Sentencia 2012-00378 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 110010325000201200378 00

Nº Interno 1484-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e)

Actor: Gilberto Oyuela Ruiz

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Antes de realizar cualquier razonamiento, se debe afirmar que si bien el señor Oyuela Ruiz pretende la nulidad de los actos por inconstitucionalidad, este no desarrolló dentro de la demanda tal excepción, por lo que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno. Ya en lo que tiene que ver con la ilegalidad de los mismos, se realizará el estudio de conformidad con el cargo propuesto.

De otro lado, en cuanto a la denominada excepción genérica, que no se observa hecho o circunstancia alguna que permita enervar las pretensiones del libelo y omitir el estudio de los cargos de la demanda.

Adicionalmente ha de indicarse que la Resolución 00916 de 27 de marzo de 2012 suscrita por el director general de la Policía Nacional, no es susceptible de control por vía contenciosa administrativa, toda vez que, se trata de un acto de ejecución de la sanción disciplinaria que le fue impuesta al demandante y atendiendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado su utilidad en esta materia únicamente radica en servir de parámetro para el inicio de la contabilización de los términos de caducidad de la acción, motivo por el cual la Sala se declarará inhibida para pronunciarse sobre su legalidad(18).

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos demandados por medio de los cuales la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional sancionó al señor Gilberto Oyuela Ruiz, con la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, violaron el debido proceso al no demostrarse que cometió un delito penal para luego realizar un señalamiento en lo disciplinario.

Actos demandados

• Fallo de primera instancia de 7 de junio de 2011 expedido por el jefe de la oficina de control interno que declaró responsable al señor Gilberto Oyuela Ruiz de infringir la falta establecida en el numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006(19) al portar un arma de fuego el 12 de noviembre de 2010 sin la debida documentación que acreditara la legalidad de la misma, por ende, impuso como correctivo disciplinario la destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 10 años (fls. 15 a 37).

• Fallo de segunda instancia de 10 de febrero de 2012 por medio del cual el inspector general delegado región ocho de la Policía Nacional no accedió a las pretensiones formuladas por el actor en el recurso de apelación, y en consecuencia, confirmó la providencia de primera instancia, pues el demandante conocía la prohibición de portar armas de fuego sin el permiso de la autoridad competente (fls. 5 a 11).

De lo probado en el proceso

• El 12 de noviembre de 2010 el comandante Primer Distrito Norte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó la novedad presentada con el señor Oyuela Ruiz Gilberto consistente en lo siguiente (fls. 3 y 4, cdno. 2):

“(…) Oyuela Ruiz Gilberto, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.026.256.084, expedida en Bogotá, adscrito a la Seccional de Tránsito Urbano de la Metropolitana de Barranquilla, encontrándose de apoyo al grupo en referencia, se le exigió documentación de un arma de fuego que poseía supuestamente de su propiedad, manifestando que tenía la documentación en su caso, dándosele el tiempo de 30 minutos para buscarlos y entregarlos, insistía que era de un familiar que había fallecido y que tenía (sic) en su casa hace 10 años, al verificar en el CINAR la procedencia del arma de fuego, este reporta en sus registros como propietario del arma al señor Rangel Antonio Betancourt Corredor, identificado con la cedula (sic) de ciudadanía Nº 17.162.039, figurando en su registro arma de fuego invalida (…)”.

• El 12 de noviembre de 2010 la misma autoridad administrativa, dejó a disposición del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla un arma de fuego, marca Smith & Wesson, calibre 38 L, acabado pavonado, Nº de serie externo 8D35218, que le fue encontrada al demandante cuando estaba en formación, la cual pertenecía al señor Rangel Antonio Betancourt Corredor y su registro figuraba como “invalido” (fl. 5, cdno. 2).

