Sentencia 2012-00409/20873 de junio 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002337000-2012-00409-01 [20873]

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Racafe & Cía. SCA.

Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Ref.: Aportes parafiscales al ICBF. Necesidad de la prueba de la desalarización de las bonificaciones. Competencia del ICBF para adelantar el proceso de fiscalización por aportes parafiscales. Falta de motivación del acto administrativo de determinación del aporte

Bogotá, D.C., junio quince de dos mil dieciséis

(...)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, debe la Sala determinar si las bonificaciones que reconoció la sociedad demandante a algunos de sus trabajadores hacen parte o no de la base salarial para calcular la liquidación de aportes parafiscales a favor del ICBF, por el periodo en discusión.

2. Pagos que no constituyen salario; por lo tanto, no forman parte de la base para el cálculo de los aportes parafiscales a favor del ICBF. Las bonificaciones.

2.1. A partir de la vigencia de la Ley 27 de 1974(5), el legislador dispuso que todos los patronos y entidades públicas y privadas deben destinar una suma equivalente al 2% de su nómina mensual de salarios para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atienda la creación y sostenimiento de los centros de atención integral al preescolar, para menores de 7 años, hijos de trabajadores públicos y de trabajadores oficiales y privados [art. 2º].

2.2. El artículo 1º de la Ley 89 de 1988 dispuso que desde el 1º de enero de 1989, el aporte para el ICBF ordenado en las leyes 27 de 1974 y 7 de 1979 se aumentaría al 3% del valor de la nómina mensual de salarios.

En el parágrafo de la norma en cita se señaló que “[e]stos aportes se calcularán y pagarán teniendo como base de liquidación el concepto de nómina mensual de salarios establecidos en el artículo 17 de la Ley 21 de 1982 y se recaudarán en forma conjunta con los aportes al Instituto de Seguros Sociales —ISS— o los del subsidio familiar hechos a las Cajas de Compensación Familiar o a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero”.

2.3. El citado artículo 17 de la Ley 21 de 1982 señala que para efectos de la liquidación del aporte se entiende por nómina mensual de salarios “la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales” y en el caso de los pagos hechos en moneda extranjera, “se deberán incluir en la respectiva nómina, liquidados al tipo de cambio oficial y vigente el último día del mes al cual corresponde el pago”.

2.4. Conforme con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990, “[c]onstituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”.

Es decir, todo pago en dinero o en especie hecho por el empleador al trabajador, sin importar el concepto o la denominación que se le atribuya, hace parte del salario, siempre y cuando corresponda a la retribución directa del servicio.

2.5. Pero, existen unos pagos que a pesar de ser recibidos por el trabajador de parte de su empleador, no constituyen salario, como es el caso de (i) las sumas que recibe ocasionalmente y por mera liberalidad, (ii) lo que recibe en dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones, (iii) las prestaciones sociales y (iv) los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie.

Lo anterior, conforme con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que es del siguiente tenor literal:

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el [empleador], cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. (Subraya y negrilla de la Sala).

2.6. Es oportuno mencionar que la Corte Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell, declaró exequible el siguiente aparte “ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”, del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 128 del CST y que interesa para decidir este asunto.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional tuvo en cuenta lo expuesto en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 12 de febrero de 1993, en la que al referirse a la interpretación de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la Ley 50 de 1990, expuso lo siguiente:

Estas normas, en lo esencial siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 15 de Ley 50 de 1990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio, y por lo tanto constituye salario ya no lo es en virtud de la disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus trabajadores. En efecto ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye a la actividad del trabajador ya no sea salario. Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es que a partir de su vigencia pagos que son "salario" pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.)".

"Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter. El Legislador puede entonces también —y es estrictamente lo que ha hecho— autorizar a las partes celebrantes un contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo"(6) (Resalta la Sala).

Y la Corte Constitucional agregó que:

Igualmente, dicha competencia [del legislador] se extiende a la determinación expresa, respetando los referidos criterios y principios, o deferida a la voluntad de las partes, de los pagos o remuneraciones que no constituyen salario para los efectos de la liquidación de prestaciones sociales. Esto último es particularmente admisible, dado que la existencia del contrato y de los acuerdos y convenios de trabajo como reguladores de las relaciones de trabajo es reconocida por la propia Constitución (art. 53), en cuanto no menoscaben la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

La regulación de las relaciones de trabajo por los aludidos instrumentos, supone el reconocimiento constitucional de un amplio espacio para que se acuerden entre los trabajadores y los empleadores las condiciones de la prestación del servicio, en forma libre y espontánea, obedeciendo al principio de la autonomía de la voluntad, el cual tienen plena operancia en las relaciones laborales y resulta compatible con las normas constitucionales que regulan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la vulneración de los derechos esenciales o mínimos de los trabajadores, regulados por éstas y la ley(7).

2.7. En cuanto al acuerdo entre el empleador y el trabajador en el que se establece que un determinado pago no constituye salario en los términos del artículo 128 del CST, la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:

Con todo, es de advertir que el artículo 128 del CST, en la parte que al recurso extraordinario concierne, no consagra solemnidad alguna para el acuerdo de marras; el carácter expreso del mismo no implica, necesariamente, calidad solemne. Por expreso ha de entenderse lo que es factible de ser apreciado directamente, sin necesidad de deducción o inferencia, tal como sucede, v.gr., con la manifestación que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe hacer a la otra en el momento de la extinción. Que el medio escrito se haga aconsejable para efectos probatorios es cuestión distinta a que la escritura se prevea como una solemnidad, como acontece en tratándose de hechos como la estipulación sobre salario integral, el contrato a término fijo, el período de prueba, la interrupción de prescripción mediante reclamo escrito, etc.(8) (Resalta la Sala).

2.8. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley 344 de 1996 se refirió a este tema y para dar claridad dispuso que “se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Escuela Superior de Administración Pública, Esap, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a la seguridad social establecidas por la Ley 100 de 1993”.

2.9. De manera reiterada, la Sala ha dicho que teniendo como soporte jurídico la norma en cita, “las partes deben disponer expresamente cuales factores salariales no constituyen salario, para efecto del pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales”(9).

2.10. Entonces, en cada caso particular y para efectos de determinar la base para el cálculo de los aportes parafiscales, se debe analizar si los pagos recibidos por los trabajadores de sus empleadores constituyen o no salario, ya sea porque así lo dispuso el legislador o porque lo acordaron las partes intervinientes en la relación laboral, de mutuo acuerdo y de manera expresa, que en términos de la Corte Suprema de Justicia, no implica, necesariamente, calidad solemne.

2.11. Tratándose de bonificaciones, la Sala ha dicho lo siguiente:

A su vez, los factores que no constituyen salario, y, dentro de estos, los beneficios o bonificaciones extralegales que expresamente se acuerden como no salariales, sean ocasionales o habituales, no hacen parte de la base del cálculo de los aportes parafiscales al ICBF. Ello, porque la base de los aportes es la nómina mensual de salarios, es decir, “la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario”, como prevé el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.

Cabe insistir en que las bonificaciones ocasionales otorgadas por mera liberalidad del empleador no constituyen factor salarial por mandato legal (CST, art. 128), sin que se requiera de acuerdo entre las partes y que, con fundamento en la misma norma y en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, tampoco son salario las bonificaciones o beneficios, —sean ocasionales o habituales—, siempre que sean extralegales y que las partes expresamente acuerden que no hacen parte del salario(10).

2.12. Conforme con lo anterior, lo determinante para establecer si las bonificaciones que un empleador le paga a su trabajador constituyen salario para efectos de calcular el aporte parafiscal al ICBF, no es constatar si el pago se realiza de manera ocasional o habitual.

En este sentido, la Sección aclaró que de conformidad con el artículo 128 del CST, “las partes pueden convenir pagos habituales que no tengan el carácter de salario. La mera habitualidad no determina que la expensa constituya salario, pues, como se precisó, para que lo sea, esencialmente, debe retribuir el servicio prestado”(11).

