Sentencia 2012-00454 de septiembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente (E):

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Electrificadora del Caribe S.A. ESP.

Demandado: Distrito Especial de Barranquilla

Tema: Impuesto de alumbrado público. Régimen sancionatorio

Subtema: Sanción por no declarar

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación presentado por ELECTRICARIBE S.A., le corresponde a la Sala determinar si se ajustan a derecho la resolución sanción por no declarar GGI-FI-RN-00001-11 del 5 de julio de 2011, proferida por la gerencia de gestión de ingresos del Distrito de Barranquilla, que sancionó a la demandante por no presentar las declaraciones del impuesto de alumbrado público por los periodos 1 a 12 del año gravable 2010, y la Resolución GGI-DT-RS-00079 del 16 de marzo de 2012, que confirmó la anterior.

En concreto, la Sala deberá resolver los siguientes

3.1. Problemas jurídicos.

¿El Concejo Distrital de Barranquilla carece de competencia para regular el impuesto de alumbrado público?

¿Se tipifica la sanción por no declarar el impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del Distrito Especial de Barranquilla cuando el contribuyente prueba que ha satisfecho la obligación sustancial bajo la égida de una de las condiciones impuestas por la normativa tributaria territorial para pagar el impuesto de alumbrado público?

3.2. De si el Concejo Distrital de Barranquilla carece de competencia para regular el impuesto de alumbrado público. Violación del principio de legalidad. Reiteración de jurisprudencia(2). 

Según el apelante, los literales d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y a) del artículo 1º de la Ley 84 de 1915 no contienen los elementos mínimos necesarios del tributo que autoriza crear, razón por la cual el Concejo Distrital de Barranquilla carece de competencia para el efecto.

La inconformidad del demandante, entiende la Sala, radica en el hecho de que, a su juicio, las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 son inaplicables en la actualidad, ora porque no fijaron los elementos del impuesto de alumbrado público, ora porque carecen de legitimidad al amparo de la Constitución de 1991.

La Sala discrepa de las razones aducidas por el demandante, por cuanto fue la misma Corte Constitucional la que, en la Sentencia C-504 de 2002, declaró exequible el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 con fundamento en que, precisamente, el artículo 338 de la Carta Política faculta a los concejos municipales para fijar los elementos de los tributos cuya creación autorizó la citada ley. Dijo la Corte:

“(…) tal como lo ha venido entendiendo esta corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.

Ese precepto entraña una escala de competencias que en forma directamente proporcional a los niveles nacional y territorial le permiten al Congreso de la República, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales imponer tributos fijando directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas. En consecuencia con ello el artículo 313-4 constitucional prevé el ejercicio de las potestades impositivas de las asambleas y concejos al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, siempre y cuando ésta no vulnere el núcleo esencial que informa la autonomía territorial de los departamentos, municipios y distritos.

(…).

Destacando en todo caso que mientras el Congreso tiene la potestad exclusiva para fijar todos los elementos de los tributos de carácter nacional; en lo atinente a tributos del orden territorial debe como mínimo crear o autorizar la creación de los mismos, pudiendo a lo sumo establecer algunos de sus elementos, tales como el sujeto activos y el sujeto pasivo, al propio tiempo que le respeta a las asambleas y concejos la competencia para fijar los demás elementos impositivos, y claro, en orden a preservar la autonomía fiscal que la Constitución le otorga a las entidades territoriales. Es decir, en la hipótesis de los tributos territoriales el Congreso de la República no puede establecerlo todo.

(…).

Al respecto nótese cómo la norma establece válidamente el sujeto activo y algunos sujetos pasivos —empresas de luz eléctrica y de gas—, y los hechos gravables, dejando al resorte del Concejo de Bogotá la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas”.

Las sentencias que dicta la Corte Constitucional, en ejercicio de la función de guardiana de la Constitución Política, constituyen precedente no solo vinculante sino obligatorio para todos los funcionarios judiciales y la comunidad en general(3).

La citada sentencia fue acogida por esta Sección en la sentencia del 9 de julio de 2009(4), la que retomó los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales que ya había expuesto la Sala en otra oportunidad, concretamente en la sentencia del 15 de octubre de 1999 (exp. 9456) en la que se precisó que “(…) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.

También, se acogió de la sentencia citada que, “(…) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular” (resaltado fuera de texto).

