Sentencia 2012-00378/20688 de abril 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020120037801 [20688]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Abrenuncio S.A. (Liquidada) (NIT. 830.051.881-1)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto sobre la renta – 2006

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos por los cuales la DIAN impuso a la actora sanción por la entrega extemporánea de la información en medios magnéticos, correspondiente al año gravable 2006.

No obstante, previamente establece si al momento de presentar la demanda la actora tenía capacidad para ser parte. Lo anterior, por cuanto antes de la formulación del pliego de cargos (17 de junio de 2010), ya la sociedad demandante se había liquidado, pues por escritura pública de 20 de diciembre de 2007, inscrita en el registro mercantil el 24 del mismo mes, había aprobado la cuenta final de liquidación(1).

De acuerdo con el artículo 98 del Código de Comercio, una vez constituida legalmente, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Así, la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso, atributo que conserva hasta tanto se liquide definitivamente, esto es, se apruebe la cuenta final de su liquidación y se inscriba este acto en el registro mercantil, momento en el cual desaparece o se extingue la persona jurídica(2).

Sobre el momento en que se extingue o desaparece la persona jurídica, la Sala precisó lo siguiente(3):

“Refiriéndose a este tema, la Superintendencia de Sociedades indicó que con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, “desaparece del mundo jurídico la sociedad, y por ende todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren, desapareciendo así del tráfico mercantil como persona jurídica, en consecuencia no puede de ninguna manera seguir actuando ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones”, y “al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe”(4).

En idéntico sentido, frente al momento de la extinción de la sociedad, en reciente concepto la Superintendencia de Sociedades precisó lo siguiente(5):

“¿En qué momento se extingue completamente la sociedad?

“(…) solo con la inscripción en el registro mercantil del acta contentiva de la cuenta final de liquidación (no antes) la sociedad se extingue del mundo jurídico y por ende, todos sus órganos de administración y de fiscalización si existieren; esto es que a partir de ahí desaparece del tráfico mercantil como tal y en consecuencia, no puede ejercer derechos ni asumir obligaciones, máxime que su matrícula ha de cancelarse”.

(…)

7. ¿Cuándo desaparece la sociedad, como sujeto de derecho?

“(…) es cuando se surta la inscripción en el registro mercantil de los documentos correspondientes a la cuenta final de liquidación, que la sociedad para todos los efectos desaparece como sujeto de derecho y con ella, los órganos a través de los cuales actúa, lo que a su turno implica que el liquidador ostentará hasta entonces el carácter de representante legal y en tal virtud estará llamado a responder y actuar en nombre de la misma” (subraya la Sala).

Así pues, con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, la sociedad desaparece como sujeto de derecho. En consecuencia, hasta ese momento el liquidador tiene capacidad para representarla legalmente.

En efecto, el liquidador de una sociedad que ya se liquidó solo responde por los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes, para lo cual el artículo 255 del Código de Comercio prevé que las acciones de los terceros (y los asociados) contra los liquidadores prescriben en cinco años, a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la liquidación.

Al respecto, la doctrina ha dicho que” a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación no subsisten sino acciones de los asociados y de los terceros contra el liquidador; ya no se trata de acciones contra la sociedad que puedan seguirse contra el liquidador como administrador de ese patrimonio social, sino de acciones derivadas de la obligación interpuesta en el artículo 255 del Código al liquidador de responder por los perjuicios causados a los socios y a los terceros “por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes”(6) (subraya la Sala).

A su vez, la efectividad de los derechos de los terceros contra el liquidador por actos de la sociedad solamente pueden intentarse durante el período de la liquidación, pues “clausurada esta con la aprobación de la cuenta final de la misma, no hay propiamente obligaciones sociales, ya que desde entonces deja de existir el patrimonio social”(7).

En consecuencia, “Si no han sido pagadas todas las obligaciones, ya no es posible intentar su cobro, la acción procedente entonces, tanto de parte de los socios como de los terceros, es la indemnización de perjuicios que representa para ellos el no pago, si es debido a dolo o culpa del liquidador en el cumplimiento de sus funciones. (…) Son, pues, dos clases muy distintas de acciones las que pueden intentar los socios y los terceros contra un liquidador: las enderezadas directamente a obtener el pago de los créditos de que sean titulares contra la sociedad, que solamente pueden proponerse como tales durante la liquidación, y las enderezadas al pago de los perjuicios causados por no haber sido atendidos debidamente los créditos”(8).

En suma, una sociedad liquidada no es sujeto de derechos y obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco puede demandar ni ser demandada(9). Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad liquidada.

Frente a la capacidad para ser parte, el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil señala que “Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso”. No obstante, una sociedad liquidada no tiene esa capacidad porque ya no existe en el mundo jurídico.

En el caso en estudio, como se precisó, la actora inscribió la cuenta final de liquidación el 24 de diciembre de 2007. En efecto, en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, consta “que la escritura pública 3047 del 20 de diciembre de 2007 de la notaría 15 de Bogotá D.C., por medio de la cual se protocolizó el acta contentiva de la cuenta final de liquidación, fue inscrita el 24 de diciembre de 2007 bajo el número 1179679 del libro IX”(10).

En consecuencia, para la fecha en que se inició la actuación administrativa, esto es, con la expedición del pliego de cargos (17 de junio de 2010) y para la fecha en que se impuso la sanción por no enviar información (14 de diciembre de 2010), Abrenuncio S.A., ya no era sujeto de derechos y obligaciones.

Igualmente, al haber desaparecido de la vida jurídica, la actora no podía ser sujeto de derechos y obligaciones ni podía demandar ni ser demandada. Asimismo, el liquidador(11), no estaba legitimado para representarla, toda vez que por la extinción de la persona jurídica, carecía de facultad para actuar como su representante legal.

Por lo tanto, a la fecha de presentación de la demanda (23 de abril de 2012), la actora no tenía capacidad jurídica para ser parte en este proceso.

De acuerdo con lo anterior, el a quo no podía proferir fallo de fondo por ausencia del presupuesto procesal de la capacidad para ser parte dentro del proceso, motivo suficiente para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se abstiene de fallar de fondo este asunto.

Finalmente, ante la falta de definición de la litis, los actos sancionatorios no constituyen títulos ejecutivos susceptibles de ser objeto de cobro por vía administrativa, dada la inexistencia de la actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

INHÍBESE para decidir sobre la legalidad de los actos demandados.

RECONÓCESE personería a Luis Z. Malaver Amézquita, como apoderado de la demandada, en los términos del poder que está en el folio 418 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(1) Folio 64, cuaderno de pruebas.

(2) Sentencia del 11 de junio de 2009, Exp. 16319, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(3) Sentencia del 30 de abril de 2014, Exp. 19575, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(4) Oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008 de la Superintendencia de Sociedades.

(5) Oficio 220-111154 del 17 de julio de 2014.

(6) Sociedades Comerciales Vol. 1. Teoría General. Gabino Pinzón. Quinta Edición. Editorial TEMIS S.A. 1988, pág 263.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.

(9) Ibídem. Se reitera que en oficio 220-036327 de 21 de mayo de 2008, la Superintendencia de Sociedades precisó que “al ser inscrita la cuenta final de liquidación en el registro mercantil, se extingue la vida jurídica de la sociedad, por tanto mal podría ser parte dentro de un proceso una persona jurídica que no existe” (se resalta).

(10) Folio 64

(11) Folio 76 (vuelto) Exp.