SENTENCIA 2012-00399/1333-2014 DE NOVIEMBRE 17 DE 2016

 

Sentencia 2012-00399 de noviembre 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejera Ponente:

Doctora Sandra Lisset Ibarra Velez

Bogotá, D.C., 17 de noviembre de 2016.

Rad.: 68001233300020120039901

Nº interno: 1333-2014

Actores: Juan Fernando Muñoz Pimiento

Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad

Asunto: Contrato realidad. Demandante demuestra la subordinación en la ejecución de la labor de escolta a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Segunda instancia. Apelación de sentencia.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Atendiendo a los argumentos expuestos por la parte demandante, los motivos de oposición aducidos por la accionada y el material probatorio obrante en el expediente, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración, fijando para ello el siguiente:

6. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si el demandante demostró haber prestado el servicio de escolta bajo la subordinación del Departamento Administrativo de Seguridad, elemento indispensable para la configuración de una relación laboral como contrato realidad o si en su defecto, solo fue acreditado el cumplimiento de unas obligaciones contractuales pactadas entre aquel y el organismo de Seguridad mediante contratos de prestación de servicios.

En segundo lugar, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una indebida valoración de la prueba testimonial recepcionada en el proceso, que conllevó a la decisión apelada.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala en primer lugar, abordará el estudio del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, los elementos de la relación laboral y el contrato de prestación de servicio. En segundo orden, precisará acerca de la importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio, garantía que permitirá en el caso bajo estudio, establecer si en efecto, el demandante desarrolló la labor de escolta bajo la continuada subordinación de la contratante. Finalmente, se resolverá el caso en concreto.

i. El principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, los elementos de la relación laboral y el contrato de prestación de servicio.

La realidad sobre las formalidades evidenciadas en las relaciones de trabajo, hace referencia a un principio constitucional imperante en materia laboral y expresamente reconocido por el artículo 53(8) de la Carta Política, entendido de la siguiente forma: No importa la denominación que se le dé a la relación laboral, pues, siempre que se evidencien los elementos integrantes de la misma, ella dará lugar a que se configure un verdadero contrato realidad.

Es preciso destacar que se ha denominado contrato realidad a aquél que teniendo apariencia distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación laboral en donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma.

Lo anterior, atendiendo que el contrato de prestación de servicios(9) lo celebran las entidades del Estado con personas naturales o jurídicas con el objeto de desarrollar actividades que tienen que ver con su funcionamiento, en aquellos casos en que éstas no se pueden llevar a cabo con el personal perteneciente a ella. Empero, la norma legal(10) establece que dicho contrato en ningún caso genera relación laboral ni prestaciones sociales y se celebra por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

Es por ello que, para efectos de demostrar la relación laboral derivada de la ejecución de un contrato de prestación de servicios, se requiere que el actor pruebe los elementos esenciales(11) de la misma, esto es: i. Que su actividad en la entidad haya sido personal; ii. Que por dicha labor haya recibido una remuneración o pago y, iii. además, debe probar que en la relación con el empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo.

En este orden de ideas, se tiene que una vez que se han reunido los tres elementos que consagra el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, con la modificación introducida por la Ley 50 de 1990, se puede hablar de la existencia de un contrato de trabajo, sin que tenga importancia o relevancia jurídica la denominación o el nombre que se le dé ni otras condiciones o modalidades que se adicionen.

Es así como la Sala(12) ha señalado que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla.

ii. La importancia de la prueba en la definición de un conflicto jurídico y su valoración para la resolución del litigio.

El ordenamiento procesal contenido en la Ley 1564 de 2012, establece en su artículo 164 que “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.

Conforme la normativa precitada, la importancia de la prueba en todo procedimiento es evidente, pues solo a través de una vigorosa actividad probatoria, que incluye la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir las que obran en cada trámite, puede el funcionario judicial alcanzar un conocimiento mínimo de los hechos que dan lugar a la aplicación de las normas jurídicas pertinentes, y dar respuesta a los asuntos de su competencia ciñéndose al derecho sustancial. 

Precisa la Sala que conforme a la teoría cognoscitivista de la prueba(13), los hechos constitutivos son precisamente los que fundamentan la pretensión del actor o si se quiere, los que constituyen el presupuesto del derecho que reclama, de tal suerte que, la prueba juega un papel trascendental en la resolución del conflicto, en la medida que a través de ella es posible hacer la fijación formal de los hechos, como quiera que el proceso gira alrededor de los supuestos fácticos sobre los cuales el juez toma la decisión basándose en ello, por lo que es necesario, que la prueba cumpla con el objetivo de determinar qué hechos pueden tomarse como fundamento de la decisión.

