a título de dolo, porque como miembro de la institución policial, estaba debidamente entrenado para actuar ante hechos criminales, teniendo asignada además, las funciones de preservar la escena de los hechos, e informar oportunamente a las autoridades judiciales para que se apersonaran del caso, las cuales incumplió intencionalmente.

También está demostrado el segundo cargo que se le imputó, porque no registró los hechos ni las circunstancias relacionadas con el cadáver, ni rindió informe a sus superiores, a pesar de estar obligado a ello por razón del servicio y del cargo que ostentaba al momento de los hechos. La referida conducta es gravísima pues la Ley así lo establece, y fue cometida con dolo, porque para la época de los hechos era el comandante de la estación de policía de Bello (Antioquía), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y conocía el manual de reglamento de vigilancia urbana y rural, en el que se establece el deber de rendir informe.

Se probó el tercer cargo endilgado, toda vez que el procesado incumplió con las actividades relativas al servicio que debía cumplir como policía, y desconoció las órdenes e instrucciones contenidas en los artículos 179 y 186 del manual de vigilancia urbana y rural en lo que tenía que ver con el procedimiento que debía realizarse por el hallazgo del occiso y las demás labores investigativas que corresponden a ese tipo de acontecimientos, lo cual era necesario para aclarar el suceso, pues se trataba de un homicidio y se requería que de manera inmediata se pusiera en funcionamiento el aparato investigativo. Esta falta es de carácter grave, y fue cometida a título de dolo, dado que por el cargo que ostentaba el procesado estaba debidamente entrenado y sabía de las funciones que debía cumplir, lo cual aparece que hizo de manera deliberada para no incrementar las estadísticas de homicidios en su jurisdicción.

También se acreditó el cuarto cargo, pues el señor Camero Flórez dispuso que las patrullas se retiraran del lugar, sin hacer le reporte del caso a las autoridades judiciales competentes para que adelantaran las diligencias de levantamiento y necropsia del cadáver. Tampoco informó a sus superiores, todo lo cual configura una falta grave, que fue cometida a título de dolo, pues el señor Camero Flórez omitió un acto propio de sus funciones, que era informar a sus superiores sobre la ocurrencia de tales hechos en forma inmediata.

• Interpuesto el recurso de apelación en contra de la decisión anterior, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación la confirmó, mediante fallo de 5 de mayo de 2011 (fls. 26 a 42 c. ppal.).

• Por Decreto 4202 de 3 de noviembre de 2011, el Ministro de Defensa Nacional resolvió ejecutar la sanción impuesta al señor Juan Carlos Camero Flórez (fls. 3 y 4 c. ppal.).

4.2. Análisis de los cargos planteados en la demanda.

5.2.1.(sic) Violación al derecho al debido proceso.

A juicio del accionante la Procuraduría General de la Nación le vulneró el derecho al debido proceso al expedir el pliego de cargos, el cual es ambiguo, impreciso, incongruente, y no reúne los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002.

A efectos de determinar si le asiste o no la razón al actor, es necesaria la referencia a la disposición que se acaba de citar, la cual establece que la decisión mediante la cual se formulen los cargos debe contener:

“(…)

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias do tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad especifica do la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales”.

En el caso concreto, el Auto de formulación de cargos fue proferido por el procurador delegado para la Policía Nacional el 11 de diciembre de 2008(15), y allí describió y determinó la conducta investigada; indicó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó; precisó las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación; concretó la modalidad de la conducta frente a cada uno de los cargos imputados; señaló el cargo desempeñado por el señor Camero Flórez; analizó las pruebas que fundamentaron los cargos endilgados; expuso los criterios para determinar la gravedad de la falta, frente a cada uno de las conductas; estableció la forma de la culpabilidad para cada una de ellas; y tuvo en cuenta los argumentos de la defensa.

Advierte la Sala que luego del examen de los hechos, las pruebas recaudadas y los argumentos de la defensa, imputo los cargos a los investigados: mayor Jhon José Salazar Peláez, Juan Carlos Camero Flórez y Jonnathan Javier Velásquez Garay, quienes estuvieron involucrados en la desaparición del cadáver.

