Sentencia 2012-00365/1162-2014 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicado: 730012331000201200365.01 (1162-2014)

Actor: Norma Constanza Villegas Rodríguez

Demandado: Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación E.S.E.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Anotación preliminar.

Debe recordarse que cuando el recurso de alzada lo interpone una sola de las partes, como en este caso, el juez de segunda instancia tiene limitada su competencia funcional no solo en virtud del principio de la non reformatio in pejus sino además por los motivos de inconformidad expresados por el recurrente respecto de la providencia objeto de censura. Es por ello que no basta con la mera interposición del recurso. Se necesita la sustentación con el objeto de definir las cuestiones sobre las cuales ha de conocer el juez de la apelación ya que los aspectos de la providencia que no sean recurridos adquieren firmeza y, por ende, son ajenos a la competencia del ad quem.

Respecto de la carga procesal de argumentación en materia del recurso de apelación la jurispridencia ha advertido lo siguiente(1):

“[...] Según el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, la finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que en análisis de su legalidad la confirme, revoque o modifique. De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente. La sustentación es la oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció. El marco conformado por la sentencia y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda instancia. Como lo señaló la jurisprudencia citada, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra de la decisión. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el demandante no controvirtió ninguno de los argumentos que motivaron la decisión de primera instancia [...]”(2) (negrilla fuera de texto).

En otra oportunidad, sobre la exigencia procesal de congruencia del recurso de alzada con la sentencia dictada en primera instancia y su eficacia procesal, el Consejo de Estado sostuvo lo siguiente:

“[...] Esta Sala con ponencia de este despacho(3) sostuvo la siguiente tesis, que es aplicable al sub iudice:

“Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente, por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por el legislador relacionados con su oportunidad y procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del fracaso del recurso de apelación, requisitos que dentro del Procedimiento Contencioso Administrativo quedaron consignados dentro de los artículos 181 y 212 del Código Contencioso Administrativo.

Pero no sólo resulta necesario que el recurso de apelación se ejerza dentro de la oportunidad procesal pertinente sino que se encuentre debidamente sustentado, pues ello determina la eficacia del mismo, delimitando además el alcance del poder decisorio del juez de segunda instancia, que se circunscribe a los puntos contenidos dentro del mismo.

En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no solamente deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho o interés en discusión, sino además los motivos de inconformidad en concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior demanda desde luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo la finalidad y objeto mismo de la segunda instancia. [...] 

Lo anterior, sin duda alguna hace que el recurso carezca de fundamento jurídico para ser analizado por la Sala, en ausencia de un punto real de controversia respecto del fallo del a quo. 

Aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual se le dio el impulso procesal correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del mismo y en estas condiciones, carece la Sala de elementos que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el tribunal expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico adoptado.

En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial” [...]” 

Con lo anterior queda claro que el recurrente en apelación tiene la carga de exponer las razones por las cuales la decisión proferida en primera instancia debe ser modificada total o parcialmente como quiera que la labor del ad quem consistente en analizar los eventuales yerros en que haya incurrido aquella no es oficiosa sino que debe circunscribirse a lo manifestado por la parte disidente.

En el sub lite, se observa que la parte recurrente tan solo manifestó su inconformidad en lo que respecta a la titularidad de la carga probatoria, de la que sostuvo que correspondía a la parte demandada acreditar lo relativo a la disponibilidad presupuestal, motivo suficiente para que el debate que se lleve en esta instancia se circunscriba a este aspecto. Por el contrario, la Sala entiende que las disquisiciones realizadas por el a quo con relación al Decreto 980 de 1998 y la forma en que debe ser entendido no suscitaron la inconformidad del demandante pues sobre este asunto la argumentación fue nula, lo que impide a esta judicatura hacer un estudio de fondo sobre el particular.

Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se resume en la siguiente pregunta:

¿La entidad demandada tenía la carga de la prueba para acreditar la disponibilidad presupuestal de que gozaba en la vigencia de 1998 a efectos de realizar el correspondiente incremento de la asignación básica mensual de sus empleados?

Con el propósito de darle respuesta, la Sala abordará lo relativo a la carga de la prueba y la posibilidad de que esta sea aplicada en forma dinámica, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código General del Proceso, para posteriormente analizar el caso concreto.

(i) Carga de la prueba.

