Sentencia 2012-00394 de junio 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Consejera Ponente:

Doctora Bertha Lucía Ramírez De Páez

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014).

Rad.: 11001-03-25-000-2012-00394-00

Actor. José Eduardo Naranjo Jiménez

Expediente Nº 1504-2012

Autoridades nacionales

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

Problema jurídico.

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, fueron proferidos sin que existiera prueba en su contra, con desconocimiento del debido proceso, presunción de inocencia, favorabilidad y causal excluyente de responsabilidad; o si por el contrario fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Actos acusados.

1. Resolución Nº 02 de 1º de agosto de 2008,(1) mediante la cual el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en primera instancia sancionó al actor con suspensión en el ejercicio del cargo de técnico operativo, código 4080, grado 10 por el término de cuatro [4] meses, al considerar que efectivamente agredió a un estudiante de la Institución y le imputó falsas acusaciones. (fls. 16-60).

2. Resolución Nº 3143 de 23 de octubre de 2008,(2) a través de la cual el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en segunda instancia resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la anterior resolución, confirmando la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro [4] meses (fls. 281-289).

3. Resolución Nº 0668 de 15 de enero de 2009,(3) a través de la cual el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ejecutó la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de técnico operativo, código 4080, grado 10 por el término de cuatro [4] meses. (fls. 73).

De lo probado en el proceso.

De la vinculación del actor. 

Según da cuenta el Oficio Nº CGTH-470 de 18 de abril de 2006, suscrito por el coordinador del grupo de talento humano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, el accionante presta sus servicios a la entidad desde el 6 de abril de 1989 y en la actualidad desempeña el cargo de técnico operativo, código 4080, grado 11 en encargo (fls. 3 y 97).

Hechos que dieron origen al proceso disciplinario. 

Por escrito de 16 de marzo de 2006, el señor Diego Fernando Rodríguez Vargas, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (fls. 76), puso en conocimiento del rector, los siguientes hechos:

• El 15 de marzo del año en curso recibió por parte del señor Eduardo Naranjo, coordinador de salas de informática agresión tanto verbal como física.

• Al momento de salir de la Sala C-140 estaba molestando a una compañera a quien le decía que le desconectaría el mouse, momento en que llegó el señor Naranjo y me dijo “que si yo iba a abrir los computadores”.

• Además dijo de manera tendenciosa “que me había robado unos botones de unos computadores”, los cuales se habían perdido el lunes anterior en esa misma Sala cuando tenían la clase de ingeniería artificial.

• Toda vez que continuó con las mismas insinuaciones y comenzó a tratarme de ratero, le respondió que no confundiera porque él no era de su misma familia, a lo que éste respondió pegándole con la rodilla en la pierna izquierda.

• Por tanto, resolvió no hacerle más caso, pero éste continuó agrediéndolo verbalmente, para lo cual tiene como testigos a tres compañeros de semestre.

Del proceso disciplinario. 

Por Auto de 16 de marzo de 2006(4) el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, avocó el conocimiento de la queja radicada por el señor Diego Fernando Rodríguez Vargas (fls. 75).

El 4 de abril de 2004 el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, resolvió iniciar la indagación preliminar por los hechos ya narrados (fls. 78-80), para lo cual dispuso la práctica de las siguientes pruebas:

• El señor Diego Fernando Rodríguez Vargas [quejoso], en declaración juramentada reiteró los hechos materia de investigación, para lo cual señaló que el funcionario José Eduardo Naranjo Jiménez, al verlo manipulando uno de los equipos de cómputo de la sala de informática C-140, le reclamó diciéndole que era quien sustraía los elementos [como eran los botones de los computadores] del aula y le reclamó de forma agresiva, para lo cual hizo contacto físico con él y lo golpeó con la rodilla. Afirma que a pesar de indicarle que simplemente estaba molestando a una compañera éste persistió en su maltrato verbal, por lo que resolvió guardar silencio (fls. 89-90)

• El estudiante Carlos Alirio Montes Borda rindió testimonio (fls. 93-94), para lo cual hizo idéntico relato de lo sucedido en el aula C-140 de la sala de informática y que efectivamente el quejoso ante los maltratos verbales del coordinador, le increpó diciéndole “como yo no soy de su familia”, luego el señor Naranjo Jiménez le pegó con la rodilla por la parte trasera del mulso de la pierna izquierda al estudiante, ante lo cual Diego, no dijo nada.

• Por su parte el estudiante Javier Alberto González Quintero en declaración (fls. 95-96), indicó que don Eduardo increpó de manera irrespetuosa a su compañero Diego y lo señaló como el responsable de los robos que se venían presentando en el aula de informática, hasta que el quejoso le contestó y luego fue cuando Naranjo Jiménez procedió a pegarle con la rodilla en una de sus piernas y lo desafió, por lo que Diego guardó silencio.

• Oficio Nº CGTH-470 de 18 de abril de 2006, mediante el cual, el coordinador del grupo de talento humano de la universidad, indicó que el implicado para la fecha de los hechos se desempeñaba como técnico operativo, código 4080, grado 10 y arrimó el correspondiente manual de funciones y requisitos del cargo (fls. 97 y 98-99).

• Versión libre que rindiera el señor José Eduardo Naranjo Jiménez (fls. 100-102), dando cuenta que efectivamente en las salas de informática se habían venido presentado robos y que el día de los hechos vio al estudiante que estaba aflojando unos cables [aunque no está seguro], y como ya conocía al grupo y en espacial al estudiante reaccionó de forma brusca diciéndole “qué más es lo que se piensa robar”, y en se momento el estudiante se alteró y le respondió que él no se iba a robar nada. Luego le insistió al estudiante que mejor devolviera los botones y que si lo mandaban a estudiar o a robar, razón por la cual el estudiante lo encaró y que por su personalidad fuerte le respondió verbalmente y lo empujó. Posteriormente informó en la oficina de sistemas.

• Por Oficio Nº GOS-333 de 18 de mayo de 2006 el coordinador del grupo de organización y sistemas de la UPTC, da cuenta que efectivamente el implicado puso en conocimiento de esa dependencia lo acontecido con el quejoso (fls. 108).

• El estudiante Roberto Julián Riaño Ríos (fls. 109-110) en su declaración, indicó que le contaron como el señor Eduardo Naranjo, le había pegado un rodillazo a Diego, pero que él no vio nada porque estaba adentro de la Sala y lo acontecido fue por fuera del aula.

