SENTENCIA 2012-00418/3318-2015 DE MARZO 30 DE 2017

 

Sentencia 2012-00418/3318-2015 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad: 050012331000201200418 01

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Número interno: 3318-2015

Actor: Edwin Moreno Palacios

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho; Decreto 01 de 1984

Bogotá, D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

La Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Primera de Decisión, que denegó las pretensiones de la demanda.

Extractos: «Consideraciones

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se resume en las siguientes preguntas:

i) ¿El señor Edwin Moreno Palacios reúne los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y, por ende, se desvirtuó la presunción de legalidad del acto ficto o presunto resultante de la falta de respuesta a la petición que elevó el actor al Ejército Nacional el 11 de abril de 2011?

ii) ¿Es procedente emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión de reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica?

iii) En caso negativo, ¿El señor Edwin Moreno Palacios tiene derecho al reajusté de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica?

Primer problema jurídico

¿El señor Edwin Moreno Palacios reúne los requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión en invalidez y, por ende, se desvirtuó la presunción de legalidad del acto ficto o presunto resultante de la falta de respuesta a la petición que elevó el actor al Ejército Nacional el 11 de abril de 2011?

Para efectos de resolverlo, la Subsección precisará lo relacionado con el régimen legal de la pensión de invalidez para miembros de la Fuerza Pública y luego pasará al análisis del caso concreto.

1. Régimen legal de la pensión de invalidez para miembros de la Fuerza Pública.

Conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. De ahí que el legislador haya quedado habilitado para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales establecidos en la citada norma constitucional:

En efecto, fue a través de la Ley 100 de 1993 que el legislador organizó el Sistema de Seguridad Social Integral cuya finalidad es proteger los derechos irrenunciables de todas las personas para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante el amparo de las contingencias que las afecten. Este sistema comprende las obligaciones del Estado, la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el futuro.

El Sistema de Seguridad Social Integral se encuentra conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales, hoy denominados laborales, y los servicios sociales complementarios que se definen en la misma Ley 100 de 1993.

No obstante lo anterior, esta ley dispuso en su artículo 279(1) la inaplicabilidad del Sistema Integral de Seguridad Social allí previsto respecto de los miembros de la Fuerza Pública, quienes se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo fundamento reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que asumen en la prestación del servicio que tienen a su cargo.

Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la invalidez, tanto el régimen general como los regímenes exceptuados han previsto una prestación dirigida a solventar las necesidades básicas de aquellas personas que ven sustancialmente reducida la posibilidad de explotar su capacidad productiva en el mercado laboral y, con ello, la de proveerse los medios para su propia subsistencia y la de su núcleo más cercano. Estas personas, en virtud de la condición en la que se encuentran, son merecedoras de una especial protección constitucional consagrada en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política, y que ha sido desarrollada en diferentes disposiciones del orden interno.

De igual manera, se encuentra contenida en instrumentos de carácter internacional entre los que cabe destacar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé en su artículo 28 que los Estados Partes deben asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.

Así, el Decreto 1836 de 1979 se ocupó en su título noveno de regular lo atinente a la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se advierte en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

Esta normativa fue tácitamente derogada por el Decreto 94 de 1989, que en sus artículos 89, 90, 91 y 92 haría lo propio respecto de la pensión de invalidez, al incluir la distinción de acuerdo con la ocupación y la exigencia del porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral antes indicado. En el mismo sentido se profirió el Decreto 1796 de 2000(2), que tendría como efecto la derogatoria tácita de la anterior reglamentación, salvo por lo dispuesto en él artículo 48 ibídem que estableció que el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta tanto se expidiera una nueva regulación(3).

El 30 de diciembre de 2004, fue proferida y publicada la Ley marco 923 por medio de la cual “[...] se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública [...]”. Esta norma previó en su artículo 3º los elementos mínimos que tendría que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia, disponiendo lo siguiente respecto de la pensión de invalidez:

“[...] 3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro [...]”

Ahora bien, los términos definidos en esta Ley y, por consiguiente, en su respectiva reglamentación serían aplicables únicamente a hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad a partir del 7 de agosto de 2002, pues así lo ordenó su artículo 6º, declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-924 de 2005.

