Sentencia 2012-00366 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Radicación: 19001-23-33-000-2012-00366-01 [20387]

Actor: Peña Stadlin Ltda

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Sanción por no presentar información exógena – 2007

Fallo

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso se discute la legalidad de la actuación mediante la cual se impuso sanción por no enviar información en medios magnéticos, correspondiente al periodo gravable 2007 a cargo de Peña Stadlin Ltda.

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar i) si prescribió la facultad sancionatoria de la DIAN y (ii) la proporcionalidad de la sanción.

Prescripción de la facultad sancionatoria

En relación con la forma de contabilizar el término de prescripción de la facultad sancionatoria de la administración tributaria, se advierte que esta Sala se pronunció frente a una controversia similar, entre otras, en la sentencia del 21 de agosto de 2014, Exp. 20110(11), posición que se acogerá en lo pertinente.

El artículo 638 del estatuto tributario regula la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración tributaria, de la siguiente manera:

“ART. 638.—Prescripción de la facultad para imponer sanciones. <Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 6ª de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondientes, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del estatuto tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar” (resaltado fuera de texto).

Como se ve, la prescripción establecida en el artículo 638 del estatuto tributario dispone un plazo de dos años, contados a partir de la presentación de la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del período en el que ocurrió la irregularidad sancionable, para proferir el pliego de cargos dentro del proceso sancionatorio.

En esas condiciones, cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, la administración tributaria debe formular el pliego de cargos dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable, si ésta se vincula de manera directa con dicho año, o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas, so pena de que opere la prescripción de la facultad sancionatoria.

Si la “falta” no se vincula con un período gravable determinado, su referente será el año gravable en que ocurrió el hecho(12).

Así, el término de prescripción de la facultad sancionadora, cuando la conducta sancionable no se vincula a un período fiscal específico, el término comienza a correr desde la presentación de la declaración del año en el que se incurrió en el hecho irregular sancionable, como sucede, por ejemplo, por la omisión de suministrar información exógena en el plazo establecido.

Ahora bien, en el caso concreto, dentro del proceso se acreditó que mediante la Resolución Sanción 172412011000018 de 3 de febrero de 2011(13), confirmada por la Resolución 900.016 de 10 de febrero de 2012(14), la DIAN le impuso a la sociedad Peña Stadlin Ltda sanción por valor de $314.610.000, por el incumplimiento de la obligación de suministrar información en medio magnético.

La decisión de la DIAN se fundamentó en el artículo 651 del estatuto tributario, porque consideró que la demandante no suministró la información de que tratan los literales a), b), c), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario.

En estos casos, la administración de impuestos está autorizada, conforme con el artículo 631 ibídem, para requerir información a las personas, sean contribuyentes o no, con el fin de realizar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, sin perjuicio de las facultades de fiscalización e investigación otorgadas a esa entidad.

En virtud de dicha autorización, el Director General de la DIAN expidió la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007 por la cual estableció, para el año gravable 2007, el grupo de obligados a suministrar la información a que se refiere el artículo 631 del E.T. Asimismo, fijó el contenido y características técnicas para la presentación de la información y los plazos para la entrega de esta.

Según el literal a) del artículo 1º de la mencionada resolución, estaban obligados a presentar dicha información exógena, «las personas naturales, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006, hubieran superado los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000)».

Conforme con el artículo 18 de la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, el plazo para que los contribuyentes entregaran la información exógena del año gravable 2007, vencía el 4 de abril de 2008(15), teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT, que para el caso de la demandante es 800.189.141(16).

Ahora bien, es un hecho no controvertido por las partes que la demandante estaba obligada a suministrar la información exógena por el año gravable 2007, antes del 4 de abril de 2008 y que, no obstante, la actora no entregó la información dentro del plazo que tenía para ello, motivo por el cual incurrió en una de las infracciones sancionables del artículo 651 del estatuto tributario.

De acuerdo con lo anterior, cuando se trata del incumplimiento del deber de suministrar información exógena, como en este caso, para contar el término de dos años que tiene la administración para notificar el pliego de cargos, debe considerarse el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable y no la vigencia fiscal investigada(17).

Por lo anterior, en relación con la sanción por no suministrar la información requerida en el plazo fijado para ello, que es la que se analiza en el caso sub examine, el término de prescripción debe contarse a partir de la fecha en que el contribuyente presentó, o debía presentar, la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del año en el que venció el plazo fijado para entregar la información solicitada.