2.13. Y en reciente providencia, la Sala recalcó que “para que el empleador, como sujeto pasivo de la contribución por aportes parafiscales, pueda excluir de la base de los aportes (nómina mensual de salarios), las bonificaciones extralegales expresamente excluidas por las partes como factor salarial debe probar que acordó con sus trabajadores que tales beneficios no son constitutivos de salario”(12).

3. El caso concreto.

3.1. Está probado en el expediente que el ICBF Regional Bogotá, mediante la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012 y “de acuerdo con el Acta 1798 de 2011 y (sic) Liquidación 184611 de diciembre 2 de 2011, que hacen parte integral”(13) de esa actuación, decidió determinar y ordenar el pago de la obligación a su favor y con cargo a la sociedad Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & CIA SCA - Sucesores C. I. Racafe & CIA SCA, por la suma de $75.114.835 correspondiente a los aportes parafiscales del 3% dejados de pagar por abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, más los intereses moratorios que para el 18 de enero de 2012 ascendían a la suma de $80.761.547, más los que se generen diariamente hasta que se realice el pago total de la deuda(14).

Lo anterior, porque “de la verificación se deduce que el empleador es elusor, por cuanto que para conformar el ingreso base de cotización no incluye las bonificaciones”(15).

3.2. La anterior decisión se confirmó con la Resolución 1182 del 17 de julio de 2012, que decidió el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad demandante(16).

En esa oportunidad el ICBF - Regional Bogotá, respecto de las bonificaciones, explicó lo siguiente:

[…]

En cuanto a las Bonificaciones, cabe precisar que se toman para conformar el ingreso base de cotización, no porque estén mal o bien desalarizadas, sino porque éstas según los registros contables de la empresa son habituales, teniendo en cuenta que se pagan anualmente, siendo así un elemento integrante del salario, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del CST que reza:

[…]

En concordancia con lo anterior, y al revisar los documentos que obran en el expediente como los Extractos (sic) de cuentas del mes de enero a diciembre de los años 2007 (fls. 41 y 44), 2008 (fl. 64), 2009 (fl. 79) y 2010 (fl. 98) se puede determinar que las bonificaciones pagada por Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. Racafe & Cía SCA a los señores Espinosa Soto Carlos Antonio, Espinosa Soto Guillermo y Espinosa Soto Rodolfo, no tienen el carácter de ocasional que exige la norma (esto es que sean de manera accidental o contingente), para que puedan considerarse como no constitutivas de salario y por ende excluidas de la base de liquidación de los aportes, toda vez que al revisar los balances anualizados presentados por la empresa, se logró establecer que dichos pagos se realizaron periódicamente, así:

Bonificaciones2007200820092010
Espinosa Soto Carlos Antonio$117.402.253$232.732.668$240.603.682$267.349.783
Espinosa Soto Guillermo$117.402.253$232.732.668$240.603.682$267.349.783
Espinosa Soto Rodolfo$164.742.374$283.424.938$279.404.485$308.929.470
Totales$399.546.880$748.890.274$760.611.849$843.629.036

Por lo anterior, y con fundamento en un análisis objetivo de la norma, los pagos realizados por este concepto de bonificaciones son constitutivos de salario, por ser habituales, toda vez que por mandato legal (CST, art. 127) deles de naturaleza salarial, por lo tanto hacen parte de la base para el cálculo de los aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF (Resalta la Sala).

[…](17)

3.3. Es decir, para el ICBF - Regional Bogotá, la razón fundamental para incluir las bonificaciones pagadas por la sociedad demandante a sus trabajadores, en la base salarial para calcular la liquidación de aportes durante el periodo en discusión, es que dichos pagos son habituales, en oposición al carácter ocasional que exige el artículo 128 del CST.

3.4. Como se expuso con anterioridad, la connotación de pago habitual u ocasional de una bonificación por parte del empleador a su trabajador, no resulta concluyente para que la Administración proceda a liquidar el aporte parafiscal incluyendo dicho pago dentro del concepto de nómina mensual de salarios.

3.5. Lo determinante, en casos como el presente, es que la Administración evidencie que las bonificaciones en discusión no son extralegales y que constituyen salario, ya sea por esencia o porque no existe pacto entre las partes intervinientes en la relación laboral de excluirlas del salario [pacto de exclusión salarial].

3.6. En contraposición, el contribuyente deberá probar que en la liquidación de los aportes parafiscales propuesta por la Administración no se podrá tener en cuenta el pago por concepto de bonificaciones, porque además de extralegales, ya sean ocasionales o habituales, las partes acordaron que su reconocimiento no constituye salario.

En este sentido, la Sala expuso que “[…] para que el empleador, como sujeto pasivo de la contribución por aportes parafiscales, pueda excluir de la base de los aportes (nómina mensual de salarios), las bonificaciones extralegales expresamente excluidas por las partes como factor salarial debe probar que acordó con sus trabajadores que tales beneficios no son constitutivos de salario”(18) (Subraya y negrilla no es original).

3.7. Téngase en cuenta que conforme con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, actual artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, lo que aplicado en el caso concreto, significa que a la sociedad actora le corresponde probar que las bonificaciones pagadas en el periodo en discusión a algunos de sus trabajadores, además de extralegales, se encontraban desalarizadas y, por ende, no pueden hacer parte de la base gravable para liquidar los aportes parafiscales a favor del ICBF.

De manera que, bajo la regla de la carga dinámica de la prueba, en casos como el presente, se exige que el empleador —aportante—, por encontrarse en una posición privilegiada, sea quien pruebe la desalarización de las bonificaciones.

3.8. En el caso sub examine se observa que en el oficio del 1º de febrero de 2011, suscrito por el Contador General de C.I. Racafe & Cía. SCA y dirigido al ICBF, se expuso lo siguiente:

El día de hoy se presentó el señor José Fernando Sánchez Borda con el fin de realizar la diligencia según requerimiento enviado por su entidad el día 27 de diciembre de 2010, para lo cual se hizo entrega de lo relacionado a continuación:

[…]

Copia de cláusula Pagos no constitutivos de salario de contratos laborales.

[…](19) (Resalta la Sala).

3.9. La cláusula de pagos no constitutivos de salarios es del siguiente tenor literal:

PAR.—Pagos no constitutivos de salario: De conformidad con lo estipulado en los artículos 15 y 16 de la Ley 50/90, las partes acuerdan no considerar como salario los beneficios y auxilios, ocasionales o habituales, en dinero o especie que pague y suministre o haya suministrado el Empleador a cualquier título, dentro de la jornada ordinaria de trabajo o fuera de ella, por concepto de alimentación, alojamiento o vestuario, ya sea en comedores o cafeterías de la empresa o mediante terceros. Igualmente se acuerda que no constituya salario lo que reciba el Trabajador por concepto de primas extralegales tales como vacaciones, antigüedad, servicios navidad, mitad de año, clima y los reconocimientos por seguro de vida, planes médicos, educación para el Trabajador y los hijos, suministro y pago de celular, suministro en dinero o especie para computador, suministro en dinero o especie de vehículo o transporte, benéficos (sic) que esté dando o vaya a dar en el futuro el Empleador(20).

Obsérvese que en este documento no se hace mención a las bonificaciones.

3.10. El 18 de noviembre de 2011, la Coordinadora del Grupo de Recaudo del ICBF - Regional Bogotá, en oficio dirigido a la sociedad, le presentó al funcionario de la entidad que realizaría la visita de verificación sobre el pago de los aportes parafiscales y, adicionalmente, le requirió los siguientes documentos: copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor Fiscal, “[c]opia de 5 contratos laborales de personal a su cargo” y la declaración de renta del año 2010 con sus anexos(21).

Pero, revisado el cuaderno de antecedentes administrativo, no se advierte el cumplimiento a este requerimiento.