El Decreto 4433 de 2004 se encargó de desarrollar la Ley marco 923 de 2004 y, particularmente, lo relativo a la pensión de invalidez en sus artículos 30 y 32. El primero de ellos consagró el derecho a la prestación cuando los organismos competentes califican una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio activo, mientras que el segundo concede el derecho a los sujetos allí definidos que pierdan su capacidad de trabajo en un porcentaje igual o superior al 50% e inferior al 75% en cómbate, actos meritorios del servicio, por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio.

No obstante lo anterior, en sentencia deI 28 de febrero de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión “igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)” contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 pues, con base en lo dispuesto en el numeral 3.5. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno Nacional había excedido la competencia que le fue otorgada para regular la materia(4).

Ahora, es bien sabido que la nulidad de una disposición requiere una declaratoria judicial y en el caso en cita el pronunciamiento no abarcó de manera expresa la totalidad del artículo 30 ejusdem sino únicamente la expresión aludida. Sin embargo, en fallo del 23 de octubre de 2014, con ponencia de Bertha Lucía Ramírez de Páez, esta Corporación precisó el alcance de aquella sentencia y declaró la nulidad del parágrafo contenido en dicha disposición, al indicar:

“[...] Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que exista una incapacidad laboral “igual o superior al setenta y cinco por ciento 75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal incapacidad para ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece entonces de fundamento, debido a que la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que le servía de base desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de liquidación de la pensión de invalidez del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados profesionales a que se refieren los parágrafos 1º y 2º del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza por cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de invalidez que habría de ser liquidada, cuando se cumpla el requisito de la existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido en servicio activo, lo que sirve de base al descuento de ese porcentaje adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se ordenan en el aludido parágrafo 3º de la norma acusada [...]”

Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014, “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la Fuerza Pública”. El artículo 2º de esta normativa consagró lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez en los siguientes términos:

“ART. 2º.—Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).

2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).

2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

“PAR. 1º—La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

“PAR. 2º—Las pensiones de invalidez del personal de Soldados Profesionales, previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.

“PAR. 3º—A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, condición ésta, que será determinada por los organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de ésta pensión, se descontará éste porcentaje adicional”.

Acorde con lo anterior, en la actualidad los preceptos llamados a reglar la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública se encuentran contenidos en el numeral 3.5. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004 así como en él artículo 2º del Decreto reglamentario 1157 de 2014. De lo establecido en estas disposiciones conviene destacar las siguientes características que determinan el reconocimiento de este derecho:

i) La exigencia de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a efectos de acceder al derecho a la pensión de invalidez.

ii) La pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, lo que no significa que tenga que estructurarse propiamente durante el mismo pues hay que considerar que, por la progresividad de ciertas patologías, es perfectamente posible que la merma de capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo. En otras palabras, el sistema de aseguramiento que proporciona la respectiva institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga cobertura al empleado durante el tiempo que permanezca vinculado en servicio activo y por los eventos que se presenten o se desarrollen a lo largo de éste, sin que pueda exigirse que sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.

iii) La calificación de pérdida de capacidad laboral debe ser integral, de manera que incluya todos los factores discapacitantes. Esto significa que no hay lugar a la exclusión de ninguno de ellos en razón de su origen; de lo contrario se correría el riesgo de negar, por distinciones meramente formales, el derecho pensional a aquellos individuos cuyas reales condiciones físicas dan cuenta de una invalidez material.

En línea con lo expuesto, el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública surge cuando se genera una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones generadas en servicio activo, con independencia de su origen, por lo que se procederá a establecer si en el presente caso se reúnen estas condiciones.

Análisis del caso concreto.

En el proceso, se encuentra acreditado que el señor Edwin Moreno Palacios prestó sus servicios al Ejército Nacional en calidad de soldado regular por un periodo de dos años y once días, transcurrido entre el 11 de octubre de 2002 y el 23 de octubre de 2004, según consta en los folios 148, 171 y 172 del expediente.

De igual manera, se observa en los folios 8 y 9 el acta de Junta Médica Laboral 5240 proferida el 20 de octubre de 2004 por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en la que se define que el demandante padece una pérdida de capacidad laboral de 20,37% con base en los siguientes diagnósticos:

“[…] 1) posterior a explosión demina(sic) presenta trauma acústico que deja como secuela hipoacusia de predominio derecho de 40 DB 2). Lumbalgia postural tratado por fisioterapia y ortopedia que deja como secuela dolor a la flexión del tronco sin repercusión neurologico(sic). 3). Hernia lumbilical corregida quirúrgicamente que no deja secuelas [...]”

