Sentencia 2012-00462 de enero 22 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Aprobado según Acta 2 de la fecha.

Rad.: 73001110200020120046201

Ref.: Abogado en consulta.

Denunciado: Jesús María Cardozo Contreras.

Denunciante: Yaneth Lara Meneses.

Primera instancia: Sanciona con Suspensión de 3 años y Multa de 8 smlmv por la falta contenida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Decisión: Confirma Sanción.

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil catorce.

Asunto a tratar

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a pronunciarse en grado de consulta sobre la Sentencia del 12 de junio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima(1), mediante la cual sancionó con suspensión de 3 años en el ejercicio de la profesión y multa de 8 smlmv, al doctor Jesús María Cardozo Contreras, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria contra la debida diligencia profesional, consagrada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Situación fáctica

Tiene su génesis la presente actuación disciplinaria, en el escrito de queja radicado por la señora Yaneth Lara Meneses el día 3 de mayo de 2012, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante el cual solicitó se investigara al doctor Jesús María Cardozo Contreras, pudiéndose extractar del mismo una presunta omisión en el cumplimiento en el deber de diligencia al cual está obligado el togado, entendiéndose que él mismo solo “a puesto la cara es para recibir el dinero que se le ha dado por concepto de pago de honorarios al perito (...), dentro del proceso de nulidad de escritura públicas que cursa en el tribunal superior de Ibagué Tolima, nunca dio informe ni fotocopias de la diligencia del perito”(2), habiendo recibido igualmente el profesional del derecho, dineros para una acción de tutela a interponer contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de El Espinal, y como honorarios y gastos para un trámite notarial del cual “nunca ha dado fotocopias escritas cómo va el proceso”, indicando finalmente que cuando se llama al número celular del abogado encartado, este le señala que “va bien el proceso, no se preocupe, pronto les tengo buenas noticias. Solo ponía la cara cuando recibía el dinero que se le daba”(3).

Al escrito, la aquí quejosa anexó copia del mandato por ella otorgado al doctor Cardozo Contreras, dirigido al “notario segundo del círculo del Espinal (Tol.)”, para que realice ante ese despacho la liquidación de la sucesión intestada del causante señor “Paulo Meneses”; fotocopia de los memoriales suscritos por el abogado denunciado, por medio de los cuales solicita a la notaría antes referida, adelantar la liquidación sucesoral confiada por la señora Yaneth Lara Meneses y presenta para su aprobación trabajo de partición de tal masa hereditaria; copia de una demanda ordinaria de “Nulidad de Liquidación de Herencia”, al parecer elaborada por el letrado denunciado, dirigida al Juez Civil del Circuito de El Espinal (Reparto); y fotostática de 7 recibos firmados por el abogado Cardozo Contreras, donde consta haber recibido dineros por concepto de “Gastos notariales de sucesión intestada de Paulo Meneses”, “pago de honorarios al perito señor (...) Dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas y que cursa en el tribunal superior de Ibagué-Tolima”, “Gastos dentro de la tutela por vía de hecho (...) en contra de la Sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal (Tol)”, y “Gastos dentro del proceso de Nulidad de escrituras públicas”(4).

Calidad del disciplinado - Antecedentes

Reposa en el infolio del cuaderno de primera instancia, certificado expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, de fecha 26 de marzo del año 2012, en la que se hace constar que el señor Jesús María Cardozo Contreras, portador de la cédula de ciudadanía 93.124.754, es titular de la tarjeta profesional de abogado expedida con el 125.008, documento vigente en esos momentos(5).

De otra parte, a folios 101 y 102 del cuaderno de primera instancia, obra certificado expedido por la Secretaría Judicial de esta Sala, de data 25 de abril de 2013, en la que consta que sobre el mencionado profesional del derecho pesan dos antecedentes disciplinarios, siendo objeto de sanción disciplinaria la primera de censura con sentencia de fecha 25 de junio de 2009, y la segunda de exclusión y multa de 4 smmlv, con sentencia calendada 5 de marzo de 2012, rigiendo dicha sanción desde la fecha del 18 de julio de 2012.