Observa además que los cargos fueron formulados de manera clara y precisa, sin que se advierta confusión, vaguedad o ambigüedad alguna. Y, el hecho de que los mismos se hayan endilgado de manera conjunta a todos los investigados, ello en manera alguna desconoce el derecho al debido proceso, si se considera que cada uno de ellos en su condición de miembros activos de la Policía Nacional, vulneraron las disposiciones que estaban obligados a acatar.

Ninguno de los cargos endilgados adolece de las irregularidades que adujo el actor, las cuales no pasan de ser meras afirmaciones que tienen que ver con el tema terminológico —en el caso del primer cargo— y, en relación con los demás, se fundan principalmente en que el demandante no tenía la calidad de “primer respondiente”.

Frente a esto último se debe precisar que si bien el señor Camero Flórez no llegó primero a la escena del crimen, cuando ordenó a quienes sí lo hicieron que se retiraran del sitio, asumió la responsabilidad del lugar de los hechos debiendo guardar la cadena de custodia.

No se advierte entonces vulneración al derecho al debido proceso con el auto de formulación de cargos, ni irregularidad alguna que vicie de nulidad a las decisiones que finalizaron el trámite administrativo.

5.2.2. Violación a los principios de legalidad, tipicidad, igualdad y antijuricidad.

a. Principios de legalidad y tipicidad.

Sostiene el demandante que la formulación del primer cargo desconoció los principios de legalidad y de tipicidad, y con ello el derecho al debido proceso, pues se le imputó la falta contenida en el numeral 2º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en “obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control (…)”. Sin embargo, cuando fue encontrado el cadáver, no existía ningún tipo de investigación, circunstancia que, en criterio del actor, hace atípica la conducta.

Para la Sala, en materia del derecho administrativo sancionador, el principio de legalidad material (inspirado del derecho penal), está referido a la configuración legal de los presupuestos, requisitos, y condiciones que posibilitan el ejercicio de la potestad disciplinaria y se enuncia, en la mayoría de ordenamientos jurídicos, con la fórmula de que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. En el caso colombiano, el artículo 29 de la Constitución, que prevé el derecho fundamental al debido proceso, dispone que “nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto imputado”.

Cabe precisar en este punto, que si bien el legislador ordinario (Congreso de la República) es el que debe señalar qué conductas ameritan sanciones, en esta materia, según lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional y administrativa, existe una reserva de ley relativa, pues dada la naturaleza del derecho disciplinario, en la mayoría de veces se debe acudir a disposiciones infralegales para determinar con exactitud cuál es la falta.

En todo caso, el principio de legalidad en materia sancionadora, implica como garantía material “(...) la necesidad de una precisa tipificación de las conductas consideradas ilícitas y de las sanciones previstas para su castigo y, como garantía formal, que dicha revisión se realice en norma con rango de ley; sin embargo no está excluida en esta materia toda intervención del reglamento, pues cabe que la ley defina el núcleo básico calificado como ilícito y los límites impuestos a la actividad sancionadora y que el reglamento desarrolle tales previsiones actuando como complemento indispensable de la ley (...)(16)”.

Los principios de legalidad y de tipicidad están en estrecha relación, pues éste último es un modo especial de realización del primero. Así las cosas, en función de concretar los elementos necesarios para ejercitar la potestad sancionadora en el marco de las exigencias constitucionales, en la tarea legislativa tendiente a la descripción normativa de dichos elementos, es en donde opera el principio de tipicidad.

Como exigencias de éste, se tiene que en el plano teórico, la tipicidad se desenvuelve mediante la previsión explícita de los hechos constitutivos de la infracción y de sus consecuencias represivas en la norma legal; pero, en el terreno de la práctica, la anterior exigencia, conlleva así mismo “la imposibilidad de calificar una conducta como infracción o sancionarla si las acciones u omisiones cometidas por un sujeto, no guardan perfecta similitud con las diseñadas en los tipos legales(17)”.

Así las cosas, decir que la conducta de un sujeto es típica, implica que existe una perfecta adecuación de las circunstancias objetivas y personales determinantes de la ilicitud y de la imputabilidad, debiendo rechazarse cualquier tipo de interpretación extensiva, analógica o inductiva. De ahí que el acto administrativo sancionador ha de atender al análisis del hecho concreto, de su naturaleza y alcance, para apreciar si la existencia del ilícito administrativo perseguido es o no subsumible en alguno de los supuestos/tipo de infracción previstos en la ley, porque la calificación de la falta —referida a actos u omisiones concretos— no es facultad discrecional de la administración, sino, propiamente actividad jurídica de aplicación de normas que exige, como presupuesto objetivo, el encuadre o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente.

