Sentencia 2012-00459 de marzo 11 de 2013

 

Sentencia 2012-00459 de marzo 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Rad.: 25000-23-37-000-2012-00459-01(AC)

Actor: Jhon Fredy García Sabogal

Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil trece

Decide la Sala la Impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del quince (15) de enero de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que denegó el amparo constitucional solicitado.

Antecedentes

El señor Jhon Fredy García Sabogal, presenta acción de tutela para lograr la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, el debido proceso y a la vida digna presuntamente vulnerados por la Policía Nacional. Los hechos fundamento de la acción de tutela son los siguientes:

El actor narra que durante 11 años se desempeñó como patrullero de la Policía Nacional, destacándose por su buen comportamiento y honrado con varias felicitaciones tanto especiales como públicas.

Manifiesta que en el año 2012 se dio inicio a una convocatoria previa al curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente 01-2012 y que los requisitos exigidos eran un mínimo de 5 años al servicio de la Institución en grado de patrullero, aptitud psicofísica de conformidad con la normatividad vigente, no haber sido sancionado en los últimos 3 años y obtener un concepto favorable de la junta de evaluación y calificación respectiva, así como realizar la solicitud por escrito a la Dirección General de la Policía Nacional.

Cuenta que el 2 de agosto de 2012 elevó la respectiva solitud ante la Dirección General de la Policía Nacional, y el 18 de septiembre de 2012 recibió por correo una comunicación del jefe del área de medicina laboral, donde le confirmaron su aptitud psicofísica para el proceso concursal.

Afirma que el 24 de octubre de 2012, recibió otra comunicación, esta vez del jefe de área de talento humano, en donde le señaló que la junta de evaluación y clasificación para suboficiales, personal de nivel ejecutivo y agentes, había expedido el Acta 13 del 9 de octubre de 2012, en la cual para su caso emitían concepto desfavorable para seguir en el concurso.

Dice que dicha acta nunca se le notificó, ni ningún otro acto administrativo relacionado con el concepto negativo que expidió dicha junta. Lo anterior, dice, vulnera su derecho al debido proceso, pues al no tener acceso a dicha acta no pudo conocer las razones de la negativa y quedó imposibilitado para interponer los recursos de ley o solicitar su nulidad e iniciar las acciones pertinentes, máxime cuando cumple a cabalidad con los requisitos establecidos tanto en la ley como en la convocatoria para lograr el ascenso a subintendente.

Sostiene que por culpa de esa circunstancia adversa a sus intereses no pudo seguir con el curso de capacitación de ascenso al grado de Subintendente, creándole un daño irremediable.

Objeto de tutela

Solicita que se tutelen los derechos fundamentales constitucionales invocados y se ordene a la junta de evaluación y clasificación para suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional y/o a quien corresponda, que en el término máximo de 48 horas, realice la notificación personal del Acta 13 de 09 de octubre de 2012, por medio de la cual supuestamente se emitió concepto desfavorable para participar en el curso de capacitación para el ingreso al grado de subintendente; lo anterior, con el propósito de conocer el contenido y motivación de dicha acta y hacer uso de los recursos legales y/o acudir a las instancias judiciales para solicitar la nulidad y restablecimiento de sus derechos como miembro del cuerpo policial.

Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo de 15 de enero de 2013, negó el amparo solicitado al considerar que la falta de notificación del Acta 13 de 9 de octubre de 2012, donde la junta de evaluación y clasificación de la Policía Nacional no concedió el concepto favorable para que el actor participara en el concurso previo al curso para ascenso a subteniente, no es violatorio del debido proceso, como quiera que dicho acto es de trámite, en tanto no contiene una decisión definitiva.

Impugnación

El actor inconforme con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo impugna.

Considera que no se resolvieron sus pretensiones y que por tal motivo se siguen vulnerando sus derechos, por cuanto el juez de tutela interpretó equivocadamente que lo querido con la tutela era ascender al cargo de subintendente, cuando lo realmente solicitado era conseguir la debida notificación de Acta 13 del 9 de octubre de 2012 emitida por la junta de clasificación y evaluación de la Policía Nacional, con el único propósito de ejercer su legítimo derecho de contradicción a través de los recursos de ley.

Sostiene que el Acta del 9 de octubre de 2012 emitida por la junta de clasificación y evaluación para suboficiales, que según el tribunal es un acto de trámite, realmente es un acto definitivo, pues puso fin a una actuación administrativa.

Hace mención a que la jurisprudencia constitucional ha considerado que cuando un acto administrativo no se ha notificado en legal forma, como sucedió con el acta del 9 de octubre de 2012, se hace ineficaz o inoponible (Sent. T-419/94).

Por lo anterior solicita a la Sala en sede de impugnación, establezca si el acta tantas veces mencionada es de trámite o una decisión definitiva y si la misma fue legalmente notificada.