Actuación procesal

Con fundamento en la noticia disciplinaria y una vez acreditada la calidad de abogado del investigado, el magistrado a quo doctor José Guarnizo Nieto, mediante auto de fecha 19 de mayo de 2012, dispuso la apertura del proceso disciplinario y señaló la fecha del 11 de julio de esa misma anualidad para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional, según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

Llegada la fecha dispuesta para surtirse la diligencia antes citada, la misma no fue adelantada en atención a la solicitud de aplazamiento presentada por el togado, disponiéndose entonces el magistrado instructor el día 29 de agosto de 2012 para el adelantamiento de dicha audiencia, calenda para la cual no compareció el disciplinable, por lo que una vez fenecido el término otorgado al mismo para justificara su omisión, sin que presentara excusa alguna y cumplidos los presupuestos del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, procedió el magistrado director del proceso por auto adiado 5 de septiembre de 2012, a declararlo persona ausente designándole defensor de oficio para que lo representara dentro de las presentes averiguaciones disciplinarias(6).

Se dio inicio a la diligencia de Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional el día 30 de noviembre de 2012(7), compareciendo el auxiliar de la justicia designado, no así el abogado disciplinable, procediendo el Magistrado de instancia a dar lectura de la queja formulada por la señora Yaneth Lara Meneses, otorgándose la palabra a la misma para ser escuchada en declaración, manifestando que conoce al abogado desde comienzos del año 2009, comprometiéndose el abogado encartado en apersonarse de un proceso por unos bienes dejados por su tío Flor Emiro Meneses (q.e.p.d.), y adelantar la sucesión de otro tío suyo, señor Paulo Meneses, por lo que aproximadamente le entregó para adelantar esas gestiones la suma de $3.000.000; indicó estar fundado su descontento en que “prácticamente en 3 años nunca se dejó ver ni escuchar”, apareciendo el togado solo cuando solicitaba dinero y se le entregaba, quien le decía que sus encargos profesionales iban bien; adujo no conocer nada de los asuntos, manteniéndola el profesional del derecho engañada; señaló que verificó en la notaria si se había presentado algún trámite, pero no existe nada; a lo preguntado por el defensor de oficio designado, la quejosa respondió que no hubo contrato escrito, pactándose la relación profesional de manera verbal, otorgando mandato al disciplinable, quien tiene en su poder el documento original referido.

Seguido, se otorgó nuevamente el uso de la palabra al defensor de oficio del aquí investigado, quien en uso de la misma solicitó pruebas, las que fueron decretadas, siendo igualmente ordenadas algunas de manera oficiosa, siendo estas:

  1. Oficiar a la Notaria Segunda del Círculo de El Espinal, para que informe si allí cursa o cursó sucesión intestada de Paulo Meneses, donde aparece como apoderado de las señoras Yaneth Lara Meneses y Rosa Inés Meneses, el abogado Jesús María Cardozo Contreras.
 

  1. Oficiar a los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de El Espinal, para que certifique si allí se adelanta o adelantó proceso ordinario de nulidad de la liquidación de herencia, de la señora Rosa Inés Meneses contra Alexandro Meneses Rodríguez(8).
 

  1. Oficiar a la Secretaría del Tribunal Superior de Ibagué, para que informe si el doctor Jesús María Cardozo Contreras, presentó acción de tutela contra el “Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal.
 

  1. Oficiosamente se ordenó insistir en la citación del abogado encartado para ser escuchado en versión libre y actualizar sus antecedentes disciplinarios.
 

  1. Y escuchar en declaración a los señores Pedro Nel Ochoa y María Constanza Lara Meneses.
 

Acto seguido se suspendió la diligencia no sin antes señalar nueva fecha y hora para su continuación.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de El Espinal, por oficio informó que revisados los inventarios de procesos activos e inactivos no se encontró expediente del proceso alguno adelantado por Rosa Inés Meneses contra Alexandro Meneses Rodríguez.

La Secretaría de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, a través de oficio comunicó que una vez revisado el Sistema Siglo XXI, no se encontró acción de tutela alguna instaurada por el abogado Jesús María Cardozo Contreras contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal(9).