3.11. En el Acta de Liquidación de Aportes 1798 del 2 de diciembre de 2011, consta que en esa fecha se reunió el representante legal de la sociedad demandante con el Asesor de Aportes del ICBF Regional Bogotá “con el fin de verificar la correcta liquidación de los Aportes Parafiscales a favor del ICBF”(22) y que para tal efecto se solicitó la declaración de renta y sus anexos, el balance de prueba, los libros auxiliares de la compañía, el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad, la autorización para atender el requerimiento y la certificación de las vacaciones.

En dicha acta además consta que una vez verificada la documentación aportada por el empleador, el funcionario del ICBF concluyó que la sociedad realizó sus aportes parafiscales sobre la base salarial constituida por horas extras y recargo nocturno, viáticos (alojamiento manutención), vacaciones, salario integral y “Bonificaciones”.

Y a renglón seguido quedó constancia de lo siguiente:

No realiza aportes sobre los siguientes rubros: Bonificaciones

Con el argumento que Se encuentran pactadas y desalarizadas, y que son de meraliberalidad (sic)(23).

3.12. Con ocasión del recurso de reposición interpuesto por la sociedad demandante contra la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012, el apoderado expuso lo siguiente:

El pago de las bonificaciones que realiza Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA Sucesores - C.I. Racafe & Cía. SCA, y que aparentemente son las que toma el ICBF como excluidas de la liquidación del aporte, no corresponden a remuneración del servicio personal de los empleados, sino a un reconocimiento liberal de la empresa y así ha sido expresamente pactado y reconocido tanto por la empresa como por cada uno de los empleados beneficiarios de estos pagos en los correspondientes contratos de trabajo(24) (Resalta la Sala).

Para el efecto, aportó como prueba “[c]opia del otro si a los contratos de trabajo en los cuales se estipula en forma expresa que las bonificaciones no tienen el carácter remuneratorio del servicio personal prestado por el empleado y que tampoco constituye salario”(25), que se encuentra suscrito por el empleador, el trabajador y dos testigos, y que es del siguiente tenor literal:

Otrosí al Contrato Laboral Suscrito entre C.I. Racafe & Cía. y Luis Carreño Pombo

Los suscritos a saber, Rodolfo Espinosa Soto, mayor de edad, de esta vecindad, identificado al pie de mi firma, actuando en calidad de Representante Legal de C.I. Racafe & Cía. SCA y de Empleador, por una parte y por la otra, Luis Carreño Pombo, también mayor de edad, de la misma vecindad e identificado al pie de mi firma, actuando a nombre propio y en calidad de Trabajador, acordamos celebrar el Otro si, contenido en las siguientes cláusulas:

Primera.—Pagos no constitutivo de salario: a) No es salario por mandato legal lo que de manera ocasional y por mera liberalidad da al trabajador el empleador, en dinero o en especie como las primas, bonificaciones o gratificaciones. b) De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 50/90, se acuerda expresamente que no constituya salario ni los auxilios ni beneficios habituales u ocasionales, ya sea en dinero o especie, tales como alimentación, alojamiento o vestuario, ya sea en comedores o cafeterías de la empresa o mediante tercero, las primas extralegales de cualquier clase y denominación, como de servicio, vacaciones, antigüedad, cortesía, clima, navidad, mitad de año y los reconocimientos por seguro de vida, planes médicos, educación para el Trabajador(a) y los hijos, suministro y pago de celular, suministro en dinero o especie para computador, suministro en dinero o especie de vehículo o transporte. c) En caso de que por cualquier motivo se llegara a considerar que son salario los pagos que la ley señala como no salariales, las partes acuerdan que en tal situación, tal pago o reconocimiento no sea salario. Segunda.—Incorpórese el presente Otro Si al contrato inicial, para todos los efectos legales a que haya lugar. En constancia y conformidad, firmamos ante testigos al primer (01) día del mes de febrero del dos mil (2000), en dos ejemplares del mismo tenor y valor(26) (Subraya y negrilla de la Sala).

3.13. Para decidir, lo primero que se advierte es que la suma en discusión corresponde a las bonificaciones que la sociedad demandante le pagó a los señores Carlos Antonio Espinosa Soto, Guillermo Espinosa Soto y Rodolfo Espinosa Soto y que se encuentran relacionadas en los extractos de cuentas de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 aportados por la parte demandante en el curso del proceso administrativo.

Conforme con dichos extractos, los pagos hechos por la sociedad Racafe & Cía. SCA, en su calidad de empleador, el 30 de abril de 2007, el 30 de mayo de 2008, el 30 de abril de 2009 y el 30 de abril de 2010, a los citados trabajadores, corresponden a “Bonificación Mera Liberalidad”(27).

3.14. Respecto de dichos pagos, la parte demandante omitió aportar prueba que permita corroborar que entre la sociedad Racafe & Cía. SCA y los señores Carlos Antonio Espinosa Soto, Guillermo Espinosa Soto y Rodolfo Espinosa Soto se pactó el reconocimiento de una bonificación y su desalarización.

3.15. Nótese que en los actos administrativos demandados el ICBF consideró que los pagos en discusión, realizados por concepto de bonificación, constituían salario, motivo por el cual, como se expuso en los numerales 3.6 y 3.7 de esta providencia, a la sociedad demandante, en su calidad de contribuyente del aporte parafiscal a favor del ICBF, le correspondía asumir la carga probatoria para acreditar que además de tratarse de auxilios o beneficios extralegales, independientemente de que fueran habituales u ocasionales, las partes intervinientes en la relación laboral habían pactado el reconocimiento y pago de una “bonificación” no constitutiva de salario.

3.16. Las únicas pruebas que evidenciarían un acuerdo entre empleador y trabajador son las siguientes:

3.16.1. El aparte de un documento que da cuenta del texto de un acuerdo de pagos no constitutivos de salarios [transcrita en el numeral 3.9 de esta providencia], que no permite tener certeza de las partes que intervinieron en esa relación jurídica, de la fecha de suscripción y mucho menos de la existencia de un acuerdo sobre el pago de la bonificación en discusión, porque de su texto no se desprende tal hecho.

3.16.2. El otrosí suscrito el 1º de febrero de 2000, que prueba la existencia de un acuerdo entre la sociedad demandante con el señor Luis Carreño Pombo, en el reconocimiento de bonificaciones no constitutivas de salario, que no se puede hacer extensivo a terceros.

3.17. En este orden de ideas, se concluye que la parte demandante no probó, correspondiéndole la carga de la prueba, que las bonificaciones pagadas a los señores Carlos Antonio Espinosa Soto, Guillermo Espinosa Soto y Rodolfo Espinosa Soto, en abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, no constituyeron salario y, por ende, que se debían excluir de la base para el cálculo del aporte parafiscal a favor del ICBF.

3.18. Lo anterior resultaría suficiente para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

3.19. Pero, habida consideración de que la parte apelante es el ICBF y, por ende, esta entidad interpuso el recurso de apelación respecto del cargo de ilegalidad analizado por el Tribunal en el acápite denominado “[i]nexistencia de fundamento legal para la determinación de la obligación”, que dio lugar a la nulidad de los actos administrativos demandados, le corresponde a la Sala analizar los argumentos que en primera instancia no prosperaron en favor de la parte demandante, esto es, el de “[f]alta de motivación” y el de “[f]alta de competencia de la entidad para expedir los actos administrativos, en los que se determina el valor de los aportes parafiscales”, porque al proferirse decisión de mérito favorable a sus pretensiones, no podía interponer el recurso de apelación(28), toda vez que la sentencia le fue favorable, lo que excluye su interés legítimo para recurrir(29).

4. Falta de competencia de la entidad para expedir los actos administrativos en los que se determinó el valor de los aportes parafiscales.

4.1. La parte demandante expuso que los actos administrativos demandados se profirieron con falta de competencia y ausencia de procedimiento legal para la expedición de la certificación de la deuda.

En concreto, esta parte manifestó que en la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012 el ICBF citó unas normas, pero en ninguna de ellas se le otorgó facultades a esa entidad para cuantificar el aporte parafiscal.