• Mediante Oficio Nº OCE-430 de 5 de junio de 2006 el jefe de la oficina de control y evaluación de la gestión universitaria de la UPTC, hizo constar que el implicado recibió el código de ética de la institución (fls. 114).

El 3 de octubre de 2006(5) el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, resolvió dar apertura a la investigación disciplinaria en contra del señor José Eduardo Naranjo Jiménez (fls. 117-118), para lo cual hizo las siguientes consideraciones:

• Tal como lo disponen los artículos 152 a 154 del Código Disciplinario Único, se exige como requisito esencial para abrir investigación disciplinara, el establecimiento de la identidad del posible autor de los hechos investigados, así como la existencia de una posible falta disciplinaria.

• El acervo probatorio arrimado al proceso, permite inferir que lo anterior se encuentra determinado en el presente caso, como quiera que el señor Naranjo Jiménez presuntamente incurrió en falta disciplinaria por haber inferido en contra del estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas, agresiones verbales y físicas el 15 de marzo de 2006, estando en cumplimiento de su jornada laboral.

• Además dispuso la práctica de las siguientes pruebas:

— Oficio Nº CGTH-1254 de 9 de octubre de 2006, por medio del cual el coordinador del grupo de talento humano de la UPTC, informó que el disciplinado ostentaba una vinculación legal y reglamentaria (fls. 53).

— La Procuraduría General de la Nación emitió certificación de antecedentes disciplinarios, según el cual, el funcionario no registra sanción o inhabilidad alguna (fls. 54).

— El señor Yesid Treverts Alvarado Torres en su declaración (fls. 134-136), indicó que para la época de los hechos se desempeñaba como coordinador del grupo de organización y sistemas de la UPTC, que el implicado le informó de manera verbal lo acontecido el día 15 de marzo de 2006, precisándole que el estudiante lo había tratado mal y por eso procedió como lo hizo. Ante lo cual, le recalcó que él debió guardar silencio y abstenerse de efectuar cualquier tipo de agresión, y en su lugar haber informado al decano de la respectiva facultad sobre la presunta conducta asumida por el estudiante.

El jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, mediante Auto de 27 de junio de 2007,(6) procedió a formular pliego de cargos en contra del investigado (fls. 139-153), para lo cual tuvo en cuenta la siguiente fundamentación:

• El disciplinado en su condición de técnico operativo, código 4080, grado 11 [encargado] de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, al desempeñar sus funciones como coordinador de sala de informática C-140, el 15 de marzo de 2006 a la salida del aula ubicada en el edificio central de la universidad, presuntamente agredió tanto física como verbalmente al estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas.

• Con dicho comportamiento presuntamente vulneró los artículos 34 numerales 2º y 6º, y 35 numerales 1º y 9º de la Ley 734 de 2002;(7) así como la Resolución Nº 2757 de 5 de julio de 2005, artículo 8º numeral 9º.(8)

• En el presente caso, el investigado al parecer actuó con la entereza y capacidad que debe poseer cualquier servidor público, máxime cuando se trata de un empleado de la universidad que sin lugar a dudas con su comportamiento no dio muestra de respeto, toda vez que la labor académica propende por la formación de los estudiantes, razón por la cual, es censurable la actitud asumida por éste.

• Precisa que se desconoció el contenido del artículo 34-6 de la Ley 734 de 2002, por cuanto con su actitud demostró que de una manera desmedida abusó de su cargo, al endilgarle al estudiante conductas de las cuales no tenía soporte probatorio, además le hizo sentir su supuesta autoridad, al castigarlo físicamente cuando le propinó un rodillazo en su pierna izquierda.

• De igual manera desconoció el artículo 35-1 ibídem teniendo en cuenta que le faltó al respeto a un estudiante, toda vez que las pruebas dan cuenta que la actitud del investigado no fue de manera alguna amable y tolerante con el alumno, y ante un comentario de éste ofuscado por las graves acusaciones de que era objeto, el funcionario resolvió hacer justicia por su propia mano, para lo cual, terminó agrediéndolo.

• Además desconoció el código de ética de la institución que propende por el respecto y trato amable para con los estudiantes.

• Por lo anterior calificó la falta como grave cometida a título de dolo por cuanto el investigado era conocedor de sus funciones de coordinador de las salas de informática, así como el procedimiento para poner en conocimiento de las autoridades administrativas de la Institución cualquier irregularidad que pudiera haber observado en el comportamiento del estudiantado.

Por escrito de 18 de julio de 2007 (fls. 154-155) el actor presentó descargos y solicitó pruebas, de la siguiente manera:

• Rechazó la imputación de que fue objeto, para lo cual señaló que desde que presta sus servicios a la universidad siempre ha cumplido con diligencia y eficiencia las funciones que le han encomendado.

• Que nunca ha abusado del cargo o de la función que desempeña, la cual se traduce entre otras, en velar por la conservación y buen uso de los equipos de computación de las salas de informática.

• Por ello es que el 15 de marzo de 2006 tuvo un altercado con un estudiante [quejoso] quien manipulaba un equipo de cómputo de manera irregular, y al reprenderlo e increparlo preguntándole “que más se iba robar”, él contesta en forma grosera, lo cual desata una discusión en la cual lo encara pero nunca lo agrede físicamente.

• Con relación a la calificación de la conducta aduce que el artículo 13 del Código Disciplinario Único dejó proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa; y en el presente caso, al efectuar el análisis de las pruebas aportadas al proceso, no hizo una valoración conforme a la sana crítica, pues se limita a enlistar las pruebas recaudadas sin efectuar un análisis y valoración racional de las mismas, por tanto, no existe un soporte serio válido para determinar la gravedad de la conducta investigada.

• Finalmente solicitó se practicaran nuevamente los testimonios recepcionados, con el propósito de poder controvertirlos.

El jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, mediante Auto de 23 de julio de 2007,(9) negó la prueba testimonial en consideración a que no reunía las características de conducencia y pertinencia al haber sido decretadas anteriormente (fls. 157-161), decisión que fue apelada por el investigado el día 31 del mismo mes y año (fls. 154-155).

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, mediante Resolución Nº 3162 de 24 de septiembre 2007,(10) resolvió el recurso de apelación y revocó la negativa a la solicitud de la prueba testimonial y en su lugar ordenó que se fijara fecha y hora para su recepción, porque no hacerlo equivaldría al desconocimiento al debido proceso (fls. 174-184).