El día 4 de enero de 2013 se continuó con la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional(10), con la presencia del defensor de oficio se procedió a escuchar el testimonio rendido por la señora María Constanza Lara Meneses, quien bajo la gravedad del juramento manifestó ser hermana de la quejosa, afirmando que contrataron al abogado Jesús María Cardozo Contreras, con el fin que adelantara un proceso de sucesión, razón por la cual se le entregaron varias sumas de dinero que el abogado les solicitaba, sin embargo el abogado no cumplió con la labor confiada ya que no se ha visto ningún resultado; señaló sentirse engañadas y estafadas por cuanto el togado les decía que tranquilas que él les cumplía con la tarea encomendada y les entregaría la correspondiente escritura, lo que nunca sucedió.

Seguido se recepcionó la declaración prestada por el señor Pedro Nel Ochoa Medina, quien bajo la gravedad del juramento indicó conocer a la quejosa por ser su vecina; manifestó que acompañó en diversas ocasiones a la señora Yaneth Lara Meneses a entregar dineros al abogado denunciado, teniendo conocimiento que el profesional del derecho no cumplió con labor para la cual fue contratado.

Pliego de cargos: Acto seguido, el magistrado ponente a quo procedió al estudio del material probatorio hasta allí recaudado, y enseguida emitió la calificación de la investigación, decidiendo elevar cargos en contra del abogado Jesús María Cardozo Contreras, por faltar presuntamente al deber descrito en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pudiendo incursionar en la falta disciplinaria consagrada a numeral 1 del artículo 37 ibídem, calificado provisionalmente la conducta como culposa.

Lo anterior, por cuanto “se aprecia sin lugar a equívocos, que efectivamente la señora otorgó mandato para que se adelantara ante el Juzgado Civil del Circuito un proceso ordinario de nulidad de liquidación de herencia; ante la Notaría Segunda un proceso de sucesión, y para una tutela según dan cuenta los recibos”, labores que infortunadamente el abogado Cardozo Contreras no cumplió cabalmente como era su obligación, lo que aflora en una clara indiligencia profesional, por no hacer oportunamente las diligencias profesionales encomendadas.

Corrido el traslado para la petición de pruebas, el defensor de oficio en uso de dicha oportunidad procesal, solicitó se oficiara a la Notaría Primera y Segunda de El Espinal, para que certifiquen si el abogado encartado gestionó allí la sucesión del causante Pablo Meneses; igualmente peticionó se oficie al Juzgado de Familia de El Espinal, para que documente si el profesional del derecho adelantó ante ese despacho un proceso ordinario de nulidad de liquidación de herencia de Rosa Inés Meneses contra Alexandro Meneses Rodríguez, probanzas estas que fueron acogidas por el magistrado instructor, insistiendo en la comparecencia del aquejado a las diligencias disciplinarias, dando así por terminada la audiencia no sin antes fijar el día 4 de marzo de 2013, como nueva fecha para adelantar la de juzgamiento que trata el artículo 106 de la Ley 1123 de 2007.

La Notaría Primera del Círculo de El Espinal (Tol.) informó a través de oficio, que el abogado Jesús María Cardozo Contreras, “NO presentó demanda de apertura de sucesión, representando a la señora Yaneth Lara Meneses o Rosa Inés Meneses en la sucesión intestada de Pablo Meneses”(11).

La Notaría Segunda del Círculo de El Espinal, por medio de oficio comunicó “que revisados cuidadosamente los libros radicadores e índices, carpeta de Actas de inicio de sucesiones que se llevan en esta notaria, no se encontró constancia alguna que el doctor Jesús María Cardozo Contreras, como apoderado de las señoras Yaneth Lara Meneses o Rosa Inés Meneses, hubiera presentado o hubiera tramitado la sucesión de Pablo Meneses(12)”.

Llegada la fecha señalada para dar inicio a la Audiencia de Juzgamiento, la misma no fue surtida en atención a la petición de aplazamiento realizada por el auxiliar de la justicia designado al disciplinable, surtiéndose entonces dicha vista pública, el día 23 de abril de 2013(13). Se concedió el uso de la palabra al abogado defensor de oficio del doctor Jesús María Cardozo Contreras, quien en uso de la palabra expuso sus alegatos de conclusión, señalado que no existe certeza de los hechos denunciados, toda vez que las declaraciones vertidas en las presentes diligencias no tuvieron contundencia y claridad en reseñar la existencia de la misma; resaltó la circunstancia de ser extremadamente complicado ejercer una debida defensa en un caso como el ahora estudiado, toda vez que existen limitaciones para ello, como lo fue el no poder contactar a su defendido a pesar de haber visitado el municipio de El Espinal en diversas oportunidades con ese objetivo; adujo no estar demostrado si el togado investigado contó con los documentos necesarios para dar inicio a las gestiones confiadas, debiéndose tener en cuenta ello al momento de dictarse sentencia.

