Sentencia 2012-00467/1946-2012 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-25-000-2012-00467-00 (1946-2012)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Claudia Liliana Jaramillo Garzón

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Asunto: nulidad y restablecimiento del derecho.

Decreto 01 de 1984.

Bogotá, D. C., tres agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala de Subsección determinar la legalidad de la decisión de 7 de abril de 2006, por medio de la cual se dicta en primera instancia en el proceso disciplinario Nº 5.60.2002-53 proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Resolución 04740 de 15 de mayo de 2006, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución anterior y la Resolución 05216 de 23 de mayo de 2006, por la cual se hace efectiva la respectiva sanción disciplinaria impuesta a la demandante.

1. Análisis integral de la sanción disciplinaria.

La Sala Plena(6) de esta corporación definió que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo es integral, lo cual debe entenderse bajo los siguientes parámetros:

“[...] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco queimponelaConstituciónylaley. 5) Las irregularidades del demandante procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva [...]”.

El control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo, que lo habilitan para lo siguiente:

— Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva.

— Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción. Así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio y; (iii) se debe comprobar si el acto fue debidamente motivado.

— Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia.

— Que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que prevé la ley.

— Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad de la ilicitud sustancial y de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional así como las justificaciones expuestas por el disciplinado(7).

Establecido lo anterior la Sala procede a estudiar el caso sub examine:

2. Los Cargos y la Sanción disciplinaria:

Del expediente disciplinario, se desprende que mediante Auto 54060-1001-029, se ordenó iniciar indagación preliminar, etapa en la cual se recaudaron pruebas que concluyeron con el Auto de Apertura de la Investigación Nº 5460- 1002-1 del 23 de mayo de 2003, contra la señora Claudia Liliana Jaramillo Garzón, por la vulneración a sus deberes consagrados en los numerales 2º y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995.

El día 7 de abril de 2006 la parte demandada expidió la Resolución 54060.2007-02 con la cual sancionó a la demandante con la suspensión de sus funciones por el término de 20 días sin remuneración(8). La demandante presentó recurso de apelación en contra de la providencia(9). Mediante Resolución 04740 del 15 de mayo de 2006 se resolvió el recurso interpuesto y se confirmó la decisión de primera instancia(10). Y mediante Resolución 05216 del 23 de mayo, se hizo efectiva la sanción disciplinaria a la funcionaria(11).

2.1. Pliego de cargos.

“ÚNICO “Usted, Claudia Liliana Jaramillo Garzón en calidad de Jefe de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos Local de Popayán omitió el cumplimiento oportuno de la comisión ordenada en el Auto 0019 de 18 de febrero de 2000, dentro del proceso de cobro coactivo de la Sociedad R. Henao y Cía. en C, lo que ocasionó la prescripción de las obligaciones por concepto de impuesto de renta años 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 por un valor de ($1.831.000)”.

2.2. Actos administrativos sancionatorios.

• Primera instancia - Resolución 54060.2007-02(12)

“[...] PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad disciplinaria de la empleada pública de la Administración Local de Impuestos de Popayán, Claudia Liliana Jaramillo Garzón identificada (...) quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de profesional en ingresos públicos II 31-22 (...) y desempeñaba sus funciones en la división de cobranzas (...).

SEGUNDO: SANCIONAR a la empleada pública Claudia Liliana Jaramillo Garzón (...) con SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por un término de 20 días hábiles, (...) [...]”.

Decisión de segunda instancia Resolución 04740 del 15 de mayo de 2006(13) “[...] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR INTEGRALMENTE la Resolución 54060.2007-02 del 7 de abril de 2006, en cuanto a la sanción impuesta consistente en la SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por un término de veinte (20) días, a la funcionaria Claudia Liliana Jaramillo Garzón [...]”.

Resolución 05216 del 23 de mayo de 2006(14) “[...] ARTÍCULO PRIMERO: HACER efectiva la sanción de SUSPENSIÓN en el ejercicio de las funciones sin derecho a remuneración por el término de veinte (20) días calendario, impuesta a la funcionaria Claudia Liliana Jaramillo Garzón [...]”.