Mediante Auto de 1º de octubre de 2007(11) (fls. 187-188), el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, decretó pruebas y ordenó las declaraciones de Diego Fernando Rodríguez Vargas, Néstor Augusto Camargo Becerra, Javier Alberto González Quintero, Roberto Julián Riaño Ríos y Yesid Treverts Alvarado Torres fueron nuevamente recepcionados, quienes insistieron en lo inicialmente declarado, en el sentido de que el señor Naranjo Jiménez le imputó al quejoso la pérdida de unos implementos de una de las salas de informática, razón por la cual, éste lo increpó y el funcionario procedió a agredirlo verbalmente y luego físicamente al propinarle un rodillazo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda; mientras que el último de los declarantes señala que el implicado dio informe de lo acontecido al Coordinador del Grupo de Sistemas (fls. 89-90, 194-195, 196-197, 198-200, 201-202 y 134-136).

Por Auto de 23 de octubre de 2007(12) (fls. 205), el jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica decretó el cierre de la investigación disciplinaria y ordenó correr traslado para alegar de conclusión.

Por escrito de 7 de noviembre de 2007 el señor José Eduardo Naranjo Jiménez a través de apoderado procedió a presentar los alegatos de conclusión (fls. 209-218), para lo cual argumentó:

• Efectuó un análisis de cada testimonio y concluyó que deberían ser desestimados teniendo en cuenta que todos son amigos y compañeros del quejoso, por tanto, es apenas lógico que lo defiendan y hagan la misma afirmación.

• La prueba documental arrimada al proceso disciplinario da cuenta del tiempo de servicio del actor, la naturaleza de su vinculación, así como el buen comportamiento que siempre han registrado, las causales deben ser aceptadas y tenidas como ciertas.

• Alega la existencia de causal eximente de responsabilidad, como son las contenidas en los numerales 2º y 4º del artículo 28 del Código Disciplinario Único, esto en consonancia con lo previsto en los numeral 21 y 22 del artículo 34 ibídem, pues el investigado actuó en cumplimiento de un deber legal, con el fin de salvaguardar un derecho propio o ajeno.

• Por lo anterior, afirma que la conducta desplegada es atípica y antijurídica, por cuanto su comportamiento no encuadra dentro de la falta que se le imputa, de suerte que no puede predicarse la existencia de dolo, razón por la cual no puede ser sancionado.

El jefe de la oficina de control disciplinario interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, mediante la Resolución Nº 02 de 1º de agosto de 2008,(13) profirió fallo disciplinario de primera instancia, mediante el cual sancionó al demandante con suspensión en el ejercicio del cargo de técnico operativo, código 4080, grado 10, por el término de cuatro [4] meses y lo inhabilitó por el mismo periodo (fls. 16-60), para lo cual, hizo el siguiente análisis:

• Una vez efectuó un análisis del acervo probatorio arrimado a la actuación administrativa, indicó que no se halla razón alguna que justifique el contacto físico agresivo de José Eduardo Naranjo Jiménez sobre un miembro de la comunidad estudiantil, porque sus facultades como coordinador bajo ningún entendido podrían hacer nugatorios los derechos fundamentales de toda persona, como la presunción de inocencia y la integridad personal de los estudiantes, en éste caso en la persona de Diego Fernando Rodríguez Vargas, entrañando así la omisión de respeto una falta disciplinaria.

• El investigado en calidad de servidor público tenía la responsabilidad de actualizar tanto sus derechos como sus deberes y prohibiciones, labor en la que, la misma Institución le proporcionó los medio para el efecto, como fue el hecho de hacerle entrega real del código de ética de la UPTC, para su información e interiorización, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de los derechos constitucionales a favor de todos los ciudadanos en Colombia como el estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas.

• Por tanto, el funcionario público investigado se encontraba en la capacidad de conocer la ilicitud y como consecuencia de ella, la antijuridicidad de la agresión verbal al hacer imputaciones deshonrosas sobre la autoría de un hurto al estudiante sin contar con las pruebas necesarias para endilgar tal imputación.

• En el mismo sentido, era de conocimiento del investigado que las afrentas a la integridad personal están descalificadas en cualquier ordenamiento jurídico, toda vez que cuenta con la madurez sicológica para dicho entendimiento y además se le exige como coordinador el buen trato a los estudiantes y demás funcionarios de la Institución académica.

• De suerte que el implicado conocía que su conducta era reprochable conforme a las normas internas de la institución universitaria y frente al ordenamiento jurídico, razón por la cual, su conducta fue calificada como grave cometida a título de dolo.

• Indicó que la trascendencia de la falta deviene de la misma naturaleza de la misión universitaria. Socialmente no pueden aprobarse o evaluarse con laxitud, manifestaciones de violencia en un ambiente que procura por la libertad de opiniones, el debate y el debido proceso en las actuaciones ya sea de funcionarios o estudiantes, máxime si se radica en la educación el camino forjador de las salidas a los actuales conflictos sociales.

• Es grave que los cometidos de formación, desarrollados a través de la teoría y desde las aulas de clase se vean denigrados en la práctica por los destinatarios de la guarda de la función educativa; el ejemplo juega un papel importante en la materialización de los contenidos éticos impartidos al sector estudiantil y no es viable reclamar respeto o idoneidad por parte de los estudiantes de la UPTC cuando son menoscabados sus derechos por el personal de la Institución, así las cosas el comportamiento de José Eduardo Naranjo Jiménez es grave porque atenta contra los esfuerzos de formación que invoca la UPTC.

• Una vez absueltas las inquietudes planteadas por la defensa, en cuanto a los testimonios pues se les ha dado el valor que merecen en consonancia con el resto de la información recaudada en el trámite del proceso, siendo imposible su favorabilidad al investigado.

• No es posible descalificar a las declaraciones por el hecho de ser testigos presenciales y de oídas de lo acontecido entre el implicado y un estudiante, antes por el contrario dan cuenta del conocimiento del investigado sobre los mecanismos institucionales para solventar situaciones como la presentada con el quejoso, por cuanto conocer el manual de convivencia de la institución.