• El 28 de diciembre de 2010 el jefe de la oficina de control interno Metropolitana de Barranquilla, resolvió iniciar indagación preliminar en contra del patrullero Gilberto Oyuela Ruiz por los hechos ocurridos en 12 de noviembre de 2010 concernientes al arma de fuego que le fue hallada en su poder. Lo anterior, en aras a determinar si la conducta cometida es constitutiva de falta disciplinaria (fls. 9 y 10, cdno. 2).

• A través de la certificación de 17 de enero de 2011 el jefe del área de talento humano de la Policía Metropolitana de Barranquilla, certificó que el demandante ingresó a la Escuela Nacional de Carabineros el 14 de julio de 2008 y fue dado de alta el 12 de diciembre del mismo año para que laborara en la Unidad de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla (fl. 12, cdno. 2).

• El 18 de enero de 2011 el señor Gilberto Oyuela Ruiz al rendir declaración libre y espontánea, manifestó que era cierto lo que estaba relacionado en el informe del comandante del distrito norte, respecto de los hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2010 con el arma de fuego marca Smith & Wesson, Nº de serie externo 8D35218, y también que no había adelantado ninguna gestión tendiente a legalizar la citada arma (fls. 15 y 16, cdno. 2).

• Mediante Resolución 0006 de 18 de enero de 2011 el comandante del Departamento de la Policía Metropolitana de Barranquilla, declaró responsable de contravención al señor Gilberto Oyuela Ruiz y decretó, sin perjuicio de sanciones penales, el decomiso a favor del Estado del arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 38 L, Nº de serie externo 8D35218, pues no contaba con el permiso para su porte (fls. 23 a 25, cdno. 2).

• El 20 de enero de 2011 el subteniente de la policía Edward Vallejo Sánchez, quien se encontraba presente el 12 de noviembre de 2010 cuando el mayor Hernández Roldán se encontraba impartiendo instrucción al personal de patrulleros que se encontraban de apoyo en el distrito norte, sostuvo en la declaración que rindió, que al demandante le fue encontrada un arma de fuego sin la documentación respectiva (fls. 20 y 21, cdno. 2).

• El 23 de marzo de 2011 el jefe seccional 61 de control comercio de armas de Barraquilla, informó que el arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 38 L, Nº de serie externo 8D35218 no figuraba registrada en el Archivo Nacional Sistematizado de Armas (fl. 38, cdno. 2).

• Por medio del auto de 2 de mayo de 2011 el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Metropolitana de Barranquilla, resolvió tramitar la actuación por el procedimiento verbal previsto en la Ley 734 de 2002 por cuanto la conducta cometida presuntamente podía haber infringido el numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006(20), adicionalmente, citó a audiencia al actor el 5 de mayo del mismo año para que respondiera por los hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2010 (fls. 40 a 52, cdno. 2).

• El 5 de mayo de 2011 en la audiencia disciplinaria que presidió la misma autoridad administrativa, se le brindó la oportunidad de presentar los descargos al demandante, quien manifestó, a través de su apoderado, que dentro de la actuación disciplinaria no reposa un proceso penal y por lo tanto no podía imputársele la falta del numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, en ese sentido, se estaría incurriendo en una nulidad comoquiera que el juez disciplinario no ha cumplido con todas las ritualidades procesales requeridas; adicionalmente manifestó que la conducta realizada se encuentra ajustada al artículo 83 de la Constitución Política, pues el arma de fuego le había sido entregada por un familiar que no tenía la experiencia y manejo para manipularla. A lo anterior, el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla argumentó que al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, estaban dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos y, por ende, se citó a audiencia; en esas condiciones, no se accede a la solicitud de nulidad planteada (fls. 60 a 66, cdno. 2).