Consideraciones

El actor interpuso acción de tutela con el objeto de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por la junta de clasificación y evaluación de la Policía Nacional al no notificarle en debida forma el Acta 13 del 9 de octubre de 2012, mediante la cual decidió no rendir concepto favorable para que el tutelante y otros patrulleros participaran en el concurso previo al curso de ascenso a subintendente.

El tutelante considera que si bien el 24 de octubre de 2012, el jefe del área de talento humano le envió una comunicación a su correo electrónico, informándole la existencia del Acta 13 del 9 de octubre de 2012, desconoce por completo las razones de hecho y de derecho de la decisión, pues no se le notificó el contenido del acto.

Para la entidad demandada, la comunicación enviada al correo electrónico del actor resulta suficiente, toda vez que el Acta13 del 9 de octubre de 2012 es un acto preparatorio que contiene una decisión discrecional, contra la cual no procede recurso alguno, tal como lo dispone el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para el tribunal de instancia, la falta de notificación del contenido del Acta 13 de 9 de octubre de 2012, no viola el debido proceso, como quiera que dicho acto es de trámite, en tanto no contiene una decisión definitiva.

El Decreto Ley 1791 de 2000, norma de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, a partir de su artículo 20, regula los ascensos de los oficiales, nivel ejecutivo y suboficiales en servicio activo para quienes cumplan los requisitos establecidos en la misma ley, y según o “de acuerdo con las vacantes existentes, conforme al decreto de planta y con sujeción a las precedencias de la clasificación que establece el decreto de evaluación del desempeño.”

Respecto del ascenso de los patrulleros a subintendentes, que es lo que interesa a este proceso, la ley exige como requisitos una solicitud escrita del interesado dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional, probar la aptitud sicofísica de acuerdo con las normas vigentes y el concepto favorable de la junta de clasificación y evaluación respectiva. El personal seleccionado podrá adelantar y aprobar un curso de capacitación, cuya duración mínima es de seis meses.

La función primordial de las juntas de evaluación y clasificación es la de evaluar la trayectoria policial para proponer el personal para ascenso.

De acuerdo con lo anterior se puede concluir, que el concepto desfavorable de la junta de evaluación y clasificación impide al interesado participar en el concurso previo y obligatorio para iniciar el curso de ascenso, luego el acto que así lo declara obtiene la entidad de acto administrativo, en la medida en que es una decisión negativa y definitiva frente al pretendido ascenso, recurrible en la vía gubernativa y pasible de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de contencioso administrativo.

El artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que los actos administrativos que ponen fin a una actuación administrativa deben ser notificados personalmente al interesado en una diligencia de notificación, dentro de la cual se entrega al notificado “copia íntegra, auténtica y gratuita del acto, con anotación de la fecha y hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo”.

Por disposición de la misma norma, cuando el interesado acepta ser notificado por correo electrónico es viable notificar el acto por esta vía, pero entiende la Sala, que tal alternativa no puede ignorar del todo los requisitos atrás mencionados, entre ellos la entrega de la copia del acto y el señalamiento de los recursos que proceden, razón por la cual cuando se notifica por correo electrónico debe adjuntarse el texto completo del acto, pues su incumplimiento como se vio invalida la notificación.

Como el 24 de octubre de 2012, el jefe del área de talento humano le envió al actor tan solo una comunicación a su correo electrónico, informándole la existencia del Acta 13 del 9 de octubre de 2012, sin enviar copia íntegra del acto, la notificación no cumple con los requisitos legales, pues no se notificó el contenido del mismo y el actor no supo los recursos a interponer.

No le es dable a la entidad accionada, motu proprio, suplir el procedimiento de notificación preestablecido con el simple pretexto de que la decisión que contiene el acto es discrecional, pues los recursos de ley proceden igualmente para esta clase de actos.

Considera la Sala que la junta de clasificación y evaluación de la Policía Nacional y el jefe de área de talento humano de la misma entidad vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa del actor por cuenta de la inobservancia del procedimiento para la notificación del acto administrativo por ella expedido, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo, impidiéndole al actor ejercer los recursos de ley y/o el medio de control pertinente ante el juez contencioso administrativo para controvertir la legalidad del acto.

En conclusión, al no cumplir la notificación del Acta 13 de 9 de octubre de 2012 con las exigencias legales, la Sala encuentra vulnerado el debido proceso invocado por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la protección constitucional. En su lugar se dispone:

CONCÉDESE EL AMPAROdel derecho fundamental al debido proceso del señor John Fredy García Sabogal.

DÉJASE sin efectos la notificación que mediante correo electrónico efectuó la Policía Nacional respecto del Acta 13 del 9 de octubre de 2012. En su lugar, se ORDENA a la Junta de clasificación y evaluación de la Policía Nacional y al jefe de área de talento humano de la misma entidad que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo de tutela, efectúen la notificación al actor al mismo correo electrónico, adjuntado en un archivo copia íntegra del Acta 13 del 9 de octubre de 2012, señalándole los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren, ausente con excusaAlfonso Vargas RincónLuis Rafael Vergara Quintero.