Ahora bien, el acto sancionatorio de primera instancia argumentó que la conducta reprochada a la demandante está descrita en los ordinales 2º y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, la cual se concretó de la siguiente manera(15):

“[...] Se establece una conducta negligente por las siguientes razones, pese a que ordena la diligencia del vehículo en febrero 23 de 2000 solo inicia actuaciones el 19 de junio de 2000, cuando por medio de Oficio 8217065-1568 solicita colaboración a la Jefe del CIT (sic) en Timbío Cauca, para la inmovilización del vehículo de placas NCG 768 de R, Henao y Cía. De conformidad con la copia del oficio 152 del Comandante de la Estación de Policía de Timbío, obrante a folio 20 del expediente disciplinario, el vehículo fue puesto a disposición de la Dra. Claudia Liliana Jaramillo Garzón, el día 20 de junio, es decir, al día siguiente de la solicitud que librara al CTI. El vehículo fue recibido por el funcionario Andrés Casas, a las 5.03 p. m.

(...)

La actitud negligente y descuidada anteriormente descrita de la servidora de la contribución Claudia Liliana Jaramillo Garzón, conllevó a que la división de cobranzas de la Administración de Impuestos Local de Cali, Mediante Resolución 594 de julio 30 de 2001, decretara la prescripción de las obligaciones a cargo de la Sociedad R Henao y Cía., por concepto de renta 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, y 1993, toda vez que esta operaba en mayo 6 de 2001 y declarara terminado el proceso de cobro coactivo realizado en su contra por un valor de un millón ochocientos treinta y un mil ($1.831.000) pesos, suma que le dejó de percibir el Estado por concepto de obligaciones tributarias”.

3. Problema jurídico.

De conformidad con el acto administrativo sancionatorio y las causales de nulidad invocadas en la demanda, el problema jurídico se concreta en determinar si la demandante en cumplimiento de la comisión que le fuera impartida por la División de Cobranzas de la ciudad de Cali actuó con diligencia en el ejercicio de su deber funcional o no.

4. Pruebas allegadas.

Revisado el proceso disciplinario se observan las siguientes probanzas:

4.1. Resolución 54060 2007-02 de abril 7 de 2006, por medio de la cual se profiere fallo de primera instancia en el proceso disciplinario Nº 5-60-2002-53. Sede administrativa. Folios 20 a 43 del expediente.

4.2. Recurso de apelación contra la Resolución 5-60-2002-53. Folios 44 a 54 del expediente.

4.3. Resolución 0470 del 15 de mayo de 2006, por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el doctor Efraín Castro Delgado, como apoderado de la señora Claudia Liliana Jaramillo Garzón, contra la Resolución 54060 2007-02 dentro del Expediente 5-60-2002-53. Confirma fallo de primera instancia. Folios 4 a 16 del expediente.

4.4. Resolución 05216 de 23 de mayo de 2006, por medio de la cual se hace efectiva la sanción disciplinaria impuesta a la señora Claudia Liliana Jaramillo Garzón. Folios 18 y 19 del expediente.

4.5. Declaración Jhon Alberto Zúñiga Ruiz, sobre la diligencia de secuestro del vehículo y el traslado del mismo a la ciudad de Cali. Folios 4 a 6 del cuaderno Nº 1 de pruebas.

4.6. Declaración de Oscar Lora, secuestre del vehículo, sobre el estado y el traslado del mismo. Folios 7 a 9 del cuaderno 1 de pruebas.

4.7. Pliego de cargos. Folios 27 a 37 cuaderno 1 de pruebas.

4.8. Auto que ordenó el secuestro del vehículo. Folios 198 y 199 cuaderno 2 de pruebas.

4.9. Acta de diligencia del secuestro. Folios 200 y 201 del cuaderno 2 de pruebas.

5. Valoración probatoria en el derecho disciplinario(16).

El régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad de que toda decisión interlocutoria y disciplinaria se fundamente en pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.

Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:

“[...] Artículo 129. Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ellodeberáinvestigar con igualrigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la faltadisciplinaria y la responsabilidad del investigado, y losquetiendanademostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio [...]” (Resaltado de la Sala).

La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las probanzas que desvirtúen de responsabilidad al mismo. Lo anterior, en todo caso, no exime a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor(17).

En cuanto a la apreciación del material probatorio, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica(18), de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta. Sobre el particular la Subsección A advirtió(19):

“[...] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operador disciplinario cuenta con una potestad de valoración probatoria más amplia que la del mismo operador judicial penal(20), que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros [...]”.