Lo primero que debe señalarse, es que el hecho de que este principio procesal se enmarque en la categoría de carga, implica que se trata de una situación en la que, por mandato legal, se exige la realización de determinada conducta, normalmente en interés de la parte a la que se le impone la carga, so pena de sufrir una consecuencia desfavorable en materia procesal que, según el caso, puede llegar a tener una amplísima transcendencia en lo sustancial. En otras palabras, aunque el cumplimiento de la carga es facultativo ya que no puede ser exigido por ninguno de los sujetos procesales, su no satisfacción supone, para la parte a quien correspondía, asumir los efectos negativos de su omisión.

En materia probatoria, el contenido de la carga impone a su destinatario la necesidad de acreditar las afirmaciones con base en las cuales sus intereses, como parte procesal, estarían llamados a prosperar. Lo anterior, se proyecta de tres formas: la primera de ellas, conlleva a que la parte demandante deba ofrecer prueba de los hechos en que funda sus pretensiones; la segunda, a que la parte demandada deba acreditar los hechos en que basa los medios exceptivos que propone y, por último, a que, si el demandante no acredita los elementos fácticos que soportan su petitum, la parte demandada debe ser absuelta.

El onus probandi, como se le conoce en latín, se encuentra consagrado en el inciso 1º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes términos:

“[...] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. [...]”

A pesar de que la disposición, en principio, supone que quien pretenda beneficiarse de una determinada consecuencia jurídica debe acreditar el supuesto fáctico que da lugar a la misma, sin contemplar excepción alguna, hoy en día se entiende que, en un Estado social de derecho, el juez no puede ser concebido como un autómata que aplica ciegamente la literalidad de la norma sino que, partiendo de la base de que a él se le encomendó el amparo de los valores, principios y derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, le es dado reasignar la carga en cuestión al sujeto procesal que, según las circunstancias de cada caso, se encuentre en mejores condiciones de probar los hechos controvertidos.

Así pues, aunque el tenor literal del artículo .177 del Código de Procedimiento Civil no previó la redistribución de la carga de la prueba, esta es posible a partir de una lectura armónica de la norma de cara a la Constitución de 1991, última que permite nutrir su contenido en aras de satisfacer postulados como la primacía del derecho sustancial sobre el formal, la igualdad entre las partes y el derecho de tutela judicial efectiva. De esta forma, en el Estado social de derecho se potencializa el rol del juez y, por consiguiente, se exacerban los poderes de que dispone en aras de lograr la adecuada dirección del proceso, siendo una de tales manifestaciones la facultad que tiene de modificar la distribución de la carga de la prueba según la capacidad probatoria que tenga cada una de las partes en el caso concreto.

Esta atribución jurisdiccional, que hasta la expedición del Código General del Proceso no tuvo consagración legal, fue desarrollada bajo el nombre de la teoría de las cargas dinámicas y tuvo como sustento la realización de principios y valores constitucionales como el de solidaridad, igualdad, lealtad y buena fe procesal. Todos ellos sirvieron de fundamento para que la jurisprudencia de esta corporación y la de la Sala civil de la Corte Suprema de Justicia(4), principalmente en asuntos de responsabilidad por la prestación del servició médico, realizara una construcción teórica en torno a esta figura.

Particularmente en el Consejo de Estado, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil, la aplicación de la carga de la prueba y la posibilidad de redistribuirla por el juez tuvo una evolución marcada por la asunción de diferentes posturas. Así, hacia 1990, se empezó a sostener que en materia de responsabilidad médica debía presumirse la falla del servicio, lo que implicaba que la diligencia y cuidado tenía que probarse por la parte demandada(5).

Esta posición tuvo una leve variación en 1992, cuando en Sentencia del 30 de julio de este año (Exp. 6897), con ponencia del doctor Daniel Suárez Hernández, la sección tercera de la corporación señaló que esta presunción de falla del servicio constituía la regla general y operaba con fundamento en la mayor facilidad que representaba para el personal médico demandado, acreditar las cuestiones relativas a la prestación del servicio. Sobre el particular indicó la providencia:

“[...] Por norma general le corresponde al actor la demostración de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones médicas, especialmente quirúrgicas. Los médicos podrán exonerarse de responsabilidad y con ello los centros clínicos oficiales que sirven al paciente, mediante la comprobación, que para ellos es más fácil y práctica, de haber actuado con la eficiencia, prudencia e idoneidad requeridas por las circunstancias propias al caso concreto permitiéndole al juzgador un mejor conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas y motivos que llevaron al profesional a asumir determinada conducta o tratamiento [...]”

Ya en el año 2000, se consideró que la presunción de falla del servicio no debía aplicarse en forma generalizada sino responder a la casuística, lo que suponía que fueran las circunstancias de cada controversia las que determinaran si había o no lugar a la reasignación de la carga de la prueba.