Se reitera, que en el presente caso la demandante incumplió el deber de suministrar información exógena por el año gravable 2007, la cual debió entregar hasta el 4 de abril de 2008 y no lo hizo, lo que implica que el hecho irregular sancionable ocurrió durante el año 2008, por lo que, el término de prescripción de la facultad sancionatoria se debía contar desde la fecha en la que la demandante presentó la declaración de renta por ese año gravable, esto es, desde el 24 de abril de 2009(18), tal como se observa en el sello de acuse de recibo de la entidad recaudadora(19).

Así las cosas, la DIAN tenía hasta el 24 de abril de 2011 para formular el respectivo pliego de cargos, y como dicho acto fue expedido el 23 de julio de 2010 y notificado el 28 de julio de 2010(20), no se configuró la prescripción de la facultad sancionatoria alegada por el demandante, respecto de la expedición del pliego de cargos.

Ahora bien, a juicio de la recurrente, los actos administrativos demandados son nulos, además, porque la DIAN no determinó ni probó el daño que le causó el incumplimiento de la obligación de presentar la información exógena solicitada, pues a pesar de que fue extemporánea, subsanó la omisión por la que fue sancionada.

De igual manera indicó que la demandada no aplicó los principios de gradualidad y proporcionalidad de la sanción, pues le impuso la sanción más alta, sin observar que tuvo una actitud colaboradora con la Administración.

Sobre este punto, la Sala advierte que el literal a) del artículo 651 E.T. establece que al momento de imponer la sanción por suministrar información extemporánea, puede aplicar una multa que tiene como límite máximo el 5% de las sumas respecto de las cuales se suministró tal información, en los siguientes términos:

«ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

[…]».

Como se advierte, la disposición en mención, utiliza la expresión «hasta» lo cual indica que permite a la administración graduar la sanción en un rango que va «hasta» del 5%, atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso.

En el presente caso, la DIAN en la resolución sanción aplicó el límite de imposición de 15.000 UVT establecido en el literal a) del artículo 651 del E.T, correspondiente al 5% del valor de la información no suministrada, por valor de $314.610.000, para lo cual tomó como base la suma de $8.578.723.000, que corresponde a los valores registrados en la declaración de renta del año gravable 2007.

La Administración, en la Resolución sanción, manifestó que, además de que la información fue entregada extemporáneamente, en uno de los periodos se presentó con error, por lo que no procede la graduación de la sanción en un porcentaje diferente al 5%.

En el pliego de cargos, la DIAN propuso imponer la sanción por no suministrar la información de que tratan los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario, para lo cual tomó como base los siguientes conceptos(21):

Formato NºNombre del formatoValor
1001Información de pagos o abonos en cuentas2.345.322.000
1002Información de retenciones en la fuente practicadas9.401.000
1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron18.979.000
1004Información de los descuentos tributarios solicitados0
1005Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado261.652.000
1006Información del impuesto sobre las ventas generado incluido el IVA recuperado en devoluciones 292.570.000
1007Información de los ingresos recibidos en el año2.461.967.000
1008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre209.393.000
1009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2007239.413.000
1010Información de socios y accionistas182.342.000
1011Información de las declaraciones tributarias2.557.684.000
1012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes0
Total 8.578.723.000
Porcentaje de la sanción5%
Total sanción $428.936.150

En el mismo acto, la demandada señaló que «De acuerdo con lo establecido por el literal c) del artículo 868 del estatuto tributario, el valor de la sanción pecuniaria se aproxima a la cifra de mil más cercana, por ser esta superior a la máxima establecida en el literal a) del art. 651 del E.T., se propone la máxima (15.000 UVT $20.974) quedando en la suma de $314.610.000.»

Dicha información fue determinada durante la investigación administrativa, conforme lo consignado en la declaración de renta del año gravable 2007, que no fue cuestionada por el demandante.

En ese orden, lo primero que se aclara es que la DIAN sí podía determinar la sanción con fundamento en las cifras consignadas en la declaración de renta señalada, que se refieren a los conceptos señalados en el artículo 631 del E.T. y en la Resolución 12690 de 2007.

En atención a la naturaleza de la información requerida, la Sala estableció que se trata de información cuantificable y que la sanción del artículo 651 del estatuto tributario se debe imponer hasta en el 5% <<…de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida>>. Al respecto, señaló(22):

<<Como se expuso en aparte precedente, mediante la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, la DIAN dispuso, entre otras obligaciones, que las personas naturales obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, cuando los ingresos brutos del año gravable 2006 fueran superiores a mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000), estaban obligadas a suministrar la información de que tratan los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del estatuto tributario, circunstancia en la que se encontraba el demandante según da cuenta la declaración de renta del año 2006 que obra en el folio 93.

En ese sentido, el señor Ruiz estaba en la obligación de suministrar, en medios magnéticos, esta información correspondiente al año 2007 (…).

