Sentencia 2012-00469/1950-2012 de febrero 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-25-000-2012-00469-00(1950-12)

Consejero ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: José Andres Rojas Villa

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa

Bogotá, D.C., diecinueve de febrero de dos mil quince

Llegado el momento de decidir y no observando causal de nulidad que invalide la actuación, procede la Sala a dictar sentencia en el asunto de la referencia, previos los siguientes:

Extractos «Consideraciones previas:

1. Es oportuno señalar que el actor en principio formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, mediante providencia de 3 de abril de 2013, se resolvió admitir el proceso de la referencia en ejercicio de la acción de simple nulidad, dado que los actos administrativos demandados son de carácter general y simplemente están aprobando la continuidad de unas medidas de descongestión sin crear, modificar o extinguir situación jurídica alguna de la que pueda derivarse un restablecimiento de derechos particulares.

2. Como quiera que los actos demandados señalaban que se debía dar continuidad hasta el 30 de junio de 2012 a las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa, y que a la fecha la actuación demandada ya no produce efectos por haberse agotado su objeto y haberse vencido sus términos de vigencia, se considera pertinente señalar que esta Corporación efectuará el examen de legalidad que le compete respecto de los efectos jurídicos producidos para ese momento(4).

Actuaciones administrativas demandadas:

• Acuerdo PSAA 11-8957 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Magdalena.

• Acuerdo PSAA11 8922 de 2011 (diciembre 9 de 2011) Por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la jurisdicción de lo contencioso Administrativo en el Distrito Judicial Administrativo de Cundinamarca.

• Acuerdo PSAA11-8927 de 2011 (diciembre 9 de 2011) Por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Judicial Administrativo de Santander.

• Acuerdo PSAA 11-8938 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

• Acuerdo PSAA 11-8940 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Norte de Santander.

• Acuerdo PSAA 11-8944 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Bolívar.

• Acuerdo PSAA 11-8947 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.

• Acuerdo PSAA 11-8951 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Antioquia.

• Acuerdo PSAA 11-8956 de 2011 (diciembre 9 de 2011) “por el cual se aprueba la continuidad de las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa en el marco del Plan Nacional de Descongestión para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Boyacá.

Problema Jurídico

El problema jurídico gira en torno a determinar si los acuerdos que prolongaron la continuidad de la medida de descongestión demandados desconocieron el método de selección establecido en la Constitución Política de 1991 que señala que todos los cargos que se proveen en la rama judicial, “incluso los cargos transitorios creados por virtud del plan nacional de descongestión”, deben ser provistos mediante concurso público y abierto, tal y como en efecto lo reiteró la Corte Constitucional en la Sentencia C-713 de 2008 y si estos actos son contrarios a los artículos 11 y 63 de la Ley 270 de 1996.

A fin de resolver el problema jurídico anteriormente planteado, la Sala se referirá a los siguientes temas:

De los servidores de la rama judicial según la naturaleza de sus funciones 

Conforme al artículo 125 de la Ley 270 de 1996, los Magistrados de las Corporaciones Judiciales tienen la calidad de funcionarios y de acuerdo al artículo 130 de la misma ley “(…) son de carrera los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura; de los Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial (…)”.

De las formas de provisión de cargos de la rama judicial

La Constitución Política de 1991 en el artículo 125 dispone:

Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. (...)”

De la transcripción anterior se desprende que como regla general el ingreso y promoción profesional de los empleos en los órganos y entidades del estado constitucionalmente están basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad y especialización para el ejercicio de sus funciones.

Según el artículo 156 de la Ley 270 de 2006, la carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio

De otra parte, el artículo 132-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia(5) establece:

“ART. 132.—Formas de provisión de cargos de la rama judicial. La provisión de cargos en la Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes.

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.

En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.

3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.

“PAR.—Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.

La Sala considera pertinente señalar que sobre este tema, la jurisprudencia de esta Corporación señaló: “(…) la provisión de un cargo transitoriamente vacante es asimilable a la provisión de un cargo transitoriamente creado y, por ende, en este último caso resulta válida la aplicación de la regla del numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el nominador (...)”(6).