De acuerdo con lo anterior, la ausencia de determinación normativa de los elementos constitutivos de la infracción y de la sanción administrativa (falta de tipicidad), acarrea la impunidad de las conductas que sean o vayan a ser objeto de un procedimiento sancionador.

La falta de tipicidad puede darse, no solo porque una conducta no está de ninguna manera prevista como falta en la ley sino además porque, por ejemplo, el comportamiento del sujeto pasivo del procedimiento, se asemeja en mayor o menor medida a un tipo punitivo (falta disciplinaria) preestablecido, mas no se identifique claramente con él, supuesto en el cual la sanción se hace improcedente.

Finalmente, se resalta que los dos principios antes enunciados, como expresiones del derecho fundamental al debido proceso, le brindan seguridad jurídica a los ciudadanos en general y a los servidores públicos en particular, pues unos y otros deben saber de antemano qué tipo de conductas son prohibidas, y cuáles son reprochables y por ende acreedoras de sanción. En otras palabras, los administrados tienen derecho a tener claridad sobre los comportamientos que el ordenamiento jurídico considera como faltas y a saber por qué tipo de conductas pueden ser sancionados, de forma tal que de manera sorpresiva, no sean condenados por acciones y omisiones que no les eran reprochables, por no existir una norma que las tipifiquen.

La tipicidad de la conducta en el caso concreto.

Con el objeto de resolver el cargo planteado, nótese que el verbo rector de la falta disciplinaria imputada al actor, establecida en el numeral 2º del artículo 48 de le Ley 734 de 2002, es “obstaculizar”, definido por la Real Academia Española así:

“1. tr. Impedir o dificultar la consecución de un propósito(18)”.

En el sub lite, la actuación del señor Juan Carlos Camero Flórez al no velar por la protección del lugar en el que fue encontrado en cadáver, omitiendo asegurar, aislar y custodiar la escena del crimen, sin dar aviso ni gestionar la comparecencia de la unidad judicial para la respectiva inspección técnica del cuerpo del occiso, y para que se adelantaran las labores investigativas penales pertinentes; impidió, dificultó u obstaculizó en forma grave las pesquisas a cargo de las autoridades jurisdiccionales o administrativas competentes.

En ese orden de ideas, de cara a la falta contenida en el numeral 2º del artículo 48 del CDU, advierte la Sala que no se exige legalmente para la configuración de la falta, la existencia previa de alguna investigación por parte de las autoridades competentes, como equivocadamente lo afirma el demandante.

Así, entonces, la conducta del actor es típica, en tanto que se adecúa perfectamente a la descripción normativa que se le atribuyó en el primer cargo.

Adicionalmente, la misma es de carácter gravísimo, pues así lo establece la ley, y fue cometida a título de dolo, tal como se acreditó en el trámite administrativo.

Por la misma vía argumentativa, la Sala descarta las causales de desviación de poder y falsa motivación que el demandante estima se configuraron cuando la entidad le impuso la obligación de defenderse frente a un cargo alejado de la realidad; toda vez se reitera, la falta endilgada se ajusta a las circunstancias fácticas, y coincide con la conducta cometida por el señor Camero Flórez, sin que él hubiese demostrado, como era su deber, la desviación de poder que adujo en la demanda.

Carece de sustento, por tanto, el argumento del demandante en este punto.

b. Principio de igualdad.

El señor Camero Flórez estima vulnerado su derecho a la igualdad, porque la Procuraduría General de la Nación le suministró un tratamiento idéntico a cada uno de los procesados, sin tener en cuenta que no tenían atribuidas las mismas funciones, ni desarrollaron las mismas conductas. Además, les impuso la misma sanción.

De otro lado, afirma que hubo un trato desigual, amañado y preferencial frente al grupo de policiales que participaron en el operativo y que tenían el deber de actuar y no lo hicieron, pues fueron ellos quienes dejaron de cumplir con las funciones que la ley y el reglamento les exigían para estos casos. La Procuraduría General de la Nación abusó de su poder al no vincular a quienes realmente participaron en el operativo.