Y mencionó que el artículo 4º del Decreto 562 de 1990 y el artículo 113 de la Ley 6 de 1990 facultan al ICBF para fiscalizar (investigar - verificar) y cobrar pero no para determinar o liquidar (cuantificar) el aporte parafiscal.

4.2. Observa la Sala que en la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012 —que determinó el aporte parafiscal—, en el acápite de consideraciones se expuso lo siguiente:

[…]

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 inciso 4º y 209 de la Constitución Nacional; 2º de la Ley 27 de 1974; 39 numeral 4º y 40 de la Ley 7ª de 1979; 86 del Decreto 2388 de 1979; 1º de la Ley 89 de 1988; 17 de la Ley 21 de 1982; 1º de la Ley 89 de 1988; 4º del Decreto 562 de 1990; y, 113 de la Ley 6ª de 1992, es obligación de todos los empleadores pagar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la suma equivalente al 3% de su nómina mensual de salarios, dentro de los plazos establecidos en el (sic) decretos 1406 de 1999; 1464 de 2005; y 1670 de 2007, y demás normas vigentes.

Que la Ley 1066 de 2006 (reglamentada mediante el Decreto 4473 de 2006) establece en los artículos 3º y 12, que los aportantes que no paguen oportunamente los aportes parafiscales del 3% para el ICBF, deberán pagar intereses moratorios a la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera, por el sistema de causación diaria determinado en la Circular 69 de Agosto 11 de 2006, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que mediante Resolución 384 de 2008 el ICBF expidió el Reglamento Interno de Cartera para (sic).

Que mediante Resolución 2868 de 2011, se estableció el procedimiento para fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF(30) (Resalta la Sala).

Por su parte, en la Resolución 1182 del 17 de julio de 2012 —que decidió el recurso de reposición—, el ICBF le puso de presente a la parte recurrente que las normas a tener en cuenta, respecto de la competencia, son las siguientes: los artículos 112 y 113 de la Ley 6ª de 1992, el artículo 4º del Decreto 562 de 1990, las leyes 7ª de 1979 y 89 de 1989, el artículo 15-4 de la Constitución Política, el artículo 86 del Decreto 2388 de 1979, el artículo 8º de la Ley 828 de 2003, el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 y la Resolución 731 de 2008.

4.3. De las normas citadas por el ICBF en los actos administrativos demandados, resalta la Sala las siguientes:

4.3.1. El artículo 86 del Decreto 2388 de 1979(31), que señala:

“ART. 86.—Los patronos y entidades públicas o privadas, sin excepción, deben pagar al ICBF el 2% del valor de las nóminas mensuales de salarios. Las entidades y empresas deben suministrar al ICBF la información que este requiera para verificar la exactitud de los aportes.

4.3.2. El artículo 4º del Decreto 562 de 1990(32), que prevé:

“ART. 4º—Los funcionarios autorizados por el Instituto de Seguros Sociales, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Cajas de Compensación Familiar y la Caja de Crédito Agrario, en su caso, podrán verificar en las empresas la afiliación correcta y oportuna de los trabajadores a las respectivas entidades, como también las bases de liquidación y el pago oportuno de los aportes a que se refieren las disposiciones correspondientes y este Decreto, conforme a las normas legales vigentes. (Resalta la Sala).

4.3.3. El artículo 113 de la Ley 6ª de 1992(33), que dispone:

“ART. 113.—Cobro de aportes parafiscales. Los procesos de fiscalización y cobro sobre el cumplimiento correcto y oportuno de los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, al Instituto de Seguros Sociales, ISS, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, deberán ser adelantados por cada una de estas entidades.

Las entidades a que se refiere la presente norma, podrán demandar el pago por la vía ejecutiva, ante la jurisdicción ordinaria; para este efecto la respectiva autoridad competente otorgará poderes a los funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales (Subraya y negrilla de la Sala).

4.3.4. El artículo 8 de la Ley 828 de 2003(34), que dice:

“ART. 8º—Requerimiento de información. Las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Riesgos Profesionales, las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las Cajas de Compensación Familiar podrán solicitar conforme lo determine el Gobierno Nacional, tanto a los afiliados cotizantes y beneficiarios, como a los empleadores, la documentación que requieran para verificar la veracidad de sus aportes o la acreditación de la calidad de beneficiarios, sin perjuicio de la reserva que por ley tengan algunos documentos. En caso de que los documentos sean requeridos y no se entreguen dentro de los treinta (30) días siguientes a su solicitud por parte del afiliado cotizante, se procederá a informarle al usuario conforme al Reglamento que si no los aporta en los treinta (30) días siguientes se procederá a suspender temporalmente el sistema de acreditación de derechos para el acceso de los servicios de salud frente al usuario respecto del cual no se entregue la documentación. Salvo aquellos casos en que el reglamento determine que existe justa causa.

[…] (Se resalta).

4.4. Conforme con estas disposiciones, la Administración puede adelantar la actuación administrativa con el objeto de (i) verificar que el empleador cumpla con la afiliación correcta y oportuna de los trabajadores a los subsistemas que conforman el Sistema de la Protección Social y (ii) verificar el cumplimiento correcto, esto es, la base de liquidación y el pago oportuno de los aportes parafiscales, que tienen naturaleza tributaria porque corresponden a una de las especies del tributo, la contribución.

4.5. Es decir, la fiscalización a la que se refieren las normas en cita, consiste en la atribución que tiene la Administración, en este caso, el ICBF, para realizar todas las diligencias que considere necesarias con la finalidad de asegurar la correcta y oportuna determinación de los aportes parafiscales(35).

4.6. Dentro de esas facultades de fiscalización necesariamente se encuentra la de verificar las declaraciones de autoliquidación de los aportes parafiscales.

4.7. Es por lo anterior, que no le asiste la razón a la parte demandante, cuando, al referirse al artículo 4 del Decreto 562 de 1990 y al artículo 113 de la Ley 6ª de 1992, aseguró que “se faculta al ICBF para fiscalizar y cobrar, pero no se encuentra dentro de tales atribuciones la de determinar o liquidar. La fiscalización corresponde a las facultades de investigación y verificación, y el cobro a la obtención del pago, y ninguna de ellas comprende la de determinar, liquidar o cuantificar, que es de lo que se trata el contenido de la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012”(36) (Resalta original).

4.8. El razonamiento expuesto por la parte demandante limita la actuación de la Administración a una labor meramente investigativa para establecer o comprobar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas o que contengan inexactitud, procedimiento que, aunque es importante en el proceso de fiscalización, por la finalidad que cumple, la de revisión, necesariamente debe conducir a que la Administración tome una decisión, ya sea, en el sentido de archivar la investigación por no encontrar mérito para proponer la modificación de la liquidación analizada o planteando su modificación de manera oficial, es decir, determinando el tributo.

4.9. Además de la facultad de fiscalización, cabe resaltar que al ICBF le asiste la de cobro, así lo previó el artículo 113 de la Ley 6ª de 1992, atrás estudiado, y lo reafirmó el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006(37), que dispuso:

“ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

4.10. Por lo anterior, se concluye que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, al ICBF le asiste la facultad de fiscalización, en sus etapas de investigación y determinación del tributo, y la de cobro de los aportes parafiscales.

4.11. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la alegada ausencia de procedimiento legal para la expedición de la certificación de la deuda, advierte la Sala que la sentencia C-992 de 2001, citada en la demanda, no aplica al caso concreto, porque en esa oportunidad la Corte Constitucional analizó las facultades de fiscalización de las entidades administradoras de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral al estudiar los cargos de inconstitucionalidad planteados en contra del artículo 99 de la Ley 633 de 2000(38), que modificó el artículo 91 de la Ley 488 de 1998(39).

4.12. En el caso sub examine, se observa que mediante la Resolución 2868 de 2011(40), proferida por la Dirección General del ICBF, en uso de sus facultades legales y en especial en las conferidas por el literal b) del artículo 28 de la Ley 7ª de 1979, el artículo 78 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 113 de la Ley 6ª de 1992, se fijaron los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF(41).