7.4. De la relación hecha, para la sección es claro que la información solicitada por la DIAN era susceptible de ser cuantificada, en tanto se refiere a las retenciones en la fuente realizadas y que le practicaron al contribuyente, respecto de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, a los pagos o abonos que constituyen costo, deducción o dan derecho a impuesto descontable, a los ingresos percibidos, a los pasivos de cualquier índole, a los créditos activos, al patrimonio bruto, a los inventarios, a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, a las rentas exentas, y a los costos y deducciones solicitadas en la declaración de renta.

7.5. Bajo dicho supuesto fue que la administración tributaria, con fundamento en la información suministrada por el contribuyente en sus diferentes declaraciones, la que se presume veraz de conformidad con el artículo 746 del estatuto tributario, estableció una base, monto o valor de la información dejada de suministrar, de la siguiente manera: (…).

7.6. Dada la naturaleza de la información solicitada y la posibilidad de cuantificarla, no es posible imponerle al contribuyente la sanción por no suministrar información sobre la base de sus ingresos netos o su patrimonio bruto, como se solicita en la demanda y en el recurso de apelación, pues dicho supuesto no fue previsto por el legislador.

Por tal razón, tal como lo hizo la administración tributaria, era menester cuantificar la base sobre la que debería imponerse la sanción en atención a la información suministrada por el contribuyente en las respectivas declaraciones de IVA y renta>> (se resalta).

Por lo tanto, la administración podía establecer el valor de la información exigida con base en los valores reportados en las declaraciones tributarias del obligado, que en los términos del artículo 746 del estatuto tributario(23), gozan de presunción de veracidad. Por lo anterior, estaba facultada para imponer la sanción en un porcentaje de hasta del 5% de las sumas determinadas.

Se reitera, además, que el demandante no controvirtió que incurrió en el supuesto sancionatorio dispuesto en el artículo 651 del estatuto tributario por la entrega extemporánea de la información, ni tampoco demostró que las sumas sobre las que se debía determinar la sanción fueran diferentes a las utilizadas por la administración en los actos administrativos demandados, a pesar de que sobre él recaía la carga de la prueba.

Graduación de la sanción

No obstante lo anterior, la Sala considera que se debe graduar la sanción, por cuanto en el expediente está demostrado que el contribuyente suministró la información, por medio electrónico, el 12 de agosto de 2010, a través de los formularios 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 y 1012, correspondientes a la vigencia 2007(24).

Sobre la información suministrada de forma extemporánea, la Sala advierte que la administración no podía imponer el tope máximo de sanción previsto en el literal a) del artículo 651 del estatuto tributario, que establece un margen de aplicación de la sanción por no informar al señalar que será <<hasta del 5%...>>, preposición que indica un límite de graduación, en virtud de la cual puede aplicar porcentajes de liquidación entre el 0,1% y el 5%.

Ese margen de graduación le impone al funcionario el deber de aplicar la sanción en un porcentaje que se informe en los principios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad, mediante la observancia, entre otros aspectos, de la actitud de colaboración del contribuyente y del daño causado al Estado, tema que fue abordado por la Sala, así(25):

<<Si bien tanto la falta de entrega de información, como la entrega tardía de la misma, entorpecen por sí solas las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Es así, porque mientras la falta de entrega veda en magnitud considerable la oportunidad de la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalizaciónpero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

Esa medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente [8] para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquéllos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora.

Allegar la información dentro del término de respuesta al pliego de cargos es una extemporaneidad mesurable que, sin duda alguna, no sesgó de manera absoluta el poder de fiscalización y que, por mismo, tampoco ameritaba una sanción liquidada a la tarifa máxima que prevé el literal a) del artículo 651 del ET., independientemente de los eventuales errores que tuviere parte de ella, lo que dentro del presente proceso no se constató, pues si estos existían debían ventilarse en actuación administrativa independiente, por hecho sancionable distinto (el de suministro erróneo de la información) como bien lo indicó el a quo y lo ordena el parágrafo 3° del artículo 3° de la Resolución 11774 del 7 de diciembre de 2005, según se lee>> (se resalta).

Por lo anterior, sobre el valor de la información correspondiente a los formatos entregados el 12 de agosto de 2010, luego de la notificación del pliego de cargos, procede la graduación al 1% de valor de la información, pues tal circunstancia denota una actitud de colaboración del contribuyente.

No obstante, la Sala advierte que dentro del expediente no obra la información del formato 1004, por lo que se entiende que no fue entregada por el contribuyente, sin embargo, se observa que la administración, en la liquidación de la sanción en los actos demandados, dicha información tiene valor $0, por lo que no incide en la liquidación de la sanción.