Lo antes mencionado, permite colegir que los supuestos fácticos alegados por la accionada en vía de la impugnación, relacionado con la inexistencia de subordinación en la ejecución del contrato de prestación de servicio a cargo del actor, la labor o función de protección distinta a dignatarios en cabeza de entidades distintas a la accionada y la presunta valoración inadecuada de los testimonios, implica necesariamente que en el proceso existan los elementos probatorios que permitan al fallador obtener la certeza o fijación formal del supuesto de hecho argüido, de tal suerte que la prueba cumpla con el objetivo de determinar que tal hecho se constituye en fundamento de la decisión, examen y valoración que la Sala llevará a cabo más adelante en el acápite del caso o resolución del asunto en concreto.

Del asunto en concreto.

El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, cuestionó la sentencia al señalar que el a quo no apreció las pruebas en su conjunto pues, con el propósito de determinar la realidad sustancial que orientó la relación jurídica contractual, debió consultar los documentos públicos señalados por el actor como misiones y ordenes de trabajo.

Al valorar la Sala el acervo probatorio obrante en el proceso, se evidencia a folio 4 al 150 del cuaderno de pruebas, las copias de las órdenes de trabajo emitidas por el Departamento Administrativo de Seguridad y dirigidas al actor, a través de las cuales, se dispuso la prestación del servicio de seguridad y protección a personas que hacían parte del Programa de Protección a líderes sindicales protegidas pertenecientes al colectivo SINALTRAINAL, quedando demostrado que el actor prestó sus servicios como escolta del DAS durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de marzo de 2011, desvirtuándose de esa manera, el carácter temporal o excepcional del servicio contratado por el DAS.

Ahora bien, en cuanto al elemento subordinación y dependencia, se probó en el expediente las ordenes operativas o misiones de trabajo(14) que le eran encomendadas al actor, en las cuales se especifica la persona a quien le prestaría el servicio de seguridad, el término asignado a dicha persona, el vehículo asignado y las instrucciones particulares sobre la labor a desarrollar.

Es claro para la Sala que en dichas órdenes o misiones de trabajo se impartían instrucciones al demandante en el sentido que, el contratista debía hacer contacto con la persona protegida perteneciente al colectivo Sinaltrainal en el lugar habitual y acompañarlo a todos los lugares que éste visitase, extremando al máximo todas las medidas de seguridad, tendientes a proteger la vida e integridad física del personaje, portando para tal fin, armamento de dotación oficial y chaleco antibalas, realizándose los desplazamientos en el vehículo asignado por la entidad(15).

Como se observa, la función de protección que desarrolló el actor no es distinta de la consagrada en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 643 de 2004(16), como quiera que una de las funciones generales del DAS también era prestar seguridad a personas y dignatarios, distintas de las dispuestas en el numeral 14 del mismo artículo, como fue la protección de sindicalistas y activistas de derechos humanos, con lo que queda probado que se trató de una función permanente y del componente misional de la entidad desarrollada por el actor en su condición de contratista.

En este orden, se encuentra demostrado que el actor ejerció funciones que son inherentes y que hacían parte del roll misional de la entidad, al llevar a cabo la prestación del servicio de protección y seguridad del colectivo Sinaltrainal, en su calidad de personas bajo esquema de protección del DAS y a quien el actor le prestó los servicios de escolta, funciones que forman parte del giro ordinario del objeto misional del DAS, por lo tanto, es evidente que se trata del cumplimiento de funciones propias de la entidad que implican subordinación, las que no podían ser contratadas mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios conforme a las normas vigentes.

En ese mismo hilo conductor, reposa en el proceso la declaración rendida por el señor Robinson Peña Domínguez(17) quien prestó sus servicios a la demandada en calidad de escolta y que respecto del señor Juan Fernando Muñoz Pimiento sostuvo lo siguiente:

«(...) Conozco al señor Juan Fernando Muñoz aproximadamente desde el 2006, año en el que se incorporó como escolta al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, nos conocemos ya que laboramos con los mismos esquemas de seguridad Sinaltrainal que son los sindicatos de coca cola, lo conozco en las ciudades de Barranca donde hemos viajado, Bucaramanga, Valledupar, Cali, diferentes ciudades donde los miembros del sindicato han ido donde nos hemos reunido. Sírvase decirnos si las funciones que cumplía el señor Juan Fernando Muñoz Pimiento en su labor de escolta se realizaban con utensilios, elementos, armas o vehículos de la entidad DAS. Respondió: Si señor, nosotros utilizábamos un carro, un chaleco, un arma, todos con los logotipos de DAS..., todos los elementos nos lo daban ellos, siempre que se incorporaba uno al DAS era lo primero que recibíamos. Sírvase informar quien era la persona encargada de conformar los esquemas de seguridad, de quien recibían las ordenas y si se podían modificar por cuenta propia. Respondió: Las órdenes las recibíamos directamente del DAS, en este caso el jefe de protección quien era la persona en quien nos encontrábamos a cargo, las órdenes se impartían por escrito a través de las órdenes o misiones de trabajo por medio de las cuales, lo designaban a un determinado esquema... Sírvase indicar si ustedes como escolta contratado tenían algún grado de autonomía respecto de la función que iban a desarrollar. Respondió: No señor, nosotros simplemente nos vinculaban al DAS, nos daban los elementos que eran del DAS, todo se hacía a través de órdenes de servicio donde el jefe de protección, el jefe de avanzada y el señor director le indicaban a uno lo que se debía hacer. Sírvase informar si el señor Juan Fernando Muñoz Pimiento realizó las labores de conducción. Respondió: Si señor, lo primero que nos daban era el chaleco, el arma y el carro, nos daban el vehículo con el que había que recoger al protegido, razón por la que, uno tenía que manejar el vehículo... nosotros participábamos en entrenamientos con vehículos en los que participaban los detectives escoltas».

Así mismo, obra en el proceso la declaración rendida por el señor Juan Carlos Cetina Rodríguez quien manifestó igualmente haber prestado sus servicios de escolta contratista al DAS y quien sostuvo lo siguiente respecto del demandante:

«(...) Sírvase informar si usted sabe si el señor Juan Fernando Muñoz Pimiento desde diciembre de 2006 y hasta marzo de 2011 se desempeñó como escolta y en caso afirmativo, con quien trabajaba y en qué período usted lo conoció. Respondió: Yo lo conocí en abril de 2006, en Barrancabermeja, en el DAS, prestó sus servicios de seguridad a un señor del sindicato de Sinaltrainal... Sírvase informarnos porque usted dice que trabajaba para el DAS. Respondió: El prestaba servicios a un personal de derecho humanos como sindicalistas y fue contratado allá en Bucaramanga y después fue trasladado a Barrancabermeja y ahí prestó el servicio de seguridad al señor Luis Alberto Díaz. Sírvase informarnos si para la ejecución de los contratos el señor Juan Fernando Muñoz Pimiento utilizó elementos del DAS. Respondió: El utilizó un vehículo, chaleco antibala con el nombre del DAS, pistola que también decía DAS, la miniuzi de la cual, estaba él encargado y el carnet del DAS. Sírvase informar si el señor Juan Fernando Muñoz tenia autonomía en los esquemas que tenía frente a su protegido. Respondió: No, teníamos el mismo servicio, nos mandaba el jefe de puesto con la orden del jefe de protección... Sírvase indicar quien definía cuáles eran los esquemas de seguridad y quien daba las órdenes de operaciones o movilizaciones. Respondió: Se coordinaba con el señor director quien era el que mandaba la orden al jefe de protección y este nos daba la orden de servicio que teníamos que hacer por escrito...(18)».

De acuerdo a las anteriores declaraciones, se tiene que si bien la parte demandada cuestionó las declaraciones rendidas por los señores Robinson Peña Domínguez y Juan Carlos Cetina Rodríguez, al considerar que su dicho está viciado por cuanto que los aludidos declarantes prestaron sus servicios como escoltas contratistas y tienen demandas en contra de la entidad con homogéneas pretensiones, lo cierto es que, la condición de haber prestado sus servicios a la accionada en calidad de escoltas contratistas e inclusive, compañeros de esquemas de seguridad con el actor, no solo le imprime a sus declaraciones la condición de veracidad como quiera que, precisamente eran las personas que día tras día evidenciaron la manera en que el demandante ejecutó la labor para el cual fue contratado por el Departamento Administrativo de Seguridad, sino que además, existe en el proceso pruebas documentales con las que se confronta los testimonios rendidos, tales como las misiones y órdenes de trabajo encomendadas al accionante, encontrando la Sala que dichas pruebas en su conjunto demuestran que el actor prestó su servicio de escolta, sujeto a las instrucciones que el DAS le impartía y utilizando los elementos logísticos de dotación entregados por la demandada para cumplir sus funciones.

La situación objeto de análisis, se encuadra dentro de los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009(19), que definen el concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios.

En el caso concreto, se desvirtuó el carácter temporal de la labor contratada al probarse 1) El criterio funcional, porque la función contratada —de escolta— está referida a las que debía adelantar la entidad pública como propia u ordinaria. 2) No hay temporalidad y excepcionalidad de la labor desarrollada por el actor, porque se trató de una vinculación que sin solución de continuidad se extendió por un poco más de 4 años con la misma persona y con el mismo objeto. 3) El criterio de la continuidad, porque la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios para desempeñar funciones del giro ordinario de la administración, de carácter permanente.