La Sala se apartó de las sentencias del 11 de diciembre de 2008 y del 17 de julio de 2008 porque consideró pertinente aplicar el precedente judicial vinculante y obligatorio de la Corte Constitucional. Y, por eso, con fundamento en la doctrina judicial expuesta, ha venido reiterando que acuerdos como el demandado no son nulos, fundamentalmente, porque:

— El artículo 338 de la Constitución Política le otorgó autonomía a los municipios para fijar los elementos del impuesto.

— El artículo 1º de la Ley 97 de 1913 creó el impuesto de alumbrado público y mediante la Ley 84 de 1915 facultó a los concejos municipales para fijar los elementos del impuesto.

— La ley que crea o autoriza la creación de un tributo territorial debe gozar de tal precisión que acompase la unidad económica nacional con la autonomía fiscal territorial, en orden a desarrollar el principio de igualdad frente a las cargas públicas dentro de un marco equitativo, eficiente y progresivo.

— La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener relación con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con éste.

— El precedente jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido rectificado, en virtud de la Sentencia C-504 de 2002.

Por lo expuesto, no le asiste la razón al demandante cuando señala que los actos administrativos acusados son nulos por la falta de competencia del Concejo Distrital de Barranquilla, pues es claro que ese concejo contaba con la autorización de las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 para regular el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción. Por ende, resulta acertada la posición que adoptó el tribunal. No prospera el cargo.

3.3. De si tipifica la sanción por no declarar el impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del Distrito Especial de Barranquilla cuando el contribuyente prueba que ha satisfecho la obligación sustancial bajo la égida de una de las condiciones impuestas por la normativa tributaria territorial para pagar el impuesto de alumbrado público. Violación de los principios de equidad, legalidad y proporcionalidad.

Sea lo primero precisar que la demandante propone dos argumentos para fundamentar la nulidad de los actos administrativos demandados que, valga reiterar, impusieron la sanción por no declarar el impuesto de alumbrado público causado en el año 2010.

Conforme con el primer argumento, los actos administrativos demandados son nulos porque no se tipificó la infracción sancionada, habida cuenta de que la demandante presentó las declaraciones del impuesto de alumbrado público en el Distrito de Barranquilla en el año 2010.

En la demanda se precisó que, con fundamento en el artículo 103 del Decreto Distrital de Barranquilla 180 de 2010(5), y en su calidad de empresa de servicios públicos domiciliarios, ELECTRICARIBE tiene el deber de liquidar y recaudar el impuesto al servicio de alumbrado público de los usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, de forma mensual en los lugares y plazos que señale la Secretaría de Hacienda. Esto por cuanto, el impuesto se recauda conjuntamente con el servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Que dado que la misma empresa demandante es un usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica, en las declaraciones mensuales presentadas incluyó el impuesto de alumbrado público que le correspondía, y que tasó a la tarifa prevista para esos usuarios.

Conforme con el segundo argumento, se cuestiona el hecho de que a la demandante se le imponga el deber de tributar dos veces por el impuesto de alumbrado público: (i) una por su condición de usuario regular del servicio público domiciliario de energía eléctrica, obligación que quedaría satisfecha con las retenciones que hace la propia empresa, y (ii) otra por su condición de propietaria de subestaciones de energía eléctrica, obligación que quedaría satisfecha con la presentación de declaraciones mensuales.

La Sala considera que la causal de nulidad de los actos administrativos demandados prospera, por las razones que se pasan a explicar:

El artículo 102 del Decreto 180 de 2010(6) (estatuto tributario del Distrito de Barranquilla) regula las tarifas del impuesto de alumbrado público para ser aplicadas en la jurisdicción del distrito especial.

El numeral 1º del artículo 102 del Decreto 180 de 2010(7) prevé la tarifa para los usuarios regulados del servicio público domiciliario de energía eléctrica, de acuerdo con el estrato (usuario residencial) y rango de consumo (usuario comercial y oficial e industrial).

El numeral 2º(8) fija la tarifa por cada subestación eléctrica de potencia instalada en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, para aquellas personas naturales o jurídicas que sean propietarias, tenedores o usufructuarias a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o líneas de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía.

Conforme con el certificado de existencia y representación legal(9), la demandante es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo domicilio principal es Barranquilla, razón por la cual, es un usuario regulado del servicio de energía eléctrica en esa jurisdicción y, por ende, contribuyente del impuesto de alumbrado público [D. 180/2010, art. 102, num. 1º].