4.13. En los artículos 9º a 22 de la Resolución 2868 de 2011, que se encontraban vigentes para la época de los hechos, se observan las pautas para adelantar el proceso de fiscalización por aportes parafiscales [art. 9], se previó el requerimiento a los aportantes detectados como presuntos deudores de aportes [art. 10] y la programación de la visita de revisión en el domicilio del aportante cuando no se atiende el requerimiento [art. 12].

A su vez, en el artículo 14 se señaló que el acta de verificación(42) y la liquidación de la deuda a favor del ICBF(43) son los documentos que surgen con ocasión de la visita realizada en el domicilio del aportante y que estos “serán el soporte de la Resolución de Determinación de la Deuda y harán parte integral de la misma”.

También se dispuso que una vez enviada la liquidación de aportes al empleador y transcurrido el término concedido para que acredite el pago o se presente la solicitud de facilidad de pago de la deuda, sin que se haya hecho, se da inicio al proceso de determinación de la deuda [art. 16] con la expedición de la “Resolución de la Determinación de la Deuda” [art. 17], contra la que procede el recurso de reposición [art. 19].

4.14. Pues bien, de las pruebas que obran en el expediente, se observa que la actuación adelantada por el ICBF se ciñó al procedimiento de fiscalización previsto en la Resolución 2868 de 2011, acto administrativo dotado de presunción de legalidad, que le otorgó plena eficacia y obligatoriedad al presumir que está conforme al ordenamiento jurídico superior hasta que esta jurisdicción no lo suspenda o anule.

4.15. Por lo expuesto, este cargo de ilegalidad no está llamado a prosperar, máxime, si se tiene en cuenta que en el procedimiento administrativo, el ICBF respetó el debido proceso y le otorgó a la parte demandante la oportunidad para ejercer el derecho de contradicción.

5. Falta de motivación. 

5.1. La parte demandante afirmó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falta de motivación.

Las razones fundamentales que se extraen del escrito de la demanda, son las siguientes: (i) omisión en la exposición de las razones fácticas y jurídicas, (ii) la cuantificación no es clara y cierta y (iii) omisión en la identificación del monto y el origen de las bonificaciones sobre las que presuntamente se omitió la liquidación y pago de los aportes parafiscales.

5.2. Observa la Sala que en el Acta de Liquidación de Aportes 1798 del 2 de diciembre de 2011, consta lo siguiente:

Se reunieron Rodolfo Espinosa Soto quien se desempeña como Representante Legal […] en representación de: Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA y, Jaime Alfonso Lorduy de la Espriella, Asesor (a) de Aportes del ICBF Regional Bogotá, D.C. con el fin de verificar la correcta liquidación de los Aportes Parafiscales a favor del ICBF, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27 de 1974, Ley 7ª de 1979 y Ley 89 de 1988.

Para efectos de la revisión respectiva, y de conformidad con las facultades señaladas en el Decreto 562 de 1990, la Ley 6 de 1992 y la Ley 828 de 2003, el Asesor de Aportes procedió a solicitar al empleador los siguientes documentos:

[…]

Observaciones: Se hace revisión de enero de 2007 hasta diciembre de 2010. Las diferencias se generan por bonificaciones.

Una vez verificada la documentación aportada por el empleador, se llegó a las siguientes conclusiones:

Que Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA, identificado [...], domiciliado […], realiza sus Aportes Parafiscales sobre las siguientes bases salariales:

Sueldo X VacacionesX
Horas extras y recargo nocturnoX Sobresueldos 
Viáticos (alojamiento manutención)  Salario integral X
Auxilio de alimentación   Bonificaciones X
Primas extra legales   Comisiones 

Otros: ______________________________________________________

No realiza aportes sobre los siguientes rubros: Bonificaciones

Con el argumento que Se encuentran pactadas y desalarizadas, y que son de meraliberalidad (sic).

Como consecuencia de lo anterior, se detectaron saldos a favor del ICBF en las vigencias o periodos revisados, correspondientes a los siguientes valores

Mes/Año200620072008200920102011
Enero      
Febrero      
Marzo      
Abril $11.557.040 $20.587.711$21.685.950 
Mayo  $21.284.134   
Junio      
Julio      
Agosto      
Septiembre      
Octubre      
Noviembre      
Diciembre      
Totales: $11.557.040$21.284.134$20.587.711$21.685.950 

Total 3% $75.114.835 Intereses a La fecha: $75.674.936

Total a pagar el: 2-dic-2011 $150.789.231

Total a pagar el: 7-dic-2011 $151.317.586

Total a pagar el: 12-dic-2011 $151.847.792

El Motivo que genera esta liquidación es: Elusión

Teniendo como fundamento las leyes 7/79 y 89/88, que rigen los aportes parafiscales correspondientes al ICBF.

[…](44)

5.3. Por su parte, en la Liquidación de Aportes 184611 del 2 de diciembre de 2011, se discrimina mes a mes, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2010 la base de liquidación de los aportes parafiscales para cada vigencia, el 3% sobre dicha base, la suma pagada por el aportante al ICBF, la diferencia existente entre lo determinado de manera oficial y lo pagado por la sociedad, los intereses causados y el total a pagar.

También consta que la fuente de donde se tomó la información es el “Balance”

En dicha liquidación de aportes se observa el siguiente cuadro(45):

VigPeríodoBaseAportes ICBF:
3%
(-) aportes pagados al ICBF:Valor adeudado por capital al ICBF:Intereses por vigenciaTotal a pagar al ICBF
[…]       
2007Enero $298.949.000$8.968.470$8.968.470$ -$ -$ -
2007 Febrero $303.732.000$9.111.960$9.111.960$ -$ -$ -
2007Marzo $313.658.000$9.409.740$9.409.740$ -$ -$ -
2007Abril $720.194.681$21.605.840$10.048.800$11.557.040$23.884.645$35.441.685
2007Mayo $305.011.000$9.150.330$9.150.330$ -$ -$ -
[…]       
2008Abril $361.430.500$10.842.915$10.842.915$ -$ -$ -
2008Mayo $1.078.060.660$32.341.819$11.057.685$21.284.134$27.144.174$48.428.308
2008Junio $392.389.500$11.771.685$11.771.685$ -$ -$ -
[…]       
2009Marzo $399.925.667$11.997.770$11.997.770$ -$ -$ -
2009Abril $1.087.138.187$32.614.145$12.026.434$20.587.711$15.873.872$36.461.583
2009Mayo $405.633.667$12.169.010$12.169.010$ -$ -$ -
2010Marzo $393.657.000$11.809.710$11.809.710$ -$ -$ -
2010Abril $1.106.848.687$33.205.460$11.519.510$21.685.950$8.771.705$30.457.655
2010Mayo $392.001.667$11.760.050$11.760.050$ -$ -$ -
[…]       
Totales$20.627.159.348$618.814.778$543.699.943$75.114.835$75.674.396$150.789.231
   CapitalInteresesTotal  
Total liquidación $75.114.835$75.674.396$150.789.231  

Y en el numeral III de “Observaciones de la Visita (hallazgos, descripción del procedimiento, etc.)”, se expuso que “esta liquidación genera intereses de mora de acuerdo a la Ley 1066 de julio 29 de 2006” y que “se hace revisión de enero de 2007 hasta diciembre de 2010. Las diferencias se generaron por bonificaciones” (Resalta la Sala)(46).

Cuadro en el que se evidencian los periodos y las cifras en discusión por las bonificaciones pagadas por el empleador a sus trabajadores.

5.4. En la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012, por medio de la cual se determinó la obligación, el ICBF expuso lo siguiente:

[…]

Considerando

Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 inciso 4º y 209 de la Constitución Nacional; 2º de la Ley 27 de 1974; 39 numeral 4º y 40 de la Ley 7ª de 1979; 86 del Decreto 2388 de 1979; 1º de la Ley 89 de 1988; 17 de la Ley 21 de 1982; 1º de la Ley 89 de 1988; 4º del Decreto 562 de 1990; y, 113 de la Ley 6ª de 1992, es obligación de todos los empleadores pagar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la suma equivalente al 3% de su nómina mensual de salarios, dentro de los plazos establecidos en el (sic) decretos 1406 de 1999; 1464 de 2005; y 1670 de 2007, y demás normas vigentes.