Mediante escrito de 14 de agosto de 2008 el disciplinado interpuso el recurso de apelación contra la sanción de que fue objeto (fls. 270-273), para lo cual, argumentó lo siguiente:

• Si bien es cierto las pruebas arrimadas al proceso guardan identidad respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en lo relacionado con las agresiones por parte suya, tales como el reclamo fuerte y el rodillazo o ‘empellón’, también es cierto, que ellos se desprenden de la respuesta dada por el estudiante quejoso, al indicarle de manera ofensiva “que él no era como de su familia”, y luego los dos se trabaron en una serie de alegatos que los declarantes afirman no haber escuchado.

• Por lo anterior insiste en que existe una falta de valoración probatoria conforme a las reglas de la experiencia, por cuanto los testimonios no fueron espontáneos, sino que se notó una preparación anticipada.

• Afirma que su reacción respondió a una afirmación por parte del estudiante según la cual “él no era como los de su familia”, lo que hizo que se enojara y se tornara violento, por lo que le propinó el rodillazo, por tanto, actuó en defensa de un derecho propio.

• Tampoco se estableció de qué manera con la conducta que se le imputa, se causó un perjuicio a la actividad de la administración, además que nunca dejó de prestar el servicio y tampoco se vio suspendido por el hecho investigado.

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, mediante Resolución Nº 3143 de 23 de octubre de 2008(14) (fls. 61-69), profirió Fallo Disciplinario de Segunda Instancia, en que confirmó la sanción impuesta al accionante, para lo cual tuvo en cuenta la siguiente fundamentación:

• En el fallo de primera instancia se realizó la valoración de todos y cada uno de los medios probatorios allegados al expediente, y que en ningún momento se vulneró el derecho a la prueba y defensa ya que, se estimaron en su integridad todos y cada uno de los testimonios solicitados por las partes, además que el testimonio del quejoso guarda similitud con la versión libre del disciplinado, razón por la cual, para esclarecer los hechos fueron llamados los demás testigos presenciales de los hechos.

• En cuanto a que no se establece de qué manera con la conducta del sancionado se causó un perjuicio a la actividad de la administración, no es de recibo tal afirmación, puesto que el disciplinado como funcionario que es de la universidad, debe estar en constante actitud de servicio y atender las necesidades de los educandos y de la comunidad, de manera oportuna, eficaz y positiva de acuerdo a los valores éticos e institucionales del servidor público en el código de ética de la institución.

• No siempre se torna necesario que con actitudes como la desplegada por el funcionario disciplinado, se deba causar un perjuicio a la institución, en el sentido de inactividad o falta de servicio de la administración, sino que hace referencia a las buenas prácticas que siempre deben imperar al interior del claustro universitario.

• De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 6º del artículo 34; y 1º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y luego del análisis de las pruebas, el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, pudo establecer que José Eduardo Naranjo Jiménez, transgredió con la conducta por él desplegada, uno de los fines que establece la Institución educativa el cual se centra en el respeto que se debe tener para con los demás, en éste caso en particular, para con los estudiantes, que utilicen cualquier servicio que proporcione la universidad, la cual es vulnerada por el funcionario sancionado en la medida que no respetó el conducto regular establecido por la institución y por el contrario procedió a elevar imputaciones de hurto con el posterior agravante de contacto físico con el estudiante.

• Recalca que el competente en el caso que se comprobara que el estudiante estaba infringiendo alguna norma, era el decano de la faculta a la cual el estudiante se encontraba adscrito, [facultad de ingeniería] y el disciplinado, quien se encontraba como coordinador de la sala de informática.

• Son estas las razones que llevaron a concluir que efectivamente el funcionario Naranjo Jiménez, con su actuar doloso, transgredió las normas, debido a su comportamiento el cual se ve reflejado en el momento en que agredió tanto física como verbalmente al estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas, siendo la sanción impuesta justa conforme a los parámetros de los artículos 44 a 47 de la Ley 734 de 2002.

Finalmente mediante Resolución Nº 0668 de 15 de enero de 2008 el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, hizo efectiva la sanción a partir de 2 de febrero de 2009 (fls. 73), fecha en que el actor, se enteró de la misma.

ANÁLISIS DE LA SALA

De la nulidad de los actos de ejecución.

El actor solicitó la nulidad de la Resolución Nº 0668 de 15 de enero de 2009, por medio de la cual, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, dispuso la ejecución de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de técnico operativo, código 4080, grado 10 por el término de cuatro [4] meses y lo inhabilitó por el mismo periodo.

La sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno frente a esta resolución que ejecuta la sanción impuesta al actor, porque el rector de la institución universitaria no está tomando una decisión, sino que simplemente está dando cumplimiento a lo resuelto mediante los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es decir, que no contiene la voluntad de la administración, sino que se trata de un acto administrativo de trámite.

Al respecto la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 11 de junio de 2009, expediente 1246-07, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, ha señalado lo siguiente:

“[...] La doctrina del derecho administrativo moderno señala, que para llegar al acto administrativo definitivo se recorre un “inter administrativo” con fases distintas, produciéndose lo que denomina Garrido Falla “una constelación de actos”,(15) así:

— Anteriores al acto administrativo, se encuentran los actos preparatorios, que son aquellos que se dictan para posibilitar un acto principal posterior.

— Y, los actos de trámite, que son los que se producen dentro de una actuación administrativa a fin de impulsar hacia su conclusión.

Posterior al acto administrativo, se encuentran los actos de ejecución, como aquellos que deben realizarse para que se cumpla un acto administrativo en firme.

Estos tres actos: preparatorios, de trámite y de ejecución, son actos instrumentales de la decisión administrativa, que la preparan, la posibilitan o la ejecutan. Son actos que por sí solos no contienen una declaración de voluntad que produzca efectos directos respecto a una situación jurídica en particular. Y, conforme lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, no son susceptibles de recurso de vía gubernativa, excepto los casos previstos en norma expresa. [...]

Bajo los argumentos que anteceden, se tiene entonces, que la Resolución Nº 650 del 9 de diciembre de 1994, no es objeto de control de legalidad por vía de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual torna en inepta la demanda, impedimento procesal que no permite emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas por la parte actora. [...]” (Se destaca).

En consecuencia la Sala se inhibirá de efectuar análisis alguno respecto de su legalidad de dicho acto administrativo.

De la violación al principio de presunción de inocencia.

Para fundamentar el cargo, el accionante aduce que el operador disciplinario lo sancionó sin que existiera prueba en su contra y desconoció la presunción de inocencia que constitucional y legalmente le asiste a toda persona que es sometida a una investigación bien sea de carácter penal o disciplinario, como en el presente caso.