Adicionalmente, en su condición de empresa de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el artículo 219 del Decreto 180 de 2010(10), debe presentar la declaración mensual del impuesto de alumbrado público en la que liquide el valor total recaudado durante el período por el impuesto de alumbrado público a cargo de terceros, incluido el derivado de su propio consumo.

De otra parte, ELECTRICARIBE ostenta la calidad de propietaria, tenedora o usufructuaria a cualquier título de bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía (este hecho no lo controvierten las partes), y, por lo tanto, por esta condición, también sería contribuyente del impuesto de alumbrado público [D. 180/2010, art. 102, num. 2º].

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 104 del Decreto 180 de 2010(11), la demandante debe liquidar, recaudar y girar el impuesto al erario distrital debiendo presentar, para el efecto, declaraciones mensuales del impuesto de alumbrado público.

Es un hecho no controvertido que la demandante presentó las declaraciones previstas para el recaudo del impuesto a cargo de terceros y que no presentó las declaraciones derivadas de su condición de propietaria, tenedora o usufructuaria a cualquier título de bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía.

El numeral 6º del artículo 259 del Decreto 180 de 2010(12) dispone lo siguiente:

ART. 259.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar cuando sea impuesta por la administración, será la siguiente:

6. Cuando la omisión de la declaración se refiera al impuesto de alumbrado público, será equivalente a dos veces el impuesto a cargo dejado de recaudar o de declarar o al que figure en la última declaración presentada por el mismo concepto, el que sea mayor.

Aunque es un hecho probado que la demandante no presentó la declaración a que alude el artículo 104 del Decreto 180 de 2010, para la sala no hay lugar a imponer sanción por no declarar porque, para el caso concreto, esa medida resulta inequitativa y desproporcionada.

En efecto, para la Sala, no consulta el principio de equidad(13) que ELECTRICARIBE tenga que tributar por el impuesto de alumbrado público por dos condiciones diferentes, a dos tarifas diferentes y bajo reglas igualmente diferentes.

La Corte Constitucional ha considerado que el principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en materia fiscal(14). Para la Corte, “(…) el principio de igualdad constituye un claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional”(15).

En consonancia con este principio, sobre el de proporcionalidad en materia sancionatoria tributaria, la Corte Constitucional ha precisado que “La proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, en el marco de las infracciones tributarias, tiene un claro fundamento en el principio de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Constitución, equidad que, en concepto de esta corporación, no sólo debe predicarse de la obligación tributaria sustancial, sino que debe imperar en la aplicación y cuantificación de las sanciones que puedan llegarse a imponer, tanto por el desconocimiento de obligaciones tributarias de carácter sustancial, como de las accesorias a ella. …”(16).

El Decreto 180 de 2010 (E.T. del Distrito Especial de Barranquilla) consulta el principio de equidad cuando trata con el mismo rasero a los usuarios regulares del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

Y cuando establece tarifas diferenciales para sujetos que ostentan condiciones como la de ser propietarios, usufructuarios o poseedores de activos de generación, la Sala ha dicho que ese parámetro puede ser válidamente utilizado como referente para establecer la capacidad contributiva de esa clase de contribuyentes.

En efecto, la Sala ha precisado(17):

2.3.2. No se puede considerar que la normatividad demandada modifique el hecho generador del impuesto de alumbrado público, que consiste en ser usuario potencial del servicio de alumbrado público”1, por establecer una tarifa y base gravable especial sobre las personas propietarias, usufructuarias de subestaciones eléctricas, o generadoras, o cogeneradoras de energía eléctrica, porque esos sujetos hacen parte de la colectividad de potenciales usuarios del servicio de alumbrado público.

Por consiguiente, los apartes acusados no desconocen que el hecho generador constituye el ser usuario potencial del servicio de alumbrado público y, solo utilizan la propiedad, usufructo y las actividades relacionadas con la generación de la energía como un criterio para establecer la tarifa y la base gravable para esa clase de contribuyentes.

2.4. El establecimiento de tarifas diferenciales y el método para el cálculo de las tarifas para los usuarios que realizan actividades relacionadas con la generación de la energía eléctrica no desconoce el principio de equidad tributaria, en tanto garantizan que el pago de los tributos se realice según la capacidad económica de cada contribuyente.

2.5. La capacidad de generación instalada de las subestaciones de energía eléctrica puede servir de referente para cuantificar el tributo, en tanto de la misma se puede establecer la capacidad contributiva de sus propietarios, usufructuarios, generadores o cogeneradores, calidades que representan una forma concreta de uso potencial del servicio de alumbrado público.

