Sentencia 2012-00391 de junio 29 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 760011102000201200391 01

Magistrada ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta 49 de la misma fecha

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca el 24 de febrero de 2017, mediante el cual resolvió sancionar con exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz, responsable de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4 de la ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

Del asunto en concreto

Previo a entrar a resolver el grado de consulta de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, esta Corporación considera relevante citar lo enseñado por la Corte Constitucional, en diversos fallos, donde se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas.

El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”

El derecho disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del derecho sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado social y democrático de derecho.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora, esta Superioridad, procederá en esta instancia a verificar si en el proceso se salvaguardaron las garantías y derechos del procesado, de otro lado, se constatará si en el expediente existe prueba que en grado de certeza demuestre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del disciplinado.

En cuanto al aspecto formal y material del debido proceso y derecho de defensa del enjuiciado, encuentra esta Colegiatura que ningún reparo puede hacerse al respecto, si bien, la actuación disciplinaria se llevó a cabo conforme al procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2007.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, el abogado JAIME SMITH ORTIZ, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de infringir la norma relacionada con la falta a la honradez, pues adelantó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se condenó a la Caja de Sueldos de las fuerzas Militares, a cancelar la suma de $ 2.805.609, entrando ese dinero a su patrimonio sin que le entregara a su poderdante.

Encuentra esta superioridad que la imputación del tipo disciplinario contenido en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, está plenamente soportada, pues quedo demostrado que esa conducta la cometió a título de dolo, pues sabiendo que debía entregar ese dinero a su cliente, no lo hizo.

De acuerdo con lo anterior, se tuvo como pruebas documentales que demuestra la conducta objeto de pronunciamiento, así:

1. Copia del poder que le otorgara el señor Nicolás Antonio Rodriguez Alfonso al togado Jaime Smith Ortiz, a efectos que adelantara en su favor el mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de las Fuerzas Militares.

2. Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho radicado al No. 2003-2649-00, la cual fue favorable a las pretensiones del quejoso.

3. Copia de la actuación surtida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en relación con el cumplimiento de la sentencia antes mencionada, donde se procedió al pago de las pretensiones, con la certificación de haber consignado los dineros a través de transacción electrónica a la cuenta del investigado.

4. Oficio recibido el 8 de noviembre del año 2016, proveniente del Banco Davivienda S.A. de la ciudad de Bogotá, donde se anexa el extracto bancario de la cuenta de ahorros de Bancafé número 172587875 a nombre del señor Jaime Smith Ortiz, se corrobora la consignación realizada por proceso ACH el día 20 de abril de 2009, por la suma de $2.805.609. y el retiro del dicho valor a través de varias transacciones realizadas en el mismo mes.

En conclusión, corroborados los supuestos fácticos y jurídicos por los cuales se sancionó al jurista, encuentra esta Colegiatura que la única decisión a tomar es la confirmación de la sentencia consultada, pues del material probatorio descrito anteriormente se desprende que existió conducta relevante al derecho disciplinario y que no ahí causal eximente de responsabilidad.

El fallo de primera instancia imputó al profesional del derecho la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 que señala:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

Numeral 4º. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

(…)”.

Respecto a la falta consagrada en el numeral anterior, es evidente que la conducta del disciplinable está inmersa en el supuesto de hecho de la norma en mención, en cuanto el abogado como apoderado del señor Nicolás Antonio Rodríguez, le otorgó poder para que adelantara un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con la intención de dejar sin valor la Resolución 3363 del 27 de octubre de 1999, proferida por la caja de retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la cual se le negó la prima de actualización y se le reajustara la asignación en su condición de sargento segundo retirado, que culminó con sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el 14 de julio de 2006, donde efectivamente se declaró la nulidad del acto administrativo y se condenó a la parte demanda a pagar las sumas pretendidas. De acuerdo con lo anterior la caja de retiro de las Fuerzas Militares, mediante Resolución 2948 del 1 de diciembre de 2008, ordenó reconocer y pagar la prima de actualización al señor Rodríguez, la suma de $ 2.805.609, valor que fue pagado el 20 de abril de 2009, a través de trasferencia electrónica.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Cuando un abogado asume un compromiso profesional, se obliga a realizar todas las actividades en procura de cumplir las gestiones a ella encomendadas, compromiso que lleva consigo un actuar positivo al obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, por tanto cuando el abogado no entregó el dinero a su poderdante no cumplió con su deber de actuar con honradez frente a su cliente.

Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”.

En este caso, el togado contrarió el deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, que se encuentra consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 que establece:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.

(…)”.

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad, se tiene entonces que efectivamente con la conducta del disciplinado se vulneró sin ninguna justificación su deber de obrar con lealtad y honradez en sus encargos profesionales, ya que el abogado como apoderado del señor Rodríguez, no entregó el dinero que le consignó la caja de sueldos de la Fuerzas Militares producto de la sentencia que había proferido el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuantía de $ 2.805.609, situación que se materializó el 20 de abril del 2009, pues se tiene según material probatorio que obra en el plenario se le hizo un trasferencia a su cuenta Bancafé, tal como lo certificó el banco Davivienda, disponiendo de los mismos a su arbitro como quiera que se indicó los retiros a través de varias transacciones.

Culpabilidad: Es importante para esta Superioridad destacar que precisamente la falta a la honradez es de las faltas más graves y censurables en que pueden incurrir los profesionales del derecho, falta que pone en juego la profesión misma, con su actitud afecta el honor y la dignidad de la profesión, la actuación honesta implica abstenerse de toda conducta que pueda redundar en descredito de la abogacía, como lo afirma el tratadista Ángel Osorio “en el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos”.

La conducta realizada lo fue bajo la modalidad dolosa, toda vez que el abogado investigado recibió un dinero en virtud de su gestión profesional, y en representación del señor Rodríguez Alfonso, no hizo la entrega correspondiente del dinero que recibió por la caja de sueldos de las Fuerzas Militares, puesto que, si bien logró el reconocimiento y pago de las acreencias laborales que tenía por derecho propio el quejoso. Ese actuar consciente, en contra de lo que mandan las respectivas normas disciplinarias, constituye claramente un actuar doloso. Se trata de una falta a la honradez; el abogado sabía que debía entregar ese dinero a su poderdante, y omitió ese deber, de manera voluntaria.

No se encuentra objeción alguna en la designación a título de dolo, pues quedó plenamente demostrado a la falta de honradez, el abogado sabía que debía entregar el dinero producto de la gestión encomendada y no lo hizo, conducta que se materializó el 20 de abril de 2009 fecha en que se le transfirió el dinero por parte de la caja de sueldos de las Fuerzas Militares y se extendió en forma permanente, sin que a la fecha haya devuelto el dinero, por lo que continua incurso en la falta.

Visto lo anterior, no media justificación alguna que lleve a entender la conducta del investigado es típica, antijurídica y culpable, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra el abogado Jaime Smith Ortiz.

De la dosimetría de la sanción: En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta Superioridad, que la misma consultó los parámetros establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, pues la conducta del abogado concurre con las circunstancias de agravación establecidas en literal C de los numerales 4, 6 y 7 del mismo artículo, que establecen la utilización en provecho propio de los dineros que recibió en virtud del encargo encomendado por lo que se causó un perjuicio al quejoso, igualmente registra cinco sanciones, dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta aquí investigada, además se aprovechó de las condiciones de ignorancia e inexperiencia de su cliente quien confió plenamente en la gestión que le encomendó, y en atención a la gravedad de la conducta analizada y cometidas por el disciplinado, a título de dolo, por lo que considera esta Sala que de acuerdo a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad debe mantenerse en su integridad la sanción de exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz.

Por los argumentos expuestos, esta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de consulta, al igual que la sanción impuesta por el a quo en torno al asunto bajo examen.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada el 24 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del valle del Cauca, mediante la cual resolvió sancionar con exclusión de la profesión al abogado Jaime Smith Ortiz, responsable de la falta establecida en el artículo 35 numeral 4 de la ley 1123 de 2007, a título de dolo, ello conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiéndole que contra ella no procede Recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Notifíquese y cúmplase.