[…]

Que el 2 de Diciembre (sic) de 2011, terminó la revisión a los documentos aportados por el empleador y se elaboró el Acta 1798 de 2011, en la que se registran los documentos tenidos como prueba de los hallazgos.

Que la actuación adelantada, permitió establecer que el aportante realiza los siguientes pagos por concepto de nómina:

Por balance se establece:

Concepto2007
ene-dic
2008
ene-dic
2009
ene-dic
2010
ene-dic
Sueldos$2.154.737.981$2.471.674.136$2.485.021.275$2.341.874.489
Horas extras$19.951.130$17.970.314$16.082.808$13.739.261
Vacaciones$245.433.790$340.151.405$271.378.761$263.083.433
Salario integral $1.474.853.900$1.679.339.297$2.034.800.694$2.044.388.635
Bonificaciones$399.546.880$748.890.274$760.611.849$843.629.036
Totales $4.294.523.681$5.258.025.426$5.567.895.387$5.506.714.854

Que con base en la información entregada por el empleador, y una vez deducidos los aportes pagados por el empleador, Se determinó una obligación por concepto de los aportes parafiscales del 3% con destino al ICBF, la cual se encuentra discriminada en el Acta 1798 de 2011 y en la liquidación 184611 del 2 de diciembre de 2011, documentos que forman parte integral de la presente resolución.

Que de la verificación se deduce que el empleador es elusor, por cuanto que para conformar el ingreso base de cotización no incluye las bonificaciones.

Que el valor y periodo (s) liquidado (s) corresponde al siguiente detalle:

 2007200820092010
Total IBC$4.294.523.681$5.258.025.426$5.567.895.387$5.506.714.854
Aporte de 3%$128.835.710$157.740.763$167.036.862$165.201.446
Menos pagos$117.278.670$136.456.628$146.449.150$143.515.495
Saldo a favor ICBF $11.557.040$21.284.135$20.587.712$21.685.951

[…](47)

Finalmente, en la Resolución 1182 del 17 de julo de 2012, que confirmó la anterior decisión, el ICBF dijo:

En cuanto a las Bonificaciones, cabe precisar que se toman para conformar el ingreso base de cotización, no porque estén mal o bien desalarizadas, sino porque éstas según los registros contables de la empresa son habituales, teniendo en cuenta que se pagan anualmente, siendo así un elemento integrante del salario, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del CST que reza:

[…]

Ahora bien, para que las bonificaciones puedan desalarizarse, además de estar pactadas, deben cumplir con los presupuestos establecidos en el Art. 128 del mismo código:

“ART. 128.— […]

Sobre el tema el Honorable Consejo de Estado, Sección Cuarta, se pronunció en sentencia de 26 de octubre de 2009, M.P. dr. William Giraldo Giraldo, expediente 16761, así:

“… Para que se considere ocasional es necesario que el pago se realice de manera accidental o contingente, y en este caso se realiza anualmente, es decir, es habitual pues es una erogación que se repite.

Como lo ha señalado esta corporación, le corresponde al demandante la carga de demostrar el carácter ocasional que exige la norma para que la bonificación no constituya salario...”

En concordancia con lo anterior, y al revisar los documentos que obran en el expediente como los Extractos (sic) de cuentas del mes de enero a diciembre de los años 2007 (fls. 41 y 44), 2008 (fl. 64), 2009 (fl. 79) y 2010 (fl. 98) se puede determinar que las bonificaciones pagada por Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. Racafe & Cía. SCA a los señores Espinosa Soto Carlos Antonio, Espinosa Soto Guillermo Y Espinosa Soto Rodolfo, no tienen el carácter de ocasional que exige la norma (esto es que sean de manera accidental o contingente), para que puedan considerarse como no constitutivas de salario y por ende excluidas de la base de liquidación de los aportes, toda vez que al revisar los balances anualizados presentados por la empresa, se logró establecer que dichos pagos se realizaron periódicamente así:

Bonificaciones2007200820092010
Espinosa Soto Carlos Antonio$117.402.253$232.732.668$240.603.682$267.349.783
Espinosa Soto Guillermo$117.402.253$232.732.668$240.603.682$267.349.783
Espinosa Soto Rodolfo$164.742.374$283.424.938$279.404.485$308.929.470
Totales$399.546.880$748.890.274$760.611.849$843.629.036

Por lo anterior, y con fundamento en un análisis objetivo de la norma, los pagos realizados por este concepto de bonificaciones son constitutivos de salario, por ser habituales, toda vez que por mandato legal (CST, art. 127) es de naturaleza salarial, por lo tanto hacen parte de la base para el cálculo de los aportes parafiscales del 3% a favor del ICBF(48) (Resalta la Sala).

5.5. Del anterior recuento, se advierte que en los actos administrativos demandados el ICBF, desde el acto primigenio, citó las normas que imponen la obligación a los empleadores de liquidar y pagar los aportes parafiscales a favor del ICBF [Ley 27 de 1974 (art. 2º), Ley 7 de 1979 (arts. 39 y 40-4), Ley 89 de 1988 (art. 1º) y Ley 21 de 1982 (art. 17)], analizadas en el numeral 2 de esta providencia y de cuyo contenido se infiere que el aporte parafiscal con destino al ICBF equivale al 3% de la nómina mensual de salarios, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 21 de 1982.

5.6. Aclara la Sala que no era necesaria la transcripción de las citadas normas en el acto demandado, porque basta con consultar su texto para conocer su contenido y entender que el quid del asunto es determinar qué pagos hechos por la empresa constituyen o no salario y, por ende, cuáles deben ser tenidos en cuenta para cuantificar los aportes parafiscales a su cargo.

5.7. Además del fundamento jurídico, el ICBF hizo una relación de los hechos de manera clara, concisa y descriptiva.

En efecto, luego del recuento de las actuaciones adelantadas con anterioridad del acto de determinación del aporte parafiscal, dentro de las que se encuentran el Acta 1798 de 2011 y la Liquidación 184611 del 2 de diciembre de 2011, que hacen parte integral de dicho acto, el ICBF concluyó que “de la verificación se deduce que el empleador es elusor, por cuanto que para conformar el ingreso base de cotización no incluye las bonificaciones”(49).

Lo anterior deja en evidencia que contrario a lo expuesto por la sociedad demandante, la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012 cuenta con la exposición de los fundamentos fácticos y jurídicos de una manera clara y precisa, que no da lugar a equívocos respecto de las razones por las cuales la Administración determinó de manera oficial los aportes parafiscales por el periodo en discusión.

Aclara la Sala que en la Resolución 1182 del 11 de julio de 2012, el ICBF hace un análisis más detallado con el ánimo de desvirtuar los argumentos propuestos por la parte recurrente, circunstancia que de ninguna manera puede conducir a que se deduzca una falta de motivación del acto administrativo recurrido.

5.8. En lo que tiene que ver con el argumento, según el cual, (i) la cuantificación del tributo no es clara y cierta y (ii) se omitió la identificación del monto y el origen de las bonificaciones, lo que conduciría a la falta de motivación del acto administrativo, la Sala advierte que en el Acta de Liquidación de Aportes 1798 del 2 de diciembre de 2011, se dejó constancia de que la sociedad no hizo aportes sobre las bonificaciones pagadas en los meses de abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, oportunidad en la que se cuantificó de manera discriminada, por cada periodo, la suma adeudada.

5.9. Por su parte, en la Liquidación de Aportes 184611 del 2 de diciembre de 2011, el ICBF hizo una relación, mes a mes, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2010, en la que se discriminó (i) la base determinada de manera oficial, (ii) el 3% sobre dicha suma, que corresponde al aporte a favor del ICBF, (iii) los aportes pagados por la sociedad, (iv) la diferencia entre lo determinado y pagado —valor adeudado— y (v) lo adeudado por intereses.

