Sentencia 2012-00366/10104-22 de febrero 18 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201200366-01 (10104-22)

Aprobado según Acta de Sala Nº 10

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá D.C., dieciocho de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La calidad de abogado está demostrado con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que Einsinever Fontecha Díaz identificado con cedula de ciudadanía 86.051.840 y tarjeta profesional 131.550 está inscrito como profesional del derecho (fl. 20 c. o. primera instancia).

3. De la nulidad.

Conforme a lo reglado en el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, la declaratoria de nulidad de la actuación procede por i) la falta de competencia, ii) La violación del derecho de defensa del disciplinable, y iii) La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Así las cosas, sería del caso que la Sala entrara a pronunciarse respecto de la sentencia apelada el día 4 de julio de 2014 por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Meta, de no ser porque se advierte la existencia de una circunstancia invalidante de la actuación que vulnera el debido proceso, cuya declaración se impone en aras de la preservación de este derecho fundamental. Veamos.

Encuentra esta colegiatura, que en la audiencia celebrada el 20 de marzo de 2014, se profirió pliego de cargos contra el abogado Einsinever Fontecha Díaz, por la presunta incursión en la falta prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, no obstante, revisada la actuación se advierte la vulneración del debido proceso del disciplinable por incongruencia de la sentencia con los cargos formulados a éste.

En efecto, señala esta colegiatura que el seccional de instancia al efectuar la calificación provisional de las diligencias, endilgó al abogado la comisión de la falta contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por la infracción a la falta de la debida diligencia profesional, pues a juicio del fallador de primer grado de las pruebas obtenidas (informes de los procesos tramitados e inspecciones judiciales realizados a éstos) se podía evidenciar que el disciplinado en los procesos radicados con números: 2010424, 2010-00041,2010-00041-01,2008-00295, 2011-00777, 2005-00704, 2007-00799, 2010-00777, 200200530 2010-00701 ,2007-00917, 2011-00195, 2007-00033, 2005-00908, 2007-00132, 2007-00777, 2008-0014, 200800479 y 2006-00618 tramitados en los distintos estrados judiciales de la ciudad de Villavicencio, descuidó y abandonó la gestión encomendada por su cliente, como tampoco rindió informes sobre la evolución de los mismos (cd 4 record 00:01:45 a 00:20:47)

Pero además, los considerandos de la sentencia proferida por el seccional del Meta el 4 de julio de 2014, apuntan a la ratificación de los cargos, endilgándole además nuevos hechos acontecidos al interior de los radicados número: 200700799, 2010-0701, 2002-00530, 201100195, 20050098, 2007-132, 20080014, 2006-618 adelantados en los despachos civiles y laborales de Villavicencio, notándose ostensiblemente una incongruencia entre el pliego de cargos y el fallo sancionatorio, en relación con los distintos procesos por los cuales fue sancionado.

Al punto, es preciso indicar por la Sala, que la formulación del pliego de cargos se convierte en un antecedente vinculante frente al fallo de responsabilidad disciplinaria, el cual debe guardar estricta correlación con la imputación jurídica de la sentencia, de no ser así, se aceptaría de contera que al momento de proferir una decisión final el operador jurídico pudiese variar sin mayor recato, tanto los hechos materiales adecuados al tipo con una mera interpretación, como la imputación para reprochar una falta disciplinaria distinta.

Lo anterior significa que, tanto el pliego de cargos como la sentencia tienen una estrecha relación vinculante y de inmutabilidad jurídica, salvo las excepciones legales consagradas en el estatuto deontológico de los abogados, las cuales pueden realizarse siempre con la observancia de las garantías sustanciales disciplinarias.

En este orden de ideas, el fallador está en la obligación de verificar que la situación fáctica se adecúe a los presupuestos típicos de la falta y viceversa, en tanto los hechos deben versar con identidad frente al juicio de adecuación legal.

En efecto, respecto de la conducta enrostrada al jurista Fontecha Díaz, se aprecia una incongruencia de carácter fáctico entre la conducta imputada en el pliego de cargos y la conducta por la cual se profirió sentencia sancionatoria en su contra, tal y como se explicó en precedencia.

Al respecto, se ha considerado que esta conducta implica la nulidad por afectación al debido proceso del investigado, pues cuando los cargos atribuidos en el pliego de cargos no tienen coherencia con los cargos por los cuales se sanciona, se cercena el principio de legalidad, por cuanto es a partir de los cargos imputados, que se edifica el juicio de reproche.

Por lo anotado, se invalidará la sentencia proferida por la Sala de instancia, regresando el proceso al consejo seccional de origen, a efectos de rehacerse la actuación en debida forma, con la mayor celeridad posible, de manera tal que se garanticen al abogado Einsinever Fontecha Díaz, el derecho al debido proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de atribuciones constitucionales y legales.

RESUELVE:

1. DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado desde el pliego de cargos efectuado en la audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el día 20 de marzo de 2014, inclusive, dejando a salvo las pruebas aportadas legalmente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta proveído.

2. Remítase el expediente a la colegiatura de instancia para que rehaga las diligencias respetando el debido proceso conforme a las consideraciones y derroteros aquí planteados.

Notifíquese y cúmplase».