Finalmente, el artículo 142 ibídem, indica, de manera precisa que “[...] No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado [...]”. De esta forma, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria, debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la conducta reprochada que se le imputa. La existencia de dudas al respecto, implica necesariamente que estas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del principio in dubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de inocencia. Sobre el tema la Subsección B de esta corporación señaló(21):

“[...] Ahora bien, la garantía de la presunción de inocencia aplica en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y, por consiguiente, también en materia disciplinaria, en la medida en que se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y reiterada por el artículo 9º de la Ley 734 de 2002, que establece: “Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla”.

6. Caso concreto.

La señora Claudia Liliana Jaramillo Garzón indicó que se vulneró el artículo 6º constitucional, asegurando que cumplió oportunamente la comisión encomendada y de ello informó a la División de Cobranzas de Cali y en cuanto al debido proceso manifestó que al valorar las pruebas no se tuvo en cuenta la duda en su favor y se optó por la hipótesis más desfavorable, la sanción disciplinaria.

De las pruebas relacionadas, la Sala observa lo siguiente:

• La comisión para el secuestro del vehículo fue impartida en Auto 000019 del 18 de febrero de 2000 (fl. 10 v. pruebas 3).

• El Departamento de Policía - Cauca, en oficio del 20 de junio de 2000, dejó a disposición del despacho de la Dra. Jaramillo Garzón, Jefe de División de Cobranzas de la DIAN - Popayán, el vehículo objeto de la comisión (fl. 22 c. pruebas).

• El secuestre tomó posesión el 10 de octubre de 2000 (fl. 17 c. pruebas 3).

• La diligencia de secuestro del bien se realizó el 10 de octubre de 2000 (fls. 18 y 19 c. pruebas 3).

• La funcionaría del Grupo de Ejecutores de la División de Cobranzas de la DIAN - Cali, en oficio del9denoviembrede2000, solicitó a la Dra. Claudia Liliana Jaramillo, Jefe de División de Cobranzas de la DIAN - Popayán, información sobre el vehículo objeto de la comisión, inmovilizado por la Policía y puesto a disposición de la DIAN Popayán.

• Posteriormente, la Funcionaria del Grupo Coactiva de la División de Cobranzas de la DIAN - Cali, enoficiodel26demarzode2001, reiteró a la Dra. Jaramillo, le informara sobre el procedimiento de secuestro del vehículo objeto de la comisión, este requerimiento tiene nota de “correo certificado” (fl. 12 c. pruebas 3).

• El 8 de mayo de 2001, nuevamente, la precitada funcionaria de la División de Cobranzas pidió a la Dra. Luz Myriam Ángel Ceballos, Jefe de División de Cobranzas DIAN - Cali, su intervención para obtener respuesta, entre otras, de la comisión impartida a la Dra. Jaramillo, o para que le dé instrucciones acerca de las acciones a emprender en caso de no obtener respuesta (fl. 13 c. pruebas 3).

7. Ahora bien, tal como se estableció en el acápite de antecedentes, la parte actora fundamentó la solicitud de nulidad en la violación al derecho al debido proceso, motivo por el cual se hará una breve referencia a su alcance en las actuaciones disciplinarias:

Al respecto, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de debido proceso administrativo en su jurisprudencia y lo ha reiterado en varias ocasiones, aduciendo que las garantías que lo componen son “(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados”, lo cual se traduce para la persona sometida a un procedimiento sancionatorio en poder conocer las actuaciones de la administración, pedir y controvertir pruebas, ejercer su derecho de defensa, impugnar los actos administrativos, entre otras garantías.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que en los procedimientos sancionatorios se deben observar plenamente “los principios de contradicción, publicidad y derecho a la defensa que garantizan la protección de los derechos de los administrados frente al poder coercitivo del Estado”(22).

Como se desprende, el juez en materia disciplinaria debe realizar la valoración del acervo probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la cual ha sido definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(23) y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(24).

Como consecuencia precisamente de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Disciplinario Único, es necesario poner de presente que esta corporación solo debe declarar la nulidad de los fallos disciplinarios cuando encuentre que se vulneró el derecho al debido proceso o bien porque se omitió realizar una valoración probatoria, o porque la realizada en los mismos, es manifiestamente contraria a la realidad procesal, o no es razonable.