Además, es un parámetro admisible para establecer la base gravable y la tarifa del impuesto respecto de los sujetos pasivos señalados, por tener ellos una condición distinta a la de los demás usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público (resaltado fuera de texto).

Conforme con lo expuesto, el Distrito de Barranquilla, en virtud de los principios de equidad y progresividad(18) sí podía establecer tarifas diferenciales del impuesto de alumbrado público, en atención a la calidad del sujeto. Lo que no es pertinente interpretar es que el Distrito de Barranquilla pueda exigir doble pago del impuesto, esto es, por un lado, por la tarifa establecida para los usuarios regulados y, por otro lado, por la tarifa establecida para los propietarios, tenedores o usufructuarios a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o líneas de transmisión de energía eléctrica, que generen, transmiten, transformen y distribuyan energía.

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración [Res. GGI-DT-RS-00070, mar. 16/2012, fls. 69 a 89], el Distrito de Barranquilla precisó lo siguiente:

Dada la especial vinculación que ostenta la configuración del hecho gravado con ser beneficiario del servicio de alumbrado público, como servicio conexo al servicio de energía eléctrica, este tributo se configuró con dos tipos de obligados, unos como responsables del recaudo y declaración del tributo recaudado que son las empresas de servicios públicos domiciliarios que obran bajo la figura de RESPONSABLES cuando recaudan el tributo de sus usuarios y lo trasladan a la Administración Distrital, a través de un sistema que fue establecido por el Acuerdo 30 de 2008 de declaración y pago. El otro tipo de obligados, para quienes son sujetos pasivos y obligados directos a la declaración y pago del tributo que está bajo su responsabilidad y se refiere a las personas enumeradas en el numeral 2º y 3º del artículo 102 del Decreto Distrital 180…

Bajo este contexto, las empresas prestadoras del servicio público domiciliario en virtud de la obligación de tipo impositivo impuesta por el Acuerdo 30 de 2008, frente al impuesto del servicio de alumbrado público estarían obligadas a ser responsables de recaudo frente a sus usuarios del servicio público domiciliario únicamente, para lo cual de manera específica se les señaló en el artículo 103 su obligación y para ello como lo señala el artículo 103 debe realizarse a través de la misma factura del servicio público lo cual es su responsabilidad discriminar dentro de ella. No obstante, si adicional a ello cumple con las condiciones de sujeto pasivo en los casos referidos en el numeral 2º y 3º del artículo 102 del Decreto Distrital 180, porque ella directamente realiza esos usos de la energía eléctrica, arriba especificados, deberá también cumplir con su obligación de declarar y pagar como sujeto pasivo, la cual está regulada en el artículo 104 del Decreto Distrital 180 de 2010.

Fíjese que el Distrito Especial de Barranquilla no reparó en el hecho de que la demandante también es un usuario regulado del servicio público domiciliario de energía eléctrica y que, por lo mismo, paga el impuesto de alumbrado público en consideración a su propio consumo.

Por lo tanto, no era pertinente que, al imponer la sanción, eludiera el hecho de que la demandante pagó el impuesto de alumbrado público a las tarifas previstas para los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica, y que para demostrárselo, le adjuntó las declaraciones que presentó como responsable del recaudo del tributo a cargo de terceros(19).

Si bien esas declaraciones no satisfacen la obligación formal de declarar en la condición de propietaria, tenedora o usufructuaria a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o líneas de transmisión de energía eléctrica, que generen, transmiten, transformen y distribuyan energía; para la Sala, para efectos de imponer la sanción por no declarar debe tenerse en cuenta que la declaración tributaria es el instrumento del que se vale la administración para que se satisfaga la obligación sustancial, eso sí, cuando la norma impone el deber de declarar.

El Decreto 180 de 2010 permite que la obligación sustancial se satisfaga mediante el pago del impuesto de alumbrado público liquidado en la factura del servicio público. Si las empresas de servicios públicos domiciliarios pagan el impuesto en esas facturas, no hay lugar a considerar que se ha incumplido la obligación sustancial. La sanción por no declarar tiene como propósito persuadir al contribuyente para que cumpla con el deber sustancial. Es por eso que, previo a imponer la sanción, se lo emplaza para que presente la declaración, pero fundamentalmente, para que pague el impuesto. De manera que, si ELECTRICARIBE probó que pagó el impuesto, así no haya presentado la declaración, no es procedente imponerle el pago doble del impuesto, pues esto resulta desproporcionado e irrazonable.