• Inconforme con la anterior determinación, el apoderado del actor presentó recurso de reposición, en la continuación de la audiencia que se celebró el 11 de mayo de 2011, pues con la actuación del demandante en ningún momento se afectó la seguridad pública y adicionalmente no se le había iniciado una investigación penal para poder imputar la falta endilgada. La citada autoridad disciplinaria resolvió no reponer el incidente de nulidad, ya que la finalidad de los procesos disciplinarios como penales, son totalmente distintos, pues los bienes jurídicamente tutelados son diferentes al igual que el interés jurídico que se protege. Acto seguido, dio inicio a la etapa probatoria, para lo cual el apoderado del demandante solicitó la declaración del brigadier general Oscar Pérez Cárdenas y del mayor Carlos Andrés Hernández Roldán. Respecto del primer testimonio el operador disciplinario lo negó por cuanto los hechos ocurridos y por el cual le fue iniciada una investigación en contra del actor, son totalmente independientes a la decisión del general de incautar el arma a favor del Estado. En cuanto a la declaración del señor Hernández Roldán, el apoderado tuvo la oportunidad de interrogarlo, pero el declarante se remitió y ratificó al informe que suscribió el 12 de noviembre de 2010, donde puso en conocimiento del comandante primer distrito norte la novedad presentada con el señor Oyuela Ruiz Gilberto (fls. 73 a 78, cdno. 2).

• El apoderado del actor presentó recurso de apelación por no habérsele concedido la práctica de la prueba de la declaración del general Oscar Pérez Cárdenas, la cual por medio del Auto Nº MEBAR-2011-61 de 20 de mayo de 2011 el inspector delegado región ocho de la Policía Nacional, resolvió no revocar la decisión adoptada en la audiencia de 11 de mayo de 2011 por cuanto la declaración del citado oficial no demostraría la responsabilidad o inocencia del disciplinado (fls. 92 a 95).

• En audiencia de 26 de mayo de 2011 el apoderado del demandante presentó los alegatos de conclusión por escrito (fls. 100 a 105), en los que argumentó que era necesario haber puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente los hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2010 para poder imputar una falta como la endilgada (fl. 99, cdno. 2).

• En audiencia de 7 de junio de 2011 el jefe de la oficina de control interno declaró responsable al señor Gilberto Oyuela Ruiz de infringir la falta establecida en el numeral 9º del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, pues portaba un arma de fuego el 12 de noviembre de 2010 sin la debida documentación que acreditara la legalidad de la misma, por ende, impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de 10 años (fls. 108 a 131, cdno. 2).

• El apoderado del actor, inconforme con la anterior determinación, presentó recurso de apelación puesto que el disciplinado en ningún momento afectó la seguridad pública y además los servidores que realizaron el procedimiento de incautación del arma, no realizaron “lo que la ley les ordena” (fls. 132 a 138, cdno. 2).

• Mediante Fallo Nº MEBAR -2011-64 de 10 de febrero de 2012 el inspector general delegado región ocho de la Policía Nacional no accedió a las pretensiones formuladas por el actor en el recurso de apelación, y en consecuencia, confirmó la providencia de primera instancia, pues el demandante conocía la prohibición de portar armas de fuego sin el permiso de la autoridad competente (fls. 141 a 147).

Del caso en concreto. Estudio del cargo

Antes de desarrollar el cargo planteado por el demandante, es pertinente afirmar que el debido proceso es una garantía constitucional instituida a favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Esta garantía consiste en que toda persona, natural o jurídica, debe ser juzgada conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándole principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.

De igual modo, se puede afirmar que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera por si sola la nulidad de los actos a través de los cuales impone a un funcionario una sanción, pues lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso. En otras palabras, sólo las irregularidades sustanciales o esenciales, que impliquen violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.

Violación al debido proceso

Según el demandante, con el proceso adelantado en su contra se le violaron el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, ya que es necesario demostrar la responsabilidad en un proceso penal para realizar un señalamiento en un proceso disciplinario.

Previo a determinar si tal afirmación es cierta, es pertinente mencionar que al señor Gilberto Oyuela Ruiz le fue imputada la falta establecida en el numeral 9º del artículo 34 del título VI “(…) De las faltas y de las sanciones disciplinarias (…)” del régimen disciplinario para la Policía Nacional, que señala: “(…) Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo (…)”.