Adicionalmente, el actor cuestiona la decisión de archivar el proceso respecto del patrullero Carlos Andrés Galarza Adarbe, estimándola discriminatoria, y con ello transgredió lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 1015 de 2006(19).

Respecto del derecho general a la igualdad, como lo denomina el filósofo del derecho Robert Alexy, se distingue un mandato en la aplicación del derecho que vincula a los órganos que aplican el derecho pero no al legislador y, un mandato de igualdad en la formulación del derecho que vincula al legislador. El criterio del destacado profesor Alemán, el primer mandato “exige que toda norma jurídica sea aplicada a todo caso que cae bajo su supuesta de hecho y a ningún caso que no caiga bajo él(20)”.

Por su parte, el principio general de igualdad dirigido al legislador, “no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todos deban ser iguales en todos los respectos(21)”.

De otra parte, la igualdad entendida como principio, representa “uno de los pilares de toda sociedad bien organizada y de todo estado constitucional(22)” e impone al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos(23).

Ahora bien, respecto del derecho a la igualdad en el caso concreto, que a juicio del demandante fue vulnerado por la Procuraduría General de la Nación, considera la Sala, con fundamento en las pruebas allegadas al plenario, que no le asiste la razón al actor por las siguientes razones:

• Si bien los funcionarios que fueron vinculados a la investigación disciplinaria no ostentaban la misma jerarquía dentro de la Policía Nacional y muy seguramente tampoco desempeñaban funciones idénticas, los tres obstaculizaron las investigaciones judiciales y administrativas derivadas del hallazgo del cadáver, al no garantizar, como era su deber, la cadena de custodia en el lugar de los hechos, impidiendo que las autoridades competentes arribaran al lugar para adelantar las pesquisas del caso.

Adicionalmente, con su conducta incumplieron los deberes más elementales que se predican de quienes integran la Policía Nacional, pues no registraron las novedades relacionadas con el cuerpo del occiso, omitieron adelantar las diligencias previas al procedimiento correspondiente a la autoridad judicial competente; y no rindieron los informes a sus superiores.

En ese orden, comoquiera que los implicados tenían la custodia del sitio en el que fue hallado el cadáver, asumieron las responsabilidades derivadas de esa circunstancia, pues ordenaron retirarse del lugar a los uniformados que habían llegado previamente. Sin embargo, los procesados incumplieron el deber de asegurar la cadena de custodia, y los demás enunciados con anterioridad, por lo cual fueron declarados responsables disciplinariamente.

No es cierto, por tanto que se haya desconocido el derecho a la igualdad, si se considera que a pesar de tener distintos cargos al interior de la Policía Nacional; el mayor Jhon José Salazar Peláez, el capitán Juan Carlos Camero Flórez y el subteniente Javier Velásquez Garay, incurrieron en las mismas faltas y, por ende, fueron acreedores de las mismas sanciones.

• En relación con los uniformados que llegaron antes a la escena de los hechos, es claro para la Sala que merecían un tratamiento distinto, pues ellos se retiraron del sitio del hallazgo ante la orden de sus superiores, quienes quedaron a cargo de la custodia del lugar y asumieron, en consecuencia, el deber de realizar los procedimientos correspondientes.

Así entonces, se presentó una situación diferenciadora que impedía tratar a “quienes participaron del operativo”, de manera igual a los procesados, toda vez que fueron los últimos quienes procedieron irregularmente.

• Tampoco hubo un tratamiento discriminatorio que favoreció al patrullero Carlos Andrés Galarza Adarbe, pues como bien lo consideró la Procuraduría General de la Nación, ese funcionario está amparado por la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, puesto que realizó la conducta “en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales”, cuando se retiró del lugar de los hechos.

A contrario sensu, el actor incurrió en las faltas que se le endilgaron, sin que respecto de él pueda predicarse una causal eximente de responsabilidad. Es por ello que los señores Camero Flórez y Galarza Adarbe no podían ser tratados de la misma manera.

La Sala advierte, además, que la Procuraduría General de la Nación no desconoció las disposiciones contenidas en los artículos 28 y 29 de la Ley 1015 de 2006, las cuales prevén:

“ART. 28.—Noción. Orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.