Respecto de la imputabilidad del servicio, el literal D. del dictamen señaló:

“[...] Lesion-1 ocurrió en el servicio por acción directa del enemigo, en el restablecimiento del orden público, o conflicto internacional o accidente de trabajo relacionado con el mismo literal (c)(at) de Acuerdo a Informativo Nº 18/2004. Afección - 2 sé considera enfermedad común, literal (a)(ec) afección - 3 se considera enfermedad común, literal (a)(ec) [...]”

Con base en esta calificación, que no fue impugnada por el señor Moreno Palacios, la entidad demandada expidió la Resolución 44970 del 19 de mayo de 2005 en la que ordenó el reconocimiento y pago, a favor del actor, de $ 6.406.790,50 por concepto de indemnización por disminución de la capacidad laboral, según se observa en los folios 165 y 166 del expediente.

El 11 de abril de 2011, el hoy demandante, por intermedio de apoderado judicial, radicó en el Ejército Nacional un escrito en el que le solicitó a la entidad (fls. 2-5):

“[...] 2.1. Que disponga la práctica de nuevos exámenes médicos de los especialistas a mi mandante y se expidan conceptos sobre su verdadera incapacidad.

2.2. Que se ordene la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y terapéutica a mi poderdante, tendiente a su recuperación.

2.3. Que en el evento de que no se obtenga mejoría de las afecciones que presenta, se le otorgue la pensión de invalidez, de acuerdo al porcentaje que realmente le corresponde y el reajuste de la indemnización a que haya lugar [...]”

Dado que la petición no fue respondida por el Ejército Nacional y se cumplieron las condiciones de que trata el artículo 60 del CCA, operó el silencio administrativo negativo, de manera que se presume la expedición de un acto que niega las súplicas del señor Moreno Palacios y que es hoy objeto de censura dentro de la acción incoada en este proceso.

Para fundamentar las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó un dictamen pericial con el propósito de que se calificara su pérdida de capacidad laboral, el cual fue debidamente decretado y su práctica estuvo a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez deI Meta. Mediante dictamen 197 del 3 de septiembre de 2013, dicho organismo estableció, con base en el manual de calificación propio de las Fuerzas Militares, una merma de la capacidad laboral de 79,80%, estructurada el 5 de abril de 2004 (fls. 234 - 237).

En el numeral 5.2 de la pericia, se observa que los diagnósticos sometidos a calificación fueron tres: (i) hipoacusia neurosensorial - bilateral; (ii) lumbago no especificado; y (iii) trastorno de estrés postraumático. La ponencia del dictamen señaló:

“[...] Junta Médica laboral el 20-10-2004 califica con el 20,37%. Valoración de ortopedia de fecha 26-07-2004 apartes pertinentes: “... lumbalgia postural, rx de columna lumbosacra normal, secuelas dolor a la flexión de tronco sin compromiso neurológico. Valoración de ORL de fecha 05-04-2004 apartes pertinentes: “... trauma acústico derecho, hipoacusia neurosensorial severa de OD...” Valoración de psiquiatría de fecha 02-08-2013 apartes pertinentes: “...trastorno de estrés postraumático severo, trastorno depresivo mayor severo, se sugiere hacer acompañamiento por siquiatría para el manejo de los trastornos emocionales que maneja, rehabilitación social y laboral...” Valoración de ORL de fecha 13-08-2013 apartes pertinentes: “hipoacusia neurosensorial profunda OD, hipoacusia neurosensorial OI grado severo, trauma acústico, acúfenos, tanto la hipoacusia como el aúfenos son irreversibles...” tanto los potenciales somatosensoriales auditivos como la audiometría realizadas el 30-07-2013 confirmaron el déficit auditivo. Examen JRCI Meta: refiere que toma medicación siquiátrica para dormir. Dolor asociado a los movimientos de flexoextensión de tronco sin signos radiculares. Calificación: sorderas parciales 50-100 dB bilateral numeral 6-036 literal b índice 12=37,5%. En el servicio por causa y razón del mismo. Acúfenos bilateral numeral 6-037 literal b índice 5=12 en el servicio por causa y razón del mismo, Lumbalgia postural 1-062 literal b índice 10=28%, Trastorno de estrés postrauma numeral 3-040 literal b índice 14=49%. DLT=79,80%. Se toma como fecha de estructuración la fecha de la valoración por ORL confirmando déficit auditivo el 05-04-2004 [...]”