“[...] no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas y científicas. Habrá que valorar en cada caso, si estas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio [...]”

La aplicación de ese enunciado resultó de gran complejidad en la práctica debido a la oportunidad procesal en que el juez debía decidir lo relativo a la reasignación de la carga probatoria. Se sostuvo enfáticamente que la sentencia no podía ser el acto procesal en el que se definiera tal cuestión toda vez que ello sería sorprender a quien en principio estaba exento de dicha carga imponiéndosela en un momento en que no tenía posibilidad alguna de cumplirla, lo que evidentemente constituye una violación flagrante al derecho de defensa y, por ende, al debido proceso. Por tal motivo, se dijo que el juez debía pronunciarse al respecto en el auto de decreto de pruebas, solución que tampoco fue plenamente satisfactoria porque se consideró que cuando se profiere esta providencia se está en una etapa procesal muy prematura, en la que el juez no cuenta con todos los elementos de juicio requeridos para hacer una adecuada distribución de la carga probatoria.

Mediante Sentencia del 31 de agosto de 2006(6), el Consejo de Estado decidió volver al régimen de la falla probada del servicio debido a la complejidad en la práctica de la ciencia médica y lo difícil que resultaba el tema probatorio para las entidades de salud por el amplio periodo que transcurre entre el hecho u omisión y la demanda, además del volumen de casos que maneja el personal médico.

Aunque el tema a partir del cual la jurisprudencia del Consejo de Estado desarrolló esta figura es ajeno al que compete a la sección, no lo es el concepto mismo de carga de la prueba, de su aplicación dinámica y las construcciones teóricas que se han realizado en torno a los mismos, circunstancia que justifica la pertinencia del estudio sobre dicha evolución jurisprudencial.

En el año 2012, al expedirse la Ley 1564 (Código General del Proceso) se plasmó por primera vez en el ordenamiento jurídico positivo y en forma expresa la carga dinámica .de la prueba como una excepción a la regla general que supone el onus probandi. Sobre el particular, el artículo 167 ibídem señala:

“ART. 167.—Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-086 de 2016, decidió de fondo la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra este artículo, más específicamente contra la expresión “podrá”, que indica que la redistribución de la carga de la prueba es una facultad del funcionario judicial más no un deber. Sobre el particular, concluyó que la disposición era exequible previas las siguientes consideraciones:

“[...] el legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios —algunos tal vez inimaginables—, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus” del juez para restablecerla.

[...]

Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez.

[...]

De esta manera, para la Corte es claro que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erige en un verdadero deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba. De hecho, para tal fin también se han diseñado diversos recursos y mecanismos de control al interior de cada proceso, e incluso excepcionalmente podrá hacerse uso de mecanismos extraordinarios como la acción de tutela, lo cual ha sido avalado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia constitucional.

[...]”.

A modo de conclusión, es posible afirmar que, en uno y otro estatuto procesal la regla probatoria general está dada por el onus probandi, conforme al cual “[...] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen [...]” y como excepción a dicha regla se encuentra, además de los hechos notorios y de las afirmaciones o negaciones indefinidas, la carga dinámica de la prueba para aquellos eventos en que el juez, analizando caso a caso la posición en que se encuentran las partes respecto de la capacidad probatoria que poseen, reasigna dicha carga.

(ii) Caso concreto.

Uno de los aspectos esenciales señalados en la sentencia recurrida, que no fue objeto del recurso de alzada, indica que:

“[...] es potestativo de la entidad accionada hacer la respectiva incrementación salarial, ya que ajustar el salario hasta el tope máximo como fue determinado en el Decreto 980, está condicionado a la posibilidad presupuestal que la entidad tenga, escenario en el cual no puede moverse, ya que, si la parte demandada no cuenta con los recursos necesarios para hacer un mayor incremento no puede predicarse que exista vulneración por no aplicar un tope que fue definido como una máxima, parámetros entre los cuales la entidad bien no puede superar [...]”.

En efecto, la Sala considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo del Tolima puesto que la redacción del artículo 2º del Decreto 980 de 1998 es clara al disponer que los montos allí establecidos corresponden a la “remuneración máxima” que se les permitía fijar a las entidades territoriales del sector salud como asignación salarial de sus empleados. Se desprende entonces que al tratarse de un tope máximo, tal remuneración podía oscilar entre otras cifras siempre y cuando se encontrase por debajo de aquel límite.