“ART. 29.—Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la violación de la Constitución Política, la ley, las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores.

“PAR.—Si la orden es ilegítima, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta”.

Comoquiera que en este caso la orden de retirarse, emitida por el señor Camero Flórez fue legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función: el patrullero no tenía el deber de desobedecerla y en consecuencia, se estructuró —respecto de Galarza Adarbe— la causal establecida en el numeral 3º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala no encuentra violación alguna al derecho a la igualdad.

c. Antijuricidad.

A juicio del demandante, la Procuraduría General de la Nación transgredió el artículo 5º de la Ley 734 de 2002, según el cual “la falta es antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna” lo anterior porque esa Entidad lo investigó y sancionó por una conducta que no cometió pues no estaba dentro de sus funciones.

A efectos de determinar si le asiste o no la razón a la parte actora, es oportuna la referencia a la naturaleza del derecho disciplinario, el cual se justifica en la necesidad de asegurar el cumplimiento de los principios y fines que deben orientar el ejercicio de la función pública (C.P., art. 209(24)), de meridiana importancia para el adecuado funcionamiento del Estado.

La mencionada rama del derecho está integrada por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. “En este sentido y dado que las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición do deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública(25) (negrillas y subrayas de la Sala).

En ese orden de ideas, reiterando lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia que se viene citando, la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la Administración pública, es necesario garantizar de manera efectivala observancia juiciosa de los deberesde servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas(26) (negrillas y subrayas de la Sala).

Así entonces, para que exista antijuricidad en el derecho disciplinario, basta que se verifique el incumplimiento del deber por parte del servidor público, y la ausencia de alguna causal de exclusión de responsabilidad.

El artículo 5º de la Ley 734 de 2002, lo establece de ese modo, al preceptuar:

“La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”.

Como se advierte de lo anterior, la antijuricidad, como elemento estructural de la responsabilidad, es distinta en los ámbitos disciplinario y penal. Mientras que en el último se exige la vulneración material a un bien jurídicamente tutelado, en materia disciplinaria la Ley se orienta a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(27). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(28).

Cabe precisar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948 de 2002, estudió la exequibilidad del artículo 5º del Código Disciplinario Único, declarándolo ajustado a la carta política. En esa oportunidad, puntualizó:

“(…)

La norma traduce la adopción por el legislador de una postura clara a favor de la autonomía del derecho disciplinario en materia de determinación de la antijuricidad de las conductas que dicho derecho sanciona frente a las categorías propias del derecho penal.

(…)

(...) Las normas disciplinadas tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tienea su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entoncesnecesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad delas conductas que se reprochan por la ley disciplinada. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el gire se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ancle contra sus fines, lo que se encuentra el origen de laantijuricidad de la conducta.

(…)

Dichocontenido sustancial remite precisamente ala inobservancia del deber funcional quepor misma altera el correcto funcionamiento delEstado yla consecución de sus fines (negrillas y subrayas fuera del texto).

En términos aún más relevantes para el caso que se estudia, y siguiendo reciente jurisprudencia de esta corporación(29), la valoración de la lesividad de las conductas que se han previsto como faltas disciplinarias frente al servicio público, es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio de antijuridicidad material o lesividad de las conductas reprochadas —juicio que ya ha sido realizado por el legislador—, sino efectuar un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual, se presume, genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la función pública encomendada al servidor disciplinado.

De lo expuesto hasta aquí, concluye la Sala que para que una conducta sea antijurídica en el ámbito del derecho administrativo sancionador, basta verificar el incumplimiento sustancial del deber funcional, teniendo en cuenta que la inobservancia de tal deber, altera por sí misma el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines.

La antijuricidad en el caso concreto.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que, como Entidad del Estado están asignadas a la Policía Nacional, es claro que el actor incumplió con sus deberes, pues lejos de procurar y facilitar las investigaciones judiciales derivadas de presuntas conductas delictivas, obstaculizó e impidió adelantar las pesquisas, circunstancia contraria al servicio, a los fines de la institución, a los principios de deben orientar el ejercicio de le función pública, y también a los fines del Estado.

En efecto, se acreditó en sede administrativa que el demandante incurrió en las conductas que se le imputaron, las cuales suponen de suyo la infracción de los deberes que debía cumplir, tal como fue ampliamente expuesto en los Fallos do primera y segunda instancia.