Respecto a la presunción de inocencia el artículo 29 de la Carta Política dispone que: “[...] Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; aun debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

La Corte Constitucional en sentencia T-969 de 18 de diciembre de 2009, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa, con relación al derecho fundamental de presunción de inocencia, indicó que “[...] Uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones públicas —administrativas y jurisdiccionales— es el de presunción de inocencia. Dicho principio aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por consiguiente también en materia disciplinaria. [...]”.

Así mismo señaló que toda actuación disciplinaria que adelante la administración, deberá conforme al debido proceso, estar encaminada a demostrar lo siguiente:

1. Es una conducta establecida como disciplinable.

2. La ocurrencia de dicha conducta se encuentra efectivamente probada.

3. La autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria.

Es decir, que sólo después de superados los tres momentos la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado social de derecho; por tanto, la presunción de inocencia constituye una garantía constitucional frente al poder punitivo del Estado.

1º. La conducta sancionada. 

Ahora bien, para establecer si en el ‘sub examine’ se dieron los elementos señalados por la Corte Constitucional, es necesario tener en cuenta que la conducta por la cual se sancionó al señor José Eduardo Naranjo Jiménez, en su condición de técnico operativo, código 4080, grado 11 [encargado], de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, para la época de los hechos [15 de marzo de 2006] consistió en que como encargado de las salas de informática del centro educativo, se había percatado días previos que se venía presentando la pérdida de partes de los computadores.

Es así, como al observar al estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas manipulando de manera indebida un computador, procedió a señalarlo como el responsable de los robos, para lo cual, le dijo frases como “si para eso es que lo mandan a la universidad, si a estudiar o a robar”, motivo por el cual el estudiante se enojó y de manera airada le increpó señalándole que “no era como los de su familia”, acto seguido el disciplinado lo golpeó con la rodilla en la parte trasera del muslo de la pierna izquierda y le gritó nuevamente lo mismo, razón por la cual, el alumno prefirió guardar silencio.

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual, se expidió el Código Disciplinario Único, en el artículo 34 respecto a los deberes del servidor público, establece lo siguiente:

“2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.(16) [...].

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.(17)

ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. [...].

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.(18) [...]”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-030 de 1º de febrero de 2012, magistrado ponente, doctor Luis Ernesto Vargas Silva, se ocupó de la constitucionalidad de la constitucionalidad de los numerales 2º y 6º del artículo 34 del Código Disciplinario Único, concluyendo:

“[...] Los numerales 2º y 6º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado, deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de las normas constitucionales que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, sobre los que la Corte encuentra que las expresiones demandadas son fiel desarrollo de mandatos constitucionales y son deberes y obligaciones generales y básicos que están consagrados en la Carta Política o constituyen un desarrollo de postulados de la administración pública y de la responsabilidad disciplinaria; que se encuentran en plena armonía con las finalidades constitucionales propias del derecho disciplinario; que no vulneran en sentido alguno los principios de tipicidad y legalidad rectores del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, y que no es cierto que estas expresiones constituyan tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados respecto de los cuales el operador disciplinario no pueda llevar a cabo una remisión normativa o realizar una interpretación sistemática. [...]”.

Conforme a la jurisprudencia que se analiza a todo servidor público le asisten deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de la Constitución Política, y son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, así:

1. Un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad.

2. Un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas.

3. Una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado.

Conforme lo anotado, para la Sala no existe duda que la conducta desplegada por el actor es sancionable conforme lo establece la Carta Política y el ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos [15 de marzo de 2006], que exige de todo servidor público [entre otras], que debe comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales derivadas de la labor que le haya sido encomendada. Es así como en el presente caso el señor Naranjo Mesa guardaba una relación directa y personal con los estudiantes, toda vez, que tenía que prever el buen estado de las salas de informática y de los equipos de cómputo de la Institución Universitaria y constatar que los alumnos las tuvieran disponibles al momento de las clases; y fue ello lo que provocó la reacción agresiva del accionante al dirigirse al estudiante con improperios y acusaciones sin fundamento, al punto que terminó agrediéndolo físicamente.

El actor conocía sus deberes, además que el coordinador de recursos humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, le hizo entrega del código de ética [Res. Nº 2757 de 5 de julio de 2005], que respecto a los valores éticos y el respeto prevé lo siguiente:

ART. 8º—Generalidades: Los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acatarán los valores éticos y deberes institucionales que se indican a continuación:

VALORES ÉTICOS

RESPECTO (sic): Es establecer hasta donde llegan las posibilidades de hacer o no hacer y donde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar, por ello los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia respetarán la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante para toda la comunidad upatecista. [...]”.

Quiere decir, que el actor tenía pleno conocimiento que la conducta por él asumida era disciplinable por la Institución Académica en la cual presta sus servicios, por tanto, se cumple uno de los elementos para desvirtuar la presunción de inocencia, como es que la conducta asumida sea disciplinable.

2º. La ocurrencia de dicha conducta se encuentre efectivamente probada.

Conforme al acervo probatorio obrante en la actuación administrativa y arrimada al proceso de la referencia, se pudo constatar lo siguiente:

• El actor en su condición de técnico operativo, código 4050, grado 11 en encargado, era el responsable de la coordinación de las salas de informática de la universidad (fls. 97).

• El estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas tanto en el escrito de queja (fls. 76), como en la declaración de ampliación de la misma (fls. 89-90), indicó que el día de los hechos [15 de marzo de 2006], estaba jugándole una broma a una compañera, para lo cual, le estaba desconectado el mouse, y en ese momento entró el demandante [José Eduardo Naranjo Jiménez] y lo empujó y le dijo que era el responsable de los robos que se venían presentando en la salas de informática, que devolviera lo que se había robado y “que si a eso lo habían mandado a la universidad a estudiar o a robar”, motivo por el cual se molestó y le contestó “que no era como los de su familia”, ante lo cual el servidor público continuó agrediendo verbalmente y luego lo golpeó con la rodilla en la parte trasera del muslo de la pierna izquierda, por tanto, prefirió guardar silencio. Finalmente señaló que de ello fueron testigo algunos de sus compañeros.