En ese sentido el operador disciplinario se remitió a la Ley 599 de 2000(21), específicamente, al artículo 365, el cual tipificó la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego sin permiso de autoridad competente. Lo anterior, porque el demandante no acreditó la legalidad del arma que portaba cuando el mayor Carlos Hernández Roldán le solicitó los documentos de la misma.

La entidad demanda manifestó respecto del cargo planteado por el actor, que el derecho disciplinario es distinto al penal, por cuanto las pruebas obrantes en un proceso penal o la existencia de una sentencia condenatoria no son óbice para la toma de decisiones en un fallo disciplinario o viceversa, por estos motivos no puede afirmarse que debe estar demostrada la responsabilidad primero en lo penal para así poder sancionarlo en lo disciplinario.

Así las cosas, como la falta que le fue imputada al señor Oyuela Ruiz es gravísima, la Sala la analizará en el mismo contexto de las faltas previstas en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, que dispone: “(…) artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo (…)”.

Por lo anterior, y con el fin de dar claridad al cargo reseñado, es pertinente el análisis que ha hecho la Corte Constitucional(22) al declarar exequible el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

“(…) Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único.

(…).

Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada esta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales.

(…)”.

Visto lo anterior, se puede concluir que no se requiere la existencia de un proceso penal o incluso de una sentencia condenatoria para iniciar un proceso disciplinario, pues si bien es cierto el principio de legalidad, y en particular el de tipicidad, tiene unas características propias que son similares, lo cierto es que no son idénticas. En efecto, “las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o una prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejada su incumplimiento, es decir una reproducción de textos de doble tipografía”(23).

Sumado a lo anterior, señala el artículo 2º de la Ley 1015 de 07 de febrero de 2006, “Por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional”, que “(…) La acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones judiciales o administrativas (…)”. Respecto a este tema la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente(24):

“Ahora bien, lo anterior no significa que los principios del derecho penal se aplican exactamente de la misma forma en todos los ámbitos en donde se manifiesta el poder sancionador del Estado, ya que entre el derecho penal y los otros derechos sancionadores existen diferencias que no pueden ser desestimadas. Así, el derecho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afectan la libertad física, pues se imponen otro tipo de sanciones, sino que además sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una sujeción especial —como los servidores públicos— o a profesionales que tienen determinados deberes especiales, como médicos, abogados o contadores. En estos casos, la Corte ha reconocido que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero pueden operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”.

Como se pueden colegir, y descendiendo al caso que se estudia, no era necesario, como lo reclama el actor, que la autoridad competente para adelantar y decidir el proceso disciplinario tuviera que esperar un pronunciamiento previo de la justicia penal para poder imponer las sanciones de carácter disciplinario que se discuten en este proceso, precisamente por la autonomía e independencia de la acción disciplinaria con respecto a la acción penal, es decir, no hay prejudicialidad penal respecto de la disciplinaria.

Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria, en la medida en que se encuentra estipulada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, el cual señaló: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

De esta forma, como lo ha determinado la Corte Constitucional(25), quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona; (i) está establecida como disciplinable; (ii) que está efectivamente probada; y, (iii) que la autoría y responsabilidad de esta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de superados los tres momentos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado constitucional.

En el sub lite se observa, una vez revisadas las providencias disciplinarias y el expediente sancionatorio aportado al proceso, que son múltiples los elementos de prueba que llevaron a los operadores disciplinarios a establecer la responsabilidad subjetiva del demandante, todos estos concluyentes y suficientemente indicativos de su participación.

Entre ellas se encuentra el Informe que presentó el comandante primer distrito norte de la Policía Metropolitana de Barranquilla respecto de los hechos ocurridos con el actor el 12 de noviembre de 2010(26), la puesta a disposición al comandante de la Policía Metropolitana del arma que le fue incautada al demandante(27), y las declaraciones que rindieran los señores Gilberto Oyuela Ruiz(28), Edward Vallejo Sánchez(29) y Carlos Andrés Hernández Roldán(30), todas estas relacionadas en los hechos probados, y en las que se logró establecer, que el investigado para la fecha de los hechos poseía una arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 38 L, Nº de serie externo 8D35218, sin el permiso para su porte, pruebas que no fueron desvirtuadas y que sirvieron de soporte a la sanción impuesta.