Dentro del término de traslado del dictamen, la parte demandada manifestó objetarlo por error grave (fls. 241 - 246), motivo por el cual el a quo decidió decretar una prueba pericial que le diera elementos para resolver la objeción y, con tal fin, designó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

El 16 de abril de 2015, esta entidad profirió dictamen (fls. 317-321) en el que calificó al demandante con una pérdida de capacidad laboral de 20,37%, por el diagnóstico de hipoacusia neurosensorial unilateral con audición irrestricta contralateral. Para la realización de este dictamen, el ente calificador citó en tres oportunidades al señor Edwin Moreno Palacio a valoración por el equipo médico interdisciplinario, sin embargo, este nunca asistió. El acápite de análisis y conclusión de la ponencia del dictamen es del siguiente tenor:

“[...] La sala dos de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez con los fundamentos de hecho y derecho expuestos encuentra que le asiste razón a su objeción por error grave en cuanto a la calificación de la Disminución laboral atribuible a factores del servicio al señor Edwin Moreno Palacio quien se restiró (sic) del servicio activo desde el año 2004. La objeción principal con relación a la patología calificada como Trastorno de Estrés Postraumático - severo por médico siquiatra en el año 2013, 9 años después de su retiro de las labores del servicio militar que ejerció durante dos años, considera la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que no puede atribuirse a las tareas propias de su desempeño como soldado profesional, teniendo en cuenta el rpolongado (sic) tiempo (después de su retiro 9 años) en que se hace el Diagnóstico del trastorno mental, además el especialista psiquiatra también hace Impresión diagnóstica de Trastorno depresivo mayor severo. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez considera que este diagnóstico es el que corresponde al señor Edwin Moreno Palacio y sin relación con su ocupación desempeñada del año 2002 al 2004, ya que no se encuentra Historia clínica documentada que permita establecer que la patología mental que describe el médico psiquiatra sea atribuible a un Trastorno de Estrés Postraumático en actividades del servicio.

Con relación a los demás trastornos calificados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta frente al dictamen de la Junta Médica Laboral Nº 5240 (20-10-2004) Folio 08 determina la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que la calificación de la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares y de policía es la que corresponde a las secuelas documentadas en la fecha de retiro del señor Edwin Moreno Palacio, es decir por la hipoacusia neurosensorial unilateral severa del oído derecho producto de trauma acústico en el desempeño del servicio activo en el ejército. Se aclara también cesada o terminada la exposición laboral la hipoacusia neurosensorial no progresa por causas del trabajo sino por factores de otra índole que no pueden atribuirse al trauma acústico documentado en la Historia clínica.

No se documenta tampoco en la Historia clínica aportada que el lumbago crónico que presenta el señor Edwin Moreno Palacio pueda atribuirse a sus labores desempeñadas en el servicio activo, de hecho la lumbalgia inespecífica es de origen multicausal y en el tiempo de servicio no se documenta un evento accidental que hubiese ocasionado un trauma lumbar y lesiones en este segmento en forma secundaria.

En virtud de lo expuesto se decide modificar el Dictamen Nº 197 de fecha 03-09-2013 emitido por la Junta Regional de Calificación de Meta [...]”.

Mediante auto del 11 de agosto de 2016, esta Subsección ordenó que se aclararan algunos aspectos del dictamen en cuestión, a lo que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez respondió con el proferimiento del Dictamen Nº 11807783 - 17050 del 24 de noviembre de 2016 (fls. 551-557) que contó con la asistencia del demandante a valoración médica por el equipo interdisciplinario y, además, la historia clínica actualizada que este aportó. La nueva calificación reiteró los resultados de la anterior al definir un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del20,37% y concluyó:

“[...] En la valoración realizada en la Junta Nacional de Calificación no se encontraron signos de trastorno del humor (Trastorno Depresivo Recurrente realizado tres años antes), ni de Trastorno de estrés postraumático, e incluso por su antecedente posterior al retiro del ejercicio se observa que constituyó una familia de la cual hay tres hijos menores de edad (2-4-6 años respectivamente) y que se ha desempeñado en oficios varios para proveer la subsistencia de su familia. Al respecto de los Diagnósticos en la esfera mental que en la actualidad no se encuentran signos evidentes en la evaluación, es posible que pudieron haber existido en el pasado pero en la actualidad no existe una evidencia clínica que permita definir dichos Diagnósticos al señor Edwin Moreno Palacio. Quien se aprecia con Juicio y raciocinio conservados, orientado, colaborador en la entrevista, un poco aprehensivo, afecto modulado pero manifiesta inquietudes por la situación económica de la familia.

Con relación a los otros diagnósticos calificados por la Junta Regional de Calificación del Meta (hipoacusia neurosensorial) se encuentra en la nueva Historia clínica aportada (audiometrías y concepto de otorrinolaringólogo) que se encuentra una pérdida severa a profunda en oído derecho en todas las frecuencias (de conversación y agudas) y en el oído izquierdo con normalidad en las frecuencias de la conversación (logoaudiometría normal en oído izquierdo) y caída en las frecuencias altas (que no generan afectación en la conversación), pues el señor Moreno Palacio sostiene la conversación en tonos normales sin dificultad [...] No se documenta tampoco. en la Historia clínica aportada que el lumbago crónico que presenta el señor Edwin Moreno Palacio pueda atribuirse a sus labores desempeñadas en el servicio activo, de hecho, la lumbalgia inespecífica y la deshidratación de los discos intervertebrales se presenta principalmente por el proceso de envejecimiento natural de las estructuras corporales por la degradación de las proteínas que los componen [...] En consecuencia, la Junta Nacional de Calificación considera que los cambios que se encuentran en la columna lumbosacra del señor Moreno Palacio, con ninguna expresión clínica según las evaluaciones especializadas ya citadas, corresponden a procesos normales del desgaste de las estructuras corporales a todo nivel y no pueden atribuirse a las labores desempeñadas en el servicio militar que culminó en el año 2004 el señor Moreno Palacio.

Llama también la atención de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que el señor Edwin Moreno Palacio hubiera sido calificado en primera instancia por la Junta Regional de Calificación del Metá, cuando él es residente en el Chocó y por jurisdicción establecida para las juntas de calificación le correspondería haber sido calificado en la Junta Regional de Antioquia, como también que el apoderado del exsoldado Moreno Palacio hubiese manifestado que no podía ubicar a su poderdante para la valoración en la Junta Nacional de Calificación cuando fue citado en tres ocasiones consecutivas [...]”

Establecido lo anterior, hay que señalar que, indiscutiblemente, la decisión que se tome en el plenario requiere de un concepto técnico y, por lo tanto, habrá de apoyarse en un dictamen pericial que proporcione las herramientas necesarias para poder resolver la situación particular del demandante conforme a los principios constitucionales de que se nutre la materia y las disposiciones legales y reglamentarias ya advertidas:

Habiendo realizado el respectivo ejercicio de valoración probatoria, la Sala ha llegado a la conclusión de que el dictamen que le brinda convencimiento y convicción sobre las condiciones sicofísicas y médicas del señor Edwin Moreno Palacio es el rendido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien el 16 de abril de 2015 lo calificó con una pérdida de capacidad laboral de 20,37%, la cual fue ratificada luego de que fuera sometido a valoración médica por el equipo interdisciplinario de peritos el 24 de octubre de 2016. También es importante precisar que, con el pronunciamiento que efectuó dicho ente el 24 de noviembre de 2016, quedaron absueltas las inquietudes que tenía la Sala en cuanto a los diagnósticos de hipoacusia y la enfermedad lumbar del demandante.

Para esta Corporación, es transparente el hecho que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez estaba actuando en calidad de perito(5) y no como una segunda instancia dentro del trámite propio de la seguridad social, donde sí es constatable su superioridad funcional respecto de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. En ese orden de ideas, no es admisible que en su dictamen del 16 de abril de 2015 (fls. 317-321), la Junta Nacional de Calificación de Invalidez hubiera decidido modificar el dictamen 197 del 3 de septiembre de 2013 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, ya que en materia probatoria ambos tienen la condición de dictámenes periciales con el mismo rango, de manera que es al juez a quien corresponde la tarea de apreciar los hechos en que cada uno se funda, sus argumentos y conclusiones, a efectos de definir cuál de ellos le genera el convencimiento necesario para adoptar la respectiva decisión.