El día 8 de mayo de 2013, pasó la presente investigación disciplinaria al despacho del magistrado ponente de primera instancia, en atención a lo dispuesto por los acuerdos de descongestión PSAA 12-9250 y PSAA 12-9258.

Providencia consultada

El día 12 de junio de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, profirió sentencia en este asunto, disponiendo en su parte resolutiva sancionar con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 años, al abogado José María Cardozo Contreras, al encontrarlo responsable de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Luego de hacer un recuento del acervo probatorio, la Sala de instancia concluyó tener como un hecho cierto la existencia de una “total inactividad del investigado en las representaciones judiciales y notariales que le fueron confiadas, sin que conste prueba en su favor, ni siquiera indicio alguno que muestre circunstancia de atenuación, ni mucho menos absolutoria de responsabilidad por la falta cometida”, estando demostrado el “total desinterés del implicado y, más aún, de la oportuna cancelación de los estipendios necesarios para cada efecto, sin que hubiera adelantado gestión alguna de las convenidas con su cliente”, desatendiendo de manera culposa, el deber que le obligaba de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, contemplado en el numeral 10 del artículo 28 del Código Disciplinaria del Abogado.

En lo que respecta a la dosificación de la sanción, consideró la Sala de instancia que teniéndose en cuenta los parámetros señalados por el artículo 45 de la Ley 1123 del año 2007, atendiendo la gravedad, modalidad y circunstancias de la conducta reprochada, siendo que se perjudicó palpablemente el interés de su cliente, aprovechándose de sus condiciones de ignorancia, inexperiencia y necesidad al tratarse de una mujer campesina, anotando además, que sobre el letrado enjuiciado pesan dos antecedentes de naturaleza disciplinaria, y por lo tanto consideró imponer la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 años y multa de 8 smlmv.

Notificada la anterior decisión la misma no fue objeto de apelación, motivo por el cual el expediente fue remitido a esta Superioridad, a efectos de conocer por la vía de consulta.

Trámite en segunda instancia

Por auto de fecha 31 de julio de 2013, se avocó conocimiento de las diligencias y se dispuso correr traslado al Ministerio Público(14).

Una vez notificada personalmente la delegada del Ministerio Público, dentro del término legal presentó concepto dentro del cual manifestó el compartir el criterio escozado por la Sala a quo, al atribuirle responsabilidad disciplinaria al investigado, dado que de cara a las probanzas quedó corroborado su actuar antijurídico y culpable, considerando adecuada la sanción impuesta, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación que se presentan en el caso(15).

Se pudo constatar por secretaría general de la corporación que el doctor Jesús María Cardozo Contreras registra antecedentes disciplinarios y que en su contra no cursan procesos por los mismos hechos(16).

Consideraciones

Competencia

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3 de la Constitución Política y 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Superioridad es competente para conocer en consulta, de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procede la Sala a emitir su pronunciamiento a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir y con apoyo en el material probatorio legalmente arrimado al informativo.

Problema jurídico

Del estudio del caso como problema escindible a decidir, deviene establecer si el abogado Jesús María Cardozo Contreras, incurrió en falta contra la debida diligencia profesional derivada del hecho de haberse comprometido profesionalmente a adelantar diferentes acciones (nulidad de liquidación de herencia-sucesión-acción de tutela), sin que haya cumplido con su deber profesional de impetrar las mismas.

Tipicidad

Para fundamentar la decisión que habrá de adoptarse, necesario se hace señalar, que la tipicidad en el derecho disciplinario constituye una defensa al principio de legalidad dado que propone brindar seguridad jurídica a los asociados y para el efecto les permite observar anticipadamente las consecuencias de sus actos.