Posteriormente, la providencia describe lo que sí es objeto de inconformidad de la parte actora en la apelación, así:

“[...] Además, adviértase que del material probatorio recaudado en el proceso, no se observa que la parte interesada hubiera demostrado la capacidad económica con que la entidad accionada contaba para así mismo poder incrementar el salario hasta el tope máximo permitido [...]”.

Sobre este último aspecto la demandante disintió al considerar que “[...] a quien le correspondía acreditar la disponibilidad presupuestal era y es al Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación —Empresa Social del Estado— y no a la aquí demandante que solo le correspondía y le corresponde solicitar el reajuste salarial, como lo hizo [...]”.

Al respecto, estima la Sala que no le asiste razón a la recurrente porque como se explicó, la regla general en materia probatoria es el onus probandi, que le imponía a la señora Norma Constanza Villegas Rodríguez la carga de acreditar los hechos en que basaba sus pretensiones, entre ellos, la disponibilidad presupuestal que tenía la entidad demandada para la vigencia de 1998 y, de no hacerlo así, la necesidad de asumir como consecuenciadesfavorable la absolución del Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación E.S.E., como en efecto sucedió.

Ahora bien, se excluye la aplicación excepcional de la carga dinámica de la prueba porque el a quo, ni de oficio ni a solicitud de parte, previó que la misma tuviera lugar, lo que no puede pretenderse ante esta corporación si se tiene en cuenta que la parte actora gozó de la posibilidad de solicitar dicha prueba en las distintas oportunidades procesales dispuestas en la primera instancia y no dirigió ni el más mínimo esfuerzo al cumplimiento de dicho fin, pero principalmente porque, habiendo fenecido todas las posibilidades de la entidad hospitalaria para allegar la prueba en cuestión, la exigencia de la misma sería completamente sorpresiva y, por lo tanto, nugatoria de su derecho de defensa y debido proceso, lo que explica con suficiencia la imposibilidad de acceder a las súplicas de la apelante.

En conclusión, el Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación E.S.E. no tenía la carga de probar lo relativo a la disponibilidad presupuestal de que gozaba en la vigencia de 1998 a efectos de realizar el correspondiente incremento de la asignación básica mensual de sus empleados.

Decisión de segunda instancia:

Por lo expuesto la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Tolima, que denegó las pretensiones de la demanda.

No habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (art. 171 del CCA, modificado por el art. 55 de la L. 446/98).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia proferida el 3 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Tolima dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Norma Constanza Villegas Rodríguez en contra del Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación E.S.E.

2. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”:

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Sobre la finalidad del recurso de apelación ver sentencias del H. Consejo de Estado sección cuarta de 18 de marzo de 2001, Rad. 13683, M.P. Juan Angel Palacio Hincapié y 25 de septiembre de 2006, Rad. 14968, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) C.E., sección cuarta, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 4 de marzo de 2010, Rad. 25000-23-27-000-1999-00875-01 (15328).

(3) N.I. 1645-08, actor: Gladys Stella Hernández Acevedo.

(4) Uno de los pronunciamientos más destacados en la materia está dado por la Sentencia del 30 de enero de 2001 (Exp. 5507) proferida con ponencia del doctor José Fernando Ramírez Gómez, en la que se señaló que “[...] Aunque para la Corte es claro que los presupuestos de la responsabilidad civil del médico no son extraños al régimen general de la responsabilidad (un comportamiento activo o pasivo, violación del deber de asistencia y cuidado propios de la profesión, que el obrar antijurídico sea imputable subjetivamente al médico, a título de dolo o culpa, el daño patrimonial o extrapatrimonial y la relación de causalidad adecuada entre el daño sufrido y el comportamiento médico primeramente señalado), y que en torno a ese panorama axiológico debe operar el principio de la carga de la prueba (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil), visto con un sentido dinámico, socializante y moralizador, esto es distribuyéndola entre las partes para demandar de cada una la prueba de los hechos que están en posibilidad de demostrar y constituyenfundamento de sus alegaciones, pues éste es el principio implícito en la norma cuando exonera de prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, precisamente por la dificultad de concretarlas en el tiempo o en el espacio, y por ende de probarlas, resulta pertinente hacer ver que el meollo del problema antes que en la demostración de la culpa, está es en la relación de causalidad entre el comportamiento del médico y el daño sufrido por el paciente [...]” (subrayas fuera del texto).

(5) Sentencia del 24 de octubre de 1990 (Exp. 5902).

(6) Expediente 15772, sección tercera, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esta oportunidad se dijo: “[...] La presunción de la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el alea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la demostración de todos los actos en los que éste se materializa. En efecto, no debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio [...]”.