Del plan y de las medidas de descongestión judicial.

Ante la congestión en los despachos judiciales por el incremento cuantioso de la demanda de servicios de justicia y otros factores y ante la necesidad de resolver con eficacia, eficiencia y calidad las decisiones judiciales, la Ley 1285 de enero 22 de 2009(7) en el artículo 15 dispuso:

Habrá un plan nacional de descongestión que será concertado con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según correspondiere. En dicho plan se definirán los objetivos, los indicadores de congestión, las estrategias, términos y los mecanismos de evaluación de la aplicación de las medidas.

Corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes, entre ellas las siguientes:

a) El Consejo Superior de la Judicatura, respetando la especialidad funcional y la competencia territorial podrá redistribuir los asuntos que los Tribunales y Juzgados tengan para fallo asignándolos a despachos de la misma jerarquía que tengan una carga laboral que, a juicio de la misma Sala, lo permita;

b) La Sala Administrativa creará los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos. Dichos jueces tendrán competencia para tramitar y sustanciar los procesos dentro de los despachos ya establecidos, asumiendo cualquiera de las responsabilidades previstas en el artículo 37 del CPC; los procesos y funciones serán las que se señalen expresamente;

c) Salvo en materia penal, seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez de conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en proceso que estén conociendo otros jueces;

d) De manera excepcional, crear con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores de acuerdo con la ley de presupuesto;

e) Vincular de manera transitoria a empleados judiciales encargados de realizar funciones que se definan en el plan de descongestión de una jurisdicción, de un distrito judicial, o de despachos judiciales específicos, y

f) Contratar a término fijo profesionales expertos y de personal auxiliar para cumplir las funciones de apoyo que se fijen en el plan de descongestión”.

De conformidad a lo anterior, es claro que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene la facultad de crear cargos transitorios de descongestión.

De la naturaleza jurídica del cargo de magistrado en descongestión:

En virtud a que los cargos de magistrados de descongestión son creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura(8), de conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial establecidos por esa Corporación, resulta claro que los cargos referidos no forman parte de la estructura misma de la administración de justicia por cuanto no son permanentes.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido en diversos pronunciamientos lo siguiente:

En Sentencia de 22 de noviembre de 2005, el M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta(9), señaló:

(…) los empleos provistos mediante el acto que fue enjuiciado encaja en la misma (provisionalidad), dado que era transitoria o temporal, de modo que la designación que se hizo (encargo) era incuestionablemente a ese título, de suerte que antes de la elección claramente se asemejaba a una situación de vacancia temporal, que iba hasta la duración de la existencia limitada del respectivo empleo. Es evidente que hay más coincidencia entre los supuestos fácticos de la comentada disposición y las circunstancias que rodearon la decisión administrativa que motivó la sentencia impugnada.

De modo que el encuadramiento que en el fallo se hizo de esa situación en la referida norma no resulta desmedido ni infundado por cuanto a falta de norma expresa que lo regulará, era legítimo acudir a la analogía prevista en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, como en efecto se hizo, la cual, precisamente por ello, es una forma válida de aplicar y hacer cumplir la ley, y de esa forma resulta coherente con el artículo 125 de la Constitución Política, en cuanto remite a la ley las formas de provisión distinta a la del concurso de mérito, y más razonable para el caso en comento que pretender subsumirlo en reglas propias de la carrera administrativa, lo cual podría traer consecuencias jurídicas a favor del elegido que no son compatibles con la situación provisional o temporal en que se ha de designar.