De acuerdo con lo anterior, no tiene injerencia el hecho de que la Junta Nacional haya dicho que modificaba el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta pues, al carecer de la facultad para adoptar una decisión de esta naturaleza porque ambas entidades obraron en condición de peritos, no resulta cierto que hubiera operado la aludida modificación.

Entonces, lo que lleva a esta Corporación a basar la presente providencia en el dictamen pericial que profirió aquella es que dicha experticia ofrece argumentos que la Sala encuentra más sólidos y consistentes que los de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, además expone razones que le restan credibilidad al dictamen de esta última. Entre ellas, el hecho que la calificación se llevara a cabo en el Meta cuando el demandante residía en Chocó y, por ende, su evaluación correspondía al ente calificador de Antioquia, como en efecto fue decretada la prueba por el fallador de primera instancia (fl. 106). Además, resulta extraño que el señor Edwin Moreno Palacios no asistiera a valoración con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez luego de haber sido citado por esta entidad en tres oportunidades para poder emitir el dictamen con base en el cual se pudiera resolver la objeción por error grave que manifestó la parte demandada.

Ahora bien, para esta judicatura también es claro que el dictamen de la Junta Nacional no queda viciado en modo alguno por haber manifestado modificar la calificación de la citada Junta Regional, decisión que se puede deslindar perfectamente del concepto y resultado técnico que ofreció el dictamen, que es lo que aporta los elementos sustanciales de conocimiento requeridos por el juez para poder fallar.

De otro lado, es preciso resolver los reproches que adujo la parte actora en el recurso de apelación, donde manifestó que el régimen probatorio no se cumplió de acuerdo al procedimiento legalmente establecido pues, según él, se encontraba prohibida tanto la práctica de más de un dictamen pericial con el mismo objeto como el trámite de objeción por error grave, conforme al Código General del Proceso.

Para emitir un pronunciamiento en ese sentido, se hace necesario esclarecer lo relativo a la vigencia del Código General del Proceso en los trámites escriturales que regla el Decreto 01 de 1984. Al respecto, en auto del 6 de agosto de 2014, la Sección Tercera de esta Corporación(6) fue clara al señalar que, a partir del 25 de junio de 2014(7), cobró vigencia el Código General del Proceso como norma de integración residual, lo que significa que, desde entonces, los aspectos no regulados por el CCA serían Ilenados con aquel y no con el Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, con base en el inciso 2º el artículo 624 del CGP(8), la providencia indicó que deben aplicarse “[...] las reglas procesales anteriores a los trámites que ya se hubieren iniciado bajo las mismas, en aras de conservar las actuaciones que ya se encontraban en curso cuando entró a regir la nueva ley. Una vez se surta la actuación que se encontraba pendiente, el proceso continuará bajo las normas de la nueva legislación […]”.

Existiendo claridad al respecto, es importante destacar las siguientes actuaciones procesales desplegadas en el proceso en materia probatoria:

• Las pruebas fueron decretadas mediante auto del 7 de febrero de 2013 (fl. 106).

• El dictamen pericial objeto de controversia fue practicado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta el 3 de septiembre de 2013 (fls. 234-237).

• Se corrió traslado del mismo por medio de auto del 1º de octubre de 2013 (fl. 240).

• La parte demandada objetó el dictamen por error grave el 10 de octubre de 2013 (fls. 241-246).

• El juez de primera instancia dictó auto de mejor proveer el 28 de mayo de 2014, en el que decretó de oficio un dictamen de calificación con el propósito de resolver la objeción por error grave (fls. 285-286).

Como puede observarse fácilmente, en el presente caso la solicitud, decreto y práctica del dictamen pericial tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Su contradicción, de otro lado, comenzó en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero para cuando se profirió el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez ya había entrado en rigor el Código General del Proceso.

