Sentencia 2012-00374 de octubre 29 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 08001-22-13-000-2012-00374-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

(discutido y aprobado en Sala de 29 de agosto de 2012)

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil doce.

Decide la Corte la impugnación formulada por el accionante respecto de la sentencia proferida el 17 de julio de 2012 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acción de tutela promovida el señor Jhonny Mercado Gonzáles contra el Juzgado Trece Civil del Circuito, trámite al que se vinculó al Juzgado Quinto Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad.

Antecedentes

1. Por conducto de apoderada judicial, el peticionario solicita la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra por el señor Edgardo Sanjuanelo Ortiz.

2. En apoyo de su solicitud, expresa que desde que el Juzgado Trece Civil del Circuito accionado asumió el conocimiento de las mencionadas diligencias, “incurrió en defecto procedimental”, pues creó y resolvió un conflicto de competencia con el despacho judicial vinculado, sin estar “legalmente facultado para ello”.

Indica que las excepciones previas que formuló mediante reposición contra la orden de pago, fueron resueltas de forma “incongruente”, además se confundió a quien “ostenta la calidad de girador y girado” así como los conceptos de cosa juzgada, “aceptación y no aceptación de los títulos valores objeto de recaudo”.

Agrega que dados los “yerros procedimentales” de la ejecución que censura, interpuso el citado recurso de reposición; recurrió el auto con el que se decretaron las medidas cautelares “por exceso de embargo de los bienes”; y solicitó la ilegalidad tanto de “la entrega de los oficios de las segundas medidas previas solicitadas” como de la “fijación en lista” de los recursos que propuso (fls. 1 a 3, cdno. 1).

3. Pide, por tanto, que se revoque el mandamiento de pago librado en el proceso de que se trata; que se ordene la terminación del mismo; que se levanten las medidas cautelares decretadas; y que se condene en costas a la parte demandante.

El fallo impugnado

El juez constitucional de primera instancia desestimó la protección solicitada con fundamento en síntesis, en que “hasta la fecha no ha existido el conflicto de competencia” referido por el actor “entre los juzgados Quinto y Trece Civil del Circuito de [esa] ciudad, además, [porque] no es posible que (...) [se] revise(n) o revoque(n) o modifique(n) determinaciones judiciales adoptadas en el marco de la función jurisdiccional, sin que en ellas se vislumbre(n) actuaciones caprichosas que eventualmente configurarían una vía de hecho” (fl. 166, cdno. 1).

La impugnación

El promotor del amparo recurrió el fallo memorado y pidió su revocatoria con sustento en que no contaba con recursos frente al mandamiento de pago y el auto que resolvió la reposición que propuso contra el mismo. Sostuvo que en esa última decisión, la autoridad judicial acusada “erró al considerar que los títulos valores presentados para formular la acción llenaban los requisitos (...) formales necesarios para tener la calidad de títulos ejecutivos”.

Por otra parte, advirtió que el objeto de la presente acción se limitaba a censurar el proveído que resolvió la reposición que presentó frente a la orden de apremio y no respecto de “los recursos de apelación pendientes de surtirse en segunda instancia”, como lo entendió el a quo (fls. 4 a 10, cdno. Corte).

Consideraciones

1. Se impone recordar, para dar inicio, que la acción de tutela es un mecanismo procesal especial, establecido por la Constitución Política de 1991 para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una vía sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.

También que, en línea de principio, el mecanismo no actúa respecto de providencias judiciales, salvo que se esté en frente del evento excepcional y extremo, respecto del que de tiempo atrás se ha dicho que puede tornar viable la acción de tutela, esto es “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador” (Sent. jul. 16/99, Exp. 6621).

2. En orden a resolver la demanda de tutela, es preciso señalar que del examen de las copias adosadas a esta actuación y de las contestaciones rendidas por los funcionarios judiciales accionados, se extrae el fracaso de la protección constitucional solicitada.

3. En primer lugar, porque la acusación relativa a la existencia de un conflicto de competencia entre los despachos judiciales convocados no tiene soporte fáctico, toda vez que de acuerdo con lo expresado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, este conoció de un proceso ejecutivo que el señor Edgardo Sanjuanelo Ortiz promovió en contra del peticionario para el recaudo de dos letras de cambio, asunto que terminó con auto de 2 de marzo de 2011, mediante el cual se revocó el mandamiento de pago allí librado por considerar que la reposición presentada por el ejecutado resultaba procedente, pues según esa oficina judicial, “no aparec[ían] aceptad[o]s por el demandado” los mencionados instrumentos de pago, así mismo, ordenó el desglose de los títulos y el archivo del expediente.

Posteriormente, esa autoridad judicial recibió otro proceso coactivo entre las mismas partes y con la radicación del que antes había conocido, por lo que remitió las diligencias a la oficina de reparto para que le asignara “un número (...) nuevo”, pero dicha dependencia resolvió remitir el asunto al Juzgado Trece Civil del Circuito accionado y aunque este le advirtió que el asunto ya había sido asignado al Juzgado Quinto, finalmente le asignó las diligencias a aquél para lo de su cargo, lo que muestra que “técnicamente no hubo un conflicto de competencia, sino un error de la oficina judicial en el reparto” (fls. 147 y 178, cdno. 1).