• El accionante en la versión libre señaló que efectivamente en las salas de informática se estaban presentado algunos robos y al ver al estudiante manipulando en forma indebido los computadores le reclamó airadamente y como éste le contestó de manera grosera, fue que lo empujo y continuó reclamándole y se entrabaron en una discusión. Finalmente señala que le informó de manera verbal al coordinador del grupo de organización y sistemas de la universidad (fls. 100-102)

• Por su parte los estudiantes Néstor Augusto Camargo Becerra, Carlos Alirio Montes Borda y Javier Alberto González Quintero (fls. 91-92, 93-94 y 95-96), efectuaron el mismo relato que el quejoso y afirmaron que se hallaban presentes cuando ocurrieron los hechos materia del proceso disciplinario; por su parte el estudiante Roberto Julián Riaño Ríos (fls. 109-110), afirma ser un testigo de oídas, y de igual manera coincide en el relato de los hechos.

• Así mismo el señor Yesid Treverts Alvarado Torres, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Coordinador del Grupo de Organización de Sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su declaración afirmó que efectivamente el actor, ese día le informó la situación presentada con el estudiante, ante lo cual le señaló que no debió gritarlo y menos agredirlo, que él sabía el conducto regular que lo debió hacer, era informar al decano para que se encargara del asunto (fls. 134-136).

• De igual forma obra la Resolución Nº 2757 de 5 de julio de 2005, correspondiente al Código de Ética de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, así como la constancia de recibido por el actor (fls. 40 anexo y 114), en el cual, la accionada estipula que en toda las actuaciones que los funcionarios desarrollen debe primar el respeto por los demás, en especial por los estudiante por ser el fundamento de la labor de la Institución en su actividad de educar.

Nótese como las pruebas hasta aquí analizadas [no son las únicas, pero sí las más relevantes], dan cuenta que la conducta efectivamente existió y el autor de la misma fue el señor José Eduardo Naranjo Jiménez.

3º La autoría y responsabilidad de ésta se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. 

En el presente caso se pudieron establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el responsable, así:

Tiempo: 15 de marzo de 2006.

Modo: El Estudiante Diego Fernando Rodríguez Vargas, estudiante de la facultad de ingeniería de la UPTC [quejoso], le estaba jugando una broma a un compañera, motivo por el cual, le estaba desconectando el mouse, momento en el cual apareció el señor José Eduardo Naranjo Jiménez, coordinador de las salas de informática y le reclamó que si era él quien se robaba las partes de los computadores y luego le señaló “que si lo mandaban a estudias o a robar”, ante lo cual, le respondió “que él no era como los de su familia”, y acto seguido procedió a golpearlo con la rodilla en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda y le siguió reclamando airadamente, decidiendo mejor guardar silencio.

Lugar: Los hechos acontecieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, específicamente en las salas de informática, aula 140.

Responsable: La persona señalada por el quejoso como responsable de los anteriores hechos, fue el señor José Eduardo Naranjo Jiménez, técnico operativo, código 4080, grado 11 encargado, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, responsable del mantenimiento y control de las salas de informática

Finalmente se pone de presente, que según da cuenta el Auto de 4 de marzo de 2006, proferido por el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la Universidad, el sujeto pasivo del proceso disciplinario fue el señor Naranjo Jiménez.

Así las cosas, habiéndose superado los tres elementos que componen la presunción de inocencia [la conducta se encuentre establecida como disciplinable; está debidamente probada, y el sujeto pasivo de la acción disciplinaria es el responsable], queda desvirtuada, como garantía que le asiste al disciplinado en el trámite de la actuación administrativa, por tanto, el cargo de desconocimiento del principio de presunción de inocencia no está llamado a prosperar.

De la violación al principio de favorabilidad.

Afirma el actor que con su proceder no le causó ningún daño a la Institución, pues en ningún momento dejó de cumplir con las labores a él encomendadas como la coordinación de las salas de informática, motivo por el cual, ‘si acaso’ debió ser sancionado con una amonestación.

Respecto al principio de favorabilidad el artículo 29 de la Carta Política dispone que “[...] En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

En materia disciplinaria la jurisprudencia constitucional(19) ha fijado una posición según la cual, si bien el principio de aplicación inmediata de las normas procesales es compatible con el derecho al debido proceso, éste debe integrarse con el principio constitucional de favorabilidad, máxime cuando el propio Código Disciplinario Único así lo ha establecido.

La Ley 734 de 2002 —Código Disciplinario Único—, con relación al principio de favorabilidad, preceptúa lo siguiente:

ART. 14.—Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Carta Política”.(20)

Haciendo una interpretación del principio de favorabilidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-948/2002 de 6 de noviembre de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, indicó que “[...] El ejercicio del poder del Estado para sancionar las faltas disciplinarias que cometan sus servidores como mecanismo para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, debe estar revestido de todas las garantías de orden sustantivo y procesal, consagradas constitucional y legalmente. Así pues, los principios del debido proceso, legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, entre otros, se muestran como rectores del proceso disciplinario en general. [...]”.(21)

Conforme a lo anotado la Sala observa que el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad alegado por el actor, no pasa de ser una afirmación que corresponde a la manifestación de su querer, más no porque la accionada hubiera efectuado una aplicación indebida de la sanción de la cual fue objeto.

Lo anterior si se tiene en cuenta que el artículo 18 de la Ley 734 de 2002, dispone que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida, y para su graduación deben aplicarse los criterios que fija la misma ley.

La conducta asumida por el actor fue calificada como grave cometida a título de dolo, teniendo en cuenta el conocimiento de que dicho comportamiento era reprochable por parte del a institución educativa y que excedió el ámbito de las labores encomendadas, dado que la conducta presumiblemente asumida por el estudiante [robo de implementos de computación], debió de ser investigada por el decano de la facultad a la cual se encontraba inscrito el estudiante, que en éste caso corresponde a la facultad de ingeniería.

Además no es de recibo la afirmación del accionante según la cual, con su comportamiento no afectó la prestación del servicio, pues el operador disciplinario en el fallo de primera instancia [Res. Nº 02 de 1º de agosto de 2008], analizó la manera en que el disciplinado afectó el servicio prestado por el centro educativo, indicando lo siguiente: “[...] es grave que los cometidos de formación, desarrollados a través de la teoría y desde las aulas de clase se vean denigrados en la práctica por los destinatarios de la guarda de la función educativa; es claro que el ejemplo juega un papel importante en la materialización de los contenidos éticos impartidos al sector estudiantil y no es viable reclamar respeto o idoneidad por parte de los estudiantes de la UPTC cuando son menoscabados sus derechos por el personal de la Institución, así las cosas el comportamiento de José Eduardo Naranjo Jiménez es grave porque atenta contra los esfuerzos de formación que invoca la UPTC. [...]”.