Este cuadro evidencia que las sumas en discusión corresponden a los meses de abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, en cuantía que coincide con la indicada en el Acta de Liquidación de Aportes 1798 del 2 de diciembre de 2011.

5.10. Ahora bien, como la fuente de información fue el “balance” de la sociedad, que se aportó al expediente administrativo, una vez examinado el mismo, se advierte lo siguiente:

En el mes de abril de 2007 la sociedad reconoció las siguientes bonificaciones(50):

FechaBeneficiarioConceptoDescripciónValor
30/04/2007Carlos Antonio Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$117.402.253
30/04/2007Guillermo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidadContabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$117.402.253
30/04/2007Rodolfo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidadGerencia Café - Excelso - Excelso UGQ Malla 14$164.742.374

En el mes de mayo de 2008 la sociedad reconoció las siguientes bonificaciones(51):

FechaBeneficiarioConceptoDescripciónValor
30/05/2008Carlos Antonio Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$232.732.668
30/05/2008Guillermo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$232.732.668
30/05/2008Rodolfo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$283.424.938
30/05/2008Luis Carreño Pombo Bonificación mera liberalidad Exportación Café - Excelso - Prorrateo $30.000.000

En el mes de abril de 2009 la sociedad reconoció las siguientes bonificaciones(52):

FechaBeneficiarioConceptoDescripciónValor
30/04/2009Carlos Antonio Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$240.603.682
30/04/2009Guillermo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$240.603.682
30/04/2009Rodolfo Espinosa Soto Bonificación mera liberalidad Gerencia Café - Corporativo - Corporativo General$279.404.485
30/04/2009Sebastián Pinzón González Bonificación mera liberalidad Exportación Café - Excelso - Prorrateo$8.250.000
30/04/2009Adriana Melissa Alfonso Montealegre Bonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$950.000

En el mes de abril de 2010 la sociedad reconoció las siguientes bonificaciones(53):

FechaBeneficiarioConceptoDescripciónValor
30/04/2010Carlos Antonio Espinosa SotoBonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$267.349.783
30/04/2010Guillermo Espinosa SotoBonificación mera liberalidad Contabilidad Holding - Corporativo - Corporativo General$267.349.783
30/04/2010Rodolfo Espinosa SotoBonificación mera liberalidad Gerencia Café - Corporativo - Corporativo General$308.929.470
30/04/2010Edgar Torres BarriosBonificación mera liberalidad Conductores - Corporativo- Corporativo General$1.696.130

5.11. Cruzada la información extraída del balance con lo expuesto en el acto de determinación del tributo, del que hacen parte el Acta de Liquidación de Aportes 1798 y la Liquidación de Aportes 184611, ambas del 2 de diciembre de 2011, no existe lugar a equívocos de que el ICBF está incluyendo dentro de la base para el cálculo de los aportes parafiscales del 3%, la suma de dinero que la sociedad pagó a los señores Carlos Antonio Espinosa Soto, Guillermo Espinosa Soto y Rodolfo Espinosa Soto por concepto de bonificaciones en los periodos de abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010, que resulta fácilmente extraíble de los balances, tal como se refleja en esta providencia [num. 5.11].

Nótese que los balances de la sociedad muestran que los pagos por bonificación reconocida por mera liberalidad en abril de 2007, mayo de 2008, abril de 2009 y abril de 2010 se surtió en relación con (7) trabajadores de la empresa, cuya cuantía aparece detallada, verificándose la periodicidad a la que se refirió el ICBF en su actuación, respecto de los tres (3) trabajadores antes señalados.

5.12. Es por lo anterior, que no es acertado afirmar que los actos administrativos adolecen de nulidad porque la cuantificación no es clara y cierta y porque se omitió la identificación del monto y el origen de las bonificaciones cuestionadas.

5.13. Finalmente, es oportuno agregar que el hecho de que en el acto administrativo con el que se agotó la vía gubernativa el ICBF haya puntualizado que las bonificaciones en discusión tienen que ver con los tres (3) trabajadores a los que se ha hecho referencia, no implica necesariamente la falta de motivación del acto primigenio, porque la motivación de este acto, entendida como aquella que se refiere a la expresión escrita de los motivos, al menos en forma sumaria, de las razones o fundamentos de la decisión, en el caso sub examine, resultó suficiente para que la sociedad entendiera que el punto en controversia tenía que ver con el pago de las bonificaciones que se hicieron en el periodo en discusión y si dicho pago constituía salario o no.

5.14. Prueba de la motivación sumaria aunque suficiente de la Resolución 0329 del 13 de marzo de 2012, es que en el recurso de reposición contra la misma, en el acápite denominado “[i]nexistencia de fundamento legal para la determinación de la obligación”, el apoderado de la sociedad actora expuso lo siguiente:

En el Acta de Liquidación de Deuda 1798, se anota que la diferencia en la liquidación del aporte al ICBF está dada por las bonificaciones, sin cuantificación ni precisión sobre su origen.

No obstante lo anterior, las normas que regulan el aporte al ICBF precisan que dicho aporte se liquidará sobre la nómina mensual de salarios excluyendo de ella los conceptos que no correspondan a salario.

Conforme a la regulación laboral para que un pago realizado por el empleador sea considerado salario es indispensable que dicho sea remuneratorio del servicio personal que el trabajador ha prestado al empleador.

El pago de las bonificaciones que realiza Comercializadora Internacional Rafael Espinosa Hermanos & Cía. SCA Sucesores - C.I. Racafe & Cía. SCA, y que aparentemente son las que toma el ICBF como excluidas de la liquidación del aporte, no corresponden a remuneración del servicio personal de los empleados, sino a un reconocimiento de la empresa y así ha sido expresamente pactado y reconocido tanto por la empresa como por cada uno de los empleados beneficiarios de esos pagos en los correspondientes contratos de trabajo(54).

5.15. Para probar su decir, el apoderado de la sociedad recurrente aportó copia del “Otro sí a los contratos de trabajo en los cuales se estipula en forma expresa que las bonificaciones no tienen el carácter remuneratorio del servicio personal prestado por el empleado y que tampoco constituye salario”, solo que, dicha prueba tiene que ver con el señor Luis Carreño Pombo(55), a quien se le pagó una bonificación en el mes de mayo de 2008, que no está en discusión, omitiendo aportar la prueba que corroborara que con los señores Carlos Antonio Espinosa Soto, Guillermo Espinosa Soto y Rodolfo Espinosa Soto, la sociedad actora pactó el reconocimiento de una bonificación y que esta no constituiría salario.

5.16. En conclusión, en el caso sub examine la Sala no advierte la falta de motivación de los actos administrativos demandados y, por el contrario, evidencia que la parte demandante no probó en sede administrativa ni jurisdiccional que el pago de la suma en discusión debía excluirse de la base para el cálculo del aporte parafiscal a favor del ICBF, por mediar pacto entre las partes respecto de su desalarización.

5.17. Así las cosas, como la sociedad actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que están investidos los actos administrativos demandados, lo procedente es revocar la sentencia del Tribunal y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013), proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Carlos Andrés Gómez Echeverry, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los fines de la sustitución del poder que obra en el folio 208 del C.P.

3. RECONÓCESE PERSONERÍA al doctor Abraham Javier Barrios Ayola, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los fines del poder conferido que obra en el folio 227 del C.P.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha»

(1) Cfr. el folio 9 del C.P.

(2) En la Audiencia Inicial celebrada el 29 de agosto de 2013, la Magistrada Ponente decidió que en el caso concreto no había operado el fenómeno de la caducidad de la acción porque la resolución con la que se agotó la vía gubernativa se notificó personalmente el 31 de julio de 2012 y la demanda se presentó ante el Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2012, luego de lo cual, fue remitida al Tribunal [Cfr. los folios 150 a 152 del C.P.].

(3) Radicado 250002327000200501323-01 [17786], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

(4) Corte Constitucional, sentencia C-445 del 4 de octubre de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(5) Del 20 de diciembre de 1974, Por la cual se dictan normas sobre la creación y sostenimiento de Centros de atención integral al Pre-escolar, para los hijos de empleados y trabajadores de los sectores públicos y privados.

