SENTENCIA 2012-00464 DE DICIEMBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2012-00464 de diciembre 6 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 500011102000201200464 01

Magistrado Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Aprobado según acta 110 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., diciembre seis de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Regulada en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 3º de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— y por el Código Disciplinario Único (L. 734/2002) el cual en el título XII, capítulos 1º al 9º, reglamenta el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Antes de entrar a analizar la legalidad de la actuación, es preciso indicar que la Sala parte del principio según el cual en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento trae como consecuencia la respuesta represiva del Estado y por ende una sanción.

La potestad disciplinaria entendida, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “…como la facultad para corregir las fallas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales...”(4).

Por lo tanto, el derecho disciplinario constituye un “…mecanismo para prevenir conductas contrarias al cumplimiento recto del servicio público y leal de la función pública…”(5). Es así como el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:

“…ART. 196.—Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código…”.

En este proceso, se ha atribuido al señor Fiscal Segundo Local de San José de Guaviare, para la época de los hechos, doctor MISAEL ANTONIO GALINDO HURTADO, incurrir en la prohibición prevista en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 154.—Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido:

6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia”.

Lo anterior, al considerarse que el doctor MISAEL ANTONIO GALINDO HURTADO, en su condición de FISCAL SEGUNDO LOCAL DE SAN JOSÉ DE GUAVIARE, para la época de los hechos, ejecuto conductas que afectaban de forma grave la confianza de los usuarios o personas que acudan ante los despachos judiciales, al aprovecharse de la situación penal del hijo de la quejosa, vulnerando su humanidad al realizar actos sexuales abusivos como manoseo y demás.

Por lo anterior, y al no encontrarse justificada dicha conducta, la Sala a quo le impuso al doctor GALINDO HURTADO sanción de doce (12) meses de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el mismo término, conducta calificada como grave y cometida a título de dolo.

Como se anunció, no podrá decidir de fondo esta superioridad, ante la existencia de irregularidades sustanciales con trascendencia a las garantías constitucionales y legales al debido proceso y al derecho a la defensa, acorde con lo dispuesto en los artículos 143 y 144 del Código Disciplinario Único:

ART. 143.—“Son causales de nulidad las siguientes:

1…

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso…”.

“ART. 144.—En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado”.

Lo anterior, por cuanto en el proceso adelantado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Meta, contra el doctor MISAEL ANTONIO GALINDO HURTADO, en condición de Fiscal Segundo Local de San José del Guaviare para la época de los hechos, se ha desconocido el derecho fundamental al debido proceso, porque dicha seccional omitió cumplir el mandato contenido en el artículo 201 de la Ley 734 de 2002 que indica:

ART. 201.—Notificaciones. Se notificarán por estado los autos susceptibles de recursos y por edicto la sentencia.

Se notificarán personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de cargos y la sentencia. Si no fuere posible la notificación personal del pliego de cargos al investigado, vencidos los términos previstos en esta ley, se le designará defensor de oficio con quien se surtirá la notificación y continuará el trámite de la actuación” (subrayas y resaltado fuera de texto).

Es decir, no se procedió a designarle defensor de oficio para notificarle del pliego de cargos que se elevó en su contra del disciplinado el 10 de abril de 2015, y si bien el encartado había autorizado el envío de comunicaciones por medio de su correo electrónico, al magistrado Instructor se le había indicado que el “SERVIDOR DE DESTINO NO ENVIÓ INFORMACIÓN DE ENTREGA”, aunado a que éste no se presentó dentro de los 5 días hábiles siguientes a la comunicación (fl. 128, cdno. original).

Lo que permite afirmar que se coartó el derecho fundamental a la defensa, toda vez que se profirió sentencia sin que se diera oportunidad de presentar sus respectivos descargos y solicitud de pruebas en contra del pliego de cargos elevado en su contra.