En esas condiciones el cargo de violación al principio de favorabilidad no está llamado a prosperar.

De la existencia de causal eximente de responsabilidad.

El demandante afirma que en su condición de funcionario actuó con la firme convicción de que se encontraba cumpliendo con su deber, el cual consistía en el cuidado y protección de los elementos de cómputo para el uso de los estudiantes, sin pensar en que estuviera cometiendo una falta disciplinaria; además que estaba protegiendo un derecho propio y otro ajeno.

La Corte Constitucional en Sentencia C-181 de 12 de marzo de 2002, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, precisó que las faltas disciplinarias son definidas anticipadamente y por vía general en la legislación y corresponden “[...] a descripciones abstractas de comportamientos que, sean o no delitos, enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha de la función pública en cualquiera de sus formas, lo que hace que las mismas disposiciones que las consagran estatuyan, también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquellas”.

De manera que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la correspondiente sanción la incursión en cualquiera de las conductas descritas en la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único, que conlleve:

1. Incumplimiento de deberes.

2. Extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones; y

3. Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos, conflicto de intereses y prohibiciones.

El Código Disciplinario Único [L. 734/2002] en el artículo 23 indica qué es causal de falta disciplinaria, con el siguiente tenor literal:

La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento” (Se subraya).

Ahora bien, el artículo 28 ibídem con relación a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, dispone lo siguiente:

“[...]

4º. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad. [...]

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-948 de 6 de noviembre de 2002, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, declaró exequible las anteriores causales, para lo cual indicó:

“[...] Al respecto la Corte recuerda que, como ya se señaló en esta misma providencia, el ejercicio del poder del Estado para sancionar las faltas disciplinarias que cometan sus servidores como mecanismo para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública, debe estar revestido de todas las garantías de orden sustantivo y procesal, consagradas constitucional y legalmente. Así pues, los principios del debido proceso, legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley, reconocimiento de la dignidad humana, resolución de la duda en favor del disciplinado, entre otros, se muestran como rectores del proceso disciplinario en general.(22)

Así en este campo la garantía constitucional del principio de legalidad impone al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las conductas consideradas como reprochables y las sanciones en las que incurrirá quien cometa alguna de las conductas prohibidas, pues sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal.(23) Cuando ello no ocurre así, la norma en cuestión viola la Carta, bien sea porque no determine claramente la conducta reprochada, o porque no define claramente cuál es la sanción que debe imponerse o los criterios que claramente permiten su determinación.(24)

Para el actor los apartes acusados del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 desconocen dichos presupuestos. Para la Corte sin embargo no son necesarios mayores desarrollos para concluir que la acusación del actor no toma en cuenta que el objeto del artículo 28 en que se encuentran insertos los apartes acusados no es la tipificación de conductas que puedan ser reprochadas disciplinariamente sino que en ella se señalan son las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, causales que dado su carácter general resultan aplicables a todos los tipos disciplinarios y que para poder ser invocadas implican el análisis específico de la situación de cada servidor público en el marco del proceso respectivo.

No sobra señalar además, como lo recuerda la vista fiscal en su intervención, que no es cierto que dichas causales escapen a la consideración de la voluntad del servidor público al momento de la comisión del hecho que pueda reprocharse disciplinariamente, pues dicho servidor tiene la obligación de conocer y cumplir sus deberes funcionales en debida forma con la capacidad de valorar, en un momento determinado, cuales son de mayor importancia para el efectivo cumplimiento de los fines estatales.

Así las cosas frente al cargo planteado la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “de mayor importancia que el sacrificado” contenida en el numeral segundo así como el numeral cuarto del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. [...]”.

Para establecer si efectivamente el actor actuó “Para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad” y por tanto, no podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria como lo alega, la Sala estima necesario precisar que la procedencia de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria prevista en el artículo 28-4 del Código Disciplinario Único, debe contener los siguiente elementos:

1. El operador disciplinario debe valorar el derecho frente al deber en forma proporcional y razonada, para lo cual deberá anotar que no se afecten intereses del Estado, ni la función pública.

2. Evaluar los derechos de los servidores públicos y efectuar una ponderación de la oportunidad, necesidad y adecuación por parte del implicado al anteponer su derecho no funcional sobre el deber funcional.

En el presente caso, la conducta imputada al demandante está prevista en el Código Disciplinario Único —Ley 734 de 2002—, con el siguiente contenido literal:

ART. 50.—Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley”.

En el ‘sub lite’, se refiere a la necesidad de preservar los bienes asignados a su cuidado [equipos de computación], en virtud de lo cual en la demanda se afirma que el sancionado, se vio obligado a exigir la devolución de unos implementos que él presumió [porque no tenía prueba de ello] que el estudiante quejoso había sustraído de la Sala de Informática en otras oportunidades. Empero en el presente caso, no se da ninguna de las condiciones previamente señaladas para que operen las causal eximente de responsabilidad alegada por el accionante, porque como quedó demostrado con el Manual de Funciones y Requisitos de la Institución,(25) dentro de sus obligaciones no estaba la de tramitar cualquier investigación o queja en contra de los estudiantes, por la presunta apropiación de bienes de la Institución Educativa, sino que esta competencia era exclusiva del Decano de la Facultad de Ingeniería a la cual se encontraba asignado el estudiante (fls. 98-99).

Así se lo hizo saber el coordinador del grupo de organización y sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, cuando fue informado por el actor, de los hechos materia del proceso disciplinario (fls. 134-136), y así se encuentra previsto en la Resolución Nº 2771 [no se lee con claridad la fecha], mediante la cual se aprobó el manual de funciones y requisitos de la accionada (fls. 98-99).

Finalmente dicha situación fue analizada por el rector de la universidad en el fallo disciplinario de segunda instancia [Res. Nº 3143 de 23 de octubre de 2008], cuando le señaló que: “[...] el competente para en caso que se comprobara que el estudiante estaba infringiendo alguna normas, era el decano de la facultad a la cual el estudiante se encontraba adscrito [facultad de ingeniería] y no como en éste caso el disciplinado, quien se encontraba como coordinador de la sala de informática. [...]” (fl. 68).

La anterior situación lo hizo responsable por desatención de deberes de obligatorio cumplimiento, es decir, que obró con culpa grave y en tal sentido se pronunció la Segunda Instancia, no resultando aceptable la excusa acerca de que estaba protegiendo un derecho propio y otro ajeno.