La anterior providencia fue reiterada por la Sección Quinta, que indicó:

Los cargos de descongestión, dada su naturaleza temporal, no pertenecen a la carrera judicial y, por ende, para la provisión de los mismos no es exigible atender el registro nacional de elegibles, quedando en manos del nominador el examen del mérito de los aspirantes. Lo anterior porque, según se explicó en esa misma providencia, la provisión de un cargo transitoriamente vacante es asimilable a la provisión de un cargo transitoriamente creado y, por ende, en este último caso resulta válida la aplicación de la regla del numeral segundo del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, según el cual en caso de vacancia temporal la designación opera directamente por el nominador. La forma de provisión de cargos públicos es competencia exclusiva de la Constitución y la ley (artículos 125 y 150, numeral 23, de la Constitución Política), normativa que respecto de cargos de descongestión de la rama judicial —en tanto empleos que, por su temporalidad, no son de carrera— no condiciona la provisión de los mismos al registro nacional de elegibles, permitiendo que la designación se haga directamente por el nominador mediante nombramiento en provisionalidad (numeral 2º del artículo 132 de la Ley 270 de 1996), figura legalmente prevista para la provisión de cargos temporalmente vacantes que resulta aplicable para la provisión de cargos transitoriamente creados(10).

(…)

Posteriormente, esta Subsección(11) señaló:

Sobre la facultad de crear cargos transitorios de descongestión, función en Cabeza de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada respecto de la vocación de temporalidad de los cargos creados bajo la óptica de descongestión, tesis que se sintetizan en dos pronunciamientos, el primero de ellos vía decisión de Tutela(12), y el segundo en sentencia de Constitucionalidad(13), cuya síntesis da cuenta de la siguiente manera:

(…) la posibilidad de crear cargos transitorios de descongestión es una facultad que encuentra pleno respaldo en la Constitución Nacional. Dicha facultad, como ya ha sido sugerido, debe ser comprendida dentro del espectro de protección a determinados bienes que surgen de la lectura del texto constitucional. En tal sentido, el desarrollo de esta facultad se encuentra subordinado al cumplimiento de determinadas condiciones que garantizan que tal actuación permita la consecución de los altos fines que la inspiran, entre los cuales se encuentran:

(i) Necesidad. Esta condición exige de la Administración la constatación de una razón objetiva que justifique la creación de tales cargos, lo cual, a su vez, supone que la demanda del servicio no puede ser atendida con el personal encargado.

(ii) Relación sustancial del cargo. De acuerdo a este requisito es preciso que el cargo transitorio esté dirigido a desarrollar materialmente las labores confiadas al Despacho judicial o Corporación en el cual se ha de prestar el servicio, lo cual garantiza que el esfuerzo que implica para el Estado la creación de dicho cargo se encuentra efectivamente orientado al cumplimiento de las labores confiadas a la Rama judicial.

(iii) Disposición presupuestal. Esta condición hace referencia al parámetro presupuestal contenido en el numeral 2º del artículo 257 superior.

(iv) Amparo de la situación del empleado. Este último requerimiento exige que la creación de estos cargos transitorios no sea empleada por la administración en desmedro del derecho a la estabilidad laboral que ofrece el artículo 53 superior. En tal sentido, se proscribe el empleo de esta facultad con el objetivo de encubrir vinculaciones de vocación duradera, pues, de ser así, en estos casos su empleo por parte de la administración resulta ilegítimo en la medida en que, sin un fundamento constitucional válido que justifique la transitoriedad, resultan vulnerados los derechos los empleados de la Rama jurisdiccional.(14)

Ahora bien, la sentencia de Constitucionalidad al respecto señaló lo siguiente:

De otra parte, el parágrafo primero se modifica al hacer referencia a la competencia de los jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local. Esto simplemente supone un acople según las nuevas reglas legales en la materia, de modo que no plantea ningún problema de orden constitucional.

Así mismo, la norma dispone que “los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que les señale el acto de su creación”. Los jueces de descongestión no son cargos permanentes y por tanto no forman parte de la estructura misma de la administración de justicia. Son cargos creados de manera transitoria por el Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la facultad prevista en el artículo 257-2 de la Constitución y de conformidad con las políticas y programas de descongestión judicial establecidos por dicho organismo.