Concurre pues el presupuesto de la tipicidad cuando se decide actuar de manera contraria a lo previamente dispuesto por el legislador frente a un supuesto de conducta, pudiendo entrar en contravía de la disposición por acción u omisión; esquivar esa responsabilidad conlleva rehusarse a una orden (hacer) o a una prohibición (no hacer).

En el caso que nos ocupa, para analizar la tipicidad debe revisarse si la conducta objeto de investigación disciplinaria se identifica con supuestos catalogados por el legislador como falta a la ética profesional y que comportaron la sanción del disciplinado.

Para iniciar el estudio se ha de subrayar que el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, consagra dos preceptos bajo los cuales la conducta del letrado incurre en falta a la debida diligencia profesional, a saber: i) Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas, o ii) dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

Siguiendo el tipo previsto, dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, comporta una conducta omisiva en la medida en que el profesional del derecho se abstiene de efectuar las diligencias propias de su actuación profesional. Ello representa una omisión, lo cual se traduce en una actitud negativa de la voluntad, dejando de ejecutar una determinada acción de contenido material que le era exigible.

Analizados los medios de convicción que integran el acervo probatorio del asunto bajo estudio, se observa, que al togado indudablemente le fueron encargadas diversas gestiones en virtud de su conocimiento en las ciencias del derecho. Así se desprende del mandato otorgado al togado por la aquí denunciante disciplinaria y de los diferentes recibos allegados al plenario por la misma, dando cuenta que el profesional del derecho aceptó indudablemente las gestiones profesionales confiadas.

Ahora bien, como quiera que un abogado cuando asume una representación judicial mediante poder o nombramiento oficioso, se obliga a realizar una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada, cobrando vigencia el deber que le asiste de atender con celosa diligencia los asuntos que le han sido encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente, con prontitud y celeridad frente al mandato y la tarea encomendada.

Lo anterior con base en que obra en el dossier material probatorio que así lo demuestra, esto es, como ya se trajo con anterioridad, copia del mandato otorgado por la señora Yaneht Lara Meneses al doctor Cardozo Contreras, de data 29 de julio de 2009, dirigido al “Notario Segundo del Círculo del Espinal (Tol.)”, para que adelantara ante ese despacho la liquidación de la sucesión intestada del causante señor “Paulo Meneses”; fotocopia de los memoriales suscritos por el abogado denunciado, el primero por medio de los cuales pretendía solicitar a la Notaría antes referida, adelantar la liquidación sucesoral confiada por denunciante disciplinaria, y el segundo donde obra trabajo de partición de tal masa hereditaria; copia de una demanda ordinaria de “nulidad de liquidación de herencia”, al parecer elaborada por el letrado denunciado, dirigida al Juez Civil del Circuito de El Espinal (Reparto); y fotostática de 7 recibos suscritos por el abogado Cardozo Contreras, donde consta haber recibido dineros por concepto de “Gastos Notariales de Sucesión Intestada de Paulo Meneses”, “Pago de honorarios al perito señor (...) Dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas y que cursa en el tribunal superior de Ibagué Tolima” (de fecha junio 20 de 2011), “Gastos dentro de la tutela por vía de hecho (...) en contra de la Sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal (Tol)” (mar. 3/2011), y “Gastos dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas”.

En tanto, si el abogado injustificadamente omitió desarrollar la gestión profesional que le fue encomendada, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, en el caso sub lite se encuentra demostrado que el doctor Cardozo Contreras aceptó las diferentes gestiones encomendada por la señora Yaneht Lara Meneses, como lo era el adelantar una demanda ordinaria de nulidad de liquidación de herencia, una sucesión intestada ante notaría, y formular una acción constitucional de tutela, como se pudo avizorar de la denuncia disciplinaria que ahora nos ocupa en estudio, por consiguiente debió el profesional del derecho iniciar los respetivos trámites en la fecha en que se le confirió el poder y se comprometió a ello, existiendo entonces palmaria certeza de la comisión de la falta cometida descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, y el nexo causal con la responsabilidad del aquí investigado, es por ello que se evidenció un actuar negligente por parte del abogado.

Así las cosas, se puede advertir que tanto la prueba documental como testimonial recopilada, coinciden con lo referido en la queja, pudiéndose colegir que existe la plena certeza que el doctor Jesús María Cardozo Contreras, sí se comprometió en adelantar las diferentes diligencias profesionales ya reseñadas, sin que medie justificación alguna por parte del aquí encartado, por su indiligencia en adelantar los trámites confiados.