Así las cosas, una vez desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de prestación de servicios y probados los elementos de la relación laboral en el sub examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la contraprestación y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que la administración utilizó erróneamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto el demandante desarrolló la función de protección en el DAS, de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la Entidad.

De otra parte, en lo referente al problema jurídico asociado consistente en establecer si el a-quo incurrió en una indebida valoración de las pruebas, considera la Sala que lo manifestado por los declarantes es coincidente no solo en la disponibilidad que debía tener el escolta contratista sino además, en los registros que debían hacer respecto de la dotación de armamento, del vehículo asignado, del chaleco antibala entregado para el desarrollo de la labor y lo más importante, las novedades que en ejercicio de la actividad se presentase, lo cual, es corroborado con las instrucciones impartidas en las misiones de trabajo, circunstancias que no se enmarcan dentro de la labor de coordinación contractual, sino que por el contrario, denotan la ejecución de su obligación contractual bajo una permanente subordinación, al punto que, en los eventos en que la persona protegida saliera del país, al escolta contratista le asignaban labores como la de prestación el servicio de seguridad en las instalaciones el Departamento Administrativo de Seguridad, lo que reafirma la inexistencia de su autonomía o independencia en el desarrollo de las obligaciones contractuales.

En ese sentido, al no advertirse contrariedad entre el dicho de los deponentes y las pruebas documentales que reposan en el plenario, antes de constituirse la calidad de escoltas contratistas en una circunstancia que mengue su credibilidad, lo que produce la misma es el efecto contrario, es decir, que contribuyó a fortalecer su decir, de tal suerte que apreciadas las pruebas en su conjunto, como lo ordena la ley, se llega a la conclusión de que dichos testimonios no están afectado de parcialidad que los descalifique, pues los aspectos sobre los que recayó la declaración también encuentra respaldo en otros medios probatorios que obran en el proceso, como evidencias documentales a las que se hizo referencia anteriormente y contra las cuales no se formuló ningún reparo.

Visto todo lo anterior, se puede confirmar tal como lo sostuvo el a quo, que los servicios que el señor Juan Fernando Muñoz Pimiento prestó al Departamento Administrativo de Seguridad fueron personales, dependientes y subordinados, conllevando ello a que se desvirtúe la existencia del contrato de prestación de servicios, de conformidad con el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas entre los sujetos de la relación laboral, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política, por tanto, la situación del demandante debe tener especial protección del Estado, según las previsiones del artículo 25 Superior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMASE la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual, accedió a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad de los actos acusados y como consecuencia de ello, condenó al Departamento Administrativo de Seguridad a pagar al actor el valor equivalente a las prestaciones comunes u ordinarias que devengaban los escoltas de la entidad, liquidadas conforme a los valores pactados en los contratos comprendidos entre el 01 de diciembre de 2006 y el 31 de marzo de 2011.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter».

8 ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

9 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

10 Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Inciso tercero.

“(...).

3º. Contrato de prestación de servicios

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

11 El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, así:

“ART. 23.—Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de fecha 10 de diciembre de 2015, Rad. 05001-23-31-000-2011-01694-01(2592-14), Actor: Rodrigo de Jesús Fernández Ortiz.

13 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid, Trotta. 1997, pág. 67. Bajo esta concepción se parte de una relación directa entre prueba y teoría del conocimiento. Concibe que el juicio de la prueba en el proceso judicial incluye un problema de racionalidad fáctico-procesal que debe estar apoyado en un enfoque epistemológico de la realidad.

14 Ver misiones obrantes a folios 375 al 419 del cuaderno primero de pruebas.

15 Ver órdenes de servicios que militan a folios 375 al 419 del proceso.

16 ART. 2º—Funciones generales. El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(...)

PAR.—Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

17 Testimonio rendido en audiencia de pruebas el día 4 de julio de 2013, declaración que reposa en el CD que obra a en el expediente y que puede escucharse a minuto 13:56 en adelante.

18 Audiencia de prueba-declaración testimonial que reposa en CD a minuto: 36:02 en adelante.

19 Sentencia C614 del 2 de septiembre de 2009. En ella la Corte Constitucional sostuvo que: “(...) En este orden de ideas, la Sala reitera a las autoridades administrativas que el vínculo contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, no sólo porque desdibuja el concepto de contrato estatal, sino porque constituye una burla para los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, pues su incumplimiento genera graves consecuencias administrativas y penales”.