(6) Radicación 5481 Sección Segunda, M.P. Hugo Suescún Pujols.

(7) Corte Constitucional, sentencia C-521 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de septiembre de 2010, radicado 38757, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.

(9) Cfr. las sentencias del 3 de julio del 2002, radicado 12744, C.P. Ligia López Díaz, del 26 de octubre de 2009, Radicado 16761, C.P. William Giraldo Giraldo, del 7 de octubre de 2010, Radicado 16951, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 6 de agosto de 2014, radicado 20030, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 2 de marzo de 2016, radicado 20687, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 17 de marzo de 2016, radicado 21519, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(10) Cfr. la sentencia del 6 de agosto de 2014, radicado 20030, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en la sentencia del 17 de marzo de 2016, radicado 21519, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Cfr. la sentencia del 1º de noviembre de 2012, radicado 17786, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(12) Cfr. la sentencia del 17 de marzo de 2016, radicado 21519, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(13) Cfr. el folio 27 anverso del C.P.

(14) Cfr. los folios 27 a 28 del C.P.

(15) Cfr. el folio 27 anverso del C.P.

(16) Cfr. los folios 29 a 43 del C.P.

(17) Cfr. los folios 35 a 36 del C.P.

(18) Cfr. la sentencia del 6 de agosto de 2014, radicado 20030, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(19) Cfr. el folio 3 parte inferior derecha del C.A.

(20) Cfr. el folio 92 del C.A.

(21) Cfr. el folio 88 del C.A.

(22) Cfr. el folio 110 parte inferior derecha del C.A.

(23) Cfr. los folios 110 a 112 parte inferior derecha del C.A.

(24) Cfr. los folios 139 a 140 parte inferior derecha del C.A.

(25) Cfr. el folio 140 parte inferior derecha del C.A.

(26) Cfr. el folio 145 parte inferior derecha del C.A.

(27) Cfr. los folios 25, 28, 37, 47 y 76 parte inferior derecha del C.A.

(28) El artículo 320 del Código General del Proceso [art. 350 del CPC], dispone: “Fines de la Apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71” (Se resalta).

(29) “Para poder interponer el recurso se requiere tener interés, por serle la providencia desfavorable; estar legitimado, por ser parte o tercero con interés reconocido, e interponerlo en el tiempo y forma estatuidos en la ley procesal ante el juez competente, sin que sea necesario fundamentar el recurso”, en Monroy Cabra, “Principios de Derecho Procesal Civil”, citado por Bonilla Echeverri, Oscar y Useche López, Carlos Arturo, “Código de Procedimiento Civil Colombiano”, Edicolda, Editorial Colombiana Ltda., Bogotá, D.E. 1976, p. 350.

(30) Cfr. el folio 27 del C.P.

(31) Por el cual se reglamentan las leyes 75 de 1968, 27 de 1974 y 7 de 1979.

(32) Por el cual se establecen mecanismos para asegurar el pago de los aportes para la Seguridad Social.

(33) Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones.

(34) Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social

(35) En este sentido se puede observar el artículo 684 del Estatuto Tributario que señala que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para el efecto, presenta un listado de facultades, dentro de las cuales se encuentra la señalada en el literal f): “[e]n general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación”.

(36) Cfr. el folio 15 del C.P.

(37) Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.

(38) “Normas aplicables al control del pago de aportes parafiscales en materia de Seguridad Social. Las entidades administradoras de los distintos riesgos que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral establecido por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, independientemente de su carácter público o privado, tendrán la responsabilidad, conjuntamente con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de ejercer las tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que financian dicho Sistema.
Para el ejercicio de las tareas de control que aquí se establecen, las mencionadas entidades gozarán de las facultades de fiscalización que establece el Libro V del Estatuto Tributario Nacional, en cuanto ellas resulten compatibles con el ejercicio de tales atribuciones. El Gobierno Nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las normas del Libro V del Estatuto Tributario Nacional con las características que tienen los distintos Subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza de parafiscales que tienen los aportes que financian dicho Sistema y la naturaleza jurídica y capacidad operativa de las entidades que administran tales aportes.
En todo caso, en ejercicio de las tareas de control, las entidades administradoras podrán verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema que hayan recibido; solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios la información que estimen conveniente para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el Sistema, al igual que solicitar de aquéllos y éstos las explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los distintos riesgos que haya sido detectada a través del Registro Único de Aportantes a que alude el inciso final del presente artículo. En ningún caso las entidades administradoras podrán modificar unilateralmente tales declaraciones, salvo que se trate de simples errores aritméticos o del período de cotización en salud.
[…]” [Los apartes resaltados se declararon inexequibles].

(39) La Corte Constitucional en la sentencia C-992 de 2001 decidió: “Décimo Sexto: Declarar la Exequibilidad del artículo 91 de la Ley 488 de 1998, tal como fue modificado por el artículo 99 de la Ley 633 de 2000, salvo el inciso segundo y la siguiente expresión del inciso tercero, que se declaran Inexequibles: "... la información que estimen conveniente para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones para con el Sistema, al igual que solicitar de aquéllos y éstos..."

(40) Publicada en el Diario Oficial No. 48.188 de 10 de septiembre de 2011.

(41) Resolución derogada, salvo sus artículos 9º a 21, los cuales quedarán transitoriamente vigentes hasta que se termine el inventario de procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, por el artículo 22 de la Resolución 575 de 2016, 'por la cual se establecen los lineamientos para efectuar el control de la adecuada, completa y oportuna liquidación de las contribuciones parafiscales a favor del ICBF por parte de los aportantes y una adecuada colaboración interinstitucional con la UGPP', publicada en el Diario Oficial 49.778 de 6 de febrero de 2016.

(42) En numeral 1º del artículo 14 de la Resolución 2868 de 2011 dice: “Acta de verificación: Se entrega al aportante al finalizar la visita de fiscalización y debe contener: la descripción del procedimiento y de los hallazgos, la relación de los soportes y documentos aportados, las vigencias y el valor liquidado por cada una de ellas, el total del capital adeudado y de los intereses de mora calculados a la fecha de la visita, la información al aportante de que estos se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley, y las acciones por seguir de acuerdo con los resultados obtenidos. Igualmente, se le informará el nombre de los bancos, los números de las cuentas de recaudo para que proceda a efectuar el pago, y el plazo para hacerlo”.

(43) En numeral 2º del artículo 14 de la Resolución 2868 de 2011 señala: “Liquidación de la deuda a favor del ICBF. Liquidación de la deuda de aportes y de intereses. El servidor público con funciones de fiscalizador, una vez verificados los documentos de soporte y de ser procedente, elaborará la liquidación de aportes aplicando los intereses moratorios a que haya lugar, para lo cual debe hacer uso de la herramienta para el cálculo de intereses establecida por el Grupo de Recaudo de la Dirección Financiera de la Dirección General”.

(44) Cfr. los folios 110 a 111 parte inferior derecha del C.A.

(45) En esta transcripción se suprimió la última columna que señala la “Fuente de donde se toma la información”, que para todos los periodos corresponde al “Balance”.

(46) Cfr. los folios 115 a 116 parte inferior derecha del C.A.

(47) Cfr. los folios 27 a 28 del C.P.

(48) Cfr. los folios 35 a 36 del C.P.

(49) Cfr. el folio 27 anverso del C.P.

(50) Cfr. los folio 25 y 28 parte inferior derecha del C.A.

(51) Cfr. el folio 37 parte inferior derecha del C.A.

(52) Cfr. el folio 76 parte inferior derecha del C.A.

(53) Cfr. el folio 47 parte inferior derecha del C.A.

(54) Cfr. los folios 57 a 58 del C.P. o 139 a 140 parte inferior derecha del C.A.

(55) Cfr. el folio 145 del C.A. y transcrito en el numeral 3.10 de esta providencia.