8. Es pertinente recordar que en materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3) diversos elementos, a saber la tipicidad(25), la antijuridicidad(26) y la culpabilidad(27), los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes a las decantadas por otras manifestaciones del ius puniendi del Estado.

En cuanto a la tipicidad la ley establece una clasificación de la faltas(28) en gravísimas, graves y leves. Así, para determinar si la falta es grave o leve señala unos criterios de gravedad o levedad(29), mientras que para determinar si la falta es gravísima por las connotaciones que ellas implican hace remisión a un listado que las consagra taxativamente(30).

En consecuencia para determinar si una falta es gravísima debe revisarse la conducta del investigado para establecer si encaja dentro de alguna de las taxativamente señaladas en la norma disciplinaria.

Por su parte la antijuridicidad es descrita por la norma disciplinaria como la ilicitud sustancial que se traduce en una afectación del deber funcional sin justificación alguna(31), es decir, el sujeto disciplinable solo se excusaría cuando su conducta no sea antijurídica, a saber, en la medida en que la ilicitud no sea sustancial o tenga una justificación válida para haberla cometido, para lo cual, deben revisarse las causales de exclusión de responsabilidad(32).

En este sentido y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sección(33), se tiene además que de conformidad con el artículo 5º del Código Disciplinario Único la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna que en nuestro caso, se traduce, al no cumplimento oportuno en la comisión encargada.

Ahora bien, siendo la conducta típica por incurrir en alguna de las descripciones legales determinadas como falta disciplinaria y antijurídica por ser sustancialmente ilícita, dado que está proscrita la responsabilidad objetiva(34), debe establecerse su culpabilidad, la cual solo puede darse a título de dolo y culpa(35).

9. A la luz de los anteriores elementos de prueba y desarrollo normativo para la Sala es evidente que el vehículo objeto de la comisión sí fue secuestrado y que la DIAN tuvo conocimiento de su aprehensión; sin embargo esto no es suficiente para entender cumplida la misma, pues verificados todos los documentos allegados al proceso, en ninguno de ellos consta que la funcionaria investigada disciplinariamente hubiera devuelto oportunamente la comisión, pesealas advertenciasyrequerimientossobreel cumplimientooportunode la comisión que se lehicieraporpartedelaJefaturadelaOficinadeCobranzasdelaDIANde Cali.

En efecto, el vehículo fue retenido con la ayuda de la Policía Nacional en la Vereda el Uvo, municipio de Timbío (Cauca) y puesto a disposición de la DIAN el 20 de juniode2001, mientras que la diligencia de secuestro del vehículo automotor se realizó el 10 de octubre del 2000, y la demandante comunicó a la Jefe de la División de Cobranzas de la DIAN de Cali que el vehículo se encontraba debidamente secuestrado a través de Oficio 8205-065-17214-1972, el 14 de mayo de 2001(36), es decir más 6 meses después de haber retenido el bien, ello sin contar los distintos requerimientos efectuados por parte de la Jefe de la División de Cobranzas de la DIAN de Cali, en aras de obtener respuesta sobre la comisión asignada.

De lo expuesto, la Sala encuentra que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, contaba con elementos de juicio suficientes para declarar la responsabilidad de la señora Jaramillo Garzón, imponiéndole una sanción consistente en suspensión del cargo por 20 días, por el incumplimiento en sus deberes como lo señala los numerales 2 y 22 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, que a letra dice:

“Art. 40. Los deberes. Son deberes de los servidores públicos los siguientes:

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial o que implique abuso o ejercicio indebido del cargo de función.

(...)

22. Desempeñar con solicitud, eficiencia, e imparcialidad las funciones de su cargo. (...)

Art. 41. Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos: (...)

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a cargo de los servidores públicos o la prestación del servicio a que están obligados.

(...)

9. Omitir y retardar o no suministrar oportunamente respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o solicitudes de las autoridades, retenerlas o enviarlas a destinatario diferente la que corresponda cuando sea de otra oficina.

Subrayas de la Sala.