Es la prueba documental reseñada para la demostración de los hechos y la incursión en la conducta, que el abogado aquí investigado incurrió en la falta contra la debida diligencia profesional que le imputó el a quo, por tal razón no son de recibo las explicaciones dadas por el defensor de oficio designado al disciplinado ya que se comprometió con la quejosa, al adelantamiento de las actuaciones judiciales y notariales desde el mes de julio de 2009, sin que a la fecha en que se hizo efectiva la sentencia proferida por esta Jurisdicción por la cual el togado fue excluido de la profesión, siendo esta el 18 de julio de 2012, momento hasta el cual pudo actuar de manera diligente, haya formulado la demanda ordinaria, la acción constitucional o iniciado el trámite sucesoral encomendado por notaría, incurriendo así el abogado encartado de manera fehaciente, en una indiligencia profesional, vulnerando el acceso a la administración de justicia con la que cuenta la quejosa.

Visto lo anterior se concluye que falta imputada es cometida a título de culpa, habiendo desconocido el abogado inculpado su deber en atender con celosa diligencia el encargo conferido por la señora Yaneth Lara Meneses.

Antijuridicidad

Obsérvese, que los deberes se encuentran en la norma disciplinaria como postulados impuestos a los profesionales del derecho, luego representan y al efecto se equiparan a los compromisos generales que son adquiridos por el abogado al aceptar la representación de cualquier caso. Así es deber del abogado, entre otros, atender con celosa diligencia los asuntos que le han sido encomendados luego no hacerlo comporta actuar de manera contraria al precepto y no al bien jurídico propiamente dicho, pues la antijuridicidad material, entraña el ideal de justicia y ocurre que ésta no se encuentra en el tipo o los deberes escritos del abogado, sino en el resultado o fin último de la conducta que es respecto la que procede el debido juicio de valoración.

Se quiere decir por la Sala, que el objeto de la antijuridicidad es la acción misma contrapuesta con un bien jurídicamente protegido y la necesidad de regular su equivalencia de manera justa, luego es necesario que la acción constituya lesión al bien tutelado puesto que es desafortunado pretender irrogar reproche ético sin resultados jurídicos, razón por la que acertadamente puede predicarse que la antijuridicidad material disciplinaria puede ser hallada en conexión con otras materias del derecho, pues el incumplimiento de los deberes no satisface el presupuesto de la antijuridicidad material dado que dichos compromisos hacen más relación a la ética profesional, razón por la que su valoración negativa se reduce a la contradicción objetiva que pueda advertirse entre la conducta y cualquiera de las obligaciones que a bien tuvo el legislador para ceñir la conducta o comportamiento del abogado.

Significa lo expuesto en precedencia, que para la protección de los bienes jurídicos tutelados importa tanto el valor del acto como el resultado, lo cual equivale a decir, que la antijuridicidad referida en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”, obedece a un concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista una antijuridicidad material,estoes, que el resultado trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico protegido en el ordenamiento jurídico, luego no basta para la concurrencia de la falta disciplinaria el simple desvalor objetivo, pues, como se dijo en precedencia, tal desvalor se predica de la conducta típica y ocurre que la tipicidad es hasta ahora el indicio de la antijuridicidad, por manera que ese desvalor objetivo (antijuridicidad formal), que se predica de la llana contradicción con el postulado expuesto en la norma, no puede ser entendido como la antijuridicidad misma, de donde se desprende, que existe una antijuridicidad material sin la cual el concepto de antijuridicidad no converge, misma que debe constatarse entonces a partir del resultado contrario a derecho, injusto o ilícito.

De la sanción: Con relación a la sanción impuesta por la instancia, encuentra esta Superioridad que la misma debe ser confirmada teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 40, 43 de la Ley 1123 de 2007, como es la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y la existencia de antecedentes disciplinarios.

Como principio rector que vincula a la autoridad disciplinaria en el proceso de graduación de la sanción se debe responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Como regla que rige la interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto se contempla la finalidad del proceso.