Así las cosas, no hay duda de que el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Barranquilla contó con las pruebas suficientes para sancionar al señor Oyuela Ruiz, por cuanto los elementos de juicio recaudados fueron suficientes para considerar responsable al encartado; de hecho, el mismo demandante sostuvo en la declaración libre y espontánea, que no había adelantado ninguna gestión para legalizar el arma objeto de reproche.

Ahora bien, también se examinaron los argumentos que el apoderado del actor expuso en la audiencia, referentes a que ante la ausencia de delito, pues no se había puesto en conocimiento de la autoridad competente, no había lugar a endilgarle la falta disciplinaria. A lo que la citada autoridad administrativa contestó que la finalidad de los procesos disciplinarios como penales, son totalmente distintos, en consideración a que los bienes jurídicamente tutelados y el interés jurídico que se protege son diferentes(31).

De esta manera, sin entrar más en el debate que sobre la responsabilidad disciplinaria se surtió en sede administrativa, es evidente que la entidad demandada no desconoció la presunción de inocencia, pues en las providencias sancionatorias explicaron las razones por las cuáles el actor debía ser sancionado y se dejó consignada la valoración probatoria que para el efecto llevó a cabo.

Tampoco se puede sostener que le fue violado al señor Oyuela Ruiz el derecho de defensa, comoquiera que durante el transcurso de la actuación disciplinaria se le notificaron las decisiones adoptadas por la administración advirtiéndole los recursos que podía interponer en contra de esas determinaciones, además se le respetó el derecho a solicitar y controvertir pruebas.

Así las cosas, pese al esfuerzo argumentativo del demandante en el sub lite, no logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, ni se acreditó alguna causal que los vicie de nulidad, razón por la cual no pueden prosperar las súplicas de la demanda. Antes bien, la Sala advierte que lo que pretende el interesado es reabrir el debate que sobre su responsabilidad disciplinaria se surtió en sede administrativa, lo cual no resulta posible en este caso, en la medida en que el control judicial que se efectúa al ejercicio de la potestad disciplinaria, de ninguna manera puede asimilarse a una tercera instancia, ni constituye tal.

En síntesis, al no configurarse el cargo formulado por el demandante y al mantenerse la presunción de legalidad de las decisiones disciplinarias, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE inhibida la Sala para pronunciarse frente Resolución 00916 de 27 de marzo de 2012 suscrita por el director general de la Policía Nacional.

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Gilberto Oyuela Ruiz contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y una vez en firme este proveído, archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 15 de noviembre de 2012, Expediente 11001-03-25000-2011-00107-00 (0347-2011), actor: Manuel Antonio Torres Aldana.

(19) “(…) 9. Realizar una conducta descrita en la ley como delito, a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo.

(…)”.

(20) Ibídem.

(21) Código Penal Colombiano.

(22) Corte Constitucional, Sentencia C-720 de 23 de agosto de 2006, Expediente D-5968, P. P. Clara Inés Vargas Hernández.

(23) Nieto Alejandro. Derecho Administrativo >Sancionador. España, 200. Cuarta Edición. Págs. 303, 304, 312 y 313.5.

(24) Corte Constitucional, Sentencia C-597 de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

(25) Corte Constitucional, Sentencia T-969 de 2009.

(26) Visible a folios 3 y 4, cdno. 2.

(27) Visible a folio 5, cdno. 2.

(28) Visible a folios 15 y 16, cdno. 2.

(29) Visible a folios 20 y 21, cdno. 2.

(30) Visible a folios 73 a 78, cdno. 2.

(31) Véase folios 73 a 78, cdno. 2.