De tal manera, que al no cumplir de manera oportuna el despacho comisorio que le fuera encargado, la demandante ocasionó que el Estado colombiano, dejara de recibir una suma determinada de dinero con ocasión a las obligaciones fiscales que tenía la sociedad “R Henao y Cía.”, a favor de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cali, afectando de contera el patrimonio público, cuya titularidad radica en todos los colombianos, y que estaba obligada a preservar como Jefe de Cobranzas de la DIAN en la ciudad de Popayán.

La falta cometida por la demandante, violó su deber funcional(37) que como jefe de cobranzas y por la calidad del cargo que ostentaba, era su obligación de obrar con la debida diligencia y cuidado en materializar oportunamente el despacho comisario al cual estaba obligada a cumplir de manera eficaz y oportuna y no haber dejado transcurrir, se itera, más de 6 meses de inactividad y que por tal omisión, el patrimonio público se afectó como en efecto ocurrió, configurando con su reprochable comportamiento una ilicitud sustancial a los principios que rigen la administración pública.

10. De otra parte, se observa que en toda la longitud del proceso disciplinario, se le permitió a la demandante rendir sus descargos, solicitar y aportar pruebas, contradecir las allegadas en su contra, impugnar las decisiones, etc., de tal manera, que al no encontrarse probado ninguno de los cargos endilgados en contra de los actos acusados, la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

11. No hay lugar a la condena en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.

Decisión

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas y valoradas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, la Sala procederá a negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Claudia Liliana Jaramillo Garzón en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Sin condena en costas por lo anteriormente expuesto.

3. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de agosto de 2016, número de referencia: 1 10010325000201 100316 00 (121 0-11). Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz. M. P. William Hernández Gómez.

7 Rad. interna (0544-2012). M. P. William Hernández - Sección Segunda, Subsección A, Consejo de Estado.

8 Folios 20 a 43 del cuaderno principal.

9 Folios 44 a 54 del cuaderno principal.

10 Folios 4 a 16 del cuaderno principal.

11 Folios 18 y 19 del cuaderno principal.

12 Folios 20 a 43.

13 Folios 4 a 19 del expediente.

14 Folios 18 y 19 del expediente.

15 Folios 27 a 36.

16 Rad. interna (0544-2012). M P. William Hernández- Sección Segunda, Subsección A, Consejo de Estado.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Bogotá, D. C. 15 de mayo de 2013. Radicación 11001-03-25-000-2011-00571-00(2196-11). Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.

18 18. En sentencia del 8 de abril de 1999, Expediente 15258, M. P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D. C., 13 de febrero de dos mil catorce (2014). Radicación 11001-03-25-000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de la Nación.

20 Al respecto en Sentencia T-161 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo ha precisado la Corte: “[...] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de !a conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en ésta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético [...]”.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C. P. Sandra Lisset lbarra Vélez. Bogotá, D. C., 9 de julio 2015. Radicación 11001-03-25-000-2012-00189-00(0777-12). Actor: José Libardo Moreno Rodríguez. Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

22 Corte Constitucional. Sentencia T-596 de 10 de agosto de 2011. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, Expediente 8661, M. P. Delio Gómez Leyva.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Expediente 27946, M. P. María Elena Giraldo Gómez.

25 Artículo 4º; 23; 43 # 9; 184 # 1 C.D.U.

26 Artículo 5º C.D.U.

27 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo C.D.U.

28 Artículo 42 C.D.U.

29 Artículo 43 C.D.U.

30 Artículo 48 C.D.U., y 34 de la Ley 1015 de 2006.

31 Artículo 5º C.D.U.

32 Artículo 28, numerales 1º a 6º del C.D.U. La causal número 7 responde a la culpabilidad. Ley 1015 de 2006, artículo 41.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 2 de mayo de 2013. Radicación 11001-03-25-000-2010-00149-00(1085-2010). Actor: Edgar Ariosto Alvarado González. Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación. Única Instancia - Autoridades Nacionales.

34 Artículo 13 C.D.U. y 11 de la Ley 1015 de 2006.

35 Artículo 44, parágrafo C.D.U., y artículo 39 parágrafo de la Ley 1015 de 2006.

36 Oficio obrante a folio 160 del cuaderno de pruebas 2.

37 Numerales 2º y 22 del artículo 40 y numerales 7º y 9º del artículo 41 de la Ley 200 de 1995.