Ahora bien, frente al argumento de la administración, relacionado con el hecho de que uno de los formatos presentados por la demandante (1007), contenía errores en la información, la Sala precisa que el supuesto de hecho que condujo a la expedición de los actos administrativos demandados es la omisión en el envío de la información dentro del plazo establecido para ello, respecto del cual procede la sanción reducida, sin que sea procedente endilgar una conducta diferente como es el envío de información con errores, para lo cual debe iniciarse una actuación administrativa diferente que permita el ejercicio del derecho a la defensa del contribuyente ante nuevos cuestionamientos.

En cuanto a la demostración del daño causado por la omisión en el envío oportuno de la información, la Sala advierte que la conducta del demandante le impidió a la administración practicar los estudios y cruces de información necesarios para el ejercicio del control de los tributos a su cargo y, por ello, el reporte oportuno de información es determinante para el ejercicio eficaz de las facultades de fiscalización tributaria.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, en el sentido de graduar la sanción impuesta en el 1% del valor de la información reportada en los formatos anteriormente referidos.

Por las razones expuestas, la Sala revocará el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cauca, en su lugar, anulará parcialmente los actos administrativos demandados, en el sentido de graduar la sanción impuesta en el 1% del valor de la información reportada en los formatos 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 10011 y 10012.

En consecuencia, la liquidación de la sanción quedará así:

Formato NºNombre del formatoValor
1001Información de pagos o abonos en cuentas2.345.322.000
1002Información de retenciones en la fuente practicadas9.401.000
1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron18.979.000
1004Información de los descuentos tributarios solicitados0
1005Información del impuesto sobre las ventas descontable y del impuesto sobre las ventas generado261.652.000
1006Información del impuesto sobre las ventas generado incluido el IVA recuperado en devoluciones 292.570.000
1007Información de los ingresos recibidos en el año2.461.967.000
1008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre209.393.000
1009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2007239.413.000
1010Información de socios y accionistas182.342.000
1011Información de las declaraciones tributarias2.557.684.000
1012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes0
Total
8.578.723.000
Porcentaje de la sanción
1%
Total sanción
$85.787.230

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: REVÓCASE la sentencia de 8 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva y, en su lugar:

Segundo: ANÚLANSE PARCIALMENTE las resoluciones 172412011000018 del 3 de febrero de 2011 y 900.016 del 10 de febrero de 2012, expedidas por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, FÍJESE como monto de la sanción por no enviar información por el año gravable 2007, la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($85.787.230), a cargo de la sociedad Peña Stadlin Ltda.

Cuarto: CONFÍRMASE en lo demás la sentencia recurrida.

ACÉPTASE la renuncia presentada por el doctor Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, para actuar como apoderado de la parte demandada (Fl. 71)

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

1 Fls. 51 a 66 c.a. 2

2 Fls. 67 a 113 c.a. 2

3 Fls. 115 a 128 c.a. 2

4 Fls. 129 a 141 c.a. 2

5 Fls. 170 a 176 c.a. 2

6 Fl. 41 c.a. 1

7 Fls. 90 a 101 c.a. 1

8 Fls. 129 a 146 c.a. 1

9 Fls. 149 a 166 c.a. 1

10 Fls. 21 a 24 c.a. 3

11 C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 9 de octubre de 2014, Exp. 20714, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

13 Fls. 115 a 128 c.a. 2

14 Fls. 170 a 177 c.a. 2

15 «ART. 18.—Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información solicitada en la presente Resolución, deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un Gran Contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica y asimilada o de una persona natural, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
[...].
Personas jurídicas y asimiladas y personas naturales:
Fecha Últimos Dígitos
[…]
Abril 04 de 2008 41 a 45
[...]»

16 Tal como fue registrado en el RUT Fl. 10 c.a. 2.

17 Sentencias de 11 agosto de 2000, C.P. Daniel Manrique Guzmán, Exp. 10156; de 17 de agosto de 2006, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp.14790; de 8 de noviembre de 2007, C.P. Ligia López Díaz, Exp.15600; de 26 de noviembre de 2009, C.P. William Giraldo Giraldo, Exp. 17435 y de 10 de julio de 2014, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Exp. 20161.

18 De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 4680 de 2008, el plazo para presentar la declaración de renta del año gravable 2008, de los contribuyentes con NIT terminado en 1, era el 24 de abril de 2009.

19 Fl. 45 c.a. 2

20 Fl. 51 c.a.2

21 Fl. 58 c.a. 2.

22 Sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 20446, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

23 <<Art. 746.—Presunción de veracidad.- Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija>>.

24 Fls. 67 a 91 c.a. 2.

25 Sentencia del 24 de octubre de 2013, Exp. 19454, M.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.