Ahora bien, el actor alega igualmente que se configura la causal eximente de responsabilidad prevista en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, según la cual actuó “6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”.

Para la Sala resulta inadmisible desde todo punto de vista tal afirmación, de un lado porque al demandante como funcionario de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia, UPTC había recibido el manual de ética de la institución [Res. Nº 2757 de 5 de julio de 2005], en el cual se enfatiza la aplicación de los valores y el respecto, para lo cual, en el artículo 8° estableció lo siguiente: RESPETO: Es establecer hasta donde llegan las posibilidades de hacer o no hacer y donde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar, por ello los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia respetarán la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante para toda la comunidad upatecista” (fl. 114).

Como da cuenta la norma interna de la universidad, todo servidor público de la Institución conforme al manual de funciones y requisitos debe tener en claro que puede hacer o no hacer, y respetando la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, en especial a los estudiantes brindándole un trato amable y mostrando siempre tolerancia para toda la comunidad universitaria de la UPTC.

De lo anterior se infiere que el accionante tiene una percepción errada de la realidad de los hechos objeto del proceso disciplinario que dio lugar a la sanción de suspensión, pues la norma da cuenta que le asistía un deber funcional de respeto y tolerancia frente a la comunidad estudiantil, y por lo tanto, la conducta asumida por el actor sí constituye falta disciplinaria y fue cometida a título de dolo, toda vez que golpeó a una persona.

Así las cosas dado el cargo y la experiencia del disciplinado, no es posible admitir la afirmación de que no tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta, menos aún, puede permitirse que en una Universidad Pública tengan lugar esta clase de agresiones, y a que por la naturaleza de la accionada, el fin que persigue es la formación y educación de la comunidad universitaria.

Por las anteriores razones, el cargo de la existencia eximente de responsabilidad no está llamado a prosperar.

En esas condiciones como no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, la Sala negará las súplicas de la demanda, empero se inhibirá de emitir pronunciamiento alguno respecto a la Resolución Nº 0668 de 15 de enero de 2009, por no contener la voluntad de la administración, sino que constituye un acto administrativo de trámite.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. DECLÁRESE inhibida la Sala para emitir pronunciamiento alguno respecto a la Resolución Nº 0668 de 15 de enero de 2008, mediante la cual el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ejecutó la sanción impuesta al demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NIÉGANSE las súplicas de la demanda incoada por José Eduardo Naranjo Jiménez contra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Consejeros: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve, en comisión—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E).

1 Notificada personalmente al disciplinado el 11 de agosto de 2008 (fl. 60).

2 Notificada mediante edicto que se fijó el 6 de noviembre y se desfijó el 10 del mismo mes de 2008 (fls. 70-71).

3 La sanción se ejecutó a partir de 2 de febrero de 2009, fecha en que el accionante tuvo conocimiento de la resolución.

4 El disciplinado fue notificado personalmente el 11 de abril de 2006 (fl. 81).

5 El disciplinado fue notificado personalmente el 6 de octubre de 2006 (fl. 43).

6 El disciplinado fue notificado personalmente el 4 de julio de 2007 (fl. 153).

7 Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, dispone lo siguiente:

ART. 34.—Deberes. Son deberes de todo servidor público: [...]

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función. [...]

6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. [...]

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. [...]”.

8 Resolución Nº 2757 de 5 de julio de 2005, por la cual la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, expidió el Código de Ética de la Universidad, que sobre el particular, prevé:

ART. 8º—Generalidades: Los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia acatarán los valores éticos y deberes institucionales que se indican a continuación:

VALORES ÉTICOS

RESPECTO: Es establecer hasta donde llegan las posibilidades de hacer o no hacer y donde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda convivencia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Las leyes y reglamentos establecen las reglas básicas de lo que debemos respetar, por ello los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia respetarán la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerante para toda la comunidad upatecista.

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres”.

9 El disciplinado fue notificado personalmente el 27 de julio de 2007 (fl. 161).

10 El disciplinado fue notificado personalmente el 27 de septiembre de 2007 (fl. 184).

11 El disciplinado fue notificado personalmente el 5 de octubre de 2007 (fl. 105 anexo).

12 El disciplinado fue notificado personalmente el 26 de octubre de 2007 (fl. 205).

13 El disciplinado fue notificado personalmente el 11 de agosto de 2008 (fl. 60).

14 El disciplinado fue notificado mediante Edito que se fijó el 6 de noviembre y se desfijó el 10 del mismo mes de 2008 (fls. 70-71).

15 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de derecho administrativo. Volumen I. Parte General. Editorial Tecno. Madrid. Sexta Edición, pág. 410.

16 Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030/2012.

17 Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-030/2012.

18 Numeral declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-350 de 2009, es decir, que para la época de los hechos [15 de marzo de 2006 y en que se profirieron los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia [1º de agosto y 23 de octubre de 2008] se encontraba vigente.

19 Sentencia C-328-03 de 29 de abril de 2003, M.P. Dr. Manuel José cepeda Espinosa.

20 Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948/2002.

21 Ver la Sentencia C-310/97, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver la Sentencia C-708/99, M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte reitera la aplicación de los principio generales del debido proceso al derecho sancionatorio.

22 Ver la Sentencia C-310/97, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver la Sentencia C-708/99, M.P. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte reitera la aplicación de los principios generales del debido proceso al derecho sancionatorio.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-843/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

24 Ver Sentencia C-653/2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Rodrigo escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis.

25 Resolución Nº 2771 [no se indica la fecha de expedición], por el cual se establece el manual de funciones y requisitos de los diferentes empleos de la planta de funcionarios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, que respecto a las funciones asignadas al cargo de técnico operativo, código 4080, Gado 11, son:

“Preparar y adaptar las tecnologías que sirvan de apoyo al desarrollo de las actividades propias del [...] desempeño.

Preparar el material y equipo requerido para el desarrollo y ejecución de experimentos, cálculos, mapas, gráficos y pruebas a realizar en el área de desempeño.

Diseñar procesos y métodos para el funcionamiento adecuado del área de desempeño.

Cuidar los equipos que se encuentren bajo su responsabilidad.

Responder por el mantenimiento y conservación de los equipos y elementos que le sean asignados.

[...] recopilar datos de información para elaboración de cuadros, informes y gráficas.

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentos del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.

Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Institución.

Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño” (fls. 98-99).