Ahora bien, aun cuando por su capacidad contributiva, el Decreto 180 de 2010 previó que sujetos como ELECTRICARIBE paguen una tarifa mayor por impuesto de alumbrado público, el Distrito de Barranquilla no debió imponer la sanción por no declarar, pues no desvirtuó que la demandante pagó el impuesto en su condición de usuario regulado del servicio de energía eléctrica en las declaraciones mensuales que presentó para reportar lo pagado por terceros y por su propio consumo.

En todo caso, para la Sala no resulta procedente interpretar que la parte actora estaba obligada a pagar el impuesto de alumbrado público por las dos condiciones reiteradamente anotadas, y a cumplir las reglas establecidas para cada una de estas, porque esa interpretación conlleva a que se exija a la demandante el doble pago del tributo, situación que no consulta los principios de equidad y progresividad.

Esta falta de certeza sobre las reglas que se deben cumplir, en cada caso concreto, para satisfacer la obligación tributaria, tanto formal como sustancial, también conlleva la violación del principio de legalidad tributaria.

La Corte Constitucional ha precisado(20) que derivado del principio de legalidad de los tributos se encuentra el principio de certeza[41], conforme al cual los órganos de representación popular están obligados a determinar, de manera clara y suficiente, los elementos estructurales del impuesto, a fin de garantizar tanto la seguridad jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia en el recaudo del tributo[42]…

Para la Corte, “El principio de certeza en materia tributaria, que surge como consecuencia lógica del de legalidad, tiene, según lo expuesto, la finalidad de garantizar que todos los elementos del vínculo impositivo entre los administrados y el Estado estén consagrados inequívocamente en la ley, bien porque las normas que crean el tributo los expresan con claridad, o porque en el evento en que una disposición remite a otra para su integración, es posible identificar dentro del texto remitido el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa del gravamen[44].

De manera que, para la Sala no se puede tipificar la sanción por no declarar cuando se ha satisfecho la obligación sustancial bajo la égida de una de las condiciones impuestas por la normativa tributaria territorial.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de la primera instancia y, en su lugar, anulará los actos administrativos demandados.

3.4. Condena en costas.

La institución de la condena en costas es una figura del derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida en un proceso, incidente o recurso, teniendo ésta que efectuar erogaciones económicas a cargo de la parte vencedora, correspondientes a las expensas y las agencias en derecho.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, y que su liquidación y ejecución se rigen por las normas del Código de Procedimiento Civil, sustituido por el Código General del Proceso, CGP.

Dicho estatuto procesal es claro en señalar que sólo procederá la condena en costas, cuando en el expediente, aparezcan causadas y, siempre y cuando, estén probadas(21).

Significa lo anterior, que para la imposición de esta condena no basta que la parte sea vencida en el proceso, sino que se requiere que la causación de las costas sea probada en el juicio.

En el presente caso, la Sala advierte que no obran elementos de prueba que demuestre las erogaciones en que incurrió la parte demandada por ese concepto, por tanto, no se condena en costas a la parte vencida en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral primero de la sentencia del 6 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP ELECTRICARIBE, contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. En su lugar, se dispone:

1) ANÚLANSE los actos administrativos demandados.

2) A título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE que la demandante no está obligada a pagar la sanción por no declarar impuesta en los actos anulados.

2. No se condena en costas en la segunda instancia.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

2 Ver, entre otras sentencias, las siguientes: Sentencia del 9 de julio de 2009, expediente 2006-00404-02 (16544), M.P. Martha Teresa Briceño De Valencia; 25 de julio de 2013, expediente 2009-651-01 (18570), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 3 de septiembre 2015, expediente 2009-00556-01 (21484), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

3 Artículos 230 y 243 de la Constitución Política y Sentencia C-539 de 2011 de la Corte Constitucional. Y sobre los efectos de las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional, artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y Sentencia C-444 de 2011, entre otras.

4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, sentencia del nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).

5 Folio 149, artículo 103. Responsables del recaudo. Las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, serán responsables de la liquidación y recaudo del impuesto al servicio de alumbrado público, de los usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, de forma mensual en los lugares y plazos que señale la Secretaría de Hacienda. El valor del impuesto se recaudará conjuntamente con el servicio de energía…”.