Esta Sala es del criterio que la etapa probatoria así compuesta debe entenderse como una sola y, por lo tanto, todas las sub-etapas que comprende han de estar sometidas a la vigencia de las mismas reglas procesales como quiera que fraccionarla para aplicar las normas de un estatuto procesal y las de otro puede poner en riesgo la realización del principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental al debido proceso. Así las cosas, con apoyo en el artículo 624 del Código General del Proceso, es necesario concluir que en el sublite las actuaciones probatorias estuvieron regladas por el Código de Procedimiento Civil ya que al haber iniciado en vigencia del mismo, tenían que culminar también bajo su amparo.

Establecido lo anterior, es preciso señalar que el Código de Procedimiento Civil consagra en su artículo 238(9) los mecanismos y el procedimiento de contradicción del dictamen pericial, entre los que se encuentra la objeción por error grave, mismos que, por consiguiente, eran de total aplicación al caso que nos convoca.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual el proceso se encuentra viciado en virtud de la prohibición de decretar más de un dictamen pericial sobre un mismo aspecto. Lo anterior, si se considera que el dictamen que rindió la Junta Nacional de Calificación de Invalidez fue decretado y practicado en virtud del trámite incidental de la objeción al dictamen inicial, lo que cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, el inciso 2º del artículo 233 ibídem, qué consagra la restricción a que alude el apelante, indica que “[...] Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión [...]”. (Se resalta).

De acuerdo con ello, las razones que se expusieron en la alzada deben desestimarse y, en su lugar, reconocerse pleno valor probatorio al dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 16 de abril de 2015, (fls. 317-321) en el que calificó al demandante con una pérdida de capacidad laboral de 20,37%. Esto conlleva, de conformidad con las normas precitadas, a que no se configure el estado de invalidez requerido para hacerse acreedor de la prestación que reclamé.

En conclusión, el señor Edwin Moreno Palacios no reúne los requisitos legalmente establecidos para ser beneficiario de la pensión de invalidez, específicamente porque no tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones ocurridas en servicio activo. Por lo tanto, no se desvirtuó la legalidad del acto administrativo ficto o presunto resultante de la ausencia de respuesta al derecho de petición elevado el 11 de abril de 2011 ante la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional.

Segundo problema jurídico

¿Es procedente emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión de reajuste de la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica?

Sobre el particular debe precisarse que la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el carácter de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que la acción, que le pretenda se encuentra sujeta al término de caducidad de cuatro mesesque fija el artículo 136-2 del CCA, distinto de lo que sucede respecto de la pretensión pensional en tanto es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto sucesivo(10).

Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la Resolución 44970 del 19 de mayo de 2005 el director de prestaciones sociales de las Fuerzas Militares de Colombia reconoció y ordenó el pago de la indemnización por valor de $ 6.406.790.50 al actor (fl. 165), decisión que fue notificada mediante edicto que se fijó por un término de 10 días, entre el 14 y el 29 de junio de 2005, por lo que la acción para controvertirle se encontraba caduca desde el 30 de octubre de 2005, sin que una nueva petición tenga la capacidad de revivir el término ya vencido.

Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha prestación económica, esto es, la Resolución 44970 del 19 de mayo de 2005. No obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión tendiente a cuestionar la validez de dicho acto, tal y como lo evidenció el juez de primera instancia.

Tales argumentos hacen inviable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia y, por consiguiente, resulta innecesario pasar al estudio del tercer problema jurídico planteado.

Decisión de segunda instancia:

Por lo expuesto la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Primera de Decisión, que se declaró inhibido para pronunciarse respecto de la pretensión relativa a la reliquidación de la indemnización de la capacidad psicofísica y denegó las pretensiones de la demanda.

No habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998).

Tampoco se accederá a la solicitud de la parte demandada para que se compulse copias a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura puesto que los motivos que tuvo la Sala para no darle mérito probatorio al dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta, no permiten inferir que la conducta desplegada por esta pueda tipificarse como un delito, lo que no obsta para que la entidad demandada, si a bien lo tiene, formule la respectiva denuncia ante los organismos competentes con el fin de que se realicen las investigaciones del caso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmese la sentencia proferida el 3 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Descongestión, Sala Primera de Decisión, que se declaró inhibido para pronunciarse respecto de la pretensión relativa a la reliquidación de la indemnización de la capacidad psicofísica y denegó las pretensiones de la demanda.

2. Entiéndase revocado el poder conferido a la Dra. Diana María Camacho Bolaños por la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y, en su lugar, reconózcase personería a la Dra. Sonia Clemencia Uribe Rodríguez para actuar en representación de dicha entidad en los términos y para los efectos del poder conferido, obrante a Folio 360 del expediente.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático Justicia Siglo XXI.

Notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 279.—Excepciones. El Sistema integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas”(1). (Subrayas y negrillas fuera del texto)

(2) Al respecto, ver los artículos 38, 39, 40 y 41 del Decreto 1796 de 2006 encargados de definir el régimen pensional por invalidez de los miembros de la Fuerza Pública y la Policía Nacional.

(3) “ART. 48.—Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del Decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma”.

(4) Sobre el particular, sostuvo en esencia la Corporación: “[...] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3º numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social cuando la incapacidad, laboral de los servidores públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta a la que estableció el artículo 3º numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo [...]”

(5) Sobre el particular, el Decreto 1352 de 2013, “Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones”, dispone en su artículo 14: “Funciones exclusivas de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Además de las comunes, son funciones de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, las siguientes: 1. Decidir en primera instancia las controversias sobre las calificaciones en primera oportunidad de origen y la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional y su fecha de estructuración, así como la revisión de la pérdida de capacidad laboral y estado de invalidez. 2. Actuar como peritos cuando le sea solicitado de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 3. Los integrantes de la junta o de cada una de las salas se reunirán en conjunto en una sala plena una vez al mes, donde analizarán las copias de las actas de la unificación de criterios de la Junta Nacional para usarlas como referencia o parámetros para sus decisiones” (Se resalta). Por su parte, el artículo 54 Ibídem señala lo siguiente: “De la actuación como perito por parte de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez. Las solicitudes de actuación como peritos de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez se realizarán en los siguientes casos: a. Cuando sea solicitado por una autoridad judicial. b. A solicitud del inspector de trabajo del Ministerio del Trabajo, sólo cuando se requiera un dictamen sobre un trabajador no afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral. c. Por solicitud de entidades bancarias o compañías de seguros. Cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe en calidad de perito, en materia de términos atenderá lo que para cada caso en particular dispongan las autoridades correspondientes, sin embargo, si se requieren documentos, valoraciones o pruebas adicionales a las allegadas con el expediente, estos serán requeridos a quienes deban legalmente aportados, suspendiéndose los términos que la misma autoridad ha establecido, para lo cual deberá comunicar a ésta el procedimiento efectuado. Todo dictamen pericial de las juntas debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos y los fundamentos técnicos y científicos de sus conclusiones.

“PAR.—Los dictámenes emitidos en las actuaciones como perito no tienen validez ante procesos diferentes para los que fue requerido y se debe dejar claramente en el dictamen el objeto para el cual fue solicitado.” (Se resalta)

(6) C.P. Enrique Gil Botero; Radicado 88001-23-33-000-2014-00003-01 (50.408).

(7) En esta fecha se profirió el auto de unificación que fijó la interpretación sobre la aplicación del Código General del Proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo M.P. Enrique Gil Botero. Exp. 49.299.

(8) “ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

(9) “ART. 238—Para la contradicción de la pericia se procederá así: 1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.

2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días.

3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas.

4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en éstas.

5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.

6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare. 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas.

(10) Sobre el particular, puede consultarse la sentencia el 30 de enero de 2014, Radicación 50001-23-31-0002005-10203-01(1860-13), actor: Hugo Osorio González. En ella se indica que “[...] Si de los actos administrativos se derivan dos prestaciones diferentes, como en el presente caso, pero sobre una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo del asunto respecto de aquella pretensión que no se encuentre inmersa dentro de este fenómeno. Es decir, si el interesado desea que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie tanto la indemnización como la pensión de invalidez, previamente agotada la víagubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del término estipulado por la Ley, pues de lo contrario, solo se podrá estudiar aquél beneficio laboral que cumpla con los requisitos de prestación periódica. En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía Nº 1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada personalmente el 22 de febrero de 2001, y como la demanda se presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha caducado la acción en lo concerniente a la indemnización, ya que no es posible que ahora a través de la acción incoada se pretendan revivir términos de los cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy distinta ocurre en cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una prestación periódica, permite demandarse en cualquier tiempo [...]”.