4. Ahora, revisado el material probatorio allegado a este asunto, se establece que en la determinación de 16 de mayo de 2012, mediante la cual el Juzgado Trece Civil del Circuito accionado resolvió (i) desestimar las excepciones “previas” de “cosa juzgada” y falta de “idoneidad del título valor allegado para ejecutar la acción”; (ii) no revocar el mandamiento de pago; y (iii) no dar trámite a las nulidades planteadas por el recurrente (fls. 128 a 135, cdno. 1), no se encuentra vía de hecho alguna que pueda ser censurable mediante este mecanismo extraordinario, ya que del examen de la memorada decisión no se desprende que el titular del despacho judicial acusado haya incurrido en una conducta o comportamiento enfrentado al ordenamiento legal aplicable o contrario a las prerrogativas fundamentales del señor Jhonny Mercado Gonzáles, circunstancia que impide la prosperidad del amparo solicitado.

En efecto, en el mencionado auto de 16 de mayo de 2012, el estrado judicial accionado, tras exponer los argumentos del accionante para soportar las excepciones que propuso, los cuales resumió en que para la “idoneidad del título valor (...) se aleg[aba] que las letras de cambio aportadas no reunían los requisitos de ley para la validez del mismo y, frente a la excepción de cosas juzgada, [se] manifesta[ba] que (…) [esa] acción ya había sido objeto de debate ante el Juzgado 5º Civil del Circuito en donde se revocó el mandamiento de pago por cuanto las letras de cambio no habían sido aceptadas por el girado”, desató esos medios exceptivos con apoyo en que los instrumentos de pago presentados para el cobro cumplían con los requisitos establecidos en los artículos 621 y 671 del Código de Comercio y, en punto al motivo de disenso del recurrente, expuso que del examen de los títulos se extraía que “dichos documentos fueron aceptados por el demandado —en su calidad de girado— cuando su firma [fue] plasmada en el espacio destinado para la firma del girador. Hecho este que no ha sido desvirtuado ni refutado por el sujeto pasivo de la litis, pues no existe prueba que directa o indirectamente permita afirmar que los documentos en cuestión nunca fueron firmados por el girado, y por tanto nunca fueron aceptados a fin de que este se convirtiese en obligado del negocio cambiario”.

En seguida anotó que “el hecho de que la firma del girado no se hubiese plasmado en el espacio del acepto, no [quería] decir que no exist[iera] aceptación por parte de este, ya que como lo señala el inciso final del artículo 685 de nuestra legislación comercial ‘La sola firma será bastante para que la letra se tenga por aceptada’, exigencia que se vislumbra sin dubitación alguna de las letras de cambio base del recaudo”.

En cuanto a la defensa denominada “cosa juzgada”, el despacho acusado advirtió que la misma se predicaba de los fallos ejecutoriados al tenor del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, por lo que sostuvo que, en su criterio, “la decisión emitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el día 2 de marzo de 2011 —auto interlocutorio— mediante el cual solo se revocó el mandamiento de pago emitido dentro del proceso ejecutivo adelantado por el señor Edgardo Sanjuanelo (...) tanto en su contenido, como desde el punto de vista de su forma externa, es un auto y lo cierto es que, dadas tales circunstancias no obra[ba] argumento valedero para calificarlo como sentencia o auto de rechazo de demanda que haga tránsito a cosa juzgada, aunque se diga que con el mismo se puso fin al proceso adelantado inicialmente (...), toda vez que la conclusión definitiva se dio no porque se hubieren resuelto las pretensiones o las excepciones de fondo, sino porque se declaró probada una excepción que fue propuesta en su carácter de previa”.

Por último, la mencionada autoridad decidió inhibirse de resolver las nulidades planteadas en el recurso de reposición, toda vez que estimó que “[esa] no era la oportunidad procesal para [su] formulación”.

5. De las anteriores consideraciones no se establece que el juez accionado hubiera obrado con notable arbitrariedad o con un discernimiento eminentemente subjetivo, tampoco con manifiesto desconocimiento de la ley, supuestos indispensables para que el mecanismo de la tutela obre respecto de providencias o actuaciones judiciales, pues examinado el material probatorio arrimado a este asunto, se establece, por una parte, que el accionante no demostró que la firma inserta en los títulos base de recaudo no era la suya y, por la otra, en sentir de esta Sala, resultan razonables los argumentos esgrimidos para no declarar probada la excepción de cosa juzgada alegada por el peticionario y para inhibirse de emitir un pronunciamiento en relación con las nulidades alegadas, decisión ésta última que, además, tampoco fue protestada.

Cumple destacar que la acción de tutela no puede considerarse como un recurso más para controvertir las decisiones jurisdiccionales o buscar una nueva valoración de las pruebas recaudadas, de modo que “no es posible acudir a [ella] para obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los jueces del conocimiento (...), menos aún si la determinación cuestionada obedece a una interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría inmiscuyendo —de manera inconsulta— en el ámbito propio de otra jurisdicción” (Sent. jul. 16/99, Exp. 6621).

6. Resta agregar que las acusaciones que se extraen de la demanda de tutela frente a las providencias que decretaron las medidas cautelares en el asunto censurado y las que negaron las solicitudes de “ilegalidad” que el actor promovió al interior del mismo, no tienen vocación de prosperidad, no solo porque en el escrito de impugnación el peticionario retiró la queja propuesta contra estas, sino además porque del informe rendido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, se extrae que contra esas determinaciones el accionante incoó los recursos de apelación que fueron concedidos y que se encuentran en trámite para ser remitidos al superior funcional de esa oficina judicial (fl. 152, cdno. 1), circunstancia que evidencia la ausencia del requisito de subsidiariedad, indispensable para acudir con éxito a esta acción residual y extraordinaria.

7. Se impone, por tanto, la confirmación del fallo impugnado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.

Magistrados: Fernando Giraldo Gutiérrez—Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Ariel Salazar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall De Rutén Ruiz.