Por lo mismo, la creación de jueces de descongestión no es en sí misma contraria a la Carta Política, en cuanto contribuye a garantizar la eficacia de la administración de justicia. No obstante, su implementación debe ajustarse a los preceptos de orden Superior, lo que se examinará en detalle al analizar el artículo 15 del proyecto.

En este punto ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que su designación debe hacerse con cabal observancia de las garantías fundamentales en materia de juez natural y de sujeción a las leyes preexistentes al acto imputado, de manera tal que no se llegue a configurar una atribución “ex post facto” de competencias judiciales. En consecuencia, para la creación de los jueces de descongestión se ha de partir siempre de la base de la pre-existencia de determinada categoría de jueces, que tienen previamente definida su competencia en forma clara y precisa y en cuyo apoyo habrán de actuar los jueces creados con una vocación esencialmente temporal. Dicha circunstancia evita la violación del principio del juez natural, en cuanto no se permite la creación de jueces o tribunales “ad hoc”, puesto que será posible conocer siempre de antemano cuál será la categoría de jueces competentes para decidir cada patrón fáctico en particular.

Ahora bien, es cierto que los jueces de descongestión tienen vocación de transitoriedad y, por lo tanto, sus titulares no pertenecen a la carrera judicial. Sin embargo, la Corte quiere llamar la atención, con especial rigor, para dejar en claro que en virtud de los principios constitucionales de transparencia e igualdad, y del mérito como criterio de acceso a la función pública, su designación hace inexcusable tomar en cuenta y respetar el orden de las listas de elegibles, conformadas por quienes han agotado todas las etapas del concurso de mérito y se encuentran a la espera de su nombramiento definitivo. Sólo de esta manera la creación de jueces de descongestión es compatible con los principios que rigen la función pública y la designación de los jueces, en particular el mérito.(15)

Caso concreto

Las actuaciones administrativas demandadas tenían como finalidad dar continuidad a las medidas de descongestión adoptadas por la Sala Administrativa para los Tribunales del país hasta el 31 de diciembre de 2011 y la reanudación a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2012 de los tribunales administrativos de descongestión de los distritos del Magdalena, Cundinamarca, Santader, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Boyacá.

El actor afirmó que para la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos demandados ya existía una lista de elegibles, y por tal motivo, el Consejo Superior de la Judicatura debía dar cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional C-713 de 2008, los principios de la carrera judicial establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás normatividad concordante y señalada como vulnerada.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al respecto señaló que a la fecha de expedición de los actos administrativos demandados, no se había elaborado las listas de los candidatos que debían de tenerse en cuenta por los nominadores al momento de la realización de los nombramientos.

La Sala con el objeto de resolver el problema jurídico planteado encuentra probados los siguientes hechos:

• Mediante Acuerdo PSAA08-4528 de febrero 4 de 2008, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura resolvió adelantar el proceso de selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial de conformidad a lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 para entre otros cargos el de magistrado de tribunal administrativo.

• El 29 de julio de 2011, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996 acordó crear transitoriamente y a partir del 2 de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2011, entre otros, los cargos de magistrados de Tribunal Contencioso Administrativo en los Distritos de Magdalena, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Boyacá. Señaló en los respectivos acuerdos que el nombramiento de los cargos de descongestión se efectuaría por el nominador en provisionalidad.

• A través de Resolución PSAR11-869 de octubre 25 de 2011 se conformó el Registro de Elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo como resultado del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo PSAA08-4528 de 2008.

• Mediante los acuerdos demandados de fecha 9 de diciembre de 2011, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura acordó dar continuidad a las medidas de descongestión para los Tribunales Contencioso Administrativos de los Distritos Judiciales del Magdalena, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Antioquia y Boyacá hasta el 31 de diciembre de 2011 y con reanudación a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2012.

Con base en lo anterior, es claro que los acuerdos demandados están acordes con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, que señala que a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le corresponde “(…) Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar y suprimir Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos (…)”.

Así mismo, conforme a lo previsto en el artículo 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 15 de la Ley 1285 de 2009, le corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “(…) ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas pertinentes (…)” entre ellas la de crear “(…) los cargos de jueces y magistrados de apoyo itinerantes en cada jurisdicción para atender las mayores cargas por congestión en los despachos (…)”.

