Sentencia 2012-00417 de junio 5 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 520011102000201200417 01

Ref.: Consulta Abogada María José Jurado Sánchez

Aprobado según Acta Nº 43 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Bogotá, D. C., cinco de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

No habiéndose apelado la sentencia proferida, conforme lo dispone el artículo 81 del Decreto 196 de 1971, y en armonía con lo previsto por el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política y el artículo 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en grado de consulta en relación con la sentencia proferida el día 24 de enero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia por vía de consulta, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en los aspectos desfavorables al sujeto pasivo de la acción.

Ahora bien, la norma disciplinaria que describe las faltas endilgadas a la profesional investigada establece:

“ART. 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos;

(…)

“ART. 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. (…)”.

Ahora bien, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene que efectivamente la profesional del derecho fue contratada por lo señores Germán Potosi, Manuel Muñoz, Lino Muñoz e Hilda Marina Riascos, con el objeto de que saneara la falsa tradición de un bien inmueble ubicado en la vereda Briceño Alto del corregimiento de Mapachico de la ciudad de Pasto Nariño, gestión profesional por la cual los señores antes mencionados le cancelaron a la encartada la suma de $1.000.000, según recibos obrantes a folios 2 y 3 del expediente.

Según indicó la profesional del derecho no realizó la gestión profesional toda vez que los señores Lino Muñoz e Hilda Marina Riascos, no le pagaron los honorarios profesionales, situación que advirtió según indicó la encartada a los precitados señores.

Que en el desarrollo de la gestión profesional contratada, la abogada investigada realizó un levantamiento topográfico del bien inmueble objeto del contrato de prestación de servicios profesionales, pues ello da cuenta el plano de julio de 2011 obrante a folio 67, sin que hubiere probado que realizó otra gestión para el cumplimiento del encargo profesional al cual se comprometió, advirtiendo entonces que incurrió en falta contra la debida diligencia profesional.

De la ratificación y ampliación de la queja, así como de las declaraciones recibidas dentro de la presente investigación, sin dubitación alguna se establece que la profesional investigada no desarrolló finalmente la gestión contratada, que desde que realizó el levantamiento topográfico, esto es julio de 2011, hasta la fecha de presentación de la queja disciplinaria no cumplió la gestión en favor de sus clientes, quienes se vieron perjudicados por el actuar omisivo de la disciplinable frente al objeto del contrato de prestación de servicios profesionales.

Así las cosas, a juicio de esta Corporación le asistió razón a la Sala de Instancia al encontrar a la abogada María José Jurado Sánchez, disciplinariamente responsable de la falta establecida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, sin que puedan ser de recibo las exculpaciones presentadas por la abogada investigada, quien debió manifestar a sus clientes los motivos que le impedían cumplir con el objeto contratado, así como los quebrantos de salud a los cual hizo mención, máxime que los señores Germán Potosi y Manuel Muñoz, le cancelaron la suma que por honorarios profesionales se pactaron, por lo tanto, no se evidencia justificación alguna que permita librarla de la responsabilidad disciplinaria que le asiste por omitir cumplir y desarrollar la gestión encomendada.

Esta corporación, no encuentra exculpación frente a la indiligencia en cabeza de la abogada María José Jurado Sánchez, en relación con la labor que debía realizar, respecto de sus clientes, a quienes debió requerir o de ser el caso, manifestarles la intención de no continuar con la gestión encomendada, quienes evidentemente se vieron perjudicados pues confiaron en el profesionalismo de la disciplinable, en quien vislumbraban una solución para sanear la situación del predio para el cual se pretendía iniciar el proceso de saneamiento de la falsa tradición.

En consecuencia, es evidente que la encartada incurrió en la falta establecida en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, por lo tanto esta corporación procederá confirmar la responsabilidad ética que le asiste, tal y como lo encontró la Sala de Instancia.

Ahora bien, frente a la falta establecida en el artículo 34-d de la Ley 1123 de 2007, por la cual también fue hallada disciplinariamente responsable por la Sala de Instancia, es necesario advertir que se subsume frente a la falta establecida en el artículo 37-1 de la ibídem, lo anterior, teniendo en cuenta que la profesional del derecho investigada no podía rendir informe alguno pues no realizó la gestión profesional, situación que le era imposible máxime que como se indicó en líneas anteriores no cumplió con la gestión profesional para la cual fue contratada.

Por lo tanto la abogada investigada, teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, deberá absolverse de la falta contra la lealtad con el cliente establecida en el artículo 34-d de la Ley 1123 de 2007, pues no podía brindar información con veracidad de la constante evolución del asunto encomendado, se itera, por la potísima razón de que no desarrolló la gestión encomendada.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la sanción señalados en la precitada norma, veamos:

ART. 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de Derechos Humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por la disciplinada, esto es culposa, como lo advirtió de manera acertada el a quo, falta endilgada que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometió la misma, pues de manera indiligente dejó de realizar las actuaciones propias para la cual fue contratada, situación que afectó a sus clientes quienes a través del tiempo no encontraron la solución que pretendía con la gestión encomendada a la profesional del derecho, quien finalmente devolvió los dineros que por concepto de honorarios recibió, pues ello da cuenta el documento obrante a folio 88 del expediente, lo cual en atención a lo establecido en el artículo 45 literal b, se tuvo en cuenta en el fallo consultado.

Así las cosas, la sanción impuesta por la Sala de Instancia, habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Sala se cometió la conducta cuestionada, pues los elementos de juicio probatorios que orientan a la demostración objetiva y subjetiva de la conducta reprochada disciplinariamente, no se encuentra desvirtuada y menos justificada, valoración suficiente para que esta Colegiatura proceda a confirmar la sanción impuesta por la Sala de Instancia, pese a que deberá absolverse por la falta a la lealtad con el cliente establecida en el artículo 34-d de la Ley 1123 de 2007, dados los argumentos expuestos en líneas anteriores.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria de la abogada María José Jurado Sánchez, por a la falta establecida en el artículo 37–1 de la Ley 1123 de 2007, y en consecuencia confirmar la sanción de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria la abogada María José Jurado Sánchez, por a la falta establecida en el artículo 34–d de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

3. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».