En consecuencia, las conductas por las cuales el señor Camero Flórez fue sancionado, son antijurídicas, pues desconoció su deber funcional sin justificación alguna, máxime si se considera que la Policía Nacional es una entidad instituida entre otras cosas, para combatir el crimen, velar por la seguridad ciudadana y proteger el interés general.

Se reitera que cuando el demandante ordenó a los patrulleros retirarse del lugar en que se encontró el cadáver, asumió la responsabilidad de adelantar todos los trámites y procedimientos que correspondían para facilitar la posterior investigación de la muerte, pero en el plenario se acreditó que, contrario a ello, el actor obstaculizó e impidió el adecuado funcionamiento del aparato jurisdiccional, circunstancia que merece total reproche.

En ese orden de ideas, no puede prosperar el cargo que se analiza.

Finalmente, se precisa que no se encontró probada ninguna excepción. En consecuencia, la innominada o genérica formulada por la Procuraduría General de la Nación, será desestimada.

De las anteriores consideraciones esta Subsección concluye que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos que demandó, ni se acreditó alguna causal que los vicie de nulidad, razón por la cual no pueden prosperar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. INHIBIRSE para efectuar un pronunciamiento de fondo respecto del Decreto 4202 de 3 de noviembre de 2011, expedido por el Ministro de Defensa Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Carlos Camero Flórez contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, y Nación - Procuraduría General de la Nación, por las consideraciones expuestas en el presente fallo.

Cópiese, notifíquese y, una vez ejecutoriada esta sentencia, archívense las diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(14) En un caso similar a este la Sala se declaró inhibida para estudiar la legalidad del acto ejecución, al considerar que el mismo era de mero trámite. Al efecto, ver la Sentencia de 7 de febrero de 2010, proferida dentro del expediente 2452 de 2010, demandante: César Augusto Garzón Loaiza. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. En igual sentido, el falla de 26 de julio de 2012, exp. 110010325000200900131 00. Nº interno: 1903-2009. Actor: Luis Alberto Quevedo Arias, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.

(15) Visible a folios 45 a 64 del cuaderno principal del expediente.

(16) José Garberi Llobregat, “El Procedimiento Administrativo Sancionador” editorial Tirant lo blanch (tratados), Valencia (España) 1998.

(17) Ibídem.

(18) Diccionario de la Real Academia Española, consultado el viernes 1º de agosto de 2014, a las 9:00 am, en la siguiente página de internet: http://lema.rae.es/drae/?val=obstaculizar.

(19) ART. 28.—Noción. Orden es la manifestación externa del suponer con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legitima, Iógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función.
“ART. 29.—Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a Ia violación de la Constitución Política, Ia ley, las normas institucionales o las órdenes legítimas superiores.
“PAR.—Si la orden es ilegítima, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta.

(20) ALEXY, Robert. “Theorie Der Grundrechte”. Suhrkamp-Velag. 1986. Versión Castellana de GARZÓN VALDÉS, Ernesto. “Teoría de los derechos fundamentales”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993, p. 382.

(21) Ibídem, p. 385.

(22) BERNAL PULIDO, Carlos. “El derecho de los derechos”. Universidad Externado de Colombia. Segunda reimpresión, septiembre de 2005. Bogotá D.C. pp. 257 y ss.

(23) De acuerdo con Carlos Bernal Pulido, este principio se expresa en cuatro mandatos i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios que cuyas situaciones no compartan ningún elemento común, iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero donde las similitudes sean más relevantes que las diferencias y, iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero donde las diferencias son mayores que las similitudes.

(24) ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones paro el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

(25) Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis, ya citada.

(26) Ibídem.

(27) Citando lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-948 de 2002, En reiterados pronunciamientos este tribunal ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “el derecho disciplinario comprende al conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “el código disciplinario único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el Iegislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, Ia eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicosen el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(28) Ver Sentencia C-373/02. M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.

(29) Similares consideraciones quedaron consignadas en sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proferida el 2 de mayo de 2013, dentro del expediente 11001-03-25-000-2010-00149-00 (1085-2010). Demandante: Edgar Ariosto Alvarado González. Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación. C.P. Gustavo E. Gómez Aranguren.