Se advierte, no se asignó a cada falta o a una categoría de ellas, un tipo de sanción específica, generando así un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción. Sin embargo, ese ámbito de libertad de apreciación se encuentra guiado por la explícita consagración de los deberes del abogado, por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos, y particularmente por unos criterios de graduación de la sanción que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable, y parámetros de proporcionalidad, por lo que es posible afirmar que el legislador proporcionó un marco de referencia que se aviene a la razonable flexibilización que se le ha reconocido al principio de legalidad en el ámbito disciplinario.

Estos principios y parámetros fueron debidamente atendidos y acogidos por la Sala a quo, por cuanto en la parte correspondiente motivó la sanción que se debía imponer, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, su modalidad, la existencia de antecedentes disciplinarios, elaborándose de manera adecuada un juicio de reproche a efecto tasar la pena impuesta al togado. Por lo tanto se configuró una indiligencia profesional, cercenándose el derecho que le cobija a la quejosa del acceso a la administración de justicia de manera oportuna, siendo más gravosa la situación por el hecho de haberse confiado tres gestiones profesionales al letrado de las cuales ninguna adelantó.

Visto lo anterior se concluye que la falta imputada es cometida a título de culpa y que el encartado desconoció el deber en atender con celosa diligencia los encargos conferidos por la señora Yaneht Lara Meneses, habiéndose comprometido el Jesús María Cardozo Contreras, con la misma al adelantamiento de las actuaciones judiciales y notariales desde el año 2009.

Por lo anterior, esta Sala confirmará la sanción de suspensión por 3 años y multa de 8 smlmv, por la falta contenida en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, impuesta al doctor Jesús María Cardozo Contreras, pues faltó a su deber en atender con celosa diligencia sus encargos profesionales.

Otras disposiciones.

No sobra realizar un enérgico llamado de atención a la colegiatura de instancia, por cuanto del material probatorio obrante en el dossier, se vislumbra que el abogado Jesús María Cardozo Contreras, pudo incurrir en la falta consagrada por el numeral 3 del artículo 35 del Código Deontológico del Abogado, toda vez que se observa que el abogado encartado cobró a la quejosa y le fueron pagados $570.000 “Por concepto de pago de honorarios al perito señor (...) dentro del proceso de nulidad de escrituras públicas”, cuando el profesional del derecho nunca presentó ni adelantó la precitada acción confiada, habiendo sido pertinente, el haber investigado dentro del presente trámite disciplinario al abogado Cardozo Contreras por tal conducta, cuestión que pasó por alto la colegiatura a quo, por lo que esta Superioridad ordenará se expidan copias para que se investigue la conducta antes advertida y desplegada por el profesional del derecho antes mencionado, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 2013, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante la cual se sancionó con suspensión de 3 años en el ejercicio de la profesión y multa de 8 smlmv al abogado Jesús María Cardozo Contreras, al hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria contenida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. EXPÍDANSE copias de la actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, a fin que se investigue la conducta disciplinaria en que pudo incurrir el doctor Jesús María Cardozo Contreras, según lo descrito en otras disposiciones.

3. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

4. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

5. DEVOLVER en su oportunidad las presentes diligencias a su lugar de origen.

6.Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela,presidente—José Ovidio Claros Polanco, vicepresidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Ángelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora— Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Magistrados Ricardo Ernesto Valdivieso Salguero (ponente) y José Guarnizo Nieto.

(2) Sic a lo transcrito.

(3) Folio 1 cuaderno principal.

(4) Folios 2 a 25 cuaderno primera instancia.

(5) Folio 10 cuaderno principal.

(6) Folios 38, 39, 44 a 46 cuaderno principal.

(7) Cuaderno 1; acta vista a folios 62 y 63 cuaderno principal.

(8) Folio 75 cuaderno principal.

(9) Folio 77 cuaderno primera instancia.

(10) Cuaderno 2; acta vista a folios 79 y 80 cuaderno principal.

(11) Folio 90 cuaderno principal.

(12) Folio 98 cuaderno primera instancia.

(13) Folios 88, 93 y 100, cuaderno 3 cuaderno principal.

(14) Folio 5, cuaderno segunda instancia.

(15) Folios 9, 13 a 16, cuaderno segunda instancia.

(16) Folios 17 a 19, cuaderno consulta.