Al no cumplir el magistrado ponente con el mandato que se acaba de referenciar, pues no le era válido desconocer tal garantía procesal, toda vez que el disciplinado o el defensor de oficio designado en su defecto en ejercicio del derecho de defensa y del contradictorio, podrán solicitar el decreto y práctica de pruebas, al igual que aportar aquellas que estimará conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento de la situación por la cual se le acusó, por lo que sin duda alguna se le vulneró al encartado el derecho fundamental al debido proceso, desconociéndose de esta manera la preceptiva contenida en el artículo 29 de la Constitución Política, al disponer:

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho…”.

Como se desprende de lo anterior, tanto la Constitución Política como el Código Disciplinario Único, reconocen en favor del investigado su derecho a que se le investigue a través de un proceso respetuoso de las formas diseñadas por el legislador, tanto en la indagación preliminar como en la investigación. Todo ello con el fin debe de asegurar el principio de imparcialidad que debe regir en investigaciones como la que concita la atención de la Sala y claro está, el derecho a que las diferentes etapas procesales determinadas por el legislador en los procesos adelantados contra funcionarios judiciales sean satisfechas, pues el proceso no puede ser concebido como un monólogo del juez, “sino como la síntesis dialéctica de la actividad de las partes encaminadas a velar por los intereses que representan”(6).

Sobre el derecho al debido proceso, ha dicho la Corte Suprema de Justicia:

“…mira a aquellas irregularidades que se presenten en las FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO…Tales formas son aquellos señalamientos que el legislador hace en cada tipo de proceso y que siendo de obligatoria observancia para el funcionario director de la actuación y las partes que intervienen en la relación jurídico-procesal, no pueden ser dejadas al acuerdo entre las partes y los funcionarios del Estado que intervienen en ella. El principio del debido proceso apunta, pues, a la reglamentación procesal que con base en leyes preexistentes hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado…que se establezcan pasos y formas tendientes a garantizar tanto al procesado como al perjudicado la demostración de sus derechos y pretensiones… Así, la observancia de las formas propias del juicio no puede ser entendida como el necesario pronunciamiento de una decisión en lugar de otra…”(7).

En el anterior de ideas, por vulnerarse los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, en las circunstancias anotadas, se decretará la invalidez de la actuación, desde los actos de notificación del pliego de cargos, para que se proceda de conformidad con el artículo 201 de la Ley 734 de 2002, quedando con validez las pruebas recaudadas.

Otras determinaciones

Es necesario advertirle al magistrado de instancia que en el presente asunto se investiga la conducta irregular del doctor MISAEL ANTONIO GALINDO HURTADO del 1º de febrero de 2012, por lo cual el término prescriptivo se contará a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria, esto es el 8 de octubre de 2013, según la modificación de la Ley 1474 de 2011, la cual entró en vigencia el 12 de julio de 2011, antes de los hechos materia de investigación.

Por lo anterior, se le insta al Seccional de primera instancia corregir el yerro advertido de manera célere y prioritaria.

Aunado a lo anterior, se ordena compulsar copias a la presidencia de esta corporación, para investigar la presunta conducta irregular del magistrado sustanciador Christian Eduardo Pinzón Ortiz, al omitir la designación de defensor de oficio al disciplinado una vez proferido el pliego de cargos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. Decretar la nulidad del proceso adelantado en contra del doctor MISAEL ANTONIO GALINDO HURTADO, en condición de Fiscal Segundo Local de San José del Guaviare, para la época de los hechos, a partir de los actos de notificación del pliego de cargos proferido el 10 de abril de 2015 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta, por lo argumentado en la parte motiva.

2. VUELVA el expediente a su lugar de origen para que se rehaga la actuación en los términos indicados.

3. CUMPLIR el acápite de otras determinaciones.

Notifíquese y cúmplase.»

4 Sentencia C-028 de 2006.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-653 de 2001.

6 Principios rectores de la nueva Ley Procesal Penal, Velásquez Fernando, 1987, pág. 61.

7 Sala de Casación Penal, febrero 15 de 1990, M.P. Dr. Édgar Saavedra Rojas.