Ahora bien, en el entendido que los cargos de Magistrado de Tribunal de Descongestión no son cargos de carrera, como reiteradamente lo ha dicho la Jurisprudencia de esta Corporación y que éstos son cargos creados de manera transitoria, se considera que éstos deben ser designados por el nominador.

Sea oportuno señalar que conforme al numeral 5º del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, es autoridad nominadora de la Rama Judicial para los cargos de Magistrados de los Tribunales, el Consejo de Estado.

Por lo anterior, considera esta Sala que conforme a las competencias legalmente atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los acuerdos demandados se ajustan a los presupuestos normativos del caso y que tratándose de la aplicabilidad de la interpretación jurisprudencial de la Sentencia de Constitucionalidad C-713 de 2008, es competencia del Consejo de Estado como autoridad nominadora acoger dicha interpretación.

No obstante, es importante señalar que no se puede, so pretexto de darse aplicabilidad a la sentencia constitucional antes referida, que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ejerza las veces de autoridad nominadora y designe a los magistrados de descongestión de la listas de elegibles a que hace mención el demandante, pues claramente, para el caso, el Consejo Superior de la Judicatura no es autoridad nominadora para los cargos de magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de nulidad de los acuerdos PSAA11-8957 de 2011, PSAA11-8922 de 2011, PSAA11-8927 de 2011, PSAA11-8938 de 2011, PSAA11-8940 de 2011, PSAA11-8944 de 2011, PSAA11-8947 de 2011, PSAA11-8951 de 2011 y PSAA11-8956 de 2011.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Niégase la nulidad de los Acuerdos PSAA11-8957 de 2011, PSAA11-8922 de 2011, PSAA11-8927 de 2011, PSAA11-8938 de 2011, PSAA11-8940 de 2011, PSAA11-8944 de 2011, PSAA11-8947 de 2011, PSAA11-8951 de 2011 y PSAA11-8956 de 2011 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(4) Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia del 19 de marzo de 1998. Expediente 2842. “Si un acto administrativo nace a la vida jurídica con vicios de ilegalidad, es necesario que el órgano de control se pronuncie sobre dichos vicios, ya que aun cuando el acto haya perdido su vigencia, pudo haber producido efectos jurídicos”.

(5) Ley 270 de 1996

(6) Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección quinta. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008). Radicación 11001-03-28-000-2003-00486-00. Actor: Ana Cecilia Florian Cortes. Demandado: Rama Judicial

(7) Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia

(8) Según lo dispone el artículo 257-2 de la Constitución Política de 1991.

(9) Las formas de designación de los servidores públicos son por concurso público de mérito y las señaladas en la ley, lo cual excluye que se pueda señalar una forma distinta a esas, es decir, por un medio diferente a la normativa constitucional o de rango legal.

(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso. Administrativo. Sección Quinta. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008). Radicación 11001-03-28-000-2003-00486-00. Actor: Ana Cecilia Florián Cortes. Demandado: Rama Judicial.

(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección segunda subsección “A”. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., siete (07) de marzo de dos mil trece (2013). Radicación 25000-23-25-000-2009-00614-01(0482-12). Actor: Jorge Hernán Díaz Soto. Demandado: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

(12) Corte Constitucional, Sentencia T-633-07. Expediente T-1600722.Acción de tutela instaurada por Ana Cely Gallo Márquez contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

(13) Corte Constitucional. Sentencia C-333-12. Expediente D-8803. Demandante: Marcela Patricia Jiménez Arango. M.P. Maria Victoria Calle Correa

(14) Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-633/07. Expediente T-1600722. Acción de tutela instaurada por Ana Cely Gallo Márquez contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(15) Sentencia C-713 de quince (15) de julio de dos mil ocho (2008). M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Pronunciamiento efectuado con ocasión de la revisión previa del proyecto de Ley Estatutaria 023/06 Senado y 286/07 Cámara por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.