6 En el expediente no obra copia del Decreto 180 de 2010. El texto que se toma como referente está en la demanda. Conforme con el artículo 102, Las tarifas se fijan en UVT.

7 Num. 1º—El impuesto al servicio de alumbrado público se determina según el estrato socio económico para el sector residencial y de acuerdo con el rango de consumo para los otros sectores. La tarifa consistirá en un valor mensual, que se cobrará a cada sujeto pasivo de acuerdo con la siguiente tabla: … (tarifas establecidas en UVT.

8 En el expediente no obra copia del Decreto 180 de 2010. El texto que se transcribe se toma de la demanda (fl. 6):

ART. 102.—Tarifas de alumbrado público. La tarifa del Impuesto de Alumbrado Público consistirá en un valor que se cobrará a cada sujeto pasivo de acuerdo con el sector de la siguiente manera:

Numeral 2º—El impuesto al servicio de alumbrado público se determina por cada subestación eléctrica de potencia instalada en la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, para aquellas personas naturales o jurídicas, propietarios, tenedores o usufructurios a cualquier título de los bienes inmuebles dotados de conexiones, plantas o subestaciones y/o línea de transmisión de energía eléctrica que generen, transmitan, transformen y distribuyan energía, de acuerdo con la siguiente tabla:…

9 Folios 49 a 59, cuaderno principal

10 ART. 219.—Declaración de responsables y sujetos del impuesto de alumbrado público. Las empresas prestadoras del respectivo servicio de energía domiciliaria en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, deberán presentar declaración mensual liquidando el valor total recaudado durante el período.

11 ART. 104.—Declaración y pago del impuesto de alumbrado público de los sujetos pasivos determinados en los numerales 2º y 3º del artículo 102 del presente decreto. Los sujetos pasivos determinados en los numerales 2º y 3º del artículo 102 del presente decreto, declararán y pagarán mensualmente el impuesto de alumbrado público en los plazos y lugares que señale la Secretaría de Hacienda.

12 Folio 62, cuaderno principal. Texto tomado de la Resolución GGI-FI-RN-00001-11 del 5 de julio de 2011, acto que impuso la sanción por no declarar.

13 Sobre el particular, ver las siguientes sentencias: Sentencia del 24 de mayo de 2012, expediente 02003 01001-01 (17723), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 10 de abril de 2014, expediente 2011 01360 01 (20462), Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14 Sentencia C-032 de 2005.

15 Sentencia C-183 de 1998.

16 Sentencia C-160 de abril 29 de 1998

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 10 de abril de 2014, expediente 2011-01360-01 (20462), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. DEMANDANTE: MARGARITA DIANA SALAS SÁNCHEZ. DEMANDADA: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

En esta sentencia, precisamente, se deniega la nulidad del artículo 12 del Acuerdo 15 de 2009, expedido por el Concejo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y, del artículo 102 del Decreto 180 de 2010, expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

18 En relación con el principio de progresividad, en la Sentencia C-776 de 2003, la Corte Constitucional consideró que el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquél permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que, progresivamente, terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados.

El principio de progresividad, para la Corte, “compensa la insuficiencia del principio de proporcionalidad en el sistema tributario pues como en este ámbito no basta con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo que quienes tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir, se trata de que la carga tributaria sea mayor entre mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente”. Sentencia C-643 de 2002.

Para la Corte Constitucional, “el principio constitucional de progresividad tributaria se hace efectivo de manera concreta en materia de impuestos directos, mediante el establecimiento de tarifas progresivas respecto de un mismo gravamen. En materia de impuestos indirectos, la progresividad es más difusa, y parte de la presunción relativa a la mayor capacidad adquisitiva de aquellas personas que gastan en bienes o servicios más costosos y menos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, los cuales son gravados con tarifas más altas”. Sentencia C-426 de 2005.

En tanto que el principio de eficiencia “implica que debe existir una relación de equilibrio entre los costos que la administración debe asumir para el recaudo del tributo y las sumas recaudadas, es decir, se trata de generar el mayor recaudo al menor costo”. Sentencia C-426 de 2005.

Los anteriores principios constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y, como ha tenido oportunidad de precisarlo la Corte, se predican del sistema tributario en su conjunto y no de un impuesto en particular (Sent. C-409-96).

19 Folios 92 a 111.

20 Corte Constitucional. Sentencia C 891 de 2012.

21 